Despenalización
del cannabis en América Latina
enfrenta desafíos políticos, religiosos o
económicos
Alicia Mendoza
Marzo 1, 2023
A lo largo de
América Latina existe una tendencia hacia la despenalización del uso personal
de cannabis, pero con avances desiguales debido a factores económicos,
políticos y culturales de cada país, nos dijo Fausto Ferreyra, especialista en
temas de drogas en la región.
El nivel de
despenalización aumenta con respecto al ingreso económico, el grado de libertad
individual que garantiza su sistema democrático y la extensión de la
preferencia por la ciencia frente a la religión de cada país, según la
investigación de Fausto Gabriel Ferreyra, quien es maestro en Ciencias Sociales
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México).
En general en
América Latina, “la agenda de la sociedad civil ligada a los usos médicos
reconocidos del cannabis es la que ha mostrado mayor éxito para incidir en el
Estado”, como el acceso a terapias con productos derivados del cannabis, nos
expuso el estudiante del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL),
Argentina.
El especialista
nos explicó que los gobiernos en la región han tenido más dificultades a la
hora de explicar una decisión para despenalizar el uso lúdico o recreativo de
la marihuana, que es una legislación más permisiva que se aborda desde el
ejercicio de los derechos individuales, no el uso medicinal.
Uno de los
hallazgos de “Despenalización del uso personal de cannabis en América Latina:
un aporte para su medición y análisis” es que a escala regional las
organizaciones religiosas – particularmente católicas y evangélicas– han sido
en los últimos años “actores decisivos de las políticas de drogas, con especial
énfasis en las tareas terapéutico-asistenciales de rehabilitación”.
Según los datos
que encontró, en América Latina la oposición a alternativas regulatorias no
penalizantes del uso del cannabis “es ampliamente mayoritaria entre las
personas que manifiestan alguna pertenencia religiosa”.
Ferreyra investigó
el vínculo entre religión y ciencia y encontró que en latinoamericana el grado
de despenalización del uso personal de cannabis “parece estar distribuyéndose
también en función de factores culturales” como el modo en que se dirime la
tensión entre ciencia y religión.
Es decir, el
conocimiento aportado por la ciencia ha sido un actor importante en la
aprobación de leyes despenalizantes, especialmente en los casos de uso
medicinal de la cannabis.
Además, otro
factor que tiene relación con la despenalización de la marihuana es el sistema
político. Ferreyra analizó la dimensión liberal de las democracias y el nivel
de despenalización en América Latina y constató que la “tendencia de
despenalización ha proliferado con más fuerza en los países cuyos sistemas
políticos conceden mayores garantías individuales”.
De igual forma,
según el análisis de Ferreyra, “el grado de despenalización del uso personal de
cannabis en la región se vuelve más intenso y generalizado conforme aumenta el
ingreso (el Producto Interno Bruto) de los países”.
Hasta el momento,
el único país de la región que ha despenalizado y regulado completamente los
usos del cannabis es Uruguay. Este país tiene un legado liberal muy fuerte
desde hace décadas, pues no penalizaba a las personas consumidoras de cannabis,
nos dijo el investigador.
Otro país que se
ha propuesto profundizar en la no criminalización de las personas usuarias de
cannabis y la regulación del mercado es Colombia. El presidente Gustavo Petro
estableció en su Plan Nacional de Desarrollo una clara intención de avanzar en
la regulación no solamente del cannabis, sino de las sustancias psicoactivas,
legalizarlas en general.
En octubre de
2022, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el proyecto que legaliza
la marihuana para consumo adulto. Pero aún falta que la iniciativa sea
discutida y aprobada por todo el Congreso colombiano, que se prevé sea durante
el primer semestre de 2023.
Hasta ahora, en
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina no existe una ley
que autorice que las personas puedan consumir, portar o vender cannabis. Pero,
en caso de hacerlo, no serán sancionadas con penas graves, sino con sanciones
cívicas. Esto es semejante a lo que se pretende en México con la despenalización
de su uso recreativo, como lo reportamos en esta nota.
De acuerdo con la
investigación de Fausto Ferreyra hay un conjunto de países que tiene penalizado
a nivel nacional el uso personal del cannabis, tanto con fines médicos como no
médicos, donde tampoco ha habido sentencias por parte del Poder Judicial para
regular en este materia.
A excepción de
Bolivia y Venezuela dicho grupo se encuentra integrado por países de la región
central del continente americano. Estos países no cuentan con “ordenamientos
legales que despenalicen en algún grado” el uso del cannabis y la severidad de
las penas varían en cada país.
Por ejemplo, en
Cuba la legislación no distingue entre uso medicinal y no medicinal, tampoco
tipifica específicamente el uso personal, establece sanciones que oscilan entre
seis meses hasta dos años de prisión para la “tenencia simple” de cannabis. Y
cuatro a diez años para quien cultive.
En cambio, Bolivia
estipula penas menores. En el país andino el cultivo se penaliza con uno a dos
años de prisión, mientras que la tenencia para consumo se tipifica con la
reclusión forzosa en un instituto sanitario “hasta que se tenga convicción de
su rehabilitación”.
En Argentina la
Iglesia católica se ha convertido en un actor de peso, en una voz autorizada en
esta materia. La iglesia en este país pasó de ser un actor más o menos marginal
en el tema drogas a involucrarse más en el desarrollo de programas y políticas
de prevención, hasta convertirse en un actor dominante para “obstaculizar
iniciativas” que buscan regular el uso del cannabis.
Aunque especificó
que esto es solo en el escenario argentino y no se puede aplicar a los demás
países porque hay que analizar qué factores específicamente están incidiendo
sobre sobre la imposibilidad de profundizar en la despenalización de la
marihuana.
“Que actores de
este tipo (la Iglesia) ocupen lugares cada vez más institucionalizados y más
importantes en la política pública atenta contra la posibilidad real de avanzar
en caminos legales alternativos a la prohibición”, nos expuso Ferreyra.
En Argentina el
proceso de despenalización del uso personal se abrió desde 2017, cuando se
estableció la ley de de uso medicinal del cannabis. A partir de ese año se
avanzó más hacia el reconocimiento de reclamos de los usuarios medicinales.
Hasta que en mayo de 2022, en la actual administración del presidente Alberto
Fernández, se reconoció el derecho a cultivar cannabis con fines medicinales.
Pero la agenda del
activismo del movimiento cannábico de usuarios no medicinales y por los
derechos humanos “quedó relegada” o se acopló al nuevo movimiento de personas
usuarias medicinales, puntualizó el investigador.
Ferreyra considera
que lo anterior sí es una tendencia general en América Latina. Y puso como
ejemplo a Panamá donde, entre 2021 y 2022, también avanzó en el reconocimiento
del acceso medicinal del cannabis limitado.
De Uruguay a
México
Para Jorge
Hernández Tinajero, especialista en temas relacionados con las drogas, la única
manera de avanzar en la despenalización de la cannabis en México sería
“concentrarnos única y exclusivamente en legislar sobre las sentencias de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Esto para que el
cultivo privado sea realmente permitido, es decir, que no se tuviera que tener
un permiso o ampararse para tener un cultivo privado sin fines de comercio.
Y para contar con
una regulación que respete los derechos humanos, es decir, que “se considere al
usuario no como un cliente, sino como un sujeto de derecho, un ciudadano de
plenos derechos”. Porque, hasta el
momento, “los usuarios de droga pareciera que no tienen derechos”, nos explicó.
El también autor
del libro La mota: Compendio actualizado de la mariguana en México, nos dijo
que la legalización de la cannabis en Uruguay no ha logrado impactar en México.
Señaló que “la
izquierda en México debería de estar un poco avergonzada” de que el gobierno de
izquierda del ex presidente uruguayo, José Mujica, avanzó en la legalización y
en México el tema sigue detenido desde hace cinco años, a pesar de las
sentencias de la Suprema Corte.
En Uruguay, a
partir de la legalización del cannabis en 2013, nos dijo, no existen mayores
problemas ni de seguridad ni de violaciones de derechos humanos contra quienes
usan la marihuana. Dos logros muy importantes que en México los políticos “no
quieren ver” para aprobar de una vez por todas una legislación integral que
regule el uso y consumo del cannabis, nos dijo el también integrante del
Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas.
Hernández Tinajero
señala que en México, el presidente López Obrador “ha sido omiso en reconocer
públicamente que los usuarios de drogas tienen derechos y ha declarado en
distintas ocasiones que el uso de drogas ‘debe ser estigmatizado’, con lo que
cualquier perspectiva de cambio cualitativo no puede ser considerada realista
en los próximos años”.
Además de que la
resistencia a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte en materia de
cannabis apunta a la continuidad de políticas represivas hacia las y los
usuarios, así como a la profundización de medidas probadamente fallidas y
contraproducentes para toda la sociedad, no sólo para las personas usuarias.
Finalmente,
consideró que en América Latina igual que México es muy conservadora en materia
de despenalización y que el ejemplo para la despenalización viene de los
Estados Unidos, donde estado por estado ha ido revelándose para regular el uso
de la cannabis.
