Un
proyecto que debate el Senado busca asegurar que todas las decisiones en torno
a las islas cuenten con un amplio consenso, como corresponde a tan importante cuestión.
por Jorge Argüello*
Pasados los primeros años
que siguieron al conflicto armado de 1982, cargados de duelos y dolorosas
revisiones, el abordaje de la cuestión Malvinas y de la relación con el Reino
Unido atravesó varias etapas, a veces tan cambiantes y contradictorias como la
vida política argentina misma.
Pero hoy, por primera vez
desde la guerra, Argentina tiene frente a sí una oportunidad única para
recuperar el espíritu de unidad democrática que nos cohesionó como sociedad,
justamente, a la salida de la dictadura que utilizó la causa Malvinas con un
final desgraciado. Esa oportunidad se llama “ley Malvinas”, un proyecto de ley
debatido, consensuado y redactado desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur que puede hacer de la defensa de nuestra soberanía,
finalmente, una auténtica política de Estado.
La ley Malvinas, cuyo
proyecto ya ingresó en el Senado, asegurará la participación del Congreso
Nacional en cualquier acuerdo bilateral que se concrete con el Reino Unido en
torno a la cuestión Malvinas. La participación del Congreso fue ignorada en los
90 y otra vez, desde 2016, en favor de los llamados “acuerdos ejecutivos” o
“simplificados” entre gobiernos, verdaderos tratados internacionales ya que
–independientemente de su forma y denominación– generan derechos y obligaciones
para las partes, tal y como lo establece la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (1969). En estos “acuerdos ejecutivos”, que no se
encuentran receptados por la Constitución Nacional, los Estados manifiestan su
consentimiento solo a través de su formalización por escrito, y su entrada en
vigor es inmediata, siendo todo el proceso realizado por el Poder Ejecutivo. Se
genera así una anomalía en el sistema establecido en la Constitución Nacional.
Nuestro ordenamiento
constitucional establece para la celebración de tratados un sistema en donde
intervienen dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo Malas experiencias.
Entre 1989 y 2002, la cuestión Malvinas y la relación bilateral con el Reino
Unido ingresaron en una etapa en donde el gobierno británico pudo imponer todos
los temas de su interés sin que la cuestión central, es decir la negociación
para la solución de la disputa de soberanía, fuese siquiera discutida,
amparándose bajo la figura popularmente conocida como el “paraguas de
soberanía”, originada en los Acuerdos de Madrid (1989-90) y que gestaron un
único resultado: el congelamiento por tiempo indefinido de las negociaciones
sobre soberanía con Londres. En ese tiempo, ignorando la participación del
Congreso, se concretaron una decena de “acuerdos ejecutivos” en materia de
pesca, hidrocarburos, vuelos, entre otros. A mediados de los 2000, Argentina
suspendió algunos de esos acuerdos, sobre todo en materia de cooperación
pesquera y en hidrocarburos, por los constantes actos unilaterales británicos
violatorios de las resoluciones de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el actual
gobierno nos devolvió a los 90 a través del Acuerdo Foradori-Duncan de 2016,
cuyo único resultado ha sido el de atender las pretensiones y necesidades
británicas, eludiendo nuevamente el control del Congreso y menospreciando,
además, la representación que corresponde a las provincias. Como consecuencia
de ello, en noviembre pasado se volvió a reunir en Londres el Subcomité
Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). En los papeles,
las partes dialogaron sobre “temas de interés mutuo en materia de cooperación
científica para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico
Sudoccidental”. Pero, en la práctica, mientras se proyectan “cruceros
científicos conjuntos” para proteger las pesquerías del Atlántico Sur, el Reino
Unido ya otorgó unilateralmente desde el 14 de febrero, fecha de inicio de la
temporada de captura del calamar Illex argentinus, más de un centenar de
licencias de pesca.
Es que en esa “mesa de
diálogo bilateral” progresan solo las iniciativas de una de las partes, la
británica, necesitada de respuestas económicas para las islas que Londres ya no
puede sostener, como antaño, por su propia y traumática coyuntura
(Brexit). Una solución definitiva. Con la presentación del proyecto de ley
Malvinas, la provincia de Tierra del Fuego ha dado un gran paso, aunque solo el
primero, de un proceso legislativo y político que le permitirá al país romper
las inercias en que nos dejó el conflicto de 1982. La iniciativa ya consiguió
una veintena de firmas de legisladores de distintos bloques de la Cámara alta y
está girada a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos
Constitucionales.
¿Acaso los gobiernos que
eludieron al Congreso y suscribieron acuerdos internacionales sin darles
participación a los legisladores de las distintas fuerzas políticas y de las
provincias lo hicieron para hacerle mal a la causa Malvinas? Difícilmente. Pero
tampoco comprendieron que las definiciones políticas de la envergadura que
involucra la cuestión Malvinas –en el tope de la agenda exterior de nuestro
país– deben contar con una muy alta dosis de consenso.
Esta ley busca poner un
punto final a la práctica anómala de los acuerdos simplificados respecto de
Malvinas, apuntando a establecer las bases para una política de Estado y a
encontrar los consensos necesarios para revisar lo realizado hasta el momento y
actuar en consecuencia. En Argentina, ese tipo de consenso se construye allí
donde están representados todos, y ese lugar es el Congreso. Los acuerdos
internacionales que gestione el Poder Ejecutivo deben ser aprobados, o
rechazados, por los legisladores, conforme los artículos 75 y 99 de la
Constitución de la Nación. Nada puede dar mayor fortaleza a la posición
argentina en su reivindicación de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur
que la certeza de los ciudadanos de que la cuestión Malvinas se ha convertido,
por fin, en una política de Estado consagrada por sus propios representantes.
La iniciativa no resolverá per se la disputa de soberanía, está claro,
pero conlleva una manda de gran potencial: la obligación de discutir,
acordar y controlar democráticamente, por encima de las circunstancias de un
gobierno, la gestión de una disputa bilateral consagrada y reconocida por la
comunidad internacional. La cuestión Malvinas exige una política consensuada,
de fondo, permanente, y excluida –incluso– de la competencia electoral que se
avecina este año en la Argentina.
*Secretario de Estado para
la Cuestión Malvinas de la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
(Fuente: www.perfil.com,
3-3-19)
