impiden al Estado elaborar políticas sociales”
Infobae, 25 Abr,
2023
En el aula 217 del
segundo piso de la Faculta de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se
presentó la segunda edición ampliada y actualizada del libro “El delito de
contrabando”. La publicación fue dirigida por Mariano Borinsky, juez de la
Cámara Federal de Casación Penal, Pablo Turano, fiscal en lo Penal Económico, y
Daniel Schurjin Almenar, subsecretario letrado de la Procuración General de la
Nación. Los coautores y coautoras del libro son Lucas Bello, Fabián M. Caffaro,
Pablo Cavaignac, Nancy Garçon, Deborah Lichtmann, Juan I. Pascual, Magdalena
Rodríguez y Silvana Yanichevsky.
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Borinsky, a su
turno, señaló: “La delincuencia económica, en ocasiones, está emparentada con
el crimen organizado, que es la actividad sistemática ilegal para obtener poder
o beneficios económicos. De por sí, el crimen organizado es tan antiguo como el
gobierno y las leyes, y tan internacional como el comercio. Muchos vinculan
aquel término en un sentido menos preocupante para los gobiernos y los
intereses comerciales: con las organizaciones mafiosas. Así, se convierte en
una amenaza para la sociedad y no en parte de ella. Las grandes maniobras de
evasión tributaria, contrabando y fraude a la administración pública (entre
otros delitos económicos) impiden al Estado financiarse y elaborar políticas
sociales que tiendan a paliar las necesidades de los menos privilegiados,
eliminando así el principio de solidaridad, base de la organización social”.
Asimismo, el juez
recordó: “En la década de los ´80 se estimó que únicamente en impuestos a
las ganancias, al valor agregado y a las contribuciones previsionales la falta
de pago de los contribuyentes y aportantes llegó a la suma de 52 mil millones
de dólares, equivalentes casi al monto total de la deuda externa que heredó
en 1983 el gobierno democrático posterior a la última dictadura militar
nacional. Todo ello en medio de una crisis socio-económica sin precedentes,
donde empezaba a ser imposible la prestación normal de los servicios públicos y
el pago regular y actualizado a los índices inflacionarios de sueldos,
jubilaciones y pensiones, con una transferencia de ingresos en la sociedad cada
vez más notoria en beneficio de pequeños grupos de poder económico-financiero,
conectados al capital internacional y condicionantes del ejercicio del poder
político”.
Y agregó: “En este
contexto, la doble contabilidad, las maniobras en perjuicio de la hacienda pública
y el trabajo ‘en negro’ fueron comportamientos habituales ante la ineficacia
de los organismos fiscalizadores y de represión, quienes carecían del respaldo
de una decisión política firme de combatir la evasión y desarrollaban su labor
en medio de carencias materiales significativas, con una opinión social media
que veía como una ‘viveza criolla’ a la realización de maniobras
deliberadamente ardidosas y la posterior omisión de pago de los tributos
correspondiente por parte del delincuente evasor. Inclusive, muchos grandes
evasores completaron sus maniobras llevándose las ganancias a los denominados
‘paraísos fiscales’. La descripta precedentemente es una foto de hace 40 años.
Cualquier similitud con la actualidad, no es pura coincidencia”.
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Borinsky concluyó:
“En definitiva, en la era de la globalización, los Estados se procuran los
instrumentos necesarios para combatir la delincuencia económica organizada ya
sea mediante la sanción a los funcionaros y otras personas físicas con penas
efectivas de prisión; pero también mediante el sistema de sanciones a las
corporaciones que cometieron delitos, con penas pecuniarias; como así también
mediante la implementación de las vías independientes para devolver de forma
definitiva los cosas, bienes o valores equivalentes fuere del dinero que le
apropiaron al propio Estado, para que pueda volver a la sociedad mediante el
cumplimiento de alguna de las funciones básicas estatales: educación, salud,
seguridad y justicia”.
