por Elena Valero Narváez
Informador
Público, 23-2-21
En un gobierno
constitucional, los actos o medidas de gobierno, son los que le dan su
fisionomía y permiten juzgar si actúa de acuerdo a su fin último que es la
Constitución. La asunción a la presidencia de Alberto Fernández fue acompañada
de gran expectativa por la ciudadanía, era un interrogante y una esperanza la
de que formara un gabinete con funcionarios no tan cercanos a Cristina
Kirchner. Analizando la gestión llegamos a conclusiones negativas, el ciudadano
común contempla hoy el espectáculo que brinda la República: un divorcio con el
estado de derecho. Vemos hacer justicia por propia mano, romper autos de la
policía, la cual avisa a los delincuentes que se escapen antes de allanar su
domicilio, guerra entre las distintas bandas de narcos en pleno centro, muertos
por drogas adulteradas, eso es desgobierno.
La reacción de la
gente demuestra que su dignidad y su espíritu de rebeldía se van a hacer
presentes, cada vez más, cuando lo exijan las circunstancias, su crítica al
Gobierno no está determinada por motivos políticos, sino por las desventajas
que su gestión le está llevando a la República; a esta altura Alberto
Fernández, no goza de importantes sectores que lo sostengan, a pesar de los
muchos votos que lo llevaron al poder. Se le pide que defina de una vez su
conducta política y enderece su zigzagueante trayectoria, una nación
desconcertada es lo opuesto a las soluciones que el país necesita.
El Presidente para
llegar a sentarse en el sillón presidencial, dejó atrás las críticas razonables
que hizo a la hoy vicepresidente, las comunicaciones actuales nos permiten
repetir esos conceptos y confrontarlos con los actuales diametralmente distintos.
Basta con su interés en salvarla de la Justicia sabiendo, como lo declaró hace
años públicamente, que merece ser juzgada con ecuanimidad por su comportamiento
probadamente delictivo. Eso se llama deshonestidad.
Los Fernández
actúan fuera de la realidad por eso son tan peligrosos, no aciertan, ni
siquiera tentativamente, en su política interior y exterior. La injerencia
estatal en todas las esferas de la actividad privada la paraliza, conduciendo
fatalmente al país a la quiebra. El gobierno ha convertido en respetables a los
aventureros y en idiotas a quienes tienen sanos hábitos de ahorro y de trabajo,
hizo de la deuda crónica y del desprecio al trabajo bandera de
reivindicaciones. Es urgente revertirlo, devolver su valor a todas las virtudes
ciudadanas que son pilares de la organización social.
Si se piensa que
Argentina tiene casi todos los recursos para proveernos en abundancia de lo que
necesitamos y para poder abastecer, en competencia, amplios mercados del
exterior aumentando así nuestras reservas, es incomprensible la situación por
la que estamos pasando.
Los problemas son
de fondo, no se pueden resolver sin una visión de conjunto y de estabilidad; el
problema de los jubilados es paradigmático, el Sistema de Previsión debe
reverse todo, de modo que el infortunio, la vejez, la incapacidad, sean las
verdaderas causas del amparo, debe encararse en el estudio integral del
problema, sin dejar de lado la situación general que atraviesa la economía del
país. Aquí se lo pretende arreglar con un miserable bono.
Como todos los
dictadores creen que sin opinión pública institucionalizada, división de
poderes, economía de mercado y propiedad privada estarán más seguros, por ello
se esfuerzan por reducir la sociedad civil, si todo es del Estado su dominio
político puede tender a ser como quieren, absoluto.
Es imposible salir
de la crisis sin un orden jurídico y una justicia independiente que nos proteja
del exceso de poder de quienes nos gobiernan. Es condición necesaria, también,
para el progreso económico.
No podrá haber un
reencuentro entre los argentinos si este no se basa y sustenta en la Justicia.
Es por ello que necesitamos jueces independientes, que no reciban ninguna clase
de presión o influencia de ningún género, garantías jurídicas para quienes trabajan
y producen, para todas las personas, instituciones y bienes, amparo legal ante
el avance del poder público, y a las violaciones de sus derechos, respeto por
la dignidad e independencia de los ciudadanos. Ello debería reflejarse en los
hechos, en lo que concierne al poder judicial de la Nación. Si ello se
cumpliera se daría un fuerte impulso hacia la recuperación anímica y material
de la República.
Alberto Fernández,
profesor universitario, olvida que la democracia implica, en primer lugar,
acatamiento a la ley, pleno funcionamiento del sistema constitucional que
sabiamente prevé el equilibrio de los poderes del Estado y la corrección de los
errores dentro del mismo sistema. Si nos convencemos de las ventajas del
acatamiento a las normas legales y a las decisiones judiciales viviremos en un
país civilizado y renacerá la confianza interna y externa en la República. En
la inevitable crisis que transitamos debemos acatar la Constitución porque a
ello impele el deber de convivir dentro de un orden jurídico.
El Gobierno
intenta lo contrario, formar una nueva conciencia que acepte como normal la
coacción en oposición al derecho, aun a costa de la quiebra de todas nuestras
tradiciones morales, con actitudes arbitrarias, repudiables por la parte sana
de la sociedad.
No se puede dejar
a un país detenido, a la expectativa, con la crisis que lo amenaza sin
avizorarse aún alguna solución posible. Mientras se persista en sostener
ideologías y sistemas que impiden el desarrollo y explotación de los recursos
del país se lo mantendrá en el atraso y la corrupción. El gobierno es la
expresión más acabada de la demagogia.
A los liberales
les conviene dejar atrás las inútiles divisiones y redoblar el esfuerzo para
que se termine con el intervencionismo y dirigismo que anulan al individuo,
formar una corriente de opinión fuerte y poderosa que ocupe el vacio que han
dejado las viejas formulas políticas, procurar soluciones constructivas a
problemas que afectan a todos. Es una gran tarea que debe encararse con la
decisión y confianza que solo puede dar la fuerza de las convicciones, promover
un cambio drástico, entusiasta, y apoyado por la opinión pública. Es el
momento, tienen que aprovecharlo.
El Parlamento
tiene que mejorar, hoy decepciona el bajo nivel de las discusiones, la
insensibilidad frente al difícil momento actual, la falta de amplitud de
criterio, que salvo honrosas excepciones, prima en los debates. Se observan posiciones
alejadas de la realidad cuando se enfrentan con la responsabilidad de encarar
soluciones, varios legisladores tratan de sacar beneficios para sus respectivos
intereses de facción, sin buscar lo que es de interés general para el país. Es
grave y peligroso porque alimentan el escepticismo de los descreídos en los
elevados valores del juego democrático. Se debe dejar de votar leyes
demagógicas sin dedicarle un estudio concienzudo ni tener en cuenta el daño que
causan a la sociedad.
La gente se pregunta
si iremos hacia adelante mediante un proceso orgánico y de convivencia social,
o si hemos de precipitarnos en una crisis más aguda para que recién sea
probable iniciar un lento camino hacia la recuperación.
Vamos a necesitar
un presidente que gobierne para todos los argentinos, no solo para sectores con
posibilidad de presión, que provea a las necesidades generales, fije una
política clara y homogénea pida colaboración para ejecutarla a quienes están
convencidos de ella, y sean capaces de llevarla adelante, logrando la confianza
y apoyo de la gente. Es la esperanza de un futuro mejor.
Elena Valero
Narváez
Miembro de Número
de la Academia Argentina de la Historia
Miembro del
Instituto de Economía de la Academia de Ciencias. Morales y Políticas
