y bien común
POR GERMÁN
MASSERDOTTI
La Prensa,
11.06.2024
La Facultad de
Derecho de la UCA organiza, con el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), el curso ‘Política económica y bien común’. Hoy
expondrá el profesor Daniel Passaniti sobre “Política económica y bien común,
una visión superadora de las ideologías’, el martes 18 el profesor Luciano Di
Gresia sobre ‘La puja fiscal federal y el sistema previsional en Argentina’ y
el martes 25 el profesor Patricio Bulgheroni sobre ‘Justicia social y
redistribución del ingreso ¿son compatibles con una economía de mercado?’. La
modalidad es virtual.
A continuación, el
diálogo mantendino con Daniel Passaniti, director del curso:
-¿Cómo surge la
idea de esta curso?
-El curso se
encuadra en el Programa de Extensión y Compromiso Social de la Facultad de
Derecho de la UCA. Lo dirijo como profesor de la Facultad. Se realiza desde
hace unos años sobre temáticas políticas, sociales y económicas desde una
cosmovisión cristiana mediante tres o cuatro conferencias virtuales tanto en el
primero como en el segundo semestre del año.
-¿Por qué es
necesario plantear una relación de la política económica con el bien común
desde una visión que supera a las ideologías?
-El bien común,
causa final del Estado, tiene su correlato en la economía. Para concretar las
condiciones sociales en ese ámbito, el Estado tiene como herramienta la
política económica. Sus objetivos son: 1) crecimiento económico; 2) estabilidad
económica; 3) equilibrio del sector externo; 4) pleno empleo y 5) equidad
social. Estos dos últimos objetivos son prioritarios por ser exigencias del
bien común. Sólo a partir de una visión realista y de una correcta concepción
del Estado puede superarse la utópica visión ideológica que, con sus matices,
hace del Estado un aparato demoledor de las libertades económicas y de la
iniciativa privada (asistencialismo) o prescinde del mismo haciendo del mercado
un dogma y el principio rector de la actividad económica (liberalismo).
Vale recordar el
lema de la Economía Social de Mercado que hizo resurgir a la Alemania de la
posguerra: “Tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.
Aquí se hace presente la prudencia política del gobernante en materia social y
económica preservando la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos y de
las organizaciones sociales intermedias (principios de Subsidiariedad y
Solidaridad).
-Justicia social,
para algunos, suena a mala palabra. ¿Cuál sería una recta concepción de la
justicia social?
-La gestión de
gobierno del presidente Milei adhiere conceptual y filosóficamente a las ideas
anarco-capitalistas y libertarias de David Friedman, hijo de Milton Friedman
(Escuela de Chicago). Friedman hijo proclama una sociedad sin gobierno, por
cuanto éste es hacedor de actividades ilícitas como el cobro de impuestos, y
que sólo la propiedad privada y el mercado libre hacen posible la libertad y
que cada individuo controle su propia vida, en una sociedad interdependiente de
la colaboración voluntaria. El Presidente también sigue el pensamiento de la
Escuela Austríaca de Economía de Mercado. Por ejemplo, Friedrich von Hayek
afirma: “(…) He llegado a considerar la justicia social nada más que como una
fórmula vacía (…) La expresión justicia social por lo general se emplea hoy
como sinónimo de lo que antes solía llamarse justicia distributiva”.
Hace falta
precisar. La justicia distributiva refiere a la obligación del todo (Estado)
para con las partes (ciudadanos). Su objeto propio es redistribuir la renta
nacional en forma equitativa y proporcional teniendo en cuenta a los más
necesitados.
La justicia legal
refiere al ordenamiento de las partes (ciudadanos) respecto del todo (Estado),
y en la que el Estado impone las cargas en orden al Bien Común con sustento en
el criterio de proporcionalidad. Esta justicia supone la obligación moral de
los ciudadanos de pagar impuestos y de contribuir en función de su patrimonio e
ingresos con el Bien Común, pero también exige que el sistema tributario no sea
confiscatorio.
La justicia social
es un concepto más amplio y general que el de justicia legal y engloba las
responsabilidades de los gobernantes y de los gobernados, es decir de todo el
cuerpo social respecto de los más necesitados y más rezagados en la
participación del bien común.
En síntesis, el
Estado no es una organización criminal, el cobro de impuestos no es un robo y
la justicia social no es una aberración ni la responsable del nivel de pobreza
en Argentina. Se debe a otros
motivos. Ojalá las actuales autoridades así lo entiendan, sean realistas y
distingan con claridad –lejos de todo fundamentalismo y de toda ideología- lo
que es de lo que debe ser. Esto les permitirá, como afirmó el Papa Francisco,
ejercer el poder para la construcción de sociedades justas. Sólo así será
legítima la autoridad que la mayoría del pueblo argentino les ha confiado.
- Una vez que
acabe este curso, ¿está pensado continuarlo con algún otro de temática similar?
-Efectivamente, en
el segundo semestre del año se realizarán nuevas charlas virtuales sobre
temáticas que hacen a cuestiones sociales, políticas y económicas que nos
ocupan y preocupan, por supuesto, siempre desde la cosmovisión realista y de la
correcta antropología social que enseña la Doctrina Social de la Iglesia.