por José Antonio Riesco
Instituto de Teoría del Estado
La convocatoria a un “diálogo amplio” hecho por nuestra Presidente virtual comenzó a practicarse con la intervención del ministro del interior, a cuyo efecto convocó sólo a las autoridades de los partidos políticos a una primera ronda. No tuvo buen comienzo el asunto. Se enojaron los radicales y la coalición cívica. El gobierno pretende imponer con prioridad lo de “las elecciones primarias” (obligatorias y simultáneas), mientras se postergan los temas de fondo en la conflictiva situación nacional. Por caso las retenciones al campo, el problema del Indec, la situación financiera de las provincias ligada a la coparticipación impositiva y otros.
Con lo cual se posterga la participación en el “diálogo” de las áreas institucionales y de los sectores socioeconómicos directamente interesados en tales cuestiones. Es posible que el gobierno tenga una óptica muy reducida de la problemática nacional y apunte a aquello que podría ser un primer apetito para la clase política : las pruebas electorales. O sea, la conquista de cargos electivos. Una hipótesis atractiva, de no mediar la manifiesta “crisis de representatividad” que viene padeciendo el sistema de partidos, en otras partes del mundo pero agravada en nuestro país. A lo que se agrega, sin tapujos, la decadencia del órgano parlamentario, tanto por la angurria de poder del Ejecutivo cuando por la carencia de eficiencia que exhibe la labor legislativa.
En coincidencia con lo actuado por el gobierno, hubo esta semana declaraciones de un diputado nacional de neta filiación ultra-liberal (dirigente del Pro), para quien el diálogo del oficialismo con la sociedad únicamente debe incluir a los “partidos políticos”. A su juicio son estas entidades las que “el pueblo ha elegido”, y nada justifica incursionar en prácticas corporativas. Un punto de vista que parece ignorar la complejidad alcanzada por las sociedades abiertas y la presencia activa de los sectores sociales, organizados o a no, que dan forma a los valores e intereses plasmados por la multiplicidad de interacciones que, en la realidad de la nación, generan y configuran la “vida social”. Qué decir de las formaciones empresarias, sindicales, profesionales, religiosas, deportivas, etc. sin las cuales el pueblo se degrada en una entelequia. Son ellas, por otra parte, las que enriquecen la democracia de partidos.
En contraste con el “atomismo” proclamado y predicado por el positivismo liberal del siglo XIX, el proceso cultural y económico del XX (algo que sigue hoy) implicó una intenso desarrollo del “pluralismo social”, ampliando a la vez el sustento estructural de la democracia. Si la anemia de los partidos en cuanto a representatividad aparece como una lamentable condición, no por ello el Estado debe ingresar en lo mismo; lejos de eso está compelido a reflejar en sus políticas y gestiones el campo global señalado, o sea a conferir la mayor participación posible a la “sociedad activa” de este tiempo.
Y esto, tal cual se lo observa en las naciones que mas autenticidad otorgan a las prácticas democráticas; y es que, según dijo no hace mucho el ex presidente de Francia, Valery Giscard D’Staing, un liberal, si bien “el corporativismo estatista ha fracasado, la sociedad se ha vuelto corporativa”. A esto lo enseña la sociología política de autores, por ejemplo, como Maurice Duverger y Jacques Lagroye. Casi lo mismo supo sostener Peter Drucker, otro liberal, respecto a que vivimos en un mundo de “organizaciones”. Importaría ciertamente un anacronismo excluir a esas expresiones de las fuerzas sociales de dar su opinión sobre el sistema electoral además de los temas que las comprometen de modo mas directo.
A juicio del constitucionalista y politólogo español Manuel García Pelayo “la sociedad del presente es una sociedad organizacional, una sociedad estructurada en organizaciones…por consiguiente, a la mediación y frecuentemente la mediatización de los partidos, se añade la mediación de las organizaciones como canal de acceso de la sociedad a la participación en las decisiones del Estado”. (cf. Las transformaciones del Estado contemporáneo; Madrid, Alianza, 1977, p. 16/17)
El prestigioso ex miembro del Tribunal Constitucional de España, bajo la Carta de 1978, alude a una afirmación de E. Forsthoff, autoridad del Derecho Público : “Bajo las circunstancias de la República Alemana, no es exagerado decir que las organizaciones y órganos constitucionales competentes…no estarían en capacidad de cumplir las funciones que tienen asignadas sin la cooperación o al menos sin la lealtad de las organizaciones. En otras palabras: el Estado está obligado a compartir su poder con las fuerzas sociales organizadas”.-
