"La maldición de los alimentos"
POR JORGE RAVENTOS
La Prensa,
14.01.2021
El gobierno de
Alberto Fernández no termina de acertar una estrategia con "el
campo". Probablemente esa insuficiencia esté ocasionada, en gran medida,
por escombros ideológicos mezclados en los fundamentos del Frente de Todos.
Esta semana, por ejemplo, la diputada Fernanda Vallejos (una pupila dilecta de
Cristina Kirchner), consideró que Argentina sufre "la maldición de exportar
alimentos", una ocurrencia que compite en perspicacia con la famosa
comparación peyorativa de la soja con "un yuyo".
La diputada
alcanzó su banca en 2017 (su mandato actual expira este año) y lo hizo en las
listas de Unidad Ciudadana, la divisa kirchnerista de aquel año, una mezcla en
la que había bajo porcentaje de peronismo.
Es dudoso que
Vallejos se inspire en la tradición peronista, pero es seguro que no coincide
con juicios estratégicos muy claros del fundador del justicialismo, que estaba
muy lejos de considerar las capacidades productivas del país como una
maldición. Véase, por caso, esta afirmación temprana de Perón (1944): "La
técnica moderna presiente la futura escasez de materias primas perecederas y
orienta su mirada hacia las producciones de cultivo. En el subsuelo inagotable
de las pampas de nuestra Patria se encuentra escondida la verdadera riqueza del
porvenir". O esta otra, de tres décadas más tarde: "Solamente las
grandes zonas de reservas tienen todavía en sus manos la posibilidad de sacarle
a la tierra la alimentación necesaria para este mundo superpoblado y la materia
prima para este mundo superindustrializado. Ellos son los ricos del pasado. Si
sabemos proceder, nosotros seremos los ricos del porvenir".
Vallejos es la
misma legisladora que a mediados del último año espoleó el proyecto de
expropiación de Vicentín (en rigor sus aspiraciones iban más allá e incluían la
intervención estatal en las empresas que recibieran ayuda durante la pandemia).
La Casa Rosada disparó, al adherirse a esa propuesta de Vallejos, una
movilización de protesta del "campo" y al poco tiempo tuvo que dar
marcha atrás (lo que no debe confundirse con retroceder al día antes del error:
ya se había regenerado una atmósfera de desconfianza que evocaba las duras
jornadas del año 2008).
¿ERA NECESARIO?
Ahora, la
iniciativa del ministerio de Agricultura de imponer un cepo a las exportaciones
de maíz con el argumento de que había que garantizar la provisión del producto
para necesidades locales volvió a gatillar el conflicto con los productores y
el regocijo de Vallejos.
¿Era necesario?
Los hechos demostraron que no: sólo se trataba de dialogar y negociar. Es
cierto que en el seno de la Mesa de Enlace agropecuaria -que tuvo un rol
protagónico durante el conflicto del 2008- prevalecen sectores predispuestos a
la sospecha y a la baja tolerancia, pero el gobierno tiene ahora la posibilidad
de interlocución con el Consejo Agroindustrial Argentino, un colectivo que
reúne más de medio centenar de organizaciones y que refleja mejor la
complejidad y los matices de las más de 30 cadenas agroindustriales que existen
en el país. De hecho, fue del diálogo con el Consejo (y de las tratativas
sectoriales en el seno del Consejo) que surgió la vía de escape de la
desafortunada medida del cepo.
No hacía falta
esta disposición antipática: hay suficiente maíz para satisfacer la demanda
doméstica. Los productores de pollo, para quienes el maíz es un insumo
indispensable, están principalmente preocupados por la incidencia sobre los precios
internos de la onda alcista que estos experimentan en el mercado mundial. Los
productores de maíz prefieren venderle a los exportadores (que pagan
virtualmente cash) que a los polleros locales, que pagan después de producir y
vender el pollo; los sectores consumidores y proveedores de maíz, "en
sintonía con el Programa Nacional Precios Cuidados", convinieron trabajar
en un acuerdo de largo plazo: "se habló como ejemplo de la constitución de
un Fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de
desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a
transformadores de maíz", expusieron al fin de sus deliberaciones.
El sábado 9,
Silvia Naishtat había adelantado en Clarín que "a Jorge Neme, desde
Cancillería -donde es secretario de Comercio Internacional- se le ocurrió
activar un mecanismo vía las sociedades de garantía para igualar los plazos de
pago de la industria con los exportadores", una señal de que en el
gobierno hay quienes construyen soluciones mientras otros arman problemas.
¿POR QUE COMPRAR
CONFLICTOS?
La Casa Rosada ya
afronta suficientes dificultades en el terreno de la salud (rebrote pandémico,
demoras y sospechas sobre la compra y la aplicación de vacunas, iniciativas
kirchneristas sobre el sistema de salud, inquietud gremial por una eventual
ofensiva K sobre las obras sociales, reclamos de la medicina privada por
motivos similares) como para comprarse una guerra con el campo, que sin embargo
se enciende una y otra vez, tanto por arcaísmos ideológicos como por torpezas
operativas.
Adoptar medidas
sin escuchar al sector y sin negociar con paciencia, es atribuible a la
impericia. En cambio, la "maldición" que detecta Vallejos (y con
ella, muchos que comparten su mirada) forma parte de la primera categoría. Algunos
números de esa maldición: el agro provee veintitrés de cada cien empleos del
sector privado, en rigor, más de treinta de cada cien si se consideran todas
las cadenas agroindustriales (sin sumar ni transporte ni servicios). Las dos
terceras partes de los ingresos por exportaciones las aporta el agro; todas las
cadenas agroindustriales contribuyen con un tercio del producto bruto interno.
Parece claro que
el objetivo de "cuidar la mesa de los argentinos" no pasa por
castigar las capacidades del sector, sino por estimularlas y despejar de
obstáculos que impiden alcanzar niveles parejos de productividad y
competitividad a aquellas regiones o cultivos perjudicados por la distancia,
los déficit logísticos o las cargas excesivas.
El gobierno ha
consumido una cuarta parte de su período sin terminar de comprenderlo y actuar
en consecuencia. Es importante, pero no es el único: este asunto está integrado
a la lista de asignaturas pendientes de la administración Fernández.
GANAR (O PERDER)
TIEMPO
Es posible que en
alguna mesa chica del oficialismo se especule con la idea de que esas materias
seguirán en suspenso hasta después de la elección de medio término, prevista
para octubre. Y, hasta entonces, todo será un acomodarse a las circunstancias,
un camino de avances y retrocesos con algunos hitos importantes: llegar sin
sobresaltos adicionales al tiempo en que ingresen los dólares de la cosecha,
alcanzar en tiempo prudencial el acuerdo con el FMI, evitar una disparada del
dólar, contener en porcentajes no alarmantes la inflación, sostener la
situación social y el consumo interno. Todo ello, rezando para que la pandemia
no imponga desafíos política y administrativamente inabordables.
Lo cierto es que
esa estrategia no está exenta de costos para la Casa Rosada (el nexo del
Presidente con su base propia de sustentación se debilita paulatinamente) y el
objetivo -alcanzar una consolidación hegemónica después del comicio- es de muy
difícil cumplimiento. Tanto porque la persistencia de los problemas desgasta
más al gobierno que a la oposición, como por el hecho de que la elección, si
eventualmente concluyera de acuerdo a las mayores expectativas oficialistas,
podría resolver la relación de fuerzas entre coaliciones, pero no zanjaría la
cuestión principal: la pulseada objetiva entre el poder presidencial y el
liderazgo político del oficialismo, que ejerce la señora de Kirchner y
determina significativamente el rumbo del gobierno.
Con esa
perspectiva de fondo, el año promete, al promediar enero, un plano inclinado de
repeticiones, con algunos momentos destacados y un clímax en el último
trimestre, con un resultado electoral que, si no define un final plausible
puede empujar al público a abandonar sus butacas.
