AL MARGEN DEL
INTERÉS NACIONAL
César Lerena
El hombre del
sombrerito gris no levantó la vista y continúo caminando, mirando las baldosas
húmedas. Caían las primeras gotas, el “frente de todas las tormentas” enrarecía
el ambiente y comenzaba a temer que no llegase a cumplir con esa ambición que
ya llevaba treinta años, con la misma convicción de los que se entienden
predestinados a cosas personales importantes por encima de los intereses
nacionales.
Marcelo Kohen
recuerda, que él era desde 2016 “el primer no europeo electo como secretario
general en casi 150 años del Instituto de Droit International”, una entidad,
que en 1904, obtuvo el Premio Nobel a la Paz, «por sus esfuerzos como organismo
no oficial al formular los principios generales de la ciencia de la ley
internacional». Nada que tenga que ver con el proyecto personal de este jurista
que reside y trabaja hace más de veinte años en Ginebra, en un Instituto que
ocupa el nada destacado Nº 2.940 en excelencia entre el ranking de
universidades en el mundo y, claro está, muy lejos de este Premio Nobel a la
Paz que se considera uno de los más controvertidos, ya que muchos de sus
ganadores han sido muy criticados: por ejemplo Henry Kissinger (1973); Aung San
Suu Kyi (1991); Yasser Arafat (1994); Wangari Mathai (2004) y otros. Nunca se
le otorgó a Mahatma Gandhi a pesar de haber sido nominado varias veces y, no se
le dio el debido reconocimiento en el país a Adolfo Pérez Esquivel a quien se
lo otorgaron en 1980 en su carácter de “fundador de organizaciones de derechos
humanos no violentas para luchar contra la Junta Militar que gobernaba el país”
y, a Carlos Saavedra Lamas que lo recibió en 1936 por su actuación como
“Presidente de la Conferencia de Paz que logró el armisticio entre Paraguay y
Bolivia poniendo fin a la guerra del Chaco en 1935” y, que por una rara
casualidad estaba vinculado a nuestro ascendiente Gilberto Lerena, ya que ambos
casaron con las hijas del Presidente Roque Sáenz Peña; Rosa con Saavedra Lamas
y Ciprianita con Lerena. En fin, los Premios Nobel a las personas y a las
organizaciones, no se transfieren por ósmosis a los descendientes ni mucho
menos a directivos de las instituciones. Solo podría heredarse alguna vieja
fotografía.
Las luces de la
ciudad confunden a los más obscuros personajes y suelen presentarse a destiempo
de las circunstancias que viven los pueblos, que como la Argentina vive
dificilísimas décadas económicas y sociales. Tal vez sea el caso de Marcelo,
que Cecilia Degl’Innocenti (Perfil, 26/4/2022) lo presenta como “el jurista que
busca romper con 30 años de ausencia argentina en la Corte de La Haya” y, que
dice, está “impulsado por la Cancillería para ocupar un lugar en el tribunal”
y, que “ha representado al país durante el conflicto de las papeleras sobre el
río Uruguay y el caso de la Fragata Libertad”. El primero caso, perdidoso,
porque la Corte entendió que Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la
contaminación ambiental y la planta de Botnia sigue produciendo, al igual que
otras que se agregan con posterioridad y, el segundo, liberó la fragata después
de más de 60 días, cuando los actuantes se dieron cuenta que en lugar de
recurrir al Tribunal de Comercio de Ghana
podrían haber invocado el artículo 95º y 96º de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante el Tribunal Internacional del
Derecho del Mar para liberarla. Para no mencionar y olvidar, su rol de asesor
del equipo juristas que perdió ante Chile el reclamo de Bolivia de la salida al
mar.
Nos dice Cecilia
que “en 2023 la Argentina tendrá la posibilidad de contar con un juez en la
Corte Internacional de Justicia tras más de 30 años de ausencia de
representación nacional en el órgano judicial de mayor peso a nivel
internacional” y, nosotros creemos, que no se trata de incorporar simplemente
un argentino a ese Tribunal sino de hacerlo con el adecuado, ya que mientras en
1973 se incorporaba a esta Corte el jurista y diplomático José María Ruda que
integró ese cuerpo hasta 1991 y lo presidió en los últimos tres años, quien
tuvo una participación superlativa en favor de la Nación Argentina, entre otras
obras, con su fundado alegato y destacado rol que dio lugar a la sanción de la
Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas, un hito histórico político y
jurídico en la Cuestión Malvinas; mientras que el citado Marcelo Kohen en 2018
(Infobae, 22/3/2018) les proponía a los isleños un plan que, de haberse llevado
adelante, entre otras cosas les habría de permitir a estos a los treinta años
reivindicar la soberanía británica sobre los archipiélagos de Malvinas,
contrariando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional
Argentina, la integridad territorial argentina y el sentimiento mayoritario de
los argentinos.
A la hora de elegir
el perfil de los representantes argentinos ante la Corte, es muy interesante
destacar que mientras Ruda tenía una clara posición de representante de los
intereses políticos nacionales y los traducía en claras y comprometidas
acciones jurídicas y diplomáticas, la posición de Kohen parece la de un técnico
a ultranza. Por un lado, el articulista refiere a que Kohen cuenta con el apoyo
del gobierno nacional, sin embargo, las declaraciones de este son reveladoras
respecto a su compromiso con el Estado Argentino. Al preguntarle la periodista:
¿Cómo surgió su candidatura? no refiere Kohen a que fue apoyado por el Gobierno
actual, sino que fue «una propuesta de destacados colegas y amigos de todo el
mundo que consideran que mi presencia como juez sería una contribución positiva
para el trabajo de la Corte…no son los estados los que proponen a los
jueces…soy profesor, no diplomático ni político, y pienso de manera
independiente…No soy “pro tal estado o tal otro” sino pro-derecho
internacional, lo que me importa es que los estados lo respeten…Mi compromiso
como candidato es con la independencia de todo estado, presión o interés; poner
el respeto del derecho internacional por encima de todo… poner todo el esfuerzo
y la experiencia de trabajo en el derecho internacional al servicio de la
justicia». Toda una autodefinición de un Técnico al servicio de la técnica, en
un mundo, donde los intereses hegemónicos de las grandes potencias queda cada
día más de manifiesto y, en especial, cuando este técnico forma parte del cuerpo
de asesores del Consejo Nacional de Malvinas, que tiene como función principal
prestar su conocimiento jurídico al Presidente Fernández, el Canciller Cafiero
y el Secretario de Malvinas Guillermo Carmona, quienes deberían esperar que sus
aportes estén destinados a recuperar el ejercicio pleno de Malvinas y no a
escuchar una clase teórica del derecho internacional público al servicio de la
justicia.
Llamativamente
menciona Kohen en el artículo de Perfil a los muy destacados juristas
argentinos Carlos Calvo y José María Drago, ambos diplomáticos de Julio
Argentino Roca y omite a José María Ruda, embajador en las Naciones Unidas
durante la presidencia de Arturo Illia, cuyos aportes respecto a la Cuestión
Malvinas como vimos fueron relevantes y también, entre otros, a uno de los
jurisconsultos más importantes de Argentina, el profesor Hugo Caminos, que
entre otras cosas fue miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quién
cuando integraba el Institut de Droit International acuñó una frase derivada
del artículo 2º del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dejaba
en claro su calidad moral: «no se puede avalar el ingreso a quienes carecen de
integridad moral». Esto viene a colación, porque para los cargos
internacionales no deberían ser tenidas en cuenta solo las capacidades técnicas
que, por cierto, son absolutamente imprescindibles, sino fundamentalmente la
trayectoria de los postulados en favor de los intereses nacionales del
candidato que el gobierno promueva. No a quien se presenta como: No soy “pro
tal estado o tal otro”.
Nos deja claro
Marcelo, cuando responde a la periodista, sobre cuál sería su rol en la Corte
en el caso que la Argentina presentase la cuestión Malvinas: «Para que la
cuestión Malvinas llegue a la Corte por vía contenciosa, haría falta que ambos
Estados estén de acuerdo y acepten la jurisdicción de la Corte para resolver su
controversia». Al respecto, en Clarín (Natasha N. 19/12/21) es un tanto
dubitativo: “ha aconsejado a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de
llevar a los británicos hasta la CIJ, lo que después ha desaconsejado por su
propia experiencia” y, su mirada política un tanto lábil, ya que proveniente de
una familia comunista, conmemora y pondera el “Acuerdo de Comunicaciones con el
Reino Unido” de 1971 que llevó adelante la llamada Revolución Argentina del
presidente de facto Alejandro Lanusse, donde confiesa que «el Acuerdo
contribuyó significativamente a la prosperidad de los isleños» (Perfil,
29/6/21), lo mismo que propició Macri con el Pacto de Foradori-Duncan en 2016,
pacto que aún permanece vigente pese a su asesoramiento en el Consejo Nacional
de Malvinas.
Está claro que el
autopostulado Marcelo Kohen no es político ni diplomático, ni ha sido Juez, es
un docente de derecho internacional público y así le va a la Argentina en su
errática política para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en
Malvinas.
Por los frutos se
conoce el árbol (San Mateo 7,16 y San Lucas 6,44).
