L
Mariano Bergero
· 5
Hay voces dentro del oficialismo que imaginan el
final del fuero Anticorrupción para la campaña 2019.
Lo mostró con claridad un informe que publicó este
diario a mitad del año pasado: el fuero Penal Económico y Anticorrupción, el
área de la Justicia provincial encargada de investigar la conducta de los
funcionarios públicos de Córdoba, logró en 13 años la condena de siete de todos
los acusados, de los cuales ninguno corresponde al Gobierno provincial. Hubo
sanciones para una coima de 300 pesos y para un robo de 20 litros de gasoil.
A la luz de los resultados, el fuero especializado
que creó José Manuel de la Sota en 2004 no fue un problema para la corporación
política provincial.
Ahora, esa misma elite, cuyo vértice se asienta en
la Justicia y juega de memoria con el poder político, propone dar un paso
adelante “para avanzar en el camino de la transparencia” con la creación de un
portal abierto de datos que brinde acceso a todas las causas de corrupción y a
otras que atraen el interés social.
La novedad, que estará activa en la web después de la feria judicial,
replica lo hecho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2016,
cuando instrumentó un observatorio de corrupción.
La apertura de datos, si es que se cumplen los
objetivos trazados en el acuerdo reglamentario Nº 1.465 firmado por los
integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y por la Fiscalía General,
abrirá una hendija en medio de un sistema que ha demostrado ser cerrado en
extremo.
Pero a no dejarse encantar: las investigaciones de
las causas, el fondo de la cuestión, seguirán en manos de quienes colaboraron
hasta hoy para hacer de ese fuero un agujero negro. Nada cambiará en la génesis
de esa área de la Justicia.
El pasado condena
Sólo basta recordar el modo en que el Ministerio
Público Fiscal difundió las conclusiones sobre las que el fiscal Gustavo Dalma
argumentó el archivo de la causa sobra la ejecución del cuestionado hotel
Ansenuza, construido por la Lotería de Córdoba en Miramar.
A esta misma Justicia, que ahora dice apostar por
la transparencia, le alcanzó en 2017 con la difusión de un parte de prensa de
900 palabras para explicar el entierro de la causa judicial más emblemática de
la última administración delasotista.
Fue el resultado de una investigación que consumió
más de un año, cuyo resultado se informó antes de que oficializaran las
candidaturas –en ese momento De la Sota aún no se había autoexcluido de
participar de las legislativas– y que incluyó múltiples denuncias de presuntos
sobreprecios para una obra que se hizo casi íntegramente sin concurso de
precios, con la invitación a empresas de renombre y a la que los cordobeses
destinaron más de 44,3 millones de dólares, 837 millones de pesos a la
cotización de ayer.
La resolución de aquel archivo polémico nunca
estuvo disponible para los medios de comunicación.
Con matices, los casos se repiten: las denuncias
por la deficitaria y costosísima construcción de parte del Camino del Cuadrado,
la del pago de presuntas coimas en la anterior adjudicación –la de 2008– de los
gasoductos troncales, apuntada en detalle en un listado que entregó un
arrepentido clave a la Justicia de Brasil en el marco del megaescándalo del
Lava Jato, son sólo algunos de los casos más emblemáticos en los que la pereza
judicial hizo su parte.
Cerca de tres años se tomó la Justicia para librar
un exhorto a Brasil para preguntar al respecto.
Señales
Mientras tanto, el TSJ tiene a decisión una
cuestión que volverá a marcar el pulso en cuanto a su grado de vocación para
enfrentar a la corrupción.
Después de que se agotaron todas las instancias, se
encuentra a consideración del principal tribunal provincial la admisión o no de
la ONG Asoma como querellante en causas en las que se investigan casos de
corrupción. La organización, dedicada a la “lucha contra la corrupción”, fue la
manera creativa que encontraron los legisladores opositores Aurelio García Elorrio,
Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero para poder acceder a los expedientes de
las causas más sensibles. El TSJ dejará su huella también ahí.
En medio de esta realidad, comenzaron a hacerse oír
voces dentro del oficialismo que imaginan un cambio radical para el fuero
Anticorrupción.
Un ministro de un área clave de la administración
schiarettista y un referente legislativo del oficialismo coincidieron, por
separado, en que se acerca el final para esa cuestionada área de la Justicia.
“Ese fuero ya no tiene sentido. Nadie cree en él”, afirmó en privado una de
esas voces.
Tal vez, en las recientes declaraciones que realizó
a La Voz Aída Tarditti, la presidenta del TSJ, haya pistas sobre el horizonte
de ese fuero. “Si el funcionamiento de Anticorrupción no es satisfactorio, el
Poder Legislativo puede tomar muchas alternativas relacionadas con eso”, se
escudó la magistrada.
