El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, reconoció que no hay evidencia de contaminación por parte de la planta celulósica de Botnia. Esta afirmación fue convalidada por algunos integrantes del gobierno nacional, lo que hace presumir que el resultado de las mediciones realizadas por organismos del Estado nacional, pero no publicadas, confirman las verificaciones dadas a conocer por el gobierno uruguayo y por la propia empresa.
Los resultados dicen que, habiéndose cumplido un año de funcionamiento de la planta, su comportamiento ambiental ha respondido y respetado las normas internacionales más exigentes. Los valores de los distintos índices empleados para verificar la presencia de contaminantes en el agua en diversos puntos del río Uruguay, así como en las napas y en la atmósfera cercana, encuadran con márgenes amplios dentro de dichas normas. La presencia de olores se ha limitado a muy cortos lapsos luego de algunas detenciones no programadas del proceso de fabricación. El alcance de las ocasionales molestias se limitó a las proximidades de la planta sin afectar zonas pobladas del territorio argentino. El comportamiento ambiental de la planta de Fray Bentos supera el de las restantes plantas de Botnia en Finlandia y en otros países, lo que refleja los significativos y rápidos avances de la tecnología de control de contaminación en plantas celulósicas. Conceptualmente, en lenguaje técnico, se puede afirmar que la planta no contamina, y eso es lo que ha reconocido el gobernador entrerriano.
La reacción de los ambientalistas de Gualeguaychú ante las valientes declaraciones de Uribarri no fue de alivio sino de indignación. Su acción combativa parece haberse constituido en un fin en sí mismo. En lugar de declinar su actitud, la han redoblado, con la amenaza de bloquear durante las próximas fiestas todos los puentes que nos unen al Uruguay. Exponen su acción como una causa de interés provincial y, en abono de su actitud, recuerdan que el gobierno del presidente Néstor Kirchner la calificó, oportunamente también, de interés nacional. La inacción de las autoridades para mantener la circulación en el puente bloqueado, obviando de esa forma el respeto de la ley y de una orden judicial específica, ha sido considerada por los ambientalistas una convalidación gubernamental y nacional de sus reclamos y métodos.
En esto debe verse una actitud demagógica de las autoridades nacionales, consecuente con la permisividad frente al piqueterismo en todos estos últimos años. Esto es claramente inaceptable, con el agravante de que afecta a un país hermano y viola el Tratado del Mercosur, además del derecho internacional. Menos perdonable aún es que esta actitud oficial alentó la reacción local cuando ya se contaba con informes técnicos que determinaban que las plantas, incluida también la de ENCE en la misma zona, no contaminarían. En junio de 2006, la Academia Nacional de Ingeniería elevó un informe reservado a la Presidencia de la Nación y a la Cancillería, en el que se exponía en forma concluyente que si la construcción de las plantas respetaba los diseños y estándares con que habían sido proyectadas, no afectarían el ambiente y no producirían olores molestos, salvo en momentos de detenciones no programadas y con alcance muy limitado. Tampoco habría acumulación de efectos contaminantes en el largo plazo.
Estas conclusiones ahora se han comprobado, lo que no debe extrañar ya que se trata de cuestiones técnicas e ingenieriles. Por lo que se sabe, la Cancillería rechazó las conclusiones de aquel informe, errando no sólo en lo técnico sino también subestimando la circunstancia de que la no contaminación quitaría toda fuerza a la defensa argentina en su débil reclamo ante La Haya por el supuesto incumplimiento del Tratado del Río Uruguay.
Cuanto antes debe resolverse y darse por terminado este conflicto que ha perturbado seriamente las relaciones con un país hermano y que ha perjudicado la economía y la vida de las comunidades a ambos lados de la frontera. La circulación sobre el puente debe restablecerse de inmediato y asegurarse en lo sucesivo. Los ambientalistas y buena parte de la comunidad de Gualeguaychú que los ha acompañado de buena fe deben ser informados con amplitud y aceptar que lo mejor que podía haberles ocurrido es que la planta no afecte el ambiente.
La Nación, editorial. 21-12-08
