EN EL ATLÁNTICO SUR, DE LOS RECURSOS MIGRATORIOS
ARGENTINOS
César Lerena, 12-3-21
Según lo publicado
por Clarín (Natasha Niebieskikwiat, 8/3/2021) la organización ambientalista
Greenpeace cuenta que «el Atlántico Sur es una zona sitiada y sometida por
estas horas a la depredación de los recursos por parte de cientos de barcos
extranjeros, la mayoría chinos, pero también coreanos y españoles que, según un
monitoreo efectuado en 2019 ya mostraba signos de agotamiento por la
sobreexplotación de los recursos (…) El descontrol pesquero es tal, que a la
fecha del monitoreo (…) Greenpeace contabilizó al menos 470 buques extranjeros
sobre todo en la zona conocida como Agujero Azul, frente a las costas
patagónicas a la altura de Chubut y Santa Cruz (…) mientras que en la Zona
Económica Exclusiva Argentina se concentran unos 270 barcos (NdA: suponemos
nacionales). Los buques que están el Agujero Azul están extrayendo calamar y
otras especies en apenas 5.000 kilómetros cuadrados (…) están acompañados por
cuatro buques petroleros -como gigantescas estaciones de servicios- y por ocho
buques frigoríficos que reciben las capturas directamente de los pesqueros para
transportarlas al país de destino final, sin pasar por ningún control (…) El
Gobierno (…) reforzó las multas para la pesca ilegal (…) El Ministerio de
Seguridad y el de Defensa anunciaron mayores controles y en el caso del segundo
se acaba de crear un Comando Marítimo para combatir los ilícitos. Pero estos,
que ya presentan dificultades por la falta de instrumentos marítimos y aéreos
para perseguir infractores, sólo pueden actuar en aguas nacionales (…)-
Greenpeace busca movilizar a la comunidad
internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado
Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios
oceánicos en aguas internacionales. El "Agujero Azul" es parte de
esta red. Complementario con este tratado, el cual Argentina ha estado
impulsando y liderando en este sentido a los países de la región, existe un
proyecto de ley para la Creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el
Agujero Azul, la cual sería una primera medida para asegurar la protección del
Mar Argentino, su rica biodiversidad y sus ecosistemas. La sanción de esta ley
está pura y exclusivamente en manos de nuestros legisladores” afirmó Vueso de
Greenpeace».
Bueno, empecemos
por decir que Greenpeace, logra visibilizar algunas de las cuestiones, como la
pesca ilegal, que alguno de nosotros viene denunciando desde hace décadas, en
buena hora, pero para entender esto en toda su dimensión, deberíamos separar la
paja del trigo, no importa tanto donde se produce la pesca ilegal como decir
claramente algo que Greenpeace no denuncia: que esos recursos que se pescan
mayoritariamente en forma ilegal tanto en el área de Malvinas como en el
llamado Agujero Azul y, en general en alta mar más allá de las 200 millas de la
Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina son recursos migratorios argentinos
que migran en su ciclo biológico desde la ZEE hacia alta mar y desde ésta
regresan a la ZEE Argentina sino son capturados antes en su trayecto por estos
buques que pescan en forma ilegal depredando el ecosistema.
La comunidad internacional como la Argentina
no terminan de tipificar claramente el dominio de estas especies y se limitan a
decir que la pesca en alta mar es libre, cuestión, que como me he referido en
reiteradas oportunidades es falso, porque la libertad que refiere la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (CONVEMAR) no es una libertad absoluta y sin límites y, mucho menos
puede ser depredatoria porque iría precisamente con el objeto principal de la
CONVEMAR, que es preservar los recursos pesqueros a perpetuidad.
La Argentina al
ratificar la CONVEMAR por Ley 24.543 observó y dejó claro en el art. 2º inc.
c): «…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la
conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta
Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la
Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se
encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la
Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en
el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la
conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar.
Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir
con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los
recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para
adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que
considere necesarias a tal fin».
Nada que ningún funcionario argentino
responsable (los Secretarios de Pesca y de Malvinas, entre otros) se halla
ocupado de dar cumplimiento, beneficiando no solo a los buques extranjeros
depredadores sino muy especialmente a los que pescan en Malvinas y consolidan
al gobierno británico en las Islas. Hoy el secretario de Malvinas Daniel Filmus
y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman han sido incapaces de iniciar
acuerdos consensuados con los sectores empresarios y trabajadores para llevar
los instrumentos necesarios para terminar con la pesca ilegal que nos aleja de
la recuperación de Malvinas, daña el ecosistema pesquero, la economía y el
desarrollo poblacional, industrial y laboral del litoral marítimo y muy
especialmente el patagónico.
Estamos
absolutamente a favor de dar sostenibilidad a la explotación pesquera y a
cuidar el ambiente, pero absolutamente en contra de multilateralizar el área.
La Administración de los recursos en el Atlántico Sudoccidental deben estar en
manos de la Argentina (y Uruguay en su zona) y en sus respectivos espacios
marítimos de todos los Estados ribereños en cuyas ZEE se originen los recursos.
Cuando Greenpeace «busca movilizar a la comunidad internacional para que desde
las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita
la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales (y,
amplia) el "Agujero Azul" es parte de esta red.
Complementario con
este tratado, el cual Argentina ha estado impulsando y liderando en este
sentido a los países de la región, existe un proyecto de ley para la Creación
de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul» está promoviendo
asegurar un área de protección de recursos que serán explotados por los buques
extranjeros licenciados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(en adelante Reino Unido) en Malvinas, como ocurre con el Área Marina Protegida
de un millón de km2 alrededor de las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur o
el Área Marina Namuncurá, donde las especies migran hacia el área de Malvinas y
son explotadas. O ¿Alguien tiene duda de las razones de la presencia de la
patrulla americana y el submarino atómico de Estados Unidos en el Atlántico Sur
en estos últimos tiempos? Ocupar un espacio marítimo estratégico y presionar
sobre los buques chinos que le dificultan el otorgamiento de licencias
británicas (ilegales) pesqueras a los buques españoles, coreanos y taiwaneses
en el área de Malvinas.
Que nos quede claro: la cuestión central es la
titularidad de los recursos migratorios originados en la ZEE. La Argentina
tiene suficiente capacidad técnica para administrar los rendimientos máximos
sostenibles, la instauración de limitaciones y vedas, etc. no necesita de
ningún santuario.
Accesoriamente,
pese a lo indicado en Clarín por Natasha Niebieskikwiat, el control en la ZEE
es insuficiente y el aumento de multas inocuo, de hecho, desde que el Congreso
sancionó el aumento de las multas por la Ley 27.564 el 16/9/2020 no se aplicó
una sola multa a buques extranjeros.
La pesca ilegal
ocurre desde hace más de 50 años por parte de buques chinos, españoles,
coreanos, taiwaneses, japoneses, rusos, polacos, portugueses, etc. en el
Atlántico Sur. A su vez, desde 1982 en Malvinas y, con permisos ilegales
británicos, pescan, especialmente británicos, españoles y asociados entre
ellos, buques que capturan unas 250 mil toneladas anuales, lo que equivale, a
un valor del orden de los mil millones de dólares anuales. A su vez, en alta
mar, buques extranjeros capturan unas 750 mil toneladas de recursos migratorios
originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de dominio del Estado
Argentino, lo que, junto a las capturas en Malvinas significan una extracción
anual del millón de toneladas de un valor estimado en los cuatro mil millones
dólares; es decir, el doble de las exportaciones pesqueras argentinas y, desde
1982, cuando se internacionalizó el Atlántico Sudoccidental, se extrajeron
productos pesqueros por un valor de 152 mil millones de dólares.
La FAO (2016, p. 5/6) estima que al menos el 30% de
las capturas en el mundo son ilegales, generando unos 36 mil millones de
dólares anuales, lo que lleva a clasificar la pesca ilegal como un problema de
seguridad y, si bien, tradicionalmente, la seguridad sólo incluía a los
gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, p. 273), en la
actualidad «nuevos enfoques proponen la idea de la seguridad humana” y alcanzan
a la supervivencia y el bienestar de las personas.
El Informe de la
ONU (1994) sobre Desarrollo Humano examina las amenazas a la seguridad de
carácter económico, ambiental y social y en el documento sobre la Estrategia
Nacional de Seguridad Marítima (2005) se asocia la explotación indebida de los
recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y,
afirma, que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a
conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere medidas más
agresivas» (L. Vaz Ferreira). Ante la presencia china, los intereses británicos
y, la parálisis argentina, no debería asombrarnos la presencia de una patrulla
y un submarino nuclear de Estados Unidos en el Atlántico Sudoccidental, en
consonancia con el reciente (febrero/21) anuncio del nuevo presidente Joe Biden
de una Task Force contra China.
Nada más evidente que la Pesca ilegal que realiza en
el área de Malvinas, donde el gobierno ilegal otorga licencias a entre 100 y
200 buques extranjeros, infringiendo todas las leyes nacionales e
internacionales y, la propia indicación de no innovar de la Resolución de las
Naciones Unidas 31/49. Por fuera de esta área y más de allá de las 200 millas
marinas casi 500 buques pescan igualmente en forma ilegal.
Se entiende como
Pesca ilegal, y con el tecnicismo de INDNR (ilegal, no declarada, no
registrada) a aquella pesca que se realiza infringiendo las leyes nacionales,
regionales y/o internacionales; donde no se declaran o se declaran en forma
inexacta las operaciones; las que no se ajustan a las reglamentaciones de los
Estados o, no pueden controlarse las capturas y/o desembarcos porque los
transbordos se efectúan en alta mar; las que reciben subvenciones de los
Estados facilitando este tipo de pesca; las que sobreexplotan los stocks
disponibles de peces, o no hay forma de determinarlo y otras irregularidades
afines.
Pescar en forma
ilegal; depredar los recursos pesqueros y desequilibrar el ecosistema del mar
argentino no es solo una cuestión de violación de la soberanía; ni solo un tema
económico. Tampoco solo una cuestión social si no, que es atentar contra los
derechos humanos de tercera generación: derechos al desarrollo sostenido y a la
protección natural del ambiente y de los recursos de las próximas generaciones
y, por lo tanto, debe ser tratado y penado como tal. Un grave atentado al
ecosistema y a la humanidad, donde la Convención del Mar (CONVEMAR), no podría
limitar los derechos de los Estados ribereños -los titulares del dominio de las
especies migratorias de la ZEE- ya que sería contrario a su espíritu de
asegurar la sostenibilidad de las especies y, donde países como Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, México, Perú, la Unión Europea,
Venezuela, etc. habiéndola aprobado o no, consideran a la pesca ilegal un
delito penal o sugieren su aplicación para combatirla, ya que han entendido,
que no alcanza con la acción civil para desalentar la pesca ilegal.
La CONVEMAR, en su
Preámbulo manifiesta que, los Estados Parte están «…conscientes que los
problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y
han de considerarse en su conjunto» y deben tener en cuenta «…en particular,
los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…» y, en este
sentido, la pesca ilegal impide el desarrollo económico, laboral y social de la
Argentina y, muy especialmente del litoral patagónico y de Tierra del Fuego, un
área estratégica frente a la ocupación británica del área meridional del
Atlántico Sudoccidental y los archipiélagos australes.
La pesca ilegal no se trata de un hecho aislado, sino
de una operación inconsulta y masiva de Estados de Bandera provistos de miles
de grandes buques factorías subsidiados que depredan el mar sin control alguno
o, en el caso de las licencias ilegales británicas en Malvinas explotan y
comercializan productos con base de proteína que se les quita a la Argentina
donde la pobreza alcanza al 44%, contrariando por tal razón uno de los objetos
centrales de la CONVEMAR y la FAO.
La CONVEMAR,
establece una serie de obligaciones a los Estados Ribereños y a los de Bandera
que capturan en la ZEE y, ello es absolutamente razonable, porque el ecosistema
es único e indivisible y, por lo tanto la sobrepesca en la ZEE afecta los
recursos que migran a alta mar, tanto, como la sobrepesca en alta mar afecta
los recursos en la ZEE, razón por la cual, los Estados de Bandera en alta mar
están obligados a acordar la captura con los Estados ribereños, ya que resulta
un absurdo que especies migratorias como el calamar, la merluza y otras
especies, que son de dominio de Argentina, por el solo hecho de transponer la
línea imaginaria de las 200 millas, transmute, cambie de titularidad y, sea
apropiado libremente, por cualquier embarcación extranjera, provocando un grave
desequilibrio en el ecosistema argentino.
Por su parte, la
libertad de pesca en la Alta Mar a que refiere la CONVEMAR (art. 87º inc. e y
el 116º), como he dicho, no es una libertad absoluta, y está acotada a los
textos ya citados del Preámbulo de la CONVEMAR y, «ejercida por todos los
Estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los otros Estados en
su ejercicio de la libertad…» y que, entre los deberes del Estado de Bandera
(art. 94º) se encuentran «el control de la contaminación marina; el combate a
la piratería; la adopción de medidas de cooperación y administración de los
recursos vivos (Art. 117/118º); la determinación de las capturas permisibles y
la conservación, teniendo en cuenta la interdependencia o asociaciones de las
especies y el esfuerzo de pesca (Art. 119º).
La ZEE y la alta
mar deben tratarse como un todo y, no es posible, que las producciones
pesqueras puedan ser sostenidas sin la resiliencia ecológica e integridad del
ecosistema. La propia directora de Recursos Naturales de los británicos en
Malvinas Andrea Clausen (MercoPress, 7/5/2020), dijo: «generalmente hay unos
400 buques chinos operando en el Atlántico sur (…) todas estas capturas
ilegales son muy al norte de la ZEE de Falklands, si bien la captura del
calamar Illex pertenece a la misma biomasa…». En palabras británicas una
confesión, que ratifica que los recursos de Malvinas migran desde el continente
argentino.
La creciente
demanda de productos pesqueros incrementó la pesca a distancia en todo el
mundo, al aumentar las capturas para satisfacer la demanda (Pauly; Zeller,
2016), pudiendo, esta expansión provocar enfrentamientos por los recursos en un
ámbito tan amplio, donde la soberanía de los Estados ribereños está debilitada.
La Argentina es el caso, con la presencia británica, china, española, coreana,
etc. El Reino Unido en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima (2014)
«expone la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo,
incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como
la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad». Ese
mismo año, la Unión Europea, incluye a la pesca ilegal, como una amenaza para
la seguridad marítima de sus Estados miembros y en 2016 el Consejo Nacional de
Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema
de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria
y económica que beneficia al crimen organizado transnacional.
En este escenario resulta central, que la Argentina
promueva la declaración de dominio de los Estados ribereños de los recursos
migratorios que se originan en sus ZEE; declare estas la pesca ilegal un delito
penal y la incorpore al artículo 186º del Código Penal e inicie las acciones
para tipificar de contrabando las exportaciones de productos desde Malvinas.
Son hechos gravísimos sobre los que la Argentina debería actuar en forma urgente.
