Por Luis Moreiro
Propietarios y mapuches esperan que la Nación y la Provincia hagan realidad la promesa de cumplir con lo que establece la ley 26.160 de relevamiento territorial. La norma fue votada en 1996 y establece que un estudio de los títulos de propiedad de todos los territorios, en este caso neuquino, debe estar concluido en 2010. El cumplimiento de esta legislación permitiría terminar con las controversias sobre titularidad de las tierras. Hasta ahora, no se ha dado ningún paso para hacer cumplir la ley.
Extrañamente, el Gobierno de la provincia de Neuquén fue la única de las partes en conflicto que no habló con LA NACION. La cuestión mapuche, en el gobierno de Jorge Sapag, está en manos de su ministro de Gobierno, Jorge Tobares, que nunca respondió los cinco pedidos de entrevista que le cursó LA NACION.
Hay aquí historias de campos tomados, de lujosos hoteles cerrados por la amenaza de los indios, de escuelas católicas recuperadas para la causa mapuche y de capillas que no se inauguraron por haber quedado en medio de territorios insólitamente en pugna.
"Reclamamos del Estado un reconocimiento territorial en el que podamos tener control, uso y administración de nuestros recursos naturales", dice Jorge Nahuel, ideólogo de la Confederación Mapuche, en las oficinas de ese organismo en la capital neuquina. Sobrevuela sobre esa definición el temor de un reclamo territorial que vaya más allá. No son pocos los que detrás de ese reconocimiento histórico ven una trasnochada intención de reestablecer la Araucanía, o patria mapuche.
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