Laura Serra
En su primer año de gestión, la presidenta Cristina Kirchner mantuvo el rumbo que trazó su antecesor y esposo, Néstor Kirchner, en el uso de los superpoderes. Durante 2008 su administración amplió el presupuesto nacional en un 26 por ciento, lo que representa 41.500 millones de pesos más de lo aprobado por el Congreso, que distribuyó discrecionalmente sin consentimiento legislativo.
Así lo revela el informe de cierre de ejecución presupuestaria, que fue elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (ASAP). Según esta institución, el porcentaje de ampliación presupuestaria de 2008 es uno de los más altos que se registraron desde que el kirchnerismo asumió el poder, en 2003.
No sólo eso; buena parte de este incremento presupuestario, 36.727 millones de pesos para ser exactos, se realizó por medio de un único decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado en septiembre pasado. Ni siquiera Néstor Kirchner emitió, en sus cuatro años de gestión, un DNU con un monto tan elevado. Además, esa disposición (el primer y único DNU firmado por Cristina Kirchner) aún no fue tratada por el Congreso, pese al tiempo transcurrido.
Para la oposición y los expertos, esa circunstancia pone en evidencia que el oficialismo, aunque domina las dos cámaras legislativas, no quiso someter el tema a debate para no enfrentar las críticas opositoras.
La millonaria ampliación del presupuesto 2008 revela varias sorpresas. La más llamativa es el aumento en subsidios. Según ASAP, al finalizar el ejercicio el monto total de subsidios y de préstamos otorgados por la administración nacional ascendió a 30.986 millones de pesos, es decir, un 92% más de lo otorgado un año atrás, que alcanzó los 14.863 millones.
De ese monto, prácticamente la totalidad correspondió a subsidios a empresas privadas y públicas (30.908 millones), lo que representa poco más del doble de los otorgados en 2007.
Como contraste, se observan notorias subejecuciones presupuestarias durante 2008, sobre todo en la Jefatura de Gabinete y en áreas relacionadas con políticas sociales, como en los ministerios de Salud y Ciencia y Tecnología. En estos dos últimos, el nivel de gasto primario devengado al 31 de diciembre es inferior al 91% de los créditos vigentes, según detalla ASAP.
En efecto, si se analiza en detalle la ejecución de algunos programas sociales que corresponden a los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, se observa que el Estado no gasta todos los recursos asignados pese al avance de la pobreza en el país.
Según datos oficiales hasta el 21 de diciembre pasado, el programa de Atención a la Madre y el Niño, por ejemplo, se ejecutó en un 77%; el de Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos, en un 40%; el de Atención Primaria de la Salud, en un 44%, mientras que la Secretaría de la Niñez (Desarrollo Social) en un 80%.
Escepticismo opositor
En medio de una fenomenal crisis financiera que impacta en buena parte del globo, cuyos primeros coletazos comenzaron a sentirse en la Argentina, surge un interrogante: ¿contará este año el Gobierno con excedentes en la recaudación para luego manejar esos fondos de manera discrecional?
Distintos diputados de la oposición consultados por LA NACION están convencidos de que este año la recaudación tributaria caerá drásticamente, a tal punto que difícilmente el Gobierno alcance las metas previstas en el presupuesto 2009. Sin embargo, advierten los opositores, el Gobierno espera tapar el bache fiscal con el ingreso al fisco de los casi 100.000 millones provenientes de las jubilaciones privadas que ahora administra la Anses tras la eliminación de las AFJP.
El Gobierno asigna el destino de ese dinero sin ningún control, pese a que la ley que dispuso la estatización de las jubilaciones, aprobada a fines del año pasado, ordenaba la creación de dos comisiones para monitorear el uso de esos recursos.
Ninguna de esas comisiones se conformó aún: ni la bicameral del Congreso, compuesta por seis diputados y seis senadores, ni el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del régimen previsional, que debería ser integrada por representantes del Gobierno, del sector empresario, de la CGT, de los bancos y del Congreso.
"El Gobierno ya utilizó 68.000 millones de pesos de la Anses sin controles, lo que es claramente ilegal", denunció el diputado Claudio Lozano (CTA-Capital), a lo que la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital) agregó: "Hay una manipulación muy grande de esos fondos, que seguramente será mayor conforme avance el calendario electoral".
Tanto Lozano como Reyes, al igual que Luis Galvalisi (Pro-Capital), están convencidos de que el Gobierno no alcanzará este año las metas de crecimiento y de recaudación previstas en el presupuesto 2009.
"Ni siquiera con el aporte de la Anses le alcanzará al Gobierno para cubrir el bache. La situación fiscal será este año muy delicada", coinciden. En idéntico sentido se expresó el diputado Jorge Sarghini (Unión Peronista-Buenos Aires).
"El Gobierno definitivamente no tendrá excedentes este año; es una pena que, cuando los tuvo, no conformó un fondo anticíclico para hacer frente a un eventual período de vacas flacas, como el que hoy atravesamos", se lamentó.
La Nación, 8-3-09
