avanzar con el pacto social
durante la transición
Laura Serra
La Nación, 20 de octubre de
2019
De resultar elegido el
domingo próximo, Alberto Fernández no esperará al 10 de diciembre para
instrumentar sus primeras medidas políticas y económicas. No bien arranque el
período de transición -que se extenderá hasta el 10 de diciembre-, impulsará la
creación, por ley, del Consejo Económico y Social, el ámbito que el actual
candidato del Frente de Todos imagina para la articulación de las políticas más
relevantes de su eventual gobierno.
"Todos miran el acuerdo
económico y social solo como un acuerdo de precios y salarios, pero va mucho
más allá de eso: el desafío que nos planteamos es articular políticas de Estado
en torno a cuestiones básicas como endeudamiento, seguridad, educación, ciencia
y tecnología, como también plantear normas tributarias a largo plazo. Aspiramos
a que estas medidas reciban apoyo más allá del Frente de Todos y que podamos
involucrar a [Roberto] Lavagna, al radicalismo, a todos los sectores",
anticipa Sergio Massa, primer candidato a diputado del Frente de Todos y futuro
presidente de la Cámara de Diputados si Fernández triunfa el próximo domingo.
Massa, uno de los hombres
más cercanos e influyentes en el entorno de Fernández, será quien articule
desde el primer día después de los comicios los acuerdos con la oposición para
la sanción de las normas. Una de ellas sería la del Consejo Económico y Social:
Massa imagina a Fernández convocando a los distintos sectores al acuerdo no
bien asuma su mandato, si resulta elegido.
Confía en que la propuesta
tendrá buena recepción en los demás bloques, incluso en Cambiemos. Emilio
Monzó, el actual presidente del cuerpo y su amigo personal, será su enlace.
Monzó no recalará por ahora en el Frente de Todos, pero ya hizo saber que
propiciará una "oposición responsable y sensata" si el oficialismo es
derrotado en las elecciones.
Para Massa, el aporte de
Monzó será clave, no solo durante la etapa de transición, sino también a
posteriori. El referente de Tigre es un convencido de que aunque el Frente de
Todos alcance mayoría en ambas cámaras parlamentarias a partir del 10 de
diciembre, esta no será suficiente para afrontar la complejidad económica y
social que se viene.
Su obsesión, por ello, será
ampliar la base de sustentación política de un eventual gobierno de Fernández,
no solo para que las medidas que se adopten adquieran mayor legitimidad, sino
también para compensar las eventuales disidencias internas que surjan en el
futuro oficialismo.
"Tenemos que construir
una coalición más grande y lo que no pudimos construir electoralmente por
miedos o desconfianzas de las otras fuerzas políticas lo tenemos que construir
desde el gobierno", pregona Massa, quien imagina la sanción de un paquete de
reformas pensadas como políticas de Estado -por caso, las tributarias- que
tengan validez de largo plazo. "Leyes sancionadas con mayorías agravadas
y, por lo tanto, difíciles de ser modificadas", sostiene.
Puentes con la oposición
La convocatoria a sectores
de la oposición no se limitaría a lo legislativo. Fuentes del Frente de Todos
anticiparon a LA NACION que Fernández estaría dispuesto a convocar a figuras de
la oposición a su gabinete o para ocupar algún organismo de control, como la
Oficina Anticorrupción.
En efecto, en el documento
final que elaboraron los equipos técnicos del Frente de Todos, que coordinan
Nicolás Trotta y Virginia García y que será entregado en breve al candidato
presidencial, figura la recomendación de que la Oficina Anticorrupción (OA)
adquiera autonomía y autarquía financiera; también, que sea conducida por un
funcionario independiente del gobierno de turno.
Hoy esta oficina depende del
Ministerio de Justicia y su titular, Laura Alonso, responde al presidente
Mauricio Macri, lo que despierta críticas no solo en la oposición, sino también
entre los organismos no gubernamentales. A Fernández lo seduce la idea de
marcar una diferencia con el macrismo en materia de corrupción, el talón de
Aquiles de la gestión de Cristina Kirchner.
Algunas versiones
periodísticas sugirieron que Ricardo Alfonsín sería el hombre elegido por
Fernández para ocupar ese cargo. Alfonsín, un hombre crítico de la gestión de
Macri y de la permanencia de su partido dentro de Cambiemos, negó que se le
haya ofrecido ese lugar; él no aceptará ningún cargo sin la venia del
radicalismo, aclara. Sin embargo, Alfonsín es, dentro del coro de voces de su
partido, el que más alienta el diálogo con un eventual gobierno de Fernández,
"única forma de afrontar la complejidad que se viene", asevera.
Dirigentes radicales como
Martín Lousteau y Alfredo Cornejo coinciden en que de perder las elecciones
deberá ejercerse una oposición "moderada y razonable", pero temen la
influencia del fundamentalismo kirchnerista en las políticas públicas que se
instrumenten.
La Comisión por la Memoria
Massa, en su papel de
moderador y articulador de una coalición política más amplia, busca relativizar
las acciones del kirchnerismo radicalizado. Así, la semana pasada criticó la
actuación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que encabeza Adolfo
Pérez Esquivel, luego de que esta presentara un informe ante el juez Alejo
Ramos Padilla en el que vincula a periodistas con "una red de espionaje
ilegal utilizada para cometer delitos".
"Nosotros representamos
como valor la libertad y la libertad de expresión y no tiene ningún sentido
pretender revisar la tarea de los periodistas", enfatizó Massa.
El mismo tono utilizó cuando
buscó desvincular un futuro gobierno de Fernández de los abusos cometidos en
Venezuela. "La posición nuestra es muy clara -enfatizó Massa en Estados
Unidos-. Negar lo que pasa en Venezuela es ser cómplice. En su informe,
Bachelet describe una dictadura y cuando Fernández remite al informe de
Bachelet describe su pensamiento".
En todo momento, Massa
reivindica el liderazgo de Fernández. "Todos en el Frente de Todos tenemos
claro que el presidente va a ser Alberto", insiste, como si intentara no
solo disipar las dudas ajenas, sino también marcarle los límites al kirchnerismo
radicalizado.
