Sebastián
García Díaz
(Miembro
de Esperanza Federal -Civilitas)
Argentina tendrá en
2012 un gasto consolidado de Nación, provincias y municipalidades de
aproximadamente 235 mil millones de dólares. Esto representa un 45 por ciento
del producto interno bruto (PIB) del país (o sea, la riqueza que entre todos
somos capaces de producir). Si estimamos que el 60 por ciento promedio de ese
gasto público va a sueldos en todos los niveles, nos quedan 141 mil millones de
dólares.
La corrupción opera
sobre esos fondos de múltiples maneras: a través de sobreprecios y
sobrefacturación, licitaciones mal habidas, concursos arreglados,
contrataciones directas no transparentes, servicios que en verdad no se prestan
o que se subejecutan, contratos sin sentido y robos de distinta índole.
Si suponemos que la
corrupción en Argentina se lleva por lo menos el cinco por ciento de ese gasto
público, ello nos arroja la increíble cifra de siete mil millones de dólares al
año (lo que supone unos 40 mil millones de pesos).
Si el porcentaje
fuera mayor –y tenemos razones fundadas para sostener que lo es–, habría que
multiplicar por dos o por tres este monto exorbitante.
No olvidemos que la Argentina está
considerada como uno de los 30 países más corruptos del planeta.
¡Pensemos cuántas
autopistas, colegios y hospitales, universidades y centros de investigación o
becas, cuántos subterráneos, cloacas y otras obras y servicios básicos podrían
ser cubiertos con esos recursos robados! Está claro que frente a estas cifras,
crece la indignación por el enorme porcentaje de nuestros ingresos que pagamos
en impuestos y tasas.
A nivel nacional. El
Gobierno nacional tiene un gasto público de aproximadamente 500 mil millones de
pesos. Si aplicamos el mismo coeficiente de sólo un cinco por ciento desviado a
corrupción, el resultado es que la caja negra de la política se lleva
anualmente 25 mil millones de pesos.
Si un gobierno logra
quedarse 10 años en el poder, como ocurre con el actual, podemos tener una idea
cabal del poder económico que puede acumular el grupo de funcionarios
gobernantes. Ni hablar si el porcentaje que se roba es mayor.
No estamos contando
aquí otros negocios paralelos. La posibilidad de poner testaferros en el juego,
en empresas privatizadas que han vuelto a ser estatizadas, en tráfico de
influencias, o el porcentaje que puede llegar a cobrarse por intermediar en
operaciones de comercio exterior, por ejemplo a Venezuela.
Tampoco agregamos lo
que podría provenir de vínculos espurios con otros negocios ilegales, como por
ejemplo el narcotráfico, la circulación de mercadería ilegal (la cobertura al
negocio ilegal de La Salada )
o incluso por “mirar para otro lado” y cobrar bajo la mesa por el negocio de
los remedios truchos brindados por ciertas obras sociales a pacientes
terminales.
En Córdoba. A nivel
provincial, el Presupuesto 2012 alcanza una cifra de 26 mil millones de pesos.
Si consideramos que un 50 por ciento va a sueldos, nos quedan 13 mil millones
de pesos.
¿Cuánto puede estar
recaudando el sistema de corrupción en Córdoba? Si sólo desviaran el cinco por
ciento, hablamos de aproximadamente 650 millones de pesos anuales. Ahora bien,
si en realidad lograran robarse hasta el 10 por ciento del Presupuesto,
entonces serían 1.300 millones de pesos al año. Es el monto que requiere la
autovía Córdoba-Río Cuarto, por lo cual se ha creado la tasa vial.
A nivel de la ciudad,
el Presupuesto municipal 2012 es de 3.216 millones de pesos. Allí, el
porcentaje que va a sueldos es del 67 por ciento, por lo que la corrupción
puede operar sobre los 1.060 millones de pesos restantes. Si hubiera un desvío
de sólo un cinco por ciento, los vecinos estaríamos perdiendo unos 53 millones
de pesos al año. Si el robo llegara al 10 por ciento, entonces superaría los
100 millones de pesos (esto es, unos 400 millones de pesos en una gestión de
cuatro años).
La solución a
semejante flagelo es política. Pero la posibilidad de que ciudadanos honestos
compitamos de igual a igual en elecciones contra estas maquinarias de
corrupción, para desplazarlos y producir un cambio desde adentro, es remota.
¿Por qué lo seguimos
intentando, entonces? Apostamos a que esa mayoría silenciosa, enojada con este
atropello pero adormecida, finalmente diga “basta”. ¿Ocurrirá ese momento? Toda
nuestra esperanza está puesta en ello.
La Voz del Interior, 19-9-12
