cuestionaron a Alberto Fernández por su
comunicado contra Luciani y Mola
Infobae, 24 de
Agosto de 2022
La Federación
Latinoamericana de Fiscales se sumó a los cuestionamientos por la decisión del
presidente Alberto Fernández de apoyar, en su calidad de titular del Ejecutivo,
a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el pedido de condena a 12 años de
prisión, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”: la entidad afirmó
que este tipo de declaraciones ponen en crisis la democracia y la separación de
poderes y advirtió que la “independencia judicial” debe estar garantizada en
una república.
“Las resoluciones
judiciales se pueden combatir dentro de los procesos judiciales. Eso puede
plantearlo perfectamente la defensa de la doctora Fernández de Kirchner. Pero
esta clase de pronunciamientos que hizo el presidente tienen un fin político:
lo hace porque es su compañera de fórmula. No saldría un comunicado así por un
ciudadano común”, dijo a Infobae Ronald Segura, presidente de la agrupación
integrada por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. “Esta
situación puede incidir en los jueces que deben firmar un veredicto y es
totalmente inadecuado”.
Tras afirmar que
“al emitir ese comunicado, el presidente está violentando la carta democrática
americana y la división de poderes”, el titular de la agrupación
latinoamericana afirmó que ahora se está hablando de movilizaciones y que les
preocupa la seguridad personal de los fiscales. “Ya contamos cuatro fiscales
asesinados en la región ( Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución
judicial a fiscales en Guatemala. Es como tener un retroceso en América Latina,
más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de
poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina que ha sido un referente en
fortalecer la democracia”.
El comunicado que
lleva el titulo de “Caso de los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de la
República de Argentina” señala que se “viene reiterando hace tiempo, con
profunda preocupación que en varios países de la región en donde se realizaron
imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los
cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas se ha pretendido
atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona
de los operadores, en especial a los fiscales”.
Según se señaló,
“consecuentemente, se observó, en varias oportunidades, que se instaló un
indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales,
desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios
políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco
pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial,
con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”.
Y se añadió que
“la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la
República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus
funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los
poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder. En este orden
de ideas, cabe resaltar que la vinculación de los ataques con personalidades
del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso permite sospechar con
claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las
investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las
capacidades investigativas de la Fiscalía”.
“Hemos observado
que, en estos días, el Señor Presidente de la Nación Argentina, durante el
juicio oral y público, después que los fiscales realizaran su alegato, emitió
un comunicado oficial, en donde sostuvo que ‘El Gobierno nacional condena la
persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de
pena en la denominada Causa Vialidad…', adoptando la condición de parte, aún
antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las
manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, dice el escrito
“Dichas
expresiones ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho,
constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder
Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su
familia, y colaboradores”, sostuvo la agrupación.
“Por ello,
convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la
reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en
este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten
que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en
riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables
traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público
Fiscal”, se agregó.
El texto del
comunicado afirmó que “este llamado de atención en modo alguno pretende
establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial; por
el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la
institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo
ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales
y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”.
