Sorge, 23-4-12
Quien esto escribe,
comprende ahora la verdadera dimensión de las palabras vertidas en su alocución
por el joven economista ante el Senado de la Nación, Axel Kicillof, cuando el
flamante dirigente -quien declama tener hipnotizada a la Señora Presidente-
dijera: “LA SEGURIDAD JURÍDICA ES UNA PALABRA O CONCEPTO PROPIO DE CAPITALISTAS
O EMPRESARIOS QUE NO TIENE VALIDEZ ALGUNA PARA ESTE GOBIERNO”. En otras palabras,
pura retórica de leguleyos o cagatintas de manuales jurídicos.
A fines de la pasada
semana, dióse a conocer una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el
caso de los juicios por haberes militares y de Fuerzas de Seguridad -Caso
Zanotti-, por el cual se dictaminan los cálculos que deben realizarse para la
liquidación de sentencias judiciales ganadas en primera y segunda instancia.
Tema este que el mismo Excelentísimo Tribunal había dirimido un año atrás, en
diversos fallos de actualización de haberes, y siempre acorde a leyes como la
19.101 y/o 25.520.
En su momento -como
correspondía-, la Corte emitió dictamen, reconociendo que, por haber, se
comprende a todas las sumas que componen un salario, las eufemísticamente
denominadas “No bonificables ni remunerativas” que el Estado Nacional suele
abonar en distintas de las áreas bajo su administración y que luego, al momento
del retiro o jubilación, no son contabilizadas para el correspondiente calculo
del haber jubilatorio. En los casos ya fallados por el tribunal se reconocía,
obviamente, el total de esas sumas en casos. Tal como sucediera con el
denominado Caso Salas y/u Caso Oriolo, ex segundo jefe de la Policía Federal.
Pero hete aquí que
estimamos que, por razones obvias de un modelo acabado -verdadero mamarracho
económico-, el Gobierno Nacional se ha quedado sin caja. Muy sencillo y bien
simple: está quebrado y no puede continuar subvencionando a todo el mundo todo
el tiempo. Finalmente, opta por la herramienta más sencilla, esto es, manipular
y dirigir sentencias judiciales… al mejor estilo bolivariano.
La Corte Suprema de
Justicia de la Nación resulta sugestivamente permeable a los deseos del Poder
Ejecutivo. Los deseos de este último se convierten en órdenes; se dictan nuevas
sentencias manu militari, siempre y cuando esas sentencias no perjudiquen a los
supremos padres de la Patria en el pago del impuesto a las ganancias o sus
jubilaciones de 95 mil pesos por mes, como lo reconoció la primera mandataria
oportunamente.
Señores: la presente
aberración jurídica demuestra palmariamente que en la Argentina no solo no
existe la seguridad jurídica; tampoco existe la división de poderes, que
resulta en una evidentísima entelequia. Nos encontramos en presencia de una
Administración que puede jactarse de la frase del Luis XIV, monarca
absolutista: “El Estado soy yo”.
¿Quién es hoy el
Estado en la Argentina? ¿Acaso es La Cámpora? Se trata de los jovenzuelos que
definen los modos de expropiar una firma, al mejor estilo de una dictadura
militar, tomando por asalto el edificio central de la sede empresaria. Sus
militantes son, hoy por hoy, quienes le redactan a una corte de veteranos
beodos sus sentencias, porque hay que encontrarse en un verdadero estado de
ebriedad para -en el mismo año- dictaminar no menos de tres sentencias
diferentes respecto del mismo tema y con apreciaciones jurídicas violentamente
disímiles. No quedan dudas de que la sentencia referida en el presente texto
sólo tiene por objetivo beneficiar al Estado Nacional en la perpetuación de un
deleznable latrocinio, en virtud de que lo que ayer significaba no menos que un
reajuste del 100% y los correspondientes retroactivos, le representa hoy al
Estado un promedio de actualización de 40%. Asistimos a un nuevo milagro del
modelo “nacional y popular”, de aplicación exclusiva a las Fuerzas Armadas y de
Seguridad. Mientras tanto, y en simultáneo, los distintos sindicatos pautan
paritarias que jamás reflejan porcentuales inferiores al 25% de incremento
salarial.
El gravísimo incordio
que significa para la familia militar que por años espero una resolución
favorable a sus penurias y actualización a sus pauperizados haberes en un marco
de inflación galopante solo puede ser enmendado acaso por un cuarto, quinto o
tal vez sexto fallo, que repare esta injusticia. Será cuestión de atender a las
distintas interpretaciones que le otorguen a este fallo los distintos
tribunales. Quién sabe lo que decidirán a través de este sistema de Truco, más
popularmente denominado Gallo. En él, participan tres jugadores que tienen la
misión de desplazar a uno quedando en juego solo dos. Así, pues, podrían
depositarse sobre la mesa los distintos fallos, Oriolo, Salas, Zanotti y, cual
lotería o tragamonedas, si Salas resultara perdidoso, por ejemplo, entonces
ingresaría Oriolo… o viceversa. O el resultado podría ser Zanotti y, como en la
Perinola, el Estado Nacional “Toma Todo”.
Por estos momentos,
la Administración Fernández Wilhelm de Kirchner me recuerda a aquel relato
corto de Edgar Allan Poe, “El Doctor Alquitrán y el Profesor Trapasa”. La trama
es sencilla; un señor se acerca para inspeccionar un neuropsiquiátrico. Se
debaten, a continuación, distintos tópicos, desde los propiamente médicos a
temas de la vida misma… Al finalizar el cuento, el inspector percibe que el nosocomio
es conducido efectivamente por los “enfermos mentales” y los médicos se hallan
hace tiempo en sus celdas.
Acaso suceda lo
propio con los habitantes de la calle Talcahuano y con los ocupantes del rosado
edificio sito en Balcarce 50.
Sorge
El Ojo Digital
