Se calcula que las coimas del sector privado al público llegan a un trillón de dólares al año en el mundo. Pese a casos de gran repercusión mediática como Skanska, Siemens e IBM-Banco Nación, en la Justicia argentina nunca hubo condenas
El 10 de diciembre de 2007, el mismo día que Cristina Fernández de Kirchner juraba como presidenta de la Nación, un grupo de ocho expertos en políticas anticorrupción aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza con una misión clara: evaluar el esfuerzo del Estado argentino para combatir el soborno transnacional, un negocio que, según estimaciones del Banco Mundial, mueve aproximadamente un trillón de dólares al año.
Los expertos internacionales -tres funcionarios de Brasil, tres de España, y dos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), que impulsó en 1997 la sanción de la Convención que busca combatir el soborno transnacional- se reunieron en privado con unos cincuenta funcionarios, jueces, fiscales, abogados y expertos de la sociedad civil. En octubre del año último hicieron público su informe, que además de críticas incluyó una serie de recomendaciones. En junio próximo se reunirán nuevamente, en París, para evaluar qué pasó con sus consejos. Y, según todas las fuentes consultadas, descubrirán que la Argentina no avanzó demasiado. Por no decir nada.
De hecho, la historia judicial argentina no registra todavía ninguna condena por soborno transnacional. Los casos del frigorífico norteamericano Swiftgate, el de la empresa alemana Siemens (allanada esta semana por la Justicia) y el de la compañía sueca Skanska son, actualmente, tres de los ocho que se tramitan en los Tribunales contra empresas extranjeras que habrían coimeado a funcionarios argentinos, según el informe 2008 de Transparencia Internacional (TI) sobre el avance en la implementación de la Convención de la OECD.
Y, de acuerdo con ese mismo reporte, en el país sólo se tramita una causa por soborno transnacional contra una empresa de bandera argentina, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), que está acusada de haber pagado 14 millones de dólares en coimas a funcionarios de Filipinas en la licitación de una represa hidroeléctrica.
Todos los que saben del tema son bien escépticos: a la Justicia sólo llega aquello que por alguna razón no salió como se esperaba. En cambio, un número impreciso de sobornos (¡varios cientos o miles!) se pagan en silencio a cambio de contratos o negocios millonarios.
Tres funcionarios, tres jueces federales, dos fiscales y dos expertos consultados para esta nota vaticinan que el triste récord de cero condenados por soborno transnacional en la Argentina difícilmente se modifique. Advierten que las causas en general prescriben tras más de una década de investigaciones, trámites y pilas de papeles que van hacia otros países y contadas veces regresan con respuesta de autoridades de otros Estados.
"Estos casos generalmente se descubren mucho después de que ocurren y, como en nuestro país las penas contra funcionarios públicos son muy bajas, hay que hacer curiosas construcciones jurídicas para no considerar prescriptas las acciones desde el inicio. De hecho, acá una pequeña estafa con una tarjeta de crédito o una protagonizada por una gitana que hace el toco mocho tienen la misma pena que una defraudación multimillonaria contra el Estado", se sincera un juez federal porteño.
Un colega suyo, que también habla en estricto off de record , agrega otra dificultad para que estas investigaciones prosperen y se dejen atrás los magros resultados judiciales de las últimas décadas: "Aun cuando en mi caso tengo real interés en avanzar, lo cierto es que generalmente pruebo la maniobra financiera pero jamás logro deshacerla y acreditar en el expediente los pagos ilegales, porque las operatorias financieras se vuelven imposibles de rastrear si ni siquiera Uruguay acepta responder nuestros exhortos. Somos un país bananero y casi ninguno de los países del llamado primer mundo colabora con nuestras investigaciones, que pueden perjudicar a sus empresas. Por eso, es clave la presión internacional para que los países, centrales o no, cumplan con sus normas".
Recomendaciones ignoradas
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OECD fueron precisas para la Argentina: reformar el artículo 258 bis del Código Penal para otorgarle jurisdicción a los jueces argentinos para que investiguen a los nacionales que cometen el delito de soborno en el extranjero, crear un sistema especial para la protección de denunciantes de casos de corrupción del sector público, establecer un sistema de responsabilidad para las personas jurídicas (las sociedades y no sólo las personas físicas), reformar el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación para garantizar un acceso irrestricto a la información sobre estas causas en el Poder Judicial, e impulsar que los Estados provinciales tomen las medidas necesarias para crear una base de datos con información de casos de corrupción.
"No hubo avances sustanciales en este tiempo y, si la OECD evalúa negativamente al país, ello tendrá impacto en nuestra economía. Aún faltan algunos meses para la revisión. Si hubiera decisión política, se podrían hacer muchas cosas y demostrar que hay voluntad de avanzar", dice el fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido.
La Argentina firmó la Convención de la OECD en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, pero sólo la ratificó en 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa y cuando la mayoría de las empresas estatales había sido privatizada. Fue sólo entonces cuando entró en vigencia el tratado, y cuando como país nos obligamos internacionalmente a perseguir a este delito.
La mayoría de los casos de soborno transnacional que tramita la Justicia, según el reporte de TI, ocurrió durante el gobierno de Menem, que terminó hace más de una década. Los affaires de la norteamericana IBM por la informatización de la DGI y el Banco Nación; la investigación del llamado monumento a la corrupción de la represa Yacyretá por la participación de la empresas italiana Ansaldo Energía SpA, y la causa contra la francesa Thales Spectrum por la privatización del espectro radioeléctrico, tienen entre los acusados a funcionarios menemistas, igual que el caso Siemens o el ya cerrado Swift. El resto tuvo lugar durante la gestión de Néstor Kirchner: Skanska y el de la compañía francesa Accor Service, investigada por haber ofrecido un soborno para parar una ley que cambiaba el reconocimiento legal de los vales de almuerzo. Este mes se sumó una denuncia de Garrido que podría ser un nuevo caso de soborno transnacional: el fiscal acusó por presuntos pagos de sobornos millonarios a nueve empresas contratistas del Estado en hechos cometidos durante el gobierno de Kirchner, entre las que figura Telefónica, de capital español.
Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, coincide en que las deudas del sector público reseñadas hace más de un año por los expertos siguen igual. Pero además pone el foco en el sector privado. "Los datos confirman, nuevamente, que la corrupción no tiene fronteras y que los esfuerzos aislados de los Estados nacionales no son suficientes si no se profundiza una política global al respecto. Además, es muy claro que no son los Estados nacionales y las instituciones supranacionales los únicos que pueden hacer algo al respecto. El sector privado tiene un rol relevante a la hora de promover la transparencia e impulsar el desarrollo de los países."
Por eso, para Alonso, el desafío radica no sólo en fortalecer las políticas públicas de transparencia y anticorrupción hacia el interior de cada gobierno, sino también en el fomento e impulso de comportamientos transparentes entre los Estados y las compañías de bandera nacional en el extranjero. "De allí que tenga especial valor la Convención de la OECD y su seguimiento y cumplimiento", opina.
Entre las medidas que podrían adoptar las empresas para reducir el soborno transnacional, los expertos mencionan, por ejemplo, la importancia de que se doten de Códigos de Etica y/o Conducta que regulen el accionar de sus empleados, accionistas y otros miembros de la cadena de valor, y garanticen su efectiva implementación; que adopten el Capítulo VI "Lucha contra la corrupción" de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; que implementen dentro de la empresa canales de comunicación o denuncia anónimos y protección a los denunciantes de casos de corrupción; que instrumenten políticas de control interno y externo (auditorías) en materia financiera, contable y de gestión, y que adhieran a iniciativas como los "Principios Empresariales para contrarrestar el Soborno" de Transparency International y Social Accountability Internacional, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) o Publish What You Pay (PWYP).
La OECD nació como la organización intergubernamental que cobijaría a los países que abrazaran el binomio democracia-libre mercado. Hoy la integran 30 países miembros y 10 invitados, entre ellos, la Argentina. Tradicionalmente fue un foro de adopción de recomendaciones de altísimo valor político y muy respetadas, pero nunca hasta la Convención Antisoborno había dictado normas obligatorias.
La Convención fue fruto de diez años de trabajo y su origen fue una ley que en 1988 dictó el Congreso de los Estados Unidos: la primera enmienda a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Esa era entonces la única ley que, con relativa aplicación en el mundo, criminalizaba las conductas de soborno que los nacionales realizaban en el extranjero.
Luego de varios años de silencio impuesto por la imagen negativa que podría generar una queja, el sector empresarial estadounidense puso de manifiesto la desventaja competitiva que representaba la unilateralidad de la norma en el comercio internacional y comenzó a presionar por situaciones de igualdad, fuera ésta lograda dentro del país, con la derogación de la FCPA, o fuera del país, a través de la internacionalización de la regla.
El gobierno de los Estados Unidos tomó este último camino y, luego de resistencias y dilaciones de los representantes de la Unión Europea, liderados por Francia y Alemania, finalmente todos acordaron avanzar con la sanción de la Convención.
"Entre 1994 y 2000, el Departamento de Comercio estadounidense reportó más de 350 contratos internacionales que habían sido obtenidos mediante sobornos y en los cuales multinacionales estadounidenses decían haber perdido oportunidades de negocios por 26.000 millones de dólares. Desde que entró en vigor la Convención, la cifra empezó a bajar lentamente. Entre 2001 y 2005, por ejemplo, reportaron 200 contratos y pérdidas de oportunidades por 13.000 millones", precisa Guillermo Jorge, profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés y consultor de empresas multinacionales y organismos internacionales en soborno transnacional.
Aunque Jorge coincide con el escepticismo general, está convencido de que el panorama sería peor sin los esfuerzos de la OECD en el mundo: "En 10 años de vigencia, se iniciaron más de 150 investigaciones por soborno transnacional, se impusieron sanciones a más de 30 multinacionales grandes y actualmente hay casos abiertos en 26 países miembros del tratado".
No hay cálculos oficiales ni extraoficiales disponibles de cuántos sobornos transnacionales se pagaron en la Argentina en la última década, pero algunas cifras ayudan a dimensionar el fenómeno.
El Banco Mundial, que hasta hace algunos años consideraba que la corrupción era imposible de medir, ahora señala que una aproximación conservadora del grado de sobornos del sector privado al sector público en todo el mundo da una estimación anual de aproximadamente un trillón de dólares.
Jorge no arriesga un número, pero asegura que entre los expertos no hay ninguna duda de que las empresas de los países centrales pagan más en sobornos que lo que sus gobiernos aportan para el desarrollo de los Estados menos avanzados.
La Argentina no ha hecho nada en el último tiempo para ayudar a evitarlo. ¿Lo hará antes de junio o se resigna al aplazo?
Por Laura Zommer
El estado de las causas
IBM-Banco Nación: Se investiga el "Proyecto Centenario" mediante el cual IBM se comprometía a informatizar 525 sucursales del banco Nación a cambio de 249 millones de dólares. En ese caso, abierto en 1994, esperan ser juzgados ex directores del Banco Nación y de IBM. Un contrato similar entre IBM y la DGI, de mediados de los 90, también está bajo investigación y en esa causa hay 17 procesados que esperan ser juzgados. Se pagaron allí sobreprecios que la justicia estimó en 120 millones de pesos.
Siemens: la Justicia argentina investiga el contrato, luego anulado, entre Siemens y el gobierno de Carlos Menem para la confección de los DNI. Esa causa, iniciada hace una década, estuvo casi cerrada y ahora fue reactivada. Está en el juzgado federal de Ariel Lijo. La empresa reconoció en un informe de auditoría que pagó sobornos a funcionarios del gobierno de Menem, pero se busca precisar quiénes pagaron, quiénes cobraron y mediante qué mecanismo financiero fue girado el dinero.
Tikcets alimentarios : Dos empresarios, uno de ellos de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (Cevas), están procesados por intentar sobornar con un máximo de 20 millones de pesos a legisladores para aprobar una ley que beneficiara al sector. Finalmente el Congreso anuló el sistema de pagos con vales alimentarios.
Empresas fantasma: El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció "pagos de sobornos" de parte de nueve empresas contratistas del Estado en hechos cometidos durante el gobierno de Néstor Kirchner. La presentación apunta a Telefónica, a las constructoras Perales Aguiar, Vezzato, Vialbaires y Caminos del Valle y a cuatro compañías que operaron con algunas de las firmas fantasma que habían proveído de facturas falsas a Skanska para disimular pagos de coimas en la construcción de gasoductos.
También alcanza a "los funcionarios públicos que habrían sido sobornados" con esos fondos negros, generados entre 2003 y 2007. La denuncia está radicada ante el juez federal Norberto Oyarbide.
Caso Skanska: el caso se investiga en dos causas diferentes. En el fuero federal, donde se investiga el presunto pago de sobornos de la empresa a funcionarios nacionales, el juez Norberto Oyarbide demora la resolución de la situación procesal de dos ex funcionarios indagados, Néstor Ulloa (Nación Fideicomisos) y Fulvio Madaro (Enargas), y de otros 30 imputados. El juez Javier López Biscayart procesó el año pasado a Ulloa y a una decena de directivos de Skanska por evasión impositiva. Después de más de un año de aquel fallo, la Cámara en lo Penal Económico aún no confirmó el procesamiento de Ulloa.
Thales Spectrum: Se investiga a Carlos Menem y a un grupo de empresarios y funcionarios de su gobierno por una estafa millonaria al Estado en el contrato de concesión del espacio radioeléctrico, firmado en 1997. En diciembre del año pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos que había dictado el juez Sergio Torres contra del ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, otros ocho ex funcionarios menemistas y ex directivos de Thales Spectrum, entre los que está Germán Neuss.
La causa había sido cerrada por el hoy ex juez federal Jorge Urso, pero la Sala II de la Cámara revocó esa resolución a partir de un planteo de la Oficina Anticorrupción (OA).
En enero de 2004, Néstor Kirchner dispuso la anulación del millonario contrato con Thales.
La Nación, Enfoques, 22-2-09
El 10 de diciembre de 2007, el mismo día que Cristina Fernández de Kirchner juraba como presidenta de la Nación, un grupo de ocho expertos en políticas anticorrupción aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza con una misión clara: evaluar el esfuerzo del Estado argentino para combatir el soborno transnacional, un negocio que, según estimaciones del Banco Mundial, mueve aproximadamente un trillón de dólares al año.
Los expertos internacionales -tres funcionarios de Brasil, tres de España, y dos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), que impulsó en 1997 la sanción de la Convención que busca combatir el soborno transnacional- se reunieron en privado con unos cincuenta funcionarios, jueces, fiscales, abogados y expertos de la sociedad civil. En octubre del año último hicieron público su informe, que además de críticas incluyó una serie de recomendaciones. En junio próximo se reunirán nuevamente, en París, para evaluar qué pasó con sus consejos. Y, según todas las fuentes consultadas, descubrirán que la Argentina no avanzó demasiado. Por no decir nada.
De hecho, la historia judicial argentina no registra todavía ninguna condena por soborno transnacional. Los casos del frigorífico norteamericano Swiftgate, el de la empresa alemana Siemens (allanada esta semana por la Justicia) y el de la compañía sueca Skanska son, actualmente, tres de los ocho que se tramitan en los Tribunales contra empresas extranjeras que habrían coimeado a funcionarios argentinos, según el informe 2008 de Transparencia Internacional (TI) sobre el avance en la implementación de la Convención de la OECD.
Y, de acuerdo con ese mismo reporte, en el país sólo se tramita una causa por soborno transnacional contra una empresa de bandera argentina, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), que está acusada de haber pagado 14 millones de dólares en coimas a funcionarios de Filipinas en la licitación de una represa hidroeléctrica.
Todos los que saben del tema son bien escépticos: a la Justicia sólo llega aquello que por alguna razón no salió como se esperaba. En cambio, un número impreciso de sobornos (¡varios cientos o miles!) se pagan en silencio a cambio de contratos o negocios millonarios.
Tres funcionarios, tres jueces federales, dos fiscales y dos expertos consultados para esta nota vaticinan que el triste récord de cero condenados por soborno transnacional en la Argentina difícilmente se modifique. Advierten que las causas en general prescriben tras más de una década de investigaciones, trámites y pilas de papeles que van hacia otros países y contadas veces regresan con respuesta de autoridades de otros Estados.
"Estos casos generalmente se descubren mucho después de que ocurren y, como en nuestro país las penas contra funcionarios públicos son muy bajas, hay que hacer curiosas construcciones jurídicas para no considerar prescriptas las acciones desde el inicio. De hecho, acá una pequeña estafa con una tarjeta de crédito o una protagonizada por una gitana que hace el toco mocho tienen la misma pena que una defraudación multimillonaria contra el Estado", se sincera un juez federal porteño.
Un colega suyo, que también habla en estricto off de record , agrega otra dificultad para que estas investigaciones prosperen y se dejen atrás los magros resultados judiciales de las últimas décadas: "Aun cuando en mi caso tengo real interés en avanzar, lo cierto es que generalmente pruebo la maniobra financiera pero jamás logro deshacerla y acreditar en el expediente los pagos ilegales, porque las operatorias financieras se vuelven imposibles de rastrear si ni siquiera Uruguay acepta responder nuestros exhortos. Somos un país bananero y casi ninguno de los países del llamado primer mundo colabora con nuestras investigaciones, que pueden perjudicar a sus empresas. Por eso, es clave la presión internacional para que los países, centrales o no, cumplan con sus normas".
Recomendaciones ignoradas
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OECD fueron precisas para la Argentina: reformar el artículo 258 bis del Código Penal para otorgarle jurisdicción a los jueces argentinos para que investiguen a los nacionales que cometen el delito de soborno en el extranjero, crear un sistema especial para la protección de denunciantes de casos de corrupción del sector público, establecer un sistema de responsabilidad para las personas jurídicas (las sociedades y no sólo las personas físicas), reformar el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación para garantizar un acceso irrestricto a la información sobre estas causas en el Poder Judicial, e impulsar que los Estados provinciales tomen las medidas necesarias para crear una base de datos con información de casos de corrupción.
"No hubo avances sustanciales en este tiempo y, si la OECD evalúa negativamente al país, ello tendrá impacto en nuestra economía. Aún faltan algunos meses para la revisión. Si hubiera decisión política, se podrían hacer muchas cosas y demostrar que hay voluntad de avanzar", dice el fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido.
La Argentina firmó la Convención de la OECD en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, pero sólo la ratificó en 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa y cuando la mayoría de las empresas estatales había sido privatizada. Fue sólo entonces cuando entró en vigencia el tratado, y cuando como país nos obligamos internacionalmente a perseguir a este delito.
La mayoría de los casos de soborno transnacional que tramita la Justicia, según el reporte de TI, ocurrió durante el gobierno de Menem, que terminó hace más de una década. Los affaires de la norteamericana IBM por la informatización de la DGI y el Banco Nación; la investigación del llamado monumento a la corrupción de la represa Yacyretá por la participación de la empresas italiana Ansaldo Energía SpA, y la causa contra la francesa Thales Spectrum por la privatización del espectro radioeléctrico, tienen entre los acusados a funcionarios menemistas, igual que el caso Siemens o el ya cerrado Swift. El resto tuvo lugar durante la gestión de Néstor Kirchner: Skanska y el de la compañía francesa Accor Service, investigada por haber ofrecido un soborno para parar una ley que cambiaba el reconocimiento legal de los vales de almuerzo. Este mes se sumó una denuncia de Garrido que podría ser un nuevo caso de soborno transnacional: el fiscal acusó por presuntos pagos de sobornos millonarios a nueve empresas contratistas del Estado en hechos cometidos durante el gobierno de Kirchner, entre las que figura Telefónica, de capital español.
Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, coincide en que las deudas del sector público reseñadas hace más de un año por los expertos siguen igual. Pero además pone el foco en el sector privado. "Los datos confirman, nuevamente, que la corrupción no tiene fronteras y que los esfuerzos aislados de los Estados nacionales no son suficientes si no se profundiza una política global al respecto. Además, es muy claro que no son los Estados nacionales y las instituciones supranacionales los únicos que pueden hacer algo al respecto. El sector privado tiene un rol relevante a la hora de promover la transparencia e impulsar el desarrollo de los países."
Por eso, para Alonso, el desafío radica no sólo en fortalecer las políticas públicas de transparencia y anticorrupción hacia el interior de cada gobierno, sino también en el fomento e impulso de comportamientos transparentes entre los Estados y las compañías de bandera nacional en el extranjero. "De allí que tenga especial valor la Convención de la OECD y su seguimiento y cumplimiento", opina.
Entre las medidas que podrían adoptar las empresas para reducir el soborno transnacional, los expertos mencionan, por ejemplo, la importancia de que se doten de Códigos de Etica y/o Conducta que regulen el accionar de sus empleados, accionistas y otros miembros de la cadena de valor, y garanticen su efectiva implementación; que adopten el Capítulo VI "Lucha contra la corrupción" de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; que implementen dentro de la empresa canales de comunicación o denuncia anónimos y protección a los denunciantes de casos de corrupción; que instrumenten políticas de control interno y externo (auditorías) en materia financiera, contable y de gestión, y que adhieran a iniciativas como los "Principios Empresariales para contrarrestar el Soborno" de Transparency International y Social Accountability Internacional, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) o Publish What You Pay (PWYP).
La OECD nació como la organización intergubernamental que cobijaría a los países que abrazaran el binomio democracia-libre mercado. Hoy la integran 30 países miembros y 10 invitados, entre ellos, la Argentina. Tradicionalmente fue un foro de adopción de recomendaciones de altísimo valor político y muy respetadas, pero nunca hasta la Convención Antisoborno había dictado normas obligatorias.
La Convención fue fruto de diez años de trabajo y su origen fue una ley que en 1988 dictó el Congreso de los Estados Unidos: la primera enmienda a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Esa era entonces la única ley que, con relativa aplicación en el mundo, criminalizaba las conductas de soborno que los nacionales realizaban en el extranjero.
Luego de varios años de silencio impuesto por la imagen negativa que podría generar una queja, el sector empresarial estadounidense puso de manifiesto la desventaja competitiva que representaba la unilateralidad de la norma en el comercio internacional y comenzó a presionar por situaciones de igualdad, fuera ésta lograda dentro del país, con la derogación de la FCPA, o fuera del país, a través de la internacionalización de la regla.
El gobierno de los Estados Unidos tomó este último camino y, luego de resistencias y dilaciones de los representantes de la Unión Europea, liderados por Francia y Alemania, finalmente todos acordaron avanzar con la sanción de la Convención.
"Entre 1994 y 2000, el Departamento de Comercio estadounidense reportó más de 350 contratos internacionales que habían sido obtenidos mediante sobornos y en los cuales multinacionales estadounidenses decían haber perdido oportunidades de negocios por 26.000 millones de dólares. Desde que entró en vigor la Convención, la cifra empezó a bajar lentamente. Entre 2001 y 2005, por ejemplo, reportaron 200 contratos y pérdidas de oportunidades por 13.000 millones", precisa Guillermo Jorge, profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés y consultor de empresas multinacionales y organismos internacionales en soborno transnacional.
Aunque Jorge coincide con el escepticismo general, está convencido de que el panorama sería peor sin los esfuerzos de la OECD en el mundo: "En 10 años de vigencia, se iniciaron más de 150 investigaciones por soborno transnacional, se impusieron sanciones a más de 30 multinacionales grandes y actualmente hay casos abiertos en 26 países miembros del tratado".
No hay cálculos oficiales ni extraoficiales disponibles de cuántos sobornos transnacionales se pagaron en la Argentina en la última década, pero algunas cifras ayudan a dimensionar el fenómeno.
El Banco Mundial, que hasta hace algunos años consideraba que la corrupción era imposible de medir, ahora señala que una aproximación conservadora del grado de sobornos del sector privado al sector público en todo el mundo da una estimación anual de aproximadamente un trillón de dólares.
Jorge no arriesga un número, pero asegura que entre los expertos no hay ninguna duda de que las empresas de los países centrales pagan más en sobornos que lo que sus gobiernos aportan para el desarrollo de los Estados menos avanzados.
La Argentina no ha hecho nada en el último tiempo para ayudar a evitarlo. ¿Lo hará antes de junio o se resigna al aplazo?
Por Laura Zommer
El estado de las causas
IBM-Banco Nación: Se investiga el "Proyecto Centenario" mediante el cual IBM se comprometía a informatizar 525 sucursales del banco Nación a cambio de 249 millones de dólares. En ese caso, abierto en 1994, esperan ser juzgados ex directores del Banco Nación y de IBM. Un contrato similar entre IBM y la DGI, de mediados de los 90, también está bajo investigación y en esa causa hay 17 procesados que esperan ser juzgados. Se pagaron allí sobreprecios que la justicia estimó en 120 millones de pesos.
Siemens: la Justicia argentina investiga el contrato, luego anulado, entre Siemens y el gobierno de Carlos Menem para la confección de los DNI. Esa causa, iniciada hace una década, estuvo casi cerrada y ahora fue reactivada. Está en el juzgado federal de Ariel Lijo. La empresa reconoció en un informe de auditoría que pagó sobornos a funcionarios del gobierno de Menem, pero se busca precisar quiénes pagaron, quiénes cobraron y mediante qué mecanismo financiero fue girado el dinero.
Tikcets alimentarios : Dos empresarios, uno de ellos de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (Cevas), están procesados por intentar sobornar con un máximo de 20 millones de pesos a legisladores para aprobar una ley que beneficiara al sector. Finalmente el Congreso anuló el sistema de pagos con vales alimentarios.
Empresas fantasma: El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció "pagos de sobornos" de parte de nueve empresas contratistas del Estado en hechos cometidos durante el gobierno de Néstor Kirchner. La presentación apunta a Telefónica, a las constructoras Perales Aguiar, Vezzato, Vialbaires y Caminos del Valle y a cuatro compañías que operaron con algunas de las firmas fantasma que habían proveído de facturas falsas a Skanska para disimular pagos de coimas en la construcción de gasoductos.
También alcanza a "los funcionarios públicos que habrían sido sobornados" con esos fondos negros, generados entre 2003 y 2007. La denuncia está radicada ante el juez federal Norberto Oyarbide.
Caso Skanska: el caso se investiga en dos causas diferentes. En el fuero federal, donde se investiga el presunto pago de sobornos de la empresa a funcionarios nacionales, el juez Norberto Oyarbide demora la resolución de la situación procesal de dos ex funcionarios indagados, Néstor Ulloa (Nación Fideicomisos) y Fulvio Madaro (Enargas), y de otros 30 imputados. El juez Javier López Biscayart procesó el año pasado a Ulloa y a una decena de directivos de Skanska por evasión impositiva. Después de más de un año de aquel fallo, la Cámara en lo Penal Económico aún no confirmó el procesamiento de Ulloa.
Thales Spectrum: Se investiga a Carlos Menem y a un grupo de empresarios y funcionarios de su gobierno por una estafa millonaria al Estado en el contrato de concesión del espacio radioeléctrico, firmado en 1997. En diciembre del año pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos que había dictado el juez Sergio Torres contra del ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, otros ocho ex funcionarios menemistas y ex directivos de Thales Spectrum, entre los que está Germán Neuss.
La causa había sido cerrada por el hoy ex juez federal Jorge Urso, pero la Sala II de la Cámara revocó esa resolución a partir de un planteo de la Oficina Anticorrupción (OA).
En enero de 2004, Néstor Kirchner dispuso la anulación del millonario contrato con Thales.
La Nación, Enfoques, 22-2-09
