Por Héctor GIULIANO
(15.1.2016)
(*)
La deuda pública es el
condicionante total y absoluto de todo lo que acontece en la Argentina en
materia financiera, económica y política.
Esta deuda está directamente
relacionada con la política monetaria, cambiaria y bancaria del país y produce
hoy un triple desequilibrio financiero:
- Desequilibrio
por sobre-emisión monetaria para compra de divisas que se utilizan para el
pago de deuda externa, para los pagos/refinanciaciones de deuda general en
pesos y para el pago de los intereses que se devengan tanto por deuda del
Tesoro como por deuda cuasi-fiscal de Lebac/Nobac del Banco Central (BCRA),
letras que son usadas en forma
creciente para esterilizar el dinero emitido y a un costo superior al 30 %
anual.
- Desequilibrio
por retraso cambiario relativo - por devaluación menor que la inflación -
para poder pagar servicios en moneda extranjera frente a la recaudación
fiscal en pesos; lo que lleva a crisis cíclicas por retrasos acumulados
del tipo de cambio y posteriores macro-devaluaciones, con traslado a
precios y consiguiente inflación.
- Desequilibrio
por ganancias financiero-bancarias extraordinarias, como producto de las
altas tasas de interés de mercado – cuyo piso fija el BCRA – y de la magnitud
de préstamos caros al Estado por parte de los grandes bancos locales (un
tercio de su cartera).
Frente a esta crisis de
deuda los gobiernos reaccionan aumentando la presión tributaria, incrementando
la emisión de dinero sin respaldo en el crecimiento económico y tomando más deuda pública, interna
y externa.
Es la trampa de deuda
perpetua que arrastra el Estado
Argentino – una crisis de deuda permanente por insolvencia y por iliquidez,
agravada con la toma sistemática de obligaciones sin capacidad de repago – y
que produce un desequilibrio estructural en las finanzas públicas y en la
economía nacional.
Desde la época del Proceso
Militar hasta la fecha, todos los gobiernos – cualesquiera sean sus discursos y
sus políticas declaradas - han venido cumpliendo un mismo esquema básico de
ciclos financieros de deuda y re-endeudamiento:
a)
Generación primaria y posterior
reconocimiento de las deudas heredadas - sin cuestionamiento por ilegitimidad
de origen - toma de deuda nueva y aumento consiguiente del stock de la deuda y
del pago de sus intereses; incrementándose ambos en forma permanente porque la
totalidad del capital o principal de las obligaciones se refinancia
íntegramente al vencimiento y además se toma más deuda .
b)
Estos servicios financieros conllevan un
aumento directo del gasto público por intereses, comisiones y erogaciones
varias ligadas a las constantes colocaciones de deuda; pero sobre todo un
incremento indirecto, debido a los condicionamientos colaterales citados del
sistema de la deuda.
c)
La atención de este problema motiva entonces
políticas de ajuste fiscal vía aumento de la presión tributaria para obtener
más recursos, incremento de la emisión monetaria para comprar divisas que se
usan para el pago de la deuda externa, retraso cambiario para poder pagar
servicios en moneda extranjera, aumento de las tasas de interés de mercado por
parte del Banco Central (BCRA) para retirar parte del circulante emitido y
atraer capitales especulativos externos, presión inflacionaria interna por
exceso de la emisión de dinero y por descontrol de los aumentos en el mercado,
inflación por aumento de precios y tarifas de servicios públicos, licuación de
los gastos en pesos re-expresados en otras monedas – incluyendo muy
especialmente salarios y jubilaciones – y toma de más deuda para cubrir el
déficit fiscal creciente, derivado precisamente de tales políticas de gobierno condicionadas
por el sistema de endeudamiento perpetuo.
Estos procesos tienen
carácter cíclico y se dan con la funcionalidad de los cambios en la gestión de
administraciones propias y/o sucesivas que siempre terminan en nuevas crisis
por impago – con periódicas re-estructuraciones de deuda – en explosión final
de los corsé cambiarios vía macro-devaluaciones correctivas y en
procesos de ajuste para cubrir o atenuar los efectos de tales devaluaciones y
del déficit fiscal consiguiente.
Los gobiernos de turno
aplican con este objeto políticas de ajuste – formales o encubiertas – para
poder sostener el sistema de la deuda; y el salario es la principal variable de
ajuste dentro de este esquema.
Ello es así porque alguien
tiene que cargar con el costo financiero del ajuste - ya que estos duros
cambios no son financieramente neutros - y los sectores más vulnerables, por
lógica, son los de ingresos fijos (fundamentalmente asalariados y jubilados).
Mientras los sectores
financiero-bancarios se benefician con el aumento de las tasas de interés y todas
las combinaciones especulativas posibles de arbitraje entre tipos de cambio y
tasas de interés; y mientras los sectores empresarios se cubren con aumentos
generalizados de precios de bienes/servicios y colocaciones financieras de
corto plazo, los sectores de ingresos fijos sufren a pleno el impacto de las
desactualizaciones salariales.
La inflación – siempre tan
denostada en los discursos económico-financieros y políticos – es, sin embargo,
el instrumento básico para que este procedimiento de redistribución de ingresos
a nivel masivo y este mecanismo de sostén de los costos inmediatos de las
transiciones dentro de las crisis de deuda, se lleven a cabo.
Todo es siempre más
tolerable o resignadamente aceptable en medio de crisis o circunstancias de
excepción, sobre todo cuando se aducen problemas heredados.
Y así también ahora, con la
nueva administración Macri – y con la sempiterna excusa de la pesada herencia recibida – se vuelve a
la carga con los mismos argumentos y con la misma batería clásica de medidas
que se sostienen, todas ellas, en la toma de más deuda pública y en la
transición con ajuste.
La clave para sostener el
costo de esta transición luego de la macro-devaluación de Diciembre es el desfase financiero de los salarios reales:
a)
La inflación carcome el poder adquisitivo de
los sectores de ingresos fijos día a día mientras que los aumentos entran a
regir muy a posteriori de estas realidades y en forma escalonada.
b)
El gobierno Macri gana tiempo tratando de demorar
las negociaciones paritarias hasta marzo – una forma de pasar el verano - previendo el desgaste de las discusiones entre
sindicatos y cámaras empresarias sin que el Estado intervenga en las mismas y
sin que se hable ya de la concertación económico-social anunciada para mediados
de Enero.
c)
Tampoco se menciona con mucha seguridad la
idea oficial de retrotraer los precios al 30.11 – fecha aproximada de los grandes
y generalizados aumentos producidos
entre Noviembre y principios de Diciembre (que es una variante que las empresas
rechazan de plano) – y sólo se prevé una versión modificada del programa de
Precios Cuidados hasta Mayo próximo.
d)
En este marco, la administración Macri
postula la clásica receta de negociaciones salariales sobre la base de inflación
futura proyectada (entre 20-25 %) y no sobre recupero de la inflación pasada
(que se estima entre 28-30 %).
e)
La declaración de emergencia estadística del INDEC contribuye a confundir el marco de
las discusiones y el punto de referencia de las mismas.
f)
Como argumento de disuasión contra los
sindicatos se blande la carta
extorsiva de la recesión – una recesión provocada por la crisis financiera de
deuda, no por la economía real – y del desempleo.
g)
Y paralelamente las autoridades juegan la
sugerencia de que los sindicatos atenúen sus exigencias a cambio de mayores
pagos parciales y conversión en bonos de la Deuda Pública sobre los atrasos de
pagos a sus obras sociales.
Varias acciones
complementarias acentúan este desfase financiero negativo para los salarios
reales, empezando por la demora en tratar el aumento del Mínimo No Imponible
(MNI) del Impuesto a las Ganancias y la omisión de actualizar también el MNI
del impuesto a los Bienes Personales.
Mientras tanto – alta
inflación mediante – el gobierno mantiene (como ya lo venía haciendo la
administración Kirchner) sus elevados ingresos fiscales por gravámenes al
consumo (con el IVA a la cabeza, que es un impuesto regresivo), con el
mantenimiento indefinido del impuesto provisorio
al cheque y con la carga adicional que representan los revalúos de bienes
durables (impuestos inmobiliarios provinciales, tasas de servicios generales
municipales y el citado impuesto nacional sobre bienes personales).
Amén de la amplificación que
los aumentos de precios/tarifas de servicios públicos tienen por el alto
componente impositivo de las facturas respectivas.
Todo este costo financiero
del desfase de los salarios reales – derivado del traslado a precios de la
macro-devaluación de Diciembre y de la paralela transferencia de los gastos
adicionales de las empresas por aumento de las tasas de interés – se realiza a
través de un proceso inflacionario que no perjudica sino que favorece a los sectores
empresarios, financiero-bancarios y al propio Estado, que se beneficia así con
una suerte de efecto Olivera-Tanzi al revés.
Es la forma clásica en que
los sectores de ingresos fijos pagan el costo del ajuste encubierto que
practican los gobiernos en medio de sus cíclicas crisis de deuda pública.
(*) Este trabajo es
complementario y ampliatorio del artículo titulado DEUDA-DEVALUACIÓN-INFLACIÓN
Y CUESTIÓN SALARIAL (del 2.1.2016), cuya lectura se recomienda para no reiterar
aquí lo dicho en su momento sobre el tema.
