Y NUEVOS FONDOS BUITRE
Por Héctor GIULIANO
(16.11.2019)
Como consecuencia de su política de Gobernar
con Deuda (obligaciones sin capacidad de repago) la administración Macri llevó
al país a una nueva Crisis de Deuda en 2018 – que se prolonga hasta hoy por
iliquidez e insolvencia del Estado – una crisis de la que sobrevive sólo merced
al sostenimiento del tándem gobierno Trump-FMI y con el altísimo costo
financiero de los servicios de la Deuda del Tesoro y del Banco Central (BCRA) que son los más
altos del Mundo.
Pero esta ya de por sí gravísima situación
fue acompañada por un hecho tanto o más riesgoso y menos conocido, que es el
importante cambio en la estructura de los acreedores de la Deuda Pública.
Desde el año pasado – a instancias de las
recomendaciones de grandes consultoras,
bancos internacionales y fondos de
inversión – la caída generalizada de bonos argentinos vino siendo aprovechada
para la compra masiva de títulos públicos que cotizaban a 40-45 % de su Valor
Nominal (VN) o Facial y que ahora llegan incluso al 30 %, según los casos.
Con el correlato de una suba de la sobretasa
por riesgo país superior a los 2.500 PB (Puntos Básicos, equivalentes a un 25%)
dentro de un Mercado de Capitales Externos bloqueado para la Argentina.
En este contexto, el próximo 10.12 tiene que
asumir y empezar a tomar decisiones el nuevo presidente electo, Alberto
Fernández.
CUADRO DE SITUACIÓN
Hasta hace pocos días, se suponía que el
saliente gobierno Macri podía llegar a dejar acordado un convenio modificado
con el FMI antes del traspaso del poder, y hasta eventualmente un pre-acuerdo
con los acreedores sobre la base del proyecto de reperfilamiento de la deuda de
corto plazo – local e internacional - con el objeto de comprometer a la
administración entrante y, a la vez, desligarla de la responsabilidad de ser
actor de tales arreglos (cosa que pudiera servirle a Alberto Fernández para
declararse víctima de una situación
heredada del Macrismo y a la vez evitar ser sindicado como responsable del
fracaso de una negociación de último momento supuestamente exitosa).
Pero las cosas parece que no se están dando
así ahora:
a) La posición de Fernández tomó un carácter
más duro en los últimos días (al menos, en cuanto a sus declaraciones
públicas): el presidente electo volvió a decir que la Argentina está en virtual
default, que en las condiciones en que deja Macri al país no se puede pagar la
Deuda y que el FMI es co-responsable de esta nueva Crisis de Deuda.
En este aspecto, las manifestaciones del
presidente electo son mucho más duras que las de sus principales colaboradores
que están en contacto con los Acreedores (Matías Kulfas, Emmanuel Álvarez Agis,
Guillermo Nielsen o Martín Redrado).
b) El agravamiento del estado de quiebra al
que ha sido llevado el BCRA se acelera en forma más peligrosa: de la Bomba de
las Lebac - el año pasado – que estaban en promedio a 30 días de plazo y con
tasas del 38-40 % anual, se pasó a la Bomba de las Leliq, que son a 7 días y
pagan hoy el 63 % anual (habiendo llegado hasta el 75 %) y ahora se está
pasando a la Bomba de los Pases Pasivos, que son obligaciones a sólo un día de
plazo y pagan el 57 % anual de interés.
Según datos del BCRA al 31.10 pasado el stock
de Leliq había descendido relativamente a menos de 1.0 B$ (984.000 M$ ≡ 16.500
MD)[1],
como producto de retiros de bancos de las Letras de Liquidez (relacionados a su
vez con la no renovación de plazos fijos de sus grandes depositantes)[2]
y del fuerte traslado de la mayoría de estos fondos a Pases Pasivos, que en la
actualidad suman más de 1.5 B$ (1.516.400 M$ ≡ 25.400 MD). En total, 2.5 B$
(2.500.400 M$ ≡ 42.000 MD).[3]
c) La concentración de vencimientos de la
Deuda del Tesoro – paralela al endeudamiento de corto y cortísimo plazo del
BCRA – también se ha venido agravando en los últimos tiempos: en un intento de
cuadro de situación (con los pocos datos concretos disponibles), la
administración Macri le habría traspasado por DNU al nuevo gobierno
vencimientos por unos 12.500-14.000 MD en función del reperfilamiento
unilateral de deudas que caen ahora entre Diciembre de este año y Febrero del
2020, parte de otros 13.500 MD que estarían venciendo en lo que queda del
segundo semestre del 2019 (según estimaciones a Setiembre) y la des-cobertura
total de los vencimientos que caen el año que viene, dado que no se contaría ya
con los desembolsos del FMI (giros que han servido para sostener al presidente
Macri pasándole la cuenta de pago a la próxima administración electa).
Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020
la Administración Central tiene que hacer frente a vencimientos de Capital o
Principal de la Deuda Pública por 52.000 MD – que se piensa, como siempre, en
renovar hasta el último centavo dado que no se cuenta con fondos para el pago -
y tomar Deuda Nueva por otros 43.000 MD
(de los cuales 20.000 MD corresponden a renovación de Letras del Tesoro): un
total previsto de Endeudamiento Público por 95.000 MD (!) para un país que se
encuentra en estado de cesación de pagos.
Una situación de Default – por iliquidez e
insolvencia fiscal (del Tesoro) y cuasi-fiscal (del BCRA) – que las autoridades
se niegan a reconocer y la enmascaran en forma burda con el roll-over
(renovación o refinanciación) permanente de todos los vencimientos y con el
pago y/o capitalización de cada vez mayores sumas de intereses.[4]
Tal la patética situación financiera del
Estado que deja como herencia el gobierno Macri a la nueva administración
Fernández y los términos en que, en principio, tiene que arrancar la misma.
NEGOCIACIONES SECRETAS EN CURSO
Mientras la triada Gobierno-Clase
Política-Medios mantiene silencio de
radio sobre el estado actual de las negociaciones en curso, tanto
autoridades actuales como futuras mantienen febriles conversaciones acerca de
la situación de default argentino derivada de la nueva Crisis de Deuda Macri.
Mientras representantes del Gobierno - como
el Ministro de Hacienda Lacunza y el titular del BCRA Sandleris – y de la futura
administración - como Matías Kulfas y Álvarez Agis – afirman en falso que la
Argentina es solvente para afrontar sus compromisos y que el país no está en
default (mientras Fernández habla de un virtual
default) en Nueva York se ha constituido ya un Comité de Acreedores sobre
el caso Argentino.
El presidente electo ya habría recibido –
según sus propias declaraciones – unas 13 propuestas de reestructuración de
Deuda por parte de Bancos, Fondos de Inversión, Consultoras y otros gestores
individuales de lo que acertadamente se identifica desde hace muchos años como los muchachos del Club de la Deuda, es
decir, del conjunto de actores del submundo financiero institucional que pelean
por espacios de influencia y los jugosos negocios de canje de pasivos,
comisiones, honorarios, gastos, etc.: todo un conjunto de actividades secretas
– porque al amparo de la complicidad de los gobiernos de turno nunca se hacen
públicas – que terminan configurando siempre un grande e impreciso agujero de gastos para el Estado.
Se dice, según los pocos trascendidos
periodísticos, que el Comité de Acreedores (Steering Committee) de Nueva York
(un comité creado cuando la Argentina no ha declarado todavía default!) estaría
compuesto – entre sus protagonistas principales conocidos - por los fondos de
inversión Greylock Capital (de capitales originarios holandeses y cuyo CEO es
hoy Hans Humes), Fidelity (fondo norteamericano de origen familiar cuyo titular
es Edward Johnson III), T. Rowe Price (fondo también norteamericano y de origen
familiar), Amundi (fusión de Credit Agricole y Societé Generale, de Francia),
Blackrock (fondo de capitales judío norteamericano creado y dirigido por Larry
Fink y Robert S Kapito, que es el fondo que manejaría más activos financieros
en el mundo), Marathon, Templeton (fondo norteamericano de origen familiar
presbiteriano, cuyo representante en la Argentina era Gustavo Cañonero, actual
vicepresidente primero del BCRA) y otros.
Estas instituciones financieras
internacionales son parte y/o se suman a la serie de contactos que están
teniendo – en Buenos Aires y en Nueva York – Merrill Lynch, JP Morgan, Banco
Itaú, Bank of América, Monarch, MFN Partners, Investec, VR Capital (fundado y
dirigido por Richard Deitz), Farallon Capital, Lazard Freres (de Francia,
considerado una colateral de la Banca Rothschild) y otros tanto con
funcionarios del gobierno Macri como con los representantes del presidente
electo Alberto Fernández.
Un capítulo especial corresponde a los bancos
españoles con intereses financieros en la Argentina - comenzando por el
principal, que es el Banco Santander, presidido por Ana Botín, y seguido por el BBVA – que sumarían
en conjunto acreencias por unos 23.000 MD y que ya han tomado contacto directo,
aquí y en Madrid, con Alberto Fernández y Mauricio Macri.
La lista de pesos pesados financieros podría extenderse y ampliarse mucho en
cuanto a sus antecedentes y datos de detalle pero esencialmente las
negociaciones que se llevan a cabo por
definición se mantienen en secreto.
Se trata de nuevos Fondos Buitre (FB) que están otra vez revoloteando sobre la
Argentina, al acecho de la nueva reestructuración de Deuda que se avecina y que
se dice podría involucrar la refinanciación de pasivos por el total de unos
150.000 MD: otro nuevo récord histórico para nuestro país y para el Mundo.
En este contexto macro de Crisis de Deuda – y
en línea con la acción de los nuevos FB - se entienden las amenazas diplomáticas que está recibiendo el presidente electo
Alberto Fernández: advertencia del Secretario del Tesoro Norteamericano Steven
Mnuchin de que Estados Unidos “espera
que la Argentina cumpla sus compromisos con el FMI”, llamada del presidente
Trump para saludarlo y ofrecerle su
apoyo para las renegociaciones con el Fondo y paralelo aviso de la nueva
Directora Gerente, Kristalina Georgieva
y su vocero de prensa Gerry Rice en el sentido que el Fondo “está listo”
para encarar nuevas conversaciones con su gobierno.
Una suerte de ofrecimientos imperativos que
son muy difíciles de resistir.
Es un método de comportamiento del capital
financiero y su mundo político en términos parecidos a la frase de Don Corleone
en la famosa película “El Padrino” cuando decía: “voy a hacerle una oferta que
usted no podrá rechazar”.
FONDOS BUITRE Y CENSO DE ACREEDORES
Desde el estallido de la Crisis de Deuda
Macri en Abril de 2018 - como dijimos al
inicio de este trabajo – la caída de los títulos públicos argentinos dio lugar
a un fuerte cambio de manos por compra-venta de bonos, con el ingreso
consiguiente de nuevos fondos especulativos en la Deuda de nuestro país: los
nuevos Fondos Buitre que entraron para lucrar con el diferencial de precios de
cotización.
Entre los pocos datos conocidos se cuenta
especialmente la irrupción de los grandes fondos Black Rock y Templeton, entre
otros, que se los entiende ligados a la administración Trump y su alineamiento
político internacional.
El gobierno Macri, ante su abierto fracaso en
materia económico-financiera, solicitó en Mayo de 2018 el salvataje del FMI para
no tener que declarar el default, para no interrumpir así el pago de intereses
a los acreedores y para poder llegar a completar su mandato en Diciembre de
2019.
Pero al fracaso de su política económica y financiera le siguió
este año el fracaso del Acuerdo Stand-By suscripto por el FMI, lo que llevó a
la suspensión del desembolso de 5.400 MD que debía hacerse en Setiembre pasado,
después de haberle girado a la Argentina 44.100 de los 56.300 MD pactados.
Esto ha colocado al FMI como el principal
acreedor individual del país y éste además, por su condición de Organismo
Internacional, tiene prioridad de cobro en caso de default y a valor nominal del
préstamo concedido.
Por este motivo, en caso de reestructuración
de Deuda no habría renegociación posible con los acreedores sin un acuerdo
previo con el Fondo.
El gobierno Macri reperfiló unilateralmente
gran parte de los vencimientos del segundo semestre de 2019 (los 12.500-14.000
MD citados) – es decir, los pateó para adelante – traspasándolos así al nuevo
gobierno Fernández, con lo que se suman a los vencimientos del 2020.
Como nuestro país no tiene liquidez ni
solvencia para afrontar esta combinación de vencimientos – sumada a la grave
situación del BCRA por su deuda de corto y cortísimo plazo – deviene inevitable
que se proceda a negociar una nueva reestructuración o canje de Deuda con los
acreedores del Estado, empezando por el FMI.
Alberto Fernández – en línea con sus
colaboradores y hasta con funcionarios del propio gobierno Macri – habló de una
“salida a la uruguaya” (por su analogía con el Acuerdo de 2003 entre FMI y
Acreedores Privados bajo el gobierno de Jorge Batlle), lo que supone refinanciar
deuda extendiendo plazos de vencimiento (reperfilamiento) sin quita de Capital
ni rebaja de Intereses.
Dado que la Deuda Argentina es la más cara
del mundo y la mayoría de los tenedores son nuevos Fondos Buitre (FB) que
compraron bonos a precios cuasi-basura (desde 40-45 hasta 30 % de su valor) una
propuesta de este tipo pareciera música a los oídos de estos grupos
especulativos.
Empero, según las estimaciones hechas en base
a Valor Presente de los títulos, a cálculos realizados por economistas y
consultores privados, y también a supuestos requerimientos
del FMI, se piensa que los márgenes de ganancia de los FB serían lo
suficientemente grandes como para que los tenedores de bonos puedan aceptar una
quita de hasta un 20 % del Capital y una rebaja relativa en las tasas de
interés contra un nuevo Megacanje bajo la garantía de un Acuerdo de Facilidades
Extendidas del FMI, que mantendría así su rol de acreedor oficial y auditor de
los Acreedores Financieros del Estado.
Y en función de este acuerdo combinado la Argentina
recibiría como premio el retorno al
Mercado Internacional de Capitales, esto es, la vía para volver a endeudarse en
el Exterior.
Siendo que tales ventajas relativas – como ha
ocurrido siempre en los Megacanjes de Deuda - serían presentadas ante la
opinión pública como supuestos éxitos de
negociación.
Todo esto corresponde por ahora al plano de
las conjeturas y no de los hechos, pero cabe recordar que el Kirchnerismo tiene
malos antecedentes al respecto:
a) En Enero de 2006 el presidente Néstor Kirchner
pagó al FMI por anticipado la totalidad de su deuda con el Organismo: 9.530 MD
(abonados con reservas internacionales del BCRA, que luego fueran repuestas con
Deuda). El pago – lo mismo que había ocurrido días antes con Brasil y otros
países menores – era producto de una exigencia del FMI pero fue presentado como
una forma de liberación del Fondo.
b) Algo parecido sucedió años después, en
2014, cuando el gobierno de Cristina Fernández (CFK) refinanció la Deuda
acumulada con el Club de París por 9.800 MD – gran parte de la cual estaba
investigada por la justicia por la cuestión de la estatización de Deuda Externa
Privada – y lo hizo reconociendo dentro de este total (que era originalmente de
unos 6.000 MD) más de 3.700 MD de Intereses Punitorios.
c) Pese al discurso público del
Des-endeudamiento CFK (que en realidad se refería sólo a la reducción parcial
de la Deuda Externa por conversión a Deuda Intra-Estado) la Deuda Pública Total durante el
Kirchnerismo aumentó unos 100.000 MD entre 2003 y 2015 (de 151 a 254.000 MD).
Y lo más importante: el Megacanje
Kirchner-Lavagna-Nielsen de 2005, que fue vendido a la opinión pública como un
gran éxito de negociación pero terminó en un fracaso (como todas las grandes
reestructuraciones de Deuda, desde los Acuerdos de Nueva York de Alfonsín
1985-1987, el Plan Brady de Menem-Cavallo de 1992-1993 y el Megacanje De la
Rúa-Cavallo del 2001), con el agravante que dejó el agujero negro jurídico y
financiero de los Holdouts, que culminó rematado con los acuerdos de rendición
secretos del gobierno Macri en 2016.
El Megacanje K del 2005 se hizo reconociendo
la legitimidad de títulos públicos que estaban siendo investigados por la
Justicia Argentina (Causas Olmos I-II y Megacanje 2001), aceptando la paridad a
Valor Nominal (VN) de bonos que entonces valían un 25-20 % o menos aún en el
Mercado, y compensando íntegramente a los acreedores una quita de un 44 % con la
entrega de Cupones PBI por 48 %.
Una claudicación real que fue presentada como
exitosa gestión de Deuda hasta la fecha, que amenaza repetirse hoy – aunque en
otros términos y circunstancias – y que notablemente vuelve a tener en juego a
varios de sus protagonistas, como el entonces Secretario de Finanzas, Guillermo
Nielsen y el propio Alberto Fernández, que en ese momento era Jefe de Gabinete
de Néstor Kirchner.
En síntesis:
El gobierno Macri, por culpa de su política
de Gobernar con Deuda, llevó a la Argentina a un nuevo Default, sobrevivió
financiera y políticamente merced a la ayuda del gobierno Trump con divisas
prestadas por el FMI para no interrumpir el pago de intereses a los Acreedores
y en complicidad con los nuevos Fondos Buitre le deja una doble bomba de tiempo financiera al nuevo gobierno Fernández.
En este contexto, la primera medida que
debiera tomar la administración entrante es blanquear la insolvencia del Estado
Argentino, auditar la Deuda Pública y determinar las responsabilidades del
caso; pero para ello – antes de sentarse a negociar - se impone un requisito de
base, de lógica y de transparencia, que es realizar un Censo de Acreedores
financieros del Estado donde quede perfectamente identificado quiénes son hoy
los tenedores de los títulos de Deuda, cuándo los adquirieron, a qué
vendedores, a qué precios y a través de qué entidades realizaron tales operaciones.
Algo que nunca se hizo a lo largo de toda la
Historia Financiera de la Deuda Pública Argentina por la existencia de
complicidad entre los gobiernos de turno y los acreedores reclamantes contra el
Estado.[5]
Y hasta que este punto clave no se aclare
como corresponde todo nuevo Megacanje de Deuda tiene final abierto.
Porque, en materia de Deuda Pública, el rey está desnudo pero está prohibido
decirlo.
[1] Las abreviaturas B$, M$/MD
significan Billones de Pesos y Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se
expresan siempre con redondeo, razón por la que pueden darse mínimas
diferencias entres totales y sumatoria de
términos.
Los
importes se expresan la mayoría de las veces en Pesos y su equivalente (≡) en
Dólares.
[2] Cabe recordar que la gran
masa de depósitos a plazo fijo – que son la principal fuente de fondos con la
que los bancos compran Leliq – no están constituidas por pequeños y medianos
ahorristas (que son muchos en número pero no los más relevantes en cuanto a
importes) sino por grandes fondos internacionales de inversión, que han
ingresado al país para lucrar por arbitraje entre tipo de cambio y tasa de
interés local oficial del BCRA a través de operaciones de carry trade o bicicleta financiera, que se paga en función del sobre-endeudamiento del
Banco producido por la administración macrista.
[3] Aquí no están incluidos los
Pasivos del BCRA por Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera, que son los
encajes por los Depósitos Bancarios en Dólares (475.000 M$ ≡ 8.000 MD) – que
han registrado también una fuerte caída por retiros de fondos – y Otros
Pasivos, que son esencialmente el Swap con China por 1.2 B$ (1.168.700 M$ ≡
19.600 MD).
Un
subtotal de 1.6 B$ (1.643.700 M$ ≡ 27.600 MD) que sumado a las Leliq y Pases
Pasivos da un total de 4.1 B$ (4.144.100 M$ ≡ 70.000 MD).
[4] Hoy el Tesoro tiene
Intereses a Pagar por más de 3.000 M$ por día y paralelamente el BCRA tiene que
afrontar otros 4.000 M$ diarios. Un total conjunto de 7.000 M$/Día.
Tomando
como referencia los intereses a pagar de la Deuda del Estado Central (20.000
MD) y los del BCRA (25.000 MD equivalentes por Leliq y Pases Pasivos) la
proyección de servicios anuales por Intereses de la Deuda Pública conjuntos da
una proyección de unos 45.000 M$ anuales.
Los
intereses de las Leliq están calculados a la tasa actual del 63 % anual y los Pases Pasivos a la del 55-57 %, en
tanto que las de la Deuda del Tesoro fue tomada del Presupuesto en curso 2019
*que ya ha quedado desactualizado por un aumento relevante de más de 350.000 M$
adicionales según DNU del Ejecutivo.
[5] En 2004, mientras se
negociaba la Oferta de Dubai, EAU - presentada en Setiembre del año anterior –
el gobierno Kirchner intentó obtener una suerte de Censo de Acreedores. Para
ello contrató los servicios de la banca Lazard Freres, de París, y abrió
registros al efecto en cinco consulados argentinos en el mundo: Nueva York,
Londres, Frankfurt, Roma y Tokio. El procedimiento, sin embargo, fue boicoteado
por los acreedores, que se negaron a identificarse, liderados particularmente
por el ex funcionario de la Banca de Italia Nicola Stock, que se atribuía la
representación de los bonistas italianos (en su mayoría jubilados que habían
sido estafados por los bancos colocadores y luego vendieron masivamente sus
títulos a Fondos Buitres que los compraron hasta 17 y 15 % de su valor
nominal).
El
gobierno de Néstor Kirchner, bajo la gestión Lavagna-Nielsen, terminó
desistiendo del intento y los acreedores del Megacanje 2005 quedaron así en el
anonimato, resucitando después como
Fondos Buitre.
