miércoles, 13 de marzo de 2019

DIPUTADA BRASILEÑA CATÓLICA



Por INFOVATICANA | 12 marzo, 2019

Christine Nogueira do Reis Tonietto, más conocida como Chris Tonietto, es una abogada de 27 años, casada, que desde octubre de 2018 es diputada federal de Brasil (es decir, en el congreso de toda la nación) por Rio de Janeiro. Pertenece al Partido Social Liberal, en el que entró como militante en enero de 2018 Jair Bolsonaro, quien es presidente de Brasil desde inicios de 2019. Con Bolsonaro, el Partido Social Liberal ha reforzado mucho su discurso profamilia, religioso y conservador en valores.
Chris Tonietto ya alcanzó notoriedad como abogada y miembro del Centro Cultural Católico Dom Bosco, que en 2017 actuó contra un colectivo de humor grosero que hacía mofa de las creencias católicas. En octubre de 2018 la joven abogada fue elegida diputada federal y en su breve primer discurso, como podemos ver en el vídeo, quiso dejar claras sus motivaciones de fe como política católica.
“Estamos aquí hoy, primero, para agradecer a todos los que votaron por nosotros, confiando en nosotros, creyendo que somos no solo la renovación sino la esperanza“, inició la diputada su presentación en el congreso brasileño.
“Quiero consagrar nuestro mandato a Cristo, Rey del Universo, a Nuestra Señora de Aparecida, Patrona de Brasil, que es la tierra de la Santa Cruz. Quiero confirmar aquí mi compromiso moral en defensa de la vida desde la concepción, en defensa de los valores cristianos, en combate al aborto, a la ideología de género, a la corrupción y a la criminalidad. Insto a la juventud brasileña a no perder la esperanza en nuestra nación. Quiero servir a mi patria con todo amor, ética, idoneidad moral y vigor a que tanto inspira mi fe católica”, añadió.
Y para finalizar, dijo: “Deseo a todos un excelente y bendecido mandato y que Dios bendiga nuestras acciones en esta casa legislativa. ¡Viva Cristo Rey!” ¿Qué sucedería en España y otros países hispanos si un diputado nuevo y joven -o cualquier otro- llegara al Congreso con un discurso similar de presentación y agradecimiento?


sábado, 9 de marzo de 2019

LA INDEFENSIÓN ARGENTINA SE AGRAVA


José Manuel Ugarte


 Clarín, 08/03/2019

En los últimos días de 2018, la Fuerza Aérea se negó a recibir los tres Pampa III cuya finalización fuera motivo de celebración pública, por presentar deficiencias.
Los cinco Super Etendard adquiridos para contribuir a la protección del G-20 y aportar componentes para la reparación y modernización de los aparatos de este tipo con que cuenta la Armada no pudieron contribuir a la primera de tales finalidades, dado que atrasos en los pagos determinaron que llegaran en las últimas horas de 2018. La puesta a punto de estos aviones se reveló más compleja -y más costosa- de lo esperado, siendo que se encuentran al fin de su vida útil.
En 2018 se suspendió el programa de modernización del TAM por Elbit Systems, y como consecuencia, nuestro principal tanque -de reconocidas limitaciones por la delgadez de su blindaje- permanecerá con sus sistemas propios de los años70, incluyendo su falta de aptitud para el combate nocturno, carencia que lo vuelve inepto para la guerra moderna.
Se inicia el cuarto año consecutivo en que Argentina carece virtualmente de fuerza aérea. Los aviones Pampa II y aún III de entrenamiento no son aviones de combate, pese a tener una capacidad de ataque liviano. Son siderales las diferencias que los separan de un avión de combate, en potencia motriz, velocidad, armamento, aviónica, etc. El puñado de A-4 AR que aún volaría no basta para cuestionar esta afirmación.
Nuestro país no cuenta hoy con submarinos en condiciones de operar, pese a que compromete para ejercicios militares combinados con países vecinos los dos que teóricamente tiene. Mientras uno ha llegado al fin de su vida útil, el otro está en indefinidas reparaciones de cuarta vida, dado que las de media vida tuvieron lugar en 1999.
Por cuarto año consecutivo, U.K. Defence Journal ha publicado (2018) un artículo titulado elocuentemente Argentina ha dejado ahora de ser un poder militar capaz, donde el columnista George Allison explica que luego de un significativo período de declinación, nuestras Fuerzas Armadas han dejado de ser una fuerza militar capaz.
Han transcurrido tres años desde que de estas mismas páginas planteamos la necesidad de reconstruir la capacidad de defensa argentina, como una labor de todos los sectores de la sociedad. Pese a que la catástrofe del ARA San Juan debería haber llamado a la reflexión sobre la necesidad de tal reconstrucción, nada significativo se ha hecho, salvo los periódicos anuncios sobre una reforma militar de la que hasta ahora no se conocen exteriorizaciones ni resultados.
Nadie puede afirmar seriamente que la situación es responsabilidad exclusiva de éste o de cualquier otro gobierno argentino. Todos quienes ejercieron poder en Argentina comparten tal responsabilidad. En realidad, decisiones tomadas en la década del ’90 y mantenidas hasta el presente explican la situación. En 1990-91, a la destrucción de la capacidad de producción para la defensa, siguió la drástica disminución del presupuesto de defensa, que lo llevaría del 2,1% del PBI al 1,1% del P.B.I (1997), reduciéndose posteriormente al 0,9% en 2004, aunque creciendo levemente en su monto numérico por incremento del PBI, porcentaje en que se ha mantenido. También a partir de 1990-91 dio comienzo el incremento del porcentaje en gasto en personal en relación a las erogaciones en funcionamiento y equipamiento, que llevarían en 1993 al 80%, contra el 17% en mantenimiento y el 3% en equipamiento, porcentajes que mantenidos hasta el presente, explican la situación. Tal escenario se ha agravado en los últimos tiempos; los aludidos porcentajes son, para 2018, 86,4, 9 y 3,27, y para 2019, 87, 8,5 y 1,8. Por otra parte, a partir de 1993 comenzó el incremento desproporcionado del personal de los grados más altos que, a más de aumentar el gasto en personal, determinan la profusión de estructuras burocráticas para justificarlo. Ese incremento ha sido incesante hasta 2018. Para 2019 se advierte una leve reducción –especialmente en la Armada- pero insuficiente para solucionar las desproporciones creadas. Como consecuencia, no hay fondos para mantenimiento del material, para adiestramiento del personal, ni para compra de material.
En los últimos años se ha incorporado material que poco contribuye a la defensa, como ocho aviones de entrenamiento a turbohélice T6C-Texan II, cuando ya se contaba con aviones de entrenamiento, y cuatro buques patrulleros oceánicos Gowind OPV 90, los que tras ocho años de viajes buscando comprador del patrullero L’Adroit usado como muestra, finalmente lo halló en Argentina –pese a su diseño poco adecuado para el Mar Argentino- donde procurará duplicar la acción de los guardacostas de la Prefectura. En ambas adquisiciones se han erogado más de 500 millones de dólares, con los que se hubieran podido comprar dos buenos submarinos, entre otras posibles adquisiciones útiles.
En definitiva, la indefensión argentina se perpetúa y se agrava. Ya no se cuenta con aviones de combate ni con submarinos, el principal blindado argentino es obsoleto, los fondos para adiestramiento y mantenimiento se han reducido, el material tiene tres, cuatro o cinco décadas. Qusiéramos estar equivocados, pero el presupuesto es elocuente; difícilmente se haga algo más.
Sólo cabe, pues, soñar con que algo se haga, o que del próximo ciclo surja la recuperación.


viernes, 8 de marzo de 2019

EL LÍMITE DE LA PACIENCIA




PRUDENCIO BUSTOS ARGAÑARÁS*

La Voz del Interior, 07 de marzo de 2019 |
Hace ya varios años que los habitantes de la ciudad de Córdoba soportamos de manera casi cotidiana un atropello a nuestros derechos por parte de diferentes grupos –sindicalistas, abortistas, gays, lesbianas, ecologistas, partidos de izquierda y varios etcéteras– que se apropian de las calles céntricas, cortan el tránsito, detonan explosivos, vociferan obscenidades por altoparlantes, prenden fuego a cubiertas u otros objetos, atacan iglesias y otros edificios y ensucian con grafitis paredes, estatuas, monumentos históricos, comercios y casas particulares.
Quienes cometen estos actos vandálicos son, sin duda, los principales responsables, pero no los únicos. A ellos se suman quienes, por los cargos que ocupan, tienen la obligación de impedirlo y de castigar a los que los cometen, y no lo hacen.
En primer lugar, los magistrados judiciales del fuero penal, ya que cortar calles es un delito previsto en el Código, que debe ser castigado con tres meses a dos años de prisión (artículo 194). La provocación de incendios se pena con tres a 10 años (artículo 186); el daño de cosas muebles o inmuebles, con 15 días a un año (artículo 183), y con tres meses a cuatro años si se emplean sustancias venenosas, como el humo de cubiertas quemadas, o cuando los objetos dañados son bienes públicos, lugares de uso público, monumentos o estatuas (artículo 184).
Se da el caso de un fiscal que, para justificar su inoperancia, llegó al absurdo de sostener que su misión no era perseguir el delito en estos casos, sino mediar en lo que considera un conflicto de intereses, ya que según su curiosa interpretación el supuesto derecho a “manifestar” autoriza a cometer estos delitos, y el que incurre en ellos no debe ser perseguido sino amparado por él.
No he visto consagrado en la Constitución ni en ninguna ley tal presunto derecho. En todo caso podría, de manera muy generosa, considerarse comprendido en el derecho de peticionar a las autoridades, incluido en el artículo 14, o bien ampararse en el artículo 19, que dispone que nadie puede ser impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, lo que lo pondría en la misma categoría del derecho a bailar el malambo o a tomar café.
Pero, aun bajo este supuesto, el ejercicio de un derecho no puede legitimar la comisión de un delito, pues como establece el Código Civil en su artículo 10, “el ejercicio de un derecho propio (...) no puede constituir como ilícito ningún acto”. Y se aclara luego que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”.
A ello se añade, en el artículo 14, que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”.
Son también responsables los gobernadores e intendentes, quienes al jurar sus cargos se comprometen a observar y hacer observar, en cuanto de ellos dependa, la Constitución y las leyes.
A la omisión de este deber la castiga el Código Penal en su artículo 249, cuando reprime con multa e inhabilitación al funcionario público “que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
Más allá de lo jurídico, existen reglas fundamentales que rigen la vida en sociedad y permiten la convivencia civilizada, en especial aquella que establece que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás.
La inobservancia de este principio convierte la vida en la ciudad en un verdadero campo de batalla en el que reinan la anarquía y el caos, y el incumplimiento de las leyes provoca la aparición de una ley no escrita, la ley de la selva, que no es otra que la ley del más fuerte. Y quien más se perjudica es el débil y el desprotegido, pues el rico y el poderoso tienen recursos para hacer prevalecer sus derechos en medio del desorden.
Pero a todos los nombrados debemos añadir otros culpables, que somos los ciudadanos, cuando a fuerza de convivir con estos agravios cotidianos, nos familiarizamos con ellos y los toleramos callados.
O cuando seguimos eligiendo gobernantes que no cumplen con su deber ni defienden nuestros derechos, o cuando convalidamos los atropellos por entender que quienes los ejecutan persiguen una buena causa, olvidando que Tzvetan Todorov nos enseña que “las causas nobles no disculpan los actos innobles”.
También cuando legitimamos el uso de la violencia y el vandalismo como instrumentos de acción política, al conmemorar y celebrar episodios históricos como el Cordobazo, en el que grupos armados provocaron la destrucción de la ciudad, el caos y hasta la muerte de personas inocentes. O cuando tributamos homenaje a verdaderos asesinos, como el Che Guevara, que iniciaron baños de sangre promoviendo el terrorismo y contribuyeron a instaurar tiranías dinásticas que arrasaron con los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Disfrutar de los beneficios de la civilización tiene un precio: comportarnos de manera civilizada y exigir a nuestros gobernantes que lo hagan.
* Escritor, historiador


miércoles, 6 de marzo de 2019

RENTA DE CIUDADANÍA


Con muchas dudas, arrancó en Italia la era de la "renta de ciudadanía"



La Nación, 6 de marzo de 2019

"Hemos mantenido nuestra promesa, comienza una revolución", expresó hoy Luigi Di Maio, viceprimer ministro italiano y líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5E), al celebrar el comienzo de la puesta en marcha de la "renta de ciudadanía" ( reddito di cittadinanza), caballito de batalla del programa electoral de su partido, que significará una ayuda económica de un máximo de 780 euros mensuales para personas con graves problemas económicos.
"El Estado finalmente se ocupa de los invisibles, de personas que han estado en la periferia de este país y de los temas políticos", aseguró Di Maio, destacando el inicio de una nueva era. El líder del M5E y también ministro de Trabajo espera que su agrupación -que perdió consensos de la mano de su socio de la derechista Liga, Matteo Salvini,-, con el lanzamiento de esta medida claramente populista, vuelva a repuntar.
Se estima que la "renta de ciudadanía" beneficiará a unos 5 millones de personas".
Luego de meses de discusiones y polémicas, desde esta mañana los italianos que aspiran a esta ayuda estatal pudieron presentarse en las oficinas correspondientes para solicitar, a través de un formulario, el beneficio. Se trata de una medida que apunta a contrastar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, aprobada después de grandes controversias y que significará un gasto de 7000 millones de euros, algo para muchos insostenible vista la  
recesión económica de Italia.
La "renta de ciudadaía" también apunta a reinsertar en el mundo del trabajo a los desocupados: quien obtendrá esta ayuda tendrá la obligación de suscribir un pacto de empleo por el cual ingresará en un sistema que lo ayudará a encontrar trabajo. Sobre todo esto sigue habiendo muchas dudas en Italia.
Aunque se temía un asalto de los centros habilitados para recibir las peticiones, finalmente no hubo caos, sino un flujo ordenado y constante. Salvo un desperfecto al principio en el portal puesto a punto por el gobierno para poder hacer el pedido online, tampoco hubo grandes colas en los centros para hacer el trámite personalmente. A las 14, en las oficinas postales de todo el país habían sido recibidas 29.147 solicitudes.
Los requisitos
Pueden solicitar la "renta de ciudadanía" italianos y extranjeros residentes desde al menos 10 años, que cumplan determinados requisitos, entre ellos un ingreso anual inferior a 9360 euros, un patrimonio financiero menor de 6000 euros, nada de auto o motos nuevas o potentes, ni tampoco barcos o naves. El Insituto Nacional de Previsión Social (INPS) es el encargado de verificar si el solicitante cumple con los requisitos exigidos y el que calculará el monto de dinero a otorgar, que variará de un mínimo anual de 480 euros a un máximo de 15.960 euros. Un soltero que alquila podrá cobrar un máximo de 780 euros mensuales, mientras que una familia numerosa, 1330 euros mensuales.
Tal como siempre quiso Di Maio, el dinero llegará por primera vez a mediados de abril, antes de la crucial cita con las urnas para votar en las elecciones europeas del 26 de mayo, donde los sondeos indican que la derechista Liga de Salvini -su socio en el gobierno popuista-, arrasará.
El dinero no se dará en efectivo, ni por giro bancario, sino a través de una tarjeta. El monto podrá ser usado para pagar boletas y demás productos alimentarios o farmacéuticos, pero no podrá gastarse en juegos o lotería. Quien recibe la "renta de ciudadanía" y todos los componentes de su familia aptos al trabajo, deberán comprometerse a hacer lo posible para reinsertarse en el mundo laboral. Con este objetivo, el beneficiario será seguido por unnavigator (navegador) que ayudará a encontrar un empleo. Y es justamente en esta figura, la del navigator, que hay mucha polémica: Di Maio quiere contratar a 6000 "navegadores" cuando, en verdad, ya existen en el país diversos institutos que intentan coordinar oferta y demanda de trabajo, con igual o superior cantidad de empleados. Por esto se considera esta iniciativa otro derroche de dinero público.
Al margen de criticar esto, los detractores de la "renta de ciudadanía", una medida símbolo del M5E, temen que alentará el trabajo en negro (porque mucha gente para cobrarlo preferirá ocultar al fisco su empleo verdadero) y terminará siendo un simple subsidio. Sin resolver el drama de la desocupación, especialmente grave en el sur de Italia, donde es el triple que en el norte.


LA ONU ADVIRTIÓ


 sobre los riesgos de no controlar el "cannabis medicinal"

6 de marzo de 2019  
La oficina antidrogas de la ONU emitió una contundente advertencia sobre los riesgos de legalizar el consumo de marihuana. En su informe anual, la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes (JIFE) señaló directamente que Uruguay, Canadá y los Estados Unidos quebraron los acuerdos sobre controles de drogas al permitir en sus territorios el uso "recreativo" del cannabis.
También se expuso el peligro representado por las desviaciones del experimental uso medicinal del cannabis, al alertar sobre la "mercadotecnia" que busca imponer la idea de los supuestos beneficios de la marihuana con el único fin de elevar la tolerancia social a aquella y, en consecuencia, obtener millonarias ganancias empresariales con la potencial liberalización del consumo de esa droga.
Para los especialistas de la ONU, hay empresas que buscan posicionarse detrás de las campañas en favor de legalizar la marihuana.
"Los programas de cannabis medicinal en algunos estados de los Estados Unidos han sido utilizados por los partidarios de la legalización del cannabis para promover la legalización del consumo de cannabis con fines no médicos en esos estados. Los primeros estados que legalizaron el consumo de cannabis con fines no médicos (Colorado, Oregon y Washington) tenían programas mal regulados de ?cannabis medicinal', en los que se utilizaban los dispensarios para crear en la práctica un mercado legal de cannabis para consumidores que usaban la sustancia con fines no médicos. La tolerancia legal de los dispensarios de cannabis permitió la creación de una industria comercial cuasilegal del cannabis en esos estados", se indicó en el informe difundido ayer por la JIFE.
Y se agregó: "La disminución de los riesgos percibidos del consumo de cannabis y una activa mercadotecnia social por la industria del cannabis plantean importantes retos para la prevención del consumo de cannabis entre los jóvenes".
Tras analizar los casos de Uruguay, Canadá y algunos estados de EE.UU., los expertos que firman el documento anual más importante de la ONU sobre estupefacientes afirmaron: "La legalización del uso de cannabis con fines no médicos contraviene los tratados de fiscalización internacional de drogas".
Efecto contagio
La JIFE-ONU anticipó además un posible incremento explosivo del consumo de marihuana a partir de las decisiones -equivocadas para los especialistas- de legalización de esa sustancia en Uruguay, Canadá y en algunos estados norteamericanos.
"La experiencia adquirida con el consumo de alcohol y tabaco parece indicar que la legalización reducirá los riesgos percibidos de consumir cannabis y la reprobación social del consumo de cannabis. Todo aumento del consumo de cannabis con fines no médicos incrementará también los efectos adversos del cannabis en la salud pública. El efecto más probable es el crecimiento de las tasas de las lesiones causadas por accidentes de vehículos de motor, la dependencia y el uso indebido del cannabis, las psicosis y otros trastornos mentales y los resultados psicosociales deficientes en adolescentes", se consideró en el documento, elaborado en la sede que la ONU tiene en Viena.
Si bien el informe de la ONU reconoció que la experimentación de tratamientos sobre la base de "cannabis para uso medicinal" es avalada por los tratados internacionales -bajo fuertes controles estatales-, el documento estableció que hoy no existen pruebas científicas en ese tema.
"Los estudios recientes de los datos obtenidos de ensayos clínicos indican -según el documento de la JIFE-ONU- que existen pocas pruebas de que el dronabinol pueda ser útil para el tratamiento de náuseas y vómitos en enfermos de cáncer; existen pruebas limitadas de que el nabiximol pueda servir para tratar el dolor neuropático y la espasticidad muscular en pacientes con esclerosis múltiple, y existen pruebas limitadas de que el CBD pueda reducir la frecuencia de los ataques de algunos síndromes genéticos de epilepsia infantil intratable. Los cannabinoides no son un tratamiento de primera línea para ninguna de esas afecciones".
Para los expertos de la ONU que analizaron el mercado de drogas en el mundo, detrás de los programas de "cannabis para uso medicinal" se esconde una trampa empresarial que busca generar un nuevo mercado de consumo: "Es posible que los programas de ?cannabis medicinal' también hayan sido utilizados por partidarios de la legalización del consumo de cannabis para facilitar la legalización del consumo de la droga con fines no médicos, en contravención de los tratados de fiscalización internacional de drogas".
Esos expertos internacionales que evaluaron la situación del uso de drogas en cada continente aseguraron: "Esos programas han utilizado definiciones muy amplias de la expresión ?uso con fines médicos' y han permitido que empresas comerciales ofrezcan cannabis producido ilícitamente. En los Estados Unidos, esos programas también parecen haber reducido la percepción pública de los riesgos del consumo de cannabis y han debilitado la preocupación pública por su legalización".


martes, 5 de marzo de 2019

DISCURSO DEL PAPA




Lunes, 4 de marzo de 2019

Queridos amigos:

Agradezco las palabras del Cardenal Ouellet, e inicié esta intervención diciéndoles “queridos amigos”, y no por un mero recurso retórico sino porque al pensar en la iniciativa que han emprendido creo que puede ser oportuno recordar una línea del capítulo 15 del evangelio de san Juan, en el que Jesús dice a todos: «En adelante, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre» (Jn 15,15).
Y Jesús funda la Iglesia con aires de una amistad, como un acto de amor, como un gesto de compasión por nuestra condición frágil y limitada. Y al encarnarse, Jesucristo abraza nuestra humanidad, abraza a nuestro “yo”, a veces egoísta, tantas veces temeroso, para regalarnos su fuerza y mostrarnos que no estamos solos en el camino de la vida, que tenemos un amigo que nos acompaña. Gracias a ello, cada vez que decimos “yo” podemos decir “nosotros”, es decir, somos comunidad con Él. Tenemos un “amigo” que nos sostiene, nos invita a proponer misioneramente esa misma amistad a todos los demás y así dilatar la experiencia de “Iglesia”.

Y esta verdad tiene muchas implicaciones en distintos ámbitos, pero en especial es importante para aquellos que descubren que son llamados a ser responsables de la promoción del bien común.
Ser católico en la política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización o partido, sino vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. Si tú al formarte en la Doctrina social de la Iglesia no descubres la necesidad en tu corazón de pertenecer a una comunidad de discipulado misionero verdaderamente eclesial, en la que puedas vivir la experiencia de ser amado por Dios, corres el riesgo de lanzarte un poco a solas a los desafíos del poder, de las estrategias, de la acción, y terminar en el mejor de los casos con un buen puesto político pero solo, triste y con el riesgo de ser manipulado.

Jesús nos invita a ser sus amigos. Si nos abrimos a esta oportunidad nuestra fragilidad no va a disminuir. Las circunstancias en las que vivimos no cambiarán de inmediato. Sin embargo, podremos mirar la realidad de una manera nueva, podremos vivir con renovada pasión los desafíos en la construcción del bien común. No olvidemos que entrar en política, significa apostar por la amistad social.
En América Latina tenemos un santo que sabía bien de estas cosas. Supo vivir la fe como amistad y el compromiso con su pueblo hasta dar la vida por él. El veía a muchos laicos deseosos de cambiar las cosas pero que muchas veces se extraviaban con falsas respuestas de tipo ideológico. Con la mente y el corazón puestos en Jesús y guiado por la Doctrina social de la Iglesia, san Óscar Arnulfo Romero decía, y cito:

«La Iglesia no se puede identificar con ninguna organización, ni siquiera con aquellas que se califiquen y se sientan cristianas. La Iglesia no es la organización, ni la organización es la Iglesia. Si en un cristiano han crecido las dimensiones de la fe y de la vocación política, no se pueden identificar sin más las tareas de la fe y una determinada tarea política, ni mucho menos se pueden identificar Iglesia y organización. No se puede afirmar que solo dentro de una determinada organización se puede desarrollar la exigencia de la fe. No todo cristiano tiene vocación política, ni el cauce político es el único que lleva a una tarea de justicia. También hay otros modos de traducir la fe en un trabajo de justicia y de bien común. No se puede exigir a la Iglesia o a sus símbolos eclesiales que se conviertan en mecanismos de actividad política. Para ser buen político no se necesita ser cristiano, pero el cristiano metido en actividad política tiene obligación de confesar su fe. Y si en eso surgiera en este campo un conflicto entre la lealtad a su fe y la lealtad a la organización, el cristiano verdadero debe preferir su fe y demostrar que su lucha por la justicia es por la justicia del Reino de Dios, y no otra justicia»[1]. Hasta aquí Romero.

Estas palabras pronunciadas el 6 de agosto del 78 para que los fieles laicos fueran libres y no esclavos, para que reencontraran las razones por las que vale la pena hacer política pero desde el evangelio superando las ideologías. La política no es el mero arte de administrar el poder, los recursos o las crisis. La política no es mera búsqueda de eficacia, estrategia y acción organizada. La política es vocación de servicio, diaconía laical que promueve la amistad social para la generación de bien común. Solo de este modo la política colabora a que el pueblo se torne protagonista de su historia y así se evita que las así llamadas “clases dirigentes” crean que ellas son quienes pueden dirimirlo todo. El famoso adagio liberal exagerado, todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Hacer política no puede reducirse a técnicas y recursos humanos y capacidad de diálogo y persuasión; esto no sirve solo. El político está en medio de su pueblo y colabora con este medio u otros a que el pueblo que es soberano sea el protagonista de su historia.

En América Latina y en todo el mundo vivimos actualmente un verdadero “cambio de época”[2] –lo decía Aparecida– que nos exige renovar nuestros lenguajes, símbolos y métodos. Si continuamos haciendo lo mismo que se hacía algunas décadas atrás, volveremos a recaer en los mismos problemas que necesitamos superar en el terreno social y político. No me refiero aquí simplemente a mejorar alguna estrategia de “marketing” sino a seguir el método que el mismo Dios escogió para acercarse a nosotros: la Encarnación. Asumir. Asumiendo todo lo humano –menos el pecado– Jesucristo nos anuncia la liberación que anhela nuestro corazón y nuestros pueblos. Y entonces ustedes como jóvenes católicos dedicados a diversas actividades políticas serán vanguardia en el modo de acoger los lenguajes y signos, las preocupaciones y esperanzas, de los sectores más emblemáticos del cambio de época latinoamericano. Y les tocará buscar los caminos del proceso político más apto para llevar adelante.

¿Cuáles son los sectores más emblemáticos o significativos en el cambio de época latinoamericano? En mi opinión son tres, además lo deben de haber escuchado porque está Carriquiri aquí, así que se lo copio a él. En mi opinión son tres a través de los cuales es posible reactivar las energías sociales de nuestra región para que sea fiel a su identidad y, al mismo tiempo, para que construya un proyecto de futuro: las mujeres, los jóvenes y los más pobres.
En primero lugar, las mujeres. La Comisión Pontificia para América Latina el año pasado ha dedicado una reunión plenaria precisamente a la mujer como pilar en la edificación de la Iglesia y la sociedad[3]. Además, a los obispos del CELAM en Bogotá en 2017 les recordaba que «la esperanza en Latinoamérica tiene un rostro femenino»[4]. En segundo lugar, los jóvenes, porque en ellos habita la inconformidad y rebeldía que son necesarias para promover cambios verdaderos y no meramente cosméticos. Jesucristo, eternamente joven, está presente en su sensibilidad, en la de ellos, en su rostro y en sus inquietudes. Y en tercer lugar, los más pobres y marginados. Porque en la opción preferencial por ellos la Iglesia manifiesta su fidelidad como esposa de Cristo no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia[5].

Las mujeres, los jóvenes y los pobres son, por diversas razones, lugares de encuentro privilegiado con la nueva sensibilidad cultural emergente y con Jesucristo. Ellos son protagonistas del cambio de época y sujetos de esperanza verdadera. Su presencia, sus alegrías y, en especial, su sufrimiento son una fuerte llamada de atención para quienes son responsables de la vida pública. En la respuesta a sus necesidades y demandas se juega en buena medida la verdadera construcción del bien común. Constituyen un lugar de verificación de la autenticidad del compromiso católico en la política. Si no queremos perdernos en un mar de palabras vacías, miremos siempre el rostro de las mujeres, de los jóvenes y de los pobres. Mirémoslos como sujetos de cambio y no como meros objetos de asistencia. La interpelación de sus miradas nos ayudará a corregir la intención y a redescubrir el método para actuar “inculturadamente” en nuestros distintos contextos. Asumir, y asumir en concreto, toda esta problemática significa ser concreto y en política cuando uno se desvía del ser concreto se desvía también de la conducción política.

Una nueva presencia de católicos en política es necesaria en América Latina. Una “nueva presencia” que no solo implica nuevos rostros en las campañas electorales sino, principalmente, nuevos métodos que permitan forjar alternativas que simultáneamente sean críticas y constructivas. Alternativas que busquen siempre el bien posible, aunque sea modesto. Alternativas flexibles pero con clara identidad social cristiana. Y para ello, es preciso valorar de un modo nuevo a nuestro pueblo y a los movimientos populares que expresan su vitalidad, su historia y sus luchas más auténticas. Hacer política inspirada en el evangelio desde el pueblo en movimiento se convierte en una manera potente de sanear nuestras frágiles democracias y de abrir el espacio para reinventar nuevas instancias representativas de origen popular.

Los católicos sabemos bien que «en las situaciones concretas, y teniendo en cuenta las solidaridades que cada uno vive, es necesario reconocer una legítima variedad de opciones posibles. Una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes».[6] Por eso, los invito a que vivan su fe con gran libertad. Sin creer jamás que existe una única forma de compromiso político para los católicos. Un partido católico. Quizá fue esta una primera intuición en el despertar de la Doctrina social de la Iglesia que con el pasar de los años se fue ajustando a lo que realmente tiene que ser la vocación del político hoy día en la sociedad, digo cristiano. No va más el partido católico. En política es mejor tener una polifonía en política inspirada en una misma fe y construida con múltiples sonidos e instrumentos, que una aburrida melodía monocorde aparentemente correcta pero homogenizadora y neutralizante –y de yapa– quieta. No, no va.

Me alegra que haya nacido la Academia de Líderes Católicos y se expanda por diversos países de América Latina. Me alegra que ustedes busquen simultáneamente fieles al evangelio, plurales en términos partidistas y en comunión con sus Pastores.

Dentro de unos años, en 2031, celebraremos el V Centenario del Acontecimiento Guadalupano y, en 2033, el segundo milenio de la Redención. Quiera Dios que desde ahora en adelante puedan todos ustedes trabajar en la difusión de la Doctrina social de la Iglesia para así llegar a la celebración de estas fechas con verdaderos frutos laicales concretos de discipulado misionero. A mí me gusta repetir que tenemos que cuidarnos siempre de las colonizaciones culturales, no, las colonizaciones ideológicas, las hay económicas porque las sociedades tienen una dimensión de “coloneidad”; o sea, de ser abiertas a una colonización. Entonces defendernos de todo. Y al respecto me permito una intuición. A ustedes les tocará ajustar y corregir o no, pero es una intuición que la dejo a la mano de ustedes, sino quieren equivocarse en el camino para América Latina, la palabra es “mestizaje”. América Latina nació mestiza, se conservará mestiza, crecerá solamente mestiza y ese será su destino.

San Juan Diego, indígena pobre y excluido, fue precisamente el instrumento pequeño y humilde, que escogió Santa María de Guadalupe para una gran misión que daría origen al rostro pluriforme de la gran nación latinoamericana. Nos encomendamos a su intercesión para que cuando las fuerzas nos falten en la lucha por nuestro pueblo, recordemos que es precisamente en la debilidad que la fuerza de Dios puede hacer su mejor trabajo (cf. 2 Co 12,9). Y que la Morenita del Tepeyac nunca se olvide de nuestra amada “Patria Grande”, eso es América Latina, una Patria Grande en gestación, que nunca se olvide de nuestras familias y de los que más sufren. Y por favor no se olviden ustedes de rezar por mí. Gracias.


[1] S. Óscar Arnulfo Romero, Homilía, 6 agosto 1978.
[2] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Aparecida, 44.
[3] Cf. Comisión Pontificia para América Latina, La mujer pilar de la edificación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2018.
[4] Francisco, Discurso al Comité Directivo del CELAM, 7 septiembre 2017.
[5] Cf. S. Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 49.
[6] S. Pablo VI, Octogesima adveniens50.


domingo, 3 de marzo de 2019

MALVINAS: UNA GRAN OPORTUNIDAD



Un proyecto que debate el Senado busca asegurar que todas las decisiones en torno a las islas cuenten con un amplio consenso, como corresponde a tan importante cuestión.

por Jorge Argüello*

Pasados los primeros años que siguieron al conflicto armado de 1982, cargados de duelos y dolorosas revisiones, el abordaje de la cuestión Malvinas y de la relación con el Reino Unido atravesó varias etapas, a veces tan cambiantes y contradictorias como la vida política argentina misma.
Pero hoy, por primera vez desde la guerra, Argentina tiene frente a sí una oportunidad única para recuperar el espíritu de unidad democrática que nos cohesionó como sociedad, justamente, a la salida de la dictadura que utilizó la causa Malvinas con un final desgraciado. Esa oportunidad se llama “ley Malvinas”, un proyecto de ley debatido, consensuado y redactado desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que puede hacer de la defensa de nuestra soberanía, finalmente, una auténtica política de Estado.

La ley Malvinas, cuyo proyecto ya ingresó en el Senado, asegurará la participación del Congreso Nacional en cualquier acuerdo bilateral que se concrete con el Reino Unido en torno a la cuestión Malvinas. La participación del Congreso fue ignorada en los 90 y otra vez, desde 2016, en favor de los llamados “acuerdos ejecutivos” o “simplificados” entre gobiernos, verdaderos tratados internacionales ya que –independientemente de su forma y denominación– generan derechos y obligaciones para las partes, tal y como lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). En estos “acuerdos ejecutivos”, que no se encuentran receptados por la Constitución Nacional, los Estados manifiestan su consentimiento solo a través de su formalización por escrito, y su entrada en vigor es inmediata, siendo todo el proceso realizado por el Poder Ejecutivo. Se genera así una anomalía en el sistema establecido en la Constitución Nacional.

Nuestro ordenamiento constitucional establece para la celebración de tratados un sistema en donde intervienen dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo Malas experiencias. Entre 1989 y 2002, la cuestión Malvinas y la relación bilateral con el Reino Unido ingresaron en una etapa en donde el gobierno británico pudo imponer todos los temas de su interés sin que la cuestión central, es decir la negociación para la solución de la disputa de soberanía, fuese siquiera discutida, amparándose bajo la figura popularmente conocida como el “paraguas de soberanía”, originada en los Acuerdos de Madrid (1989-90) y que gestaron un único resultado: el congelamiento por tiempo indefinido de las negociaciones sobre soberanía con Londres. En ese tiempo, ignorando la participación del Congreso, se concretaron una decena de “acuerdos ejecutivos” en materia de pesca, hidrocarburos, vuelos, entre otros. A mediados de los 2000, Argentina suspendió algunos de esos acuerdos, sobre todo en materia de cooperación pesquera y en hidrocarburos, por los constantes actos unilaterales británicos violatorios de las resoluciones de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el actual gobierno nos devolvió a los 90 a través del Acuerdo Foradori-Duncan de 2016, cuyo único resultado ha sido el de atender las pretensiones y necesidades británicas, eludiendo nuevamente el control del Congreso y menospreciando, además, la representación que corresponde a las provincias. Como consecuencia de ello, en noviembre pasado se volvió a reunir en Londres el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). En los papeles, las partes dialogaron sobre “temas de interés mutuo en materia de cooperación científica para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental”. Pero, en la práctica, mientras se proyectan “cruceros científicos conjuntos” para proteger las pesquerías del Atlántico Sur, el Reino Unido ya otorgó unilateralmente desde el 14 de febrero, fecha de inicio de la temporada de captura del calamar Illex argentinus, más de un centenar de licencias de pesca.

Es que en esa “mesa de diálogo bilateral” progresan solo las iniciativas de una de las partes, la británica, necesitada de respuestas económicas para las islas que Londres ya no puede sostener, como antaño, por su propia y traumática coyuntura  (Brexit). Una solución definitiva. Con la presentación del proyecto de ley Malvinas, la provincia de Tierra del Fuego ha dado un gran paso, aunque solo el primero, de un proceso legislativo y político que le permitirá al país romper las inercias en que nos dejó el conflicto de 1982. La iniciativa ya consiguió una veintena de firmas de legisladores de distintos bloques de la Cámara alta y está girada a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos Constitucionales.

¿Acaso los gobiernos que eludieron al Congreso y suscribieron acuerdos internacionales sin darles participación a los legisladores de las distintas fuerzas políticas y de las provincias lo hicieron para hacerle mal a la causa Malvinas? Difícilmente. Pero tampoco comprendieron que las definiciones políticas de la envergadura que involucra la cuestión Malvinas –en el tope de la agenda exterior de nuestro país– deben contar con una muy alta dosis de consenso.

Esta ley busca poner un punto final a la práctica anómala de los acuerdos simplificados respecto de Malvinas, apuntando a establecer las bases para una política de Estado y a encontrar los consensos necesarios para revisar lo realizado hasta el momento y actuar en consecuencia. En Argentina, ese tipo de consenso se construye allí donde están representados todos, y ese lugar es el Congreso. Los acuerdos internacionales que gestione el Poder Ejecutivo deben ser aprobados, o rechazados, por los legisladores, conforme los artículos 75 y 99 de la Constitución de la Nación. Nada puede dar mayor fortaleza a la posición argentina en su reivindicación de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur que la certeza de los ciudadanos de que la cuestión Malvinas se ha convertido, por fin, en una política de Estado consagrada por sus propios representantes.   

La iniciativa no resolverá per se la disputa de soberanía, está claro, pero conlleva  una manda de gran potencial: la obligación de discutir, acordar y controlar democráticamente, por encima de las circunstancias de un gobierno, la gestión de una disputa bilateral consagrada y reconocida por la comunidad internacional. La cuestión Malvinas exige una política consensuada, de fondo, permanente, y excluida –incluso– de la competencia electoral que se avecina este año en la Argentina.

*Secretario de Estado para la Cuestión Malvinas de la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.


(Fuente: www.perfil.com, 3-3-19)