Gastón Massimino*
En el período
2007-2011, durante el primer mandato de Cristina Kirchner como presidenta, la Nación se habría apropiado
en forma ilegítima de 136 mil millones de pesos correspondientes a las
provincias. Y paso a explicarlo. El artículo tercero de la Ley de Coparticipación 23.548
dispone que corresponde a las provincias el 54,66 por ciento de la masa
coparticipable.
Resulta que no todo
lo recaudado entra en la masa coparticipable. Como el legislador era conocedor
del unitarismo imperante, por el artículo séptimo de la Ley de Coparticipación (con
vigencia desde 1988), se obliga al Gobierno nacional a transferir recursos a
las provincias por arriba del 34 por ciento de los ingresos totales.
Pero sucede que este
piso a respetar como garantía del federalismo es violentado por la Nación en los últimos años
sin solución de continuidad.
Estado unitario. En
2008, primer año de gestión de la
Presidenta , la
Nación recaudó un total de 270 mil millones de pesos, de los
cuales se transfirieron a las provincias 70 mil millones, es decir, un 24 por
ciento del total recaudado (fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos
y Ministerio de Economía de la
Nación ), por lo que el gobierno central se habría apropiado
de manera indebida en ese período de 27 mil millones (10 por ciento de los
recursos totales), incumpliendo la previsión del artículo séptimo de la norma
precitada.
En 2009, la Nación recaudó un total de
305 mil millones de pesos, de los cuales se transfirieron a las provincias 75
mil millones, es decir, un 24 por ciento del total recaudado, apropiándose de
30 mil millones (10 por ciento de la recaudación total).
En 2010, la Nación recaudó un total de
410 mil millones de pesos, de los cuales se transfirieron a las provincias 100
mil millones (25 por ciento); se habría apropiado de 36 mil millones (nueve por
ciento del total recaudado).
En 2011, la Nación recaudó un total de
540 mil millones de pesos, de los cuales se transfirieron a las provincias 135
mil millones (25 por ciento del total), por lo que el Gobierno central se
habría apropiado de 43 mil millones (nueve por ciento del total de recursos).
La provincia de San
Luis promovió ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo
contra el Estado nacional en 2010 (causa todavía no resuelta), para que se
declare la inconstitucionalidad de la ley 26.422, de Presupuesto del año 2009,
y solicitó que se ordene al demandado el respeto del porcentaje mínimo
garantizado por la ley 23.548 de Coparticipación y la cláusula transitoria
sexta de la ley fundamental.
La actora afirma “que
la violación del régimen de coparticipación resulta patente por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN), configurándose cuando al enviar el proyecto de ley al
Congreso informa que lo que recibirán las provincias en relación al total de
los ingresos del sector público es de acuerdo al cálculo que efectúa del 24,07
por ciento”, porcentaje que, según aduce, se sitúa muy por debajo del piso
mínimo que deben percibir (34 por ciento).
En consecuencia,
serían 136 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas provinciales y
que se los quedó en forma indebida la Nación.
A modo de ejemplo, y
para significar la magnitud de los fondos en juego: la Administración Nacional
de la Seguridad
Social (Anses) dispuso de un presupuesto de 130 mil millones
de pesos en 2011, monto similar al transferido al conjunto de las provincias en
el mismo período y apenas superior a la deuda total del conjunto de provincias.
Sometimiento. “...Es
evidente que no se puede continuar con esta estructura propia de un Estado
unitario, que soslaya las realidades regionales y provinciales y que profundiza
el extraordinario grado de centralización del país, como muestra de su
decadencia y subdesarrollo”, son palabras esgrimidas por el constitucionalista
Antonio María Hernández, en un artículo publicado en este diario en marzo de
este año.
En relación con la
modificación del estatuto del BCRA, hay que estar atento a lo que resuelva la Corte Suprema en la
causa en que la provincia de San Luis promovió acción de amparo contra el
Estado nacional (febrero de 2010). En ella se cuestiona la inconstitucionalidad
del decreto 2010/2009 en cuanto, por su intermedio, el PEN pretende utilizar
las reservas federales del BCRA para cancelar servicios de deuda pública con
vencimiento en 2010 sin cancelar las partidas previamente autorizadas por el
Congreso con ese mismo objetivo y por un monto similar en la Ley de Presupuesto para el
ejercicio financiero en curso, o bien reintegrarlos a la base imponible de la
masa coparticipable.
Queda demostrado en
forma palmaria el sometimiento económico y la asfixia financiera que padecen
las provincias por parte del Gobierno central. Pero también queda la esperanza
de que algún día la
Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida
garantizando el estricto cumplimiento de la Constitución y
devuelva a las provincias lo que en algún momento se les quitó indebidamente.
*Abogado investigador
en la Fundación Con /Participación
