Miguel Braun
Director de CIPPEC
Los argentinos piensan que sus funcionarios y representantes se enriquecen ilícitamente. Sin embargo, la Justicia sólo condenó a un puñado de ellos: Raul Guglielminetti, el ex concejal José Manuel Pico y María Julia Alsogaray.
Aunque en materia de declaraciones juradas se avanzó en la última década, esecialmente tras la creación de la Oficina Anticorrupción, el control efectivo sobre los datos aún es muy débil porque la limitada independencia judicial lleva a que los fiscales y jueces no investiguen a poderosos. A la vez, hay hipocresía de la sociedad, que pretende un Estado suizo con sueldos públicos bajos. Los Estados que funcionan bien le pagan a sus funcionarios acorde con la responsabilidad que tienen, y los controlan para asegurar, no sólo su honestidad, sino también su efectividad. Brindan, también, información clara y verificable sobre la remuneración de los funcionarios. Sería bueno imitar a Chile, que puso en funcionamiento una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y reveló los suelodos completos de todos los funcionarios.
Clarín, 15-7-09
Clarín, 15-7-09
