miércoles, 19 de agosto de 2009

PUEBLOS ORIGINARIOS Y LOS POSTERIORES


Por Roberto E. Porcel
Miembro de la Academia Argentina de la Historia
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Mapuches que hoy habitan Neuquén

Estos comentarios tienden a demostrar la sinrazón de los reclamos mapuches a tierras de nuestros parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, de las que no solamente "no fueron pobladores originarios" sino que jamás poblaron hasta después de la Campaña del Desierto.

Si es verdad, en cambio, que los mapuches ocuparon regiones de nuestro llamado desierto por la fuerza de sus lanzas en el siglo XIX, a partir de la "guerra a muerte en Chile", exterminando o persiguiendo a nuestros naturales, sus primitivos ocupantes, valiéndose al principio muchas veces del apoyo de milicianos chilenos o de guerrilleros realistas de los Pincheira.

Pero las tierras que ocuparon por la fuerza de sus lanzas las abandonaron pocos años más tarde, durante la Campaña del Desierto del general Julio Argentino Roca.

Los mapuches que hoy habitan en Neuquén llegaron mayoritariamente después de 1885, cuando fueron cruzando pacíficamente la cordillera, procedentes de Chile, donde sólo tenían en el Arauco usufructo de pequeños minifundios que con el correr del tiempo les resultaron insuficientes para cubrir sus necesidades.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Lo explica claramente Horacio Zapater en su opúsculo "Notas de viaje por el país araucano", publicado en Mendoza en 1955.

"Los araucanos -en Chile- han adquirido actualmente plena noción de los valores económicos que rigen nuestra civilización. La familia araucana se caracteriza por ser muy numerosa. El término medio de hijos por familia es de siete. Los mapuches alcanzan este alto índice de natalidad, a pesar de su deficiente nivel económico y educacional (sic)".

Y añade: "Después de la pacificación, el gobierno chileno dispuso el reparto de enormes extensiones de tierra sureñas entre los mapuches. Pero aconteció que esta generosa disposición no se cumplió totalmente. Se concedió a los indios parcelas menores que las dispuestas y las que restaban se remataron y fueron compradas por ‘pioners’ de estas regiones a precios ínfimos. Así se fueron formando latifundios. Dado que en ese entonces la peste y el cólera diezmaban a los aborígenes, se llegó a creer en su próxima extinción y que nunca se plantearía para ellos el problema de la falta de tierras. Pero aconteció justamente lo contrario. La población indígena en lugar de tender a extinguirse aumentó considerablemente. Las tierras se subdividieron y en la actualidad (año 1953) se presenta para el indígena el problema del minifundio" (sic).

Primero para escapar de la presión de la conquista del Arauco y más tarde por los motivos referidos, los mapuches cruzaron nuevamente la frontera, esta vez en paz, y se radicaron en nuestro país, que no tuvo problema en acogerlos, como lo podía hacer cualquier otro emigrante de cualquier origen.

Pero este asentamiento no les acuerda el derecho a sus reclamos como pueblo originario, que no lo son ni lo fueron como absurdamente pretenden.

Nota completa en: www.cdbcba.blogspot.com

martes, 18 de agosto de 2009

OBJECIÓN DE CONCIENCIA SOBRE EL ABORTO


Juan Manuel de Prada
El ministro de Justicia de España ha negado recientemente el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores de la sanidad pública (derecho que hoy sí tienen) una vez entre en vigor la nueva ley de aborto.

Para entender en todo su alcance esas declaraciones del ministro Caamaño en las que rechaza la posibilidad de que los médicos se nieguen a perpetrar abortos, atendiendo a razones de conciencia, convendría que afrontásemos en su cruda realidad lo que está sucediendo ante nuestros ojos.

La «objeción de conciencia» es, en realidad, un mecanismo que el derecho arbitra en el instante en que ha dejado de ser verdadero Derecho (esto es, cuando ha renunciado a fundarse sobre un razonamiento ético objetivo en torno a lo que es justo e injusto), pero todavía titubea y quiere guardar -por escrúpulo- cierta apariencia de justicia.

Así, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia que se reconoce a quienes se niegan a empuñar un arma en defensa de su patria obedece al titubeo del derecho, que habiendo otorgado previamente cobertura jurídica a guerras injustas no se atreve sin embargo a obligar a quienes se hallan bajo su mandato a participar en ellas.

Porque si el derecho fuese verdadero Derecho (esto es, si sólo justificase guerras justas), a quien se negase a empuñar un arma en defensa de su patria habría que castigarlo como traidor y cobarde.

El derecho a la objeción se trata, pues, de un residuo de mala conciencia que subsiste en aquellos ordenamientos jurídicos que, albergando leyes inicuas, son sin embargo conscientes -hipócritamente conscientes- de su iniquidad, de la que no se atreven a hacer partícipes a quienes se hallan bajo su mandato; pero cuando se pierde conciencia de esa iniquidad, la objeción de conciencia se convierte en un tiquismiquis [escrúpulos o reparos de poquísima importancia] vano.

La vigente ley del aborto es una ley inicua, que despenaliza la comisión de un crimen en determinadas circunstancias excepcionales (aunque luego el flagrante fraude de ley las haya convertido en habituales); pero la conciencia -mala conciencia- de su iniquidad ha permitido que hasta hoy los médicos pudieran abstenerse de perpetrar el crimen que la ley permitía.

¿Cuál es la diferencia sustancial que la inminente ley del aborto introduce? No se trata, como algunos piensan ingenuamente, de que vaya a aumentar en demasía el número de abortos; pues, en honor a la verdad, en España existe de facto el aborto libre, a través del coladero del «peligro para la salud física o psíquica de la madre».

La diferencia sustancial que la nueva ley del aborto introduce consiste en convertir una despenalización en un derecho: el sacrosanto derecho a exterminar vidas inocentes porque nos da la gana, sin necesidad de invocar excusas exculpatorias, con una despepitada desfachatez homicida.

Naturalmente, una ley que convierte el aborto en un derecho deja de tener conciencia -mala conciencia- de su iniquidad; desde el momento en que el aborto es encumbrado a la categoría de bien protegido por ley, ¿cómo es posible encajar un «derecho a la objeción de conciencia»? Se trata, en efecto, de algo tan incongruente como si en un régimen comunista el expoliado exigiera que se reconociese su «derecho a la propiedad».

Una vez que el crimen es protegido por ley y entronizado como derecho, ya no caben titubeos; y cualquier persona que invoque la objeción de conciencia se convierte ipso facto en peligrosa, pues en las organizaciones que han institucionalizado el crimen está prohibido tener conciencia.

La nueva ley del aborto es una expresión palmaria de esa «institucionalización del crimen»: un crimen se convierte en derecho porque nos da la real gana, porque en nuestra desfachatez homicida ya ni siquiera nos detiene ese titubeo ante la iniquidad que los ordenamientos jurídicos de antaño resolvían hipócritamente arbitrando un «derecho a la objeción de conciencia». Nosotros ya no titubeamos ante la iniquidad -ha venido a decir Caamaño-, sino que nos regodeamos en ella; de modo que sobra la objeción de conciencia.


www.juanmanueldeprada.com, 15-8-09


lunes, 17 de agosto de 2009

ZAFFARINI: EN TODA LA REGIÓN EL CONSUMO NO ESTÁ PENADO


El juez Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la tenencia de estupefacientes para consumo personal «en toda la región no está penada» y remarcó que en la actualidad se «criminaliza al consumidor de drogas» para quitar la atención de «la cosa fundamental que tenemos que afrontar, que es la lucha contra el tráfico de paco».

Zaffaroni dijo al diario Página/12 que «despenalizar es suprimir un tipo penal y eso sólo puede hacerlo el Poder Legislativo», y agregó que «sería bueno que el Legislativo precise el alcance de la prohibición en términos constitucionales».

En ese sentido, el juez opinó que «yo en mi función me limito a decir que en el ámbito de la moral privada no hay que meterse». Según Zaffaroni, «hay una maniobra de distracción que es centrar todo sobre el consumidor y distraernos de la cosa fundamental que tenemos que afrontar, que es la lucha contra el tráfico de paco», y remarcó que «no podemos perder el tiempo en tonterías. Para el juez: «Llegó la hora de la verdad: hay un tóxico terrorífico que está incidiendo sobre las capas más pobres de la población, que es destructivo y mata», y señaló que «al lado de gente que piensa de buena fe que esto va a traer consecuencias terroríficas, hay otra que quiere seguir distrayendo la atención». «De todos modos, esas supuestas consecuencias no existieron nunca: estamos hablando del mismo criterio sobre tenencia que tuvo la Corte Suprema desde 1984 hasta 1990 y no pasó nada», refirió Zaffaroni, y añadió que «en la medida en que se siga criminalizando o haciendo que se criminaliza, lo que se hace es distraer esfuerzos para combatir el tráfico». Zaffaroni recordó que «en toda la región la tenencia no está penada» y sugirió que «si alguien está enfermo hay que tratarlo y no porque no se pueda curar hay que penarlo».

La Mañana de Córdoba, 17-8-09

BASES MILITARES


Por: Telma Luzzani

La Estrategia Nacional de Seguridad del Nuevo Siglo (1999) de EE.UU. sugiere cambiar las bases militares fijas de la Guerra Fría por pequeñas bases o centros operativos de avanzada conocidos como FOL.

Estos centros le garantizan una enorme capacidad operativa para cualquier misión del Comando Sur. Con estas bases, la Fuerza Aérea ya no necesita pedir derechos de aterrizaje o autorizaciones diplomáticas. Y no corre el riesgo de que una negativa para aterrizar en un punto estratégico le frustre su estrategia. Además, otro objetivo de las FOL es mantener la superioridad informativa recolectando y procesando todo tipo de información pero negando al adversario la posibilidad de hacer lo mismo.

Para lograr sus fines -y con el argumento de la lucha contra la droga a la que, en la era Bush, después del 11-S se le sumó el combate al terrorismo- el Pentágono, paralelamente a las FOL, ayuda militarmente y entrena efectivos latinoamericanos.

Clarín, 16-8-09

AEROLÍNEAS, LA ÚLTIMA ESTATIZACIÓN DEL GOBIERNO



Cuando hace algo más de un año, más precisamente en julio del año pasado, el Gobierno anunció que iba a comprar las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, el kirchnerismo empezó a plasmar la última de una serie de estatizaciones que se dieron desde 2003 hasta ahora.

Técnicamente, y pese al discurso que impera en todo lo que compete a las dos aerolíneas, las empresas no son del Estado sino que siguen perteneciendo al Grupo Marsans. El Estado nunca completó el proceso de estatización y la titularidad de las acciones es de los españoles. Sin embargo, las dos aerolíneas insumieron al Estado 1205 millones de pesos sólo en el primer semestre del año, según se desprende de un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Antes de estas empresas, el Estado ya había estatizado varias y, de esta manera, creado nuevos rubros que se le suman al extenso listado de gasto público.

En algunos casos hubo estatizaciones directas. El espacio radioeléctrico, que perteneció a Thales Spectrum; el servicio de aguas y cloacas, controlado hasta 2006 por Aguas Argentinas y después de eso por Agua y Saneamientos (AySA); el correo, de Francisco Macri; los ramales ferroviarios San Martín y Belgrano Cargas, y Astilleros Tandanor.

También hubo creaciones del kirchnerismo, como la petrolera Energía Argentina (Enarsa) y Líneas Aéreas Federales (Lafsa), la aerolínea que se creó en la última semana del gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde, por pedido del entonces ex presidente electo, Néstor Kirchner.

Sólo por dar algunos datos, Enarsa tuvo subsidios por 740 millones de pesos en el primer semestre; AySA recibió 442,2 millones de pesos; Ferrocarril Belgrano, que es el que tomó a los empleados que antes trabajaban en Transporte Metropolitano, 390 millones de pesos, y a Cammesa, una empresa privada que es manejada por el Estado y que se utiliza para comprar combustibles líquidos para el sector energético, fueron girados 2110 millones de pesos.

Más allá del dinero que seguramente tendrá que solventar la ruptura del contrato del fútbol, recientemente el kirchnerismo sumó otras empresas al conglomerado público.

Por gestión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, las arcas públicas se hicieron cargo de la papelera Massuh. El propio Moreno supervisa compras, ventas y ganancias de la empresa, a cambio de un alquiler que cobran los dueños.

En estos días de convulsión empresaria, no se descarta que Moreno, el gestor de los negocios oficiales, se haga cargo también de la autopartista alemana Mahle, que ya anunció en Alemania su intención de cerrar su operación en la Argentina.

Todo esto sin contar a las AFJP, que fueron liquidadas el año pasado y cuyos fondos fueron estatizados.

Cada uno de estos movimientos le valió al Estado una gran cantidad de empleados, que pasaron a engrosar la lista de empleados públicos.

La Nación, 16-8-09

domingo, 16 de agosto de 2009

ALGO MÁS DE LOS MAPUCHES

Crecen los conflictos con aborígenes por el reclamo de tierras

El conflicto indígena por el reclamo de tierras, agudizado por la falta de aplicación de las leyes, es hoy una bomba de tiempo.
Las comunidades de pueblos originarios reclaman la restitución de unos 15 millones de hectáreas en todo el país, que representan la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires.

La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 reveló que hay 600.329 personas que se reconocen pertenecientes a pueblos originarios. La condición de indígena se logra por "autoadscripción". Los mapuches son el pueblo más numeroso, con unas 113.000 personas [dato curioso para una etnia que no existe]. Y son, además, los más vigorosos en cuanto a su nivel organizacional y sus reclamos.

El presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Juan Sorzana, explicó que en esa entidad son 50 los campos con conflictos indígenas. Se habla de cascos de estancias abandonados por sus dueños, accesos a campos petroleros y mineros clausurados; iglesias (como en Quila Quina, Neuquén, donadas y que no se pudieron inaugurar por oposición de la comunidad indígena de la zona), escuelas intrusadas, parques nacionales en litigio, tierras fiscales y del Ejército ocupadas; escaramuzas y cientos de causas judiciales con personas detenidas (los indígenas denuncian 90 presos por participar en intrusiones de tierras).

"Ellos dicen que no se rigen por la leyes argentinas, porque son mapuches; yo no tengo nada en contra de su pueblo, estoy en contra de que salgan a tomar campos: que hagan los trámites judiciales como cualquier otro", opinó Sorzana. Y agregó: "Yo no puedo decir «esto es mío» e invadirlo: la usurpación es un delito; el Estado es el primero que tiene que definir la situación, porque no puede haber dos dueños". Sorzana intuye que, detrás de las tomas de campos, "hay algo más que un señor que reclama la tierra de sus ancestros", dijo.

Piedra Pintada, un paradisíaco hotel de 1500 m2, en Villa Pehuenia, Neuquén, fue practicamente tomado por las comunidades mapuches, al punto de que su propietario decidió cerrarlo. El caso es paradigmático respecto del nivel que alcanzan los reclamos indígenas en Neuquén.
La Confederación Mapuche Neuquina, en tanto, anunció que ya tiene planes para ese lugar: fundar una univesidad intercultural a través de un convenio con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.


(Extractado de La Nación, 16-8-09, pág. 19)

Partido Mapuche

Wallmapuwen se define así mismo como un Partido mapuche, nacionalista, autonomista, democrático, pluralista, laico y progresista, que perseguirá el logro de sus objetivos políticos por medios democráticos y la movilización social.

Wallmapuwen deriva directamente del nombre de nuestro territorio. A este le hemos incorporado el sufijo -wen, que en las reglas propias de nuestra lengua permiten establecer relaciones sociales, territoriales o de parentezco entre una o más personas. De este modo Wallmapuwen viene a significar literalmente todas las personas que son del Wallmapu.

Integrar a este concepto geopolítico las personas que habitan hoy nuestro territorio fue para el Partido, desde su gestación, un desafío. Nuestro nombre fue el resultado de esta búsqueda y su significado es «Compatriotas del País Mapuche», integrando a todas las personas mapuche y a quienes no siéndolo por origen quieran serlo por opción, comprometiéndose en una comunidad de destino: la nación mapuche, en un Wallmapu libre y democrático.

Wallmapuwen-Partido Nacionalista Mapuche reivindica como territorio del pueblo mapuche el Wallmapu: el País Mapuche. Dicho territorio se extiende a ambos lados de la cordillera de los Andes. Está constituido por el Gulumapu, región oeste, actualmente ocupado por el Estado chileno y el Puelmapu, región este, ocupado por el Estado argentino.

Si bien el Partido reconoce la existencia de una importante población mapuche fuera del territorio histórico y valora su aporte en la lucha de nuestro pueblo, fomenta la centralidad del Wallmapu como espacio de lucha a objeto de garantizar nuestra existencia nacional, superando así el indigenismo comunitarista predominante en la visión del Estado, la sociedad chilena e inclusive en parte del movimiento mapuche.

Wallmapuwen-Partido Nacionalista Mapuche reconoce la Wenufoye como Bandera y Emblema Nacional del Wallmapu y del pueblo mapuche. En tanto símbolo que nos permite exteriorizar nuestra identidad nacional, abogaremos por su uso masivo al interior de nuestro pueblo, y promoveremos su reconocimiento oficial y su uso en todos los espacios públicos del País Mapuche.

Fuente:
www.wallmapuwen.cl









































sábado, 15 de agosto de 2009

URUGUAY PREMIÓ A LA PASTERA BOTNIA



Se trata de la planta procesadora de celulosa que se encuentra sobre el Río Uruguay, y que generó el rechazo de la comunidad de Gualeguaychú.
La planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, cuya operativa derivó en el peor enfrentamiento en décadas entre los gobiernos de Uruguay y Argentina, tiene un "excelente" desempeño medioambiental, según un informe oficial difundido este lunes. La Comisión de Seguimiento de la planta presentó su tercer informe desde que la fábrica comenzó a funcionar, a finales de 2007.

La Comisión está integrada por representantes de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Industria, Energía y Minería; Salud Pública y Relaciones Exteriores, las intendencias de los departamentos de Río Negro y Soriano, zona de influencia de la planta, representantes de cámaras comerciales e industriales y de Botnia.
El estudio del medio ambiente en el entorno de la planta, que abarca sus emisiones, calidad del aire y el agua del río Uruguay, "arroja parámetros muy buenos y en algunos casos excelentes", afirmó el ministro de Medio Ambiente de Uruguay, Carlos Colacce.

Los análisis técnicos serán presentados por el Gobierno uruguayo el próximo mes de septiembre frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, cuando se celebre una nueva instancia del juicio que le inició el Gobierno argentino por presunta violación de tratados internacionales.
"Los resultados de los estudios nos dan total confianza de que la Corte de La Haya fallará de manera favorable para los intereses de Uruguay", afirmó, por su parte, el canciller Gonzalo Fernández, reconocido jurista.

Los datos presentados por la comisión corresponden al período noviembre 2008-mayo 2009, durante el cual se realizaron cinco inspecciones y dos auditorías y en el que la producción de pasta de celulosa de Botnia representó el 58 por ciento de la producción anual.
El control abarcó a más de 30 parámetros en efluentes, más de diez en emisiones gaseosas y más de quince a nivel de residuos líquidos, destacó la Comisión.
El informe establece que el desempeño ambiental de la planta "continúa cumpliendo con la normativa, autorización y criterios definidos".
De los análisis surge que la operativa de Botnia "no generó variaciones en la calidad del aire, cumpliendo la empresa con los estándares de calidad establecidos en la autorización ambiental previa", señaló el informe oficial.
Con respecto a olores desagradables en la ciudad argentina Gualeguaychú y la uruguaya de Fray Bentos, Colacce aseguró que son "episodios normales".
"Estos episodios son puntuales y estaban totalmente previstos en lo que es el tipo de producción", afirmó el ministro.

La planta de Botnia, que supuso la mayor inversión en la historia de Uruguay con unos 1.800 millones de dólares, está instalada a orillas del río Uruguay frente a las costas de la provincia de Entre Ríos.
Las autoridades argentinas y grupos de vecinos de esa provincia rechazan la planta con el argumento que causará daños al medio ambiente de la zona.
Algunos de esos grupos bloquean desde hace casi tres años y como forma de protesta el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

Fuente: EFE
Estrucplan, 11-8-09