Horacio Jaunarena
Ex ministro de Defensa y
diputado nacional.
La Defensa de la Nación no
fue incluida entre los diez temas que acordaron debatir públicamente los
candidatos presidenciales. A diferencia de lo que ocurre en los países
desarrollados y en las naciones vecinas, la Defensa no figura en la agenda de
la política argentina.
Durante las gestiones de
sucesivos gobiernos de distinto signo, la Argentina ha comenzado a provocar un
desequilibrio por defecto en la región y ha debilitado el control de sus
espacios soberanos, ya sean aéreos, marítimos, fluviales o terrestres.
Es imposible tener seguridad
en un país que no es capaz de controlar su territorio. Frente a esta realidad,
el debate electoral podría y debería –independientemente de los encuentros de
los candidatos - servir para comenzar a construir consensos en materia de
Defensa y Seguridad, como bases de políticas de Estado que, por definición
exceden en mucho un mandato electoral. La falta de estos consensos básicos
impide la construcción de una política de Defensa que sirva para protegernos.
La envergadura de los desafíos
que plantean las necesarias alianzas estratégicas, sumado a la aceleración de
los cambios tecnológicos, aconsejan algunas medidas inmediatas que den al
próximo gobierno –cualquiera sea su signo- el tiempo y el espacio para analizar
políticas y acciones que requieren mucho planeamiento y complejas decisiones.
Sin pretender acuerdos en
ámbitos políticos imposibles de exteriorizar en plena campaña electoral, al
presidente Macri se le facilitaría en un eventual nuevo mandato o, de no ser
reelecto, dejar una valiosa herencia a Alberto Fernández. Quien de los dos
fuese consagrado, podría comenzar a lidiar con la responsabilidad
constitucional de Comandante en Jefe, con algunas certidumbres en un mar de
incertidumbres.
Acuerdos básicos sobre estas
cuestiones, no influyen en la competencia electoral y mostrarían un grado de
confianza y de previsibilidad sobre nuestro futuro a un mundo que hoy nos mira
con curiosidad y desconcierto. La primera de estas medidas inmediatas sería el
denominado “blanqueo” de los “suplementos” o sumas no remunerativas que cobran
los militares-, que han dado lugar a miles de juicios que seguirá perdiendo el
Estado, con el costo añadido que ello significa. Esto implicaría un moderado
aumento en las remuneraciones militares, que son bastantes menores que las que
perciben los prefectos, gendarmes, policías federales, miembros de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes penitenciarios, conformando una
irritante desigualdad.
Es urgente, asimismo, la
modificación del proyecto de Presupuesto Nacional 2020, pues la asignación de
recursos a la Jurisdicción 45 (el Ministerio de Defensa y todo lo que de él
depende) no sólo imposibilita el cumplimiento de las responsabilidades que la
ley impone a las FF.AA , sino que dificultará hasta la alimentación de los
efectivos, con la consiguiente dosis de imprevisibilidad que ello trae
aparejado.
También es apropiado
devolver la conducción del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas
(IOSFA) a sus aportantes y beneficiarios naturales, que son Militares,
Gendarmes y Prefectos. El poder político durante las dos últimas
administraciones arbitró la fusión, que no fue sencilla, pero parece razonable
ahora devolver el IOSFA a sus aportantes.
Sonaría ilógico que
funcionarios políticos condujeran las obras sociales, por ejemplo, de
bancarios, docentes o petroleros. El Poder Ejecutivo –el actual y el próximo--
dispone de un instrumento legal muy importante si concreta la reglamentación de
la Ley de Reestructuración de las FF.AA, nro.24.948, vigente y no cumplida. El
correspondiente decreto oportunamente discutido en profundidad podría contener
las medidas básicas para corregir situaciones urgentes, abrir el camino para la
modernización de nuestra legislación de Defensa y comenzar la construcción de
consensos que deberían, luego, ser llevados al Congreso.
Atención especial requiere
el proyecto de nuevo Código Penal de la Nación, actualmente en el Senado, uno
de cuyos artículos implica una omisión de los militares que puede dar lugar a
problemas importantes. El artículo 34 exime de “responsabilidad penal”
-puntualiza que “no serán punibles”- a los integrantes de las Fuerzas de
Seguridad, policiales o penitenciarias que “en cumplimiento de su deber y uso
de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte”. ¿Dónde quedan los
militares en igualdad de circunstancias? La omisión implica una grave
desigualdad ante la ley, ahora fácilmente corregible, sobre todo en momentos
que a hombres de nuestras Fuerzas Armadas se los envía en determinadas misiones
que complementan las que realizan nuestras Fuerzas de Seguridad.
La debilidad e insuficiencia
de una cultura de la Defensa en la Argentina –reduce la cuestión al instrumento
militar, a las Fuerzas Armadas, cuando es una necesidad más compleja y abarcativa
de otros ámbitos políticos que hoy aparecen poco relacionados. Esta limitación
de nuestra realidad, que no tiene solución mágica, pone hoy a nuestros
dirigentes frente a la responsabilidad y a la oportunidad de adoptar algunas
decisiones adecuadas que permitan construir consensos básicos en materia de
Defensa y Seguridad, única manera de garantizar, a nuestros ciudadanos, un
ámbito que garantice su libertad, su independencia, la integridad de nuestro
territorio, y la defensa de nuestros recursos naturales.
