El Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, renunció en medio de un creciente debilitamiento de los organismos de control del Estado, encargados de investigar casos de corrupción.
A los problemas de recorte de facultades que denunció Garrido en su renuncia, se suman los intentos de limitar las atribuciones del presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, máximo organismo de control de las cuentas del Estado, que depende del Congreso y el nombramiento en la Oficina Anticorrupción (OA) de Julio Vitobello, un dirigente kirchnerista que ya había exhibido inactividad al frente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
La dependencia de los organismos que deben controlar y su falta de autonomía perjudicaron la tarea de los encargados de auditar las cuentas del Estado. Durante 2008, la OA, que custodia e investiga las declaraciones juradas de bienes de funcionarios del Poder Ejecutivo, quedó paralizada. La apertura de investigaciones fue más baja que nunca y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, recortó sus atribuciones. A comienzos de 2009, el Gobierno designó al frente de la OA a Vitobello, un abogado que suele compartir partidos de fútbol en la quinta de Olivos con el ex presidente Néstor Kirchner.
Una de las primeras medidas que tomó al llegar a su cargo fue desplazar a dos directores de la OA y reemplazarlos por su propia gente.
Vitobello venía de ocupar la titularidad de la Sigen, otro de los organismos de control, donde reemplazó a Claudio Moroni. La Sigen tiene unidades de auditoría en los organismos que debe controlar, pero está condicionada por ellos. Sus hallazgos se transformaron en denuncias ante la OA y no ante la Justicia.
En la AGN, pese a que nació con la impronta de que la oposición mantuviera allí el poder, el colegio de auditores tiene mayoría oficialista. En los últimos tres meses la AGN vivió pujas internas entre Despouy y los auditores del oficialismo. La última pelea terminó a los gritos en una audiencia realizada el 25 de febrero, en la que el oficialismo pretendió modificar el reglamento interno de modo de quitarle a Despouy la facultad de fijar los temas del orden del día. El caso que motivó el escándalo fue la divulgación de un estudio que advertía sobre la posibilidad de que se hubieran pagado sobreprecios en la contratación de la ampliación de una red de tendido eléctrico realizada por la empresa Electroingeniería. Pero esa sesión escandalosa terminó con el retiro del proyecto del oficialismo.
Varias ONG señalaron estas falencias y reclaman que se cumplan las convenciones anticorrupción de la OEA y de la ONU, suscriptas por la Argentina, que exigen independencia y autonomía a los organismos de control.
La Nación, 13-3-09
