La revista Veintitrés, con la firma de Carlos Romero, publica un extenso informe sobre la carrera del espía que se hizo famoso. Reproducimos las partes principales del artículo.
Ciro Gerardo James es, sin duda, un buen nombre para un espía. Casi un lugar común del policial hollywoodense. Mauricio Macri y su ministro de Seguridad y Justicia, el acorralado Guillermo Montenegro, al menos podrían haber reparado en ese detalle cinematográfico, teniendo en cuenta que juran y perjuran no haber visto ninguno de los otros “detalles” que enchastraban el legajo de James. Los mismos datos que surgen a borbotones en la investigación que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide, y que de tan evidentes ya resultan escandalosos.
Esta nota viene a aportar las piezas que faltan -militares retirados pero en acción, un pool de agencias de seguridad y la sombra espinosa del Batallón 601- para terminar de definir el perfil de James, ese joven espía que sin dificultades logró “infiltrarse” en dos ministerios porteños, mientras alardeaba de que su ejemplar desempeño le valdría un lugar en las filas de la nonata Policía Metropolitana.
En el affaire James, nada es casual. No importa cuánto tiempo se encoja de hombros Montenegro o mantenga el silencio Macri. No es casual que las tareas de espionaje -pinchar teléfonos, tomar fotos, cruzar datos y realizar informes de inteligencia- hayan involucrado a las dos áreas de mayor conflictividad social y política en lo que va de la gestión Pro: el Ministerio de Educación, que en 2008 vivió una prolongada puja con el gremio docente, y el de Seguridad, donde el sueño macrista de la policía propia se vio amenazado -y con razones de sobra- por los antecedentes de Jorge “Fino” Palacios, el jefe ungido por Macri. Por otra parte, James no es el primer ex agente de la Policía Federal con habilidades en este tipo de encargos que precalifica para ingresar a la Metropolitana.
En el tiempo que estuvo al mando, Palacios soñó con un organigrama regado de especialistas en tareas de inteligencia.
Y mientras el Fino evaluaba esos currículums, James escuchaba con paciencia las conversaciones pinchadas a un celular de Sergio Burstein, el dirigente de la comunidad judía que con más fuerza rechazó la designación de Palacios. Incansable, Burstein recordaba la salpicada actuación del ex comisario en la causa AMIA, donde el juez Ariel Lijo terminó por ordenar su procesamiento por encubrimiento y otros delitos que fueron entorpeciendo la investigación.
Pero antes de cumplir las tareas que lo hicieron un personaje público -algo muy mal visto entre los espías-, James recorrió un largo derrotero, donde fue adquiriendo los talentos necesarios para ingresar a las selectas filas de los espías azules de la Federal. Nacido en Mendoza, cursó la primaria en un colegio de San Luis, el secundario en el Liceo Militar General Paz de Córdoba y se recibió de abogado en la Universidad de Morón. Con ese título, tras un breve paso en 1993 por la empresa Construred SA, entró de lleno en el mundo verde oliva de la Contaduría General del Ejército. Desde 1994 hasta 2001, James no dejó huellas laborales, pero se empleó al máximo en definir su perfil profesional. En medio de la crisis que tumbó al gobierno de la Alianza, el espía se sumó a las filas de la consultora de seguridad Lyon SRL. Creada en 1996 y con oficinas en el primer piso de avenida General Las Heras 2207, Lyon albergó a James por seis años. Por ese directorio, donde los nombres se re piten y los accionistas venden y vuelven a comprar sus acciones, también pasó Ernesto Juan Roubakhine, un teniente coronel retirado de 63 años, vinculado a varias agencias de seguridad y actualmente director de Security Management Consulting Group. Roubakhine, quien ofrece sus servicios como experto en espionaje industrial, fue subdirector de Desarrollo en Fabricaciones Militares durante el gobierno de Carlos Menem.
Otra de las perlas que entrega el historial societario de James es la empresa STI Sistemas Telefónicos Integrales, creada en 2004 y convenientemente dedicada a la “instalación, reparación y mantenimiento de planteles y/o equipos telefónicos de todo tipo”. Una pantalla ideal, por caso, para la adquisición de elementos como los que le fueron secuestrados a James en la oficina dos del primer piso de Córdoba 817: tres valijas con costosos “juguetes” de alta tecnología para, entre otras cosas, “pinchar” cinco líneas telefónicas en simultáneo, analizar llamadas y tomar fotografías a distancia. Un lujo.
STI fue fundada por James junto a Jorge Manuel Zenarruza, quien egresó del Liceo Militar General San Martín en 1994, la promoción 52 bautizada con el elocuente nombre de “Centaura”.
Por otra parte, el viejo teniente figura en informes de inteligencia como uno de los acompañantes que el primero de octubre viajaron en el auto matrícula EAE954 rumbo a Posadas.
Además de James, en el coche también iba Diego Gastón Guarda, uno de los miembros de la policía misionera detenidos en el marco del expediente de siete cuerpos que manejan Oyarbide y el titular de la Secretaría Nº 13, Gustavo Russo. Guarda, auxiliar de inteligencia; Raúl Rojas, jefe de Homicidios de Misiones, y el comisario mayor Rubén Quintana configuran la pata misionera de lo que se considera un mismo armado. “Una cuerda con dos puntas, una en Posadas y otra en Buenos Aires”, grafican los pesquisas. Entre uno y otro escenario, James hacía las veces de viajero frecuente.
La comitiva de la que formó parte junto a Guarda y Zenarruza –de quien aún se trata de determinar su rol específico– portaba las preciosas grabaciones que la SIDE entregaba a James a pedido del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Posadas, a cargo de Horacio Gallardo, y luego subrogado por José Luis Rey. Entre el 17 de marzo y el 6 de octubre pasados, la causa, ágilmente impulsada por el magistrado a instancias de una denuncia trucha presentada por el propio James, sirvió para intervenir el teléfono de Burstein y también el del empresario televisivo Carlos Ávila. La excusa formal fue el expediente 86/09, caratulado “Dirección de Investigaciones solicita intervención telefónica sobre expediente 153/05”, un membrete que en el caso de Ávila y con pequeñas variaciones venía sirviendo para que los escucharan desde 2007.
El teléfono pinchado de Burstein -que desató una trama que bien podría derivar en una suerte de “delivery de escuchas telefónicas”- fue el mismo que llevó a Nueva York cuando acompañó a Cristina Fernández en la comitiva que ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fijó su postura sobre el rol de Irán en el atentado a la AMIA. El enojo de Cristina al saber que junto a ella había ingresado a la ONU un teléfono “pinchado” recalentó la causa.
Para enrarecer más la relación entre el macrismo y este escándalo, la legisladora porteña Gabriela Cerruti sostuvo que James era miembro del equipo de seguridad que lideraba Palacios y que el ex presidente del club Boca Juniors trajo consigo al Gobierno de la Ciudad. Para Cerruti, el espía era parte de la task force que el líder del Pro también usó en empresas familiares como Socma y Sideco, donde el hombre a cargo era “Andrés Ibarra, actual subsecretario de Educación de la ciudad”. Una versión similar dio el ex dirigente boquense Roberto Digón: “Todo el mundo conocía en Boca a Ciro. Era parte del equipo del Fino Palacios (...). Lo que no sabíamos era que es un espía”. Digón relató que el 2 de abril de 2006, en un partido ante Banfield en la Bombonera, intentaron desalojarlo de la platea por la fuerza y que entre los 18 policías que trataron de echarlo estaba James.
Tareas. En los tiempos en que Palacios veía acercarse inexorablemente su salida de una fuerza policial que ni siquiera había visto la luz, James distribuía su tiempo entre las muchas –y supuestas– ocupaciones que tenía. Una de ellas, tal vez la única que consideraba un verdadero empleo, era apersonarse en una oficina de la Secretaría de Inteligencia (la ex SIDE), de donde retiraba las escuchas telefónicas realizadas a un celular de Burstein, casualmente el número exacto con que se comunicaba con Alberto Nisman, el fiscal especial que investigaba la voladura de la mutual judía y que venía exigiendo el procesamiento del Fino.
Otras de las ocupaciones cotidianas de James era comunicarse con uno de los celulares de la flota de teléfonos Nextel que Palacios tenía en la firma Arpa, una de las agencias de seguridad que manejaba en las sombras. Según las pesquisas, desde el propio Nextel del Fino en Arpa –un proyecto familiar que Palacios y su esposa iniciaron en 1976– se realizaron 40 llamadas a un número de James, que a su vez 150 veces marcó el número del Fino. Otro con quien hablaba seguido era el heredero del Fino en la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, el técnico que Palacios fue entrenando para que se ocupe de “los papeles” desde sus tiempos al frente de la Unidad Antiterrorista de la Federal.
Más aún si se tiene en cuenta que las “celdas” desde donde fueron realizadas cruzan coordenadas en el voluminoso edificio del ministerio donde pasa sus peores momentos Montenegro. Y que también alberga a la Metropolitana.
En la cartera de Narodowski, el espía se desempeñaba en el área de Auditoría –uno de los destinos clásicos para disimular las tareas de inteligencia–, aunque no dio detalles de qué hacía y quién determinó su contratación.
Su jefe inmediato era el titular de la Unidad de Auditoría Interna, el licenciado en economía Roberto Luis Ayub, y su referente en un segundo plano era la jefa de Gabinete, Roxana Barroso. En ese destino estuvo James entre 2008 y 2009, con dos contratos de locación de servicios por las nada despreciables sumas de 56 mil y 72 mil pesos anuales (unos 6 mil pesos al mes). Barroso sostuvo que el desembarco del espía camuflado de abogado fue mediante un convenio con la Universidad Nacional de La Matanza, otro de los destinos educativos de James. Consultados, voceros de esa universidad lo vincularon no con la Facultad de Derecho, como se dijo en un primer momento, sino con la de Humanidades y Ciencias Sociales.
En su investigación, Oyarbide ya allanó oficinas del Ministerio de Educación y del de Justicia y Seguridad, incluidos los despachos personales de Chamorro y del subjefe Roberto Ontiveros, otros de los laderos que dejó el Fino. Nada hace pensar que la lupa de la causa se va a correr demasiado de las dependencias de la Metropolitana, una fuerza que todavía no empezó a combatir a delincuentes y que ya está cuestionada por graves delitos que rozan a sus propios miembros.
InformadorPublico.com.
