Claudio Savoia.
La noticia, hace dos semanas, dejó un regusto amargo en tiempos de fuerte desconfianza hacia la honestidad de los funcionarios públicos: después de catorce años de juicio, por un acuerdo entre las partes para evitar que el proceso se siga extendiendo y todo quede en nada, los siete acusados por el pago de coimas en un contrato entre la empresa IBM y el Banco Nación recibirán penas de dos y tres años de prisión en suspenso. ¿La parte buena? El Estado recuperará más de 17 millones de pesos. Aunque nadie irá preso, es todo un triunfo: en Argentina, los juicios por corrupción duran un promedio de 14 años, y menos del uno por ciento termina en condenas. Jueces y fiscales que no planifican lo que van a investigar, carpetas que acumulan papeles inútiles, trampas formales para dilatar el proceso y peritos que no aportan pruebas importantes, son las causas repetidas. Y nadie hace algo por corregirlas.
Clarín tuvo acceso a un informe preliminar de la investigación que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comenzó a elaborar analizando el trámite de doce causas por corrupción investigadas en distintos juzgados federales de la Capital. Una experiencia inédita, por la resistencia habitual de los tribunales a que las organizaciones no gubernamentales monitoreen su trabajo (ver página 42). Este diario intentó conocer la opinión de varios jueces federales, pero fue en vano. En síntesis, los motivos que vuelven interminables estos juicios hasta burlar cualquier noción de justicia, son:
Investigaciones mal organizadas
Los juicios por corrupción suelen ser complejos, con varias personas involucradas y distintos delitos que pueden investigarse. "Pero esto no se hace", explica Luis Villanueva, coordinador del programa de Fortalecimiento Institucional de la ACIJ. "Ni los fiscales ni los jueces trazan una hipótesis general que ordene todo el caso y le dé un norte. Se siguen líneas difíciles de concretar, mientras se abandona la persecución de delitos clarísimos. También se desperdician los recursos: se pide la misma información a distintos organismos, o se reclama varias veces lo mismo".
Veamos un ejemplo: en base a una nota de Clarín, la diputada del ARI Elsa Quiroz denunció hace cuatro años posibles manejos fraudulentos en un Fondo Fiduciario dependiente del ministerio de Economía, a través del cual se realizaron préstamos a 26 bancos entre 1995 y 2002. Tras estudiar el expediente, los abogados de la ACIJ estimaron que al menos 14 de los bancos habían realizado maniobras dudosas. Pero dos años después, en diciembre de 2007, el fiscal a cargo del caso sólo centró su trabajo en dos entidades y archivó las investigaciones al resto.
Meses enteros sin avances.
Los investigadores piden diligencias de a una, y no siguen trabajando hasta que no les contestan. Por ejemplo, en los juicios analizados la feria judicial de enero se extiende por tres meses sin medidas. "Como bien dicen los propios empleados judiciales: 'las causas se llevan, no se investigan'. Pero ni siquiera se llevan hacia algún lado", dice Villanueva.
Procedimientos tardíos, burocráticos y mal resueltos
Casi en ningún caso se cumplen los plazos procesales. La instrucción de una causa no debería tardar más de cuatro meses, y lleva años. Las declaraciones indagatorias de los acusados se realizan sin muchas pruebas, y también se incumple el plazo de diez días para procesarlos o declarar su falta de mérito. "Los imputados soportan procesos de décadas, lo que -sean o no culpables- viola sus garantías constitucionales. Por lo que vimos en Tribunales, es muy problable que durante 2010 no haya ninguna condena por corrupción", anticipa el abogado de la ACIJ Dante Leguizamón.
Más tardanzas increíbles: las notificaciones a quienes se convoca a declarar las hace en todo el país la policía federal, y tardan meses; un formalismo asfixiante establece que en cada cita se copien resoluciones que confunden a quien las lee. Además, el juez tiene que firmar cada papel que emite o que recibe. ¿Un ejemplo? En la causa "Ricillo, Antonio y otros sobre malversación de caudales públicos", iniciada en el año 2000, el juzgado federal número 2 consideró que la instrucción estaba terminada el 9 de agosto de 2006. Desde entonces, y hasta el 13 de noviembre de 2007, el expediente acumuló 54 actos procesales, entre notificaciones a las partes, recepción de esas notificaciones, citaciones que se repitieron varias veces por distintos errores, notas cruzadas, planteos de los defensores y otros trámites (el desopilante detalle completo se ofrece en www.clarin.com). Al día de hoy, casi una década después de iniciada la causa, el juicio oral todavía no tiene fecha.
Otro ejemplo: en el año 2000, el titular del juzgado federal número 2 comenzó a investigar los supuestos gastos desmedidos en unas Jornadas de Capacitación realizadas en Mar del Plata por el PAMI. Para empezar, esas jornadas se habían realizado en 1994, seis años antes. Para seguir, el expediente fue minado por diligencias repetidas, otras incompletas, y algunas simplemente increíbles: ni el juez ni el fiscal viajaron nunca a Mar del Plata, por lo tanto pedían cada dato a través de exhortos al juez federal marplatense. Así solicitaron el testimonio del contador local del PAMI, Mario Barboni, que para entonces ya no trabajaba más en aquella oficina. Al final se lo ubicó, y su declaración fue sumada a la causa cuatro meses después. Pasados dos años, el juez creyó necesario ampliar esa declaración, y volvió a pedírselo a su colega, sin consignar la dirección de Barboni. Como había pasado antes, el exhorto fue devuelto sin respuesta.
Uso dilatorio de las herramientas procesales.
Se sabe: los abogados usan todos los recovecos legales posibles para beneficiar a sus clientes, y en las causas por corrupción lo más fácil es recurrir ante la Cámara cada decisión del juez. "Según lo que vimos, cada uno de estos recursos se resuelve en un promedio de seis meses", dice Leguizamón.
Una buena pintura de esta ordalía de chicanas la ofrece el famoso expediente por coimas en el contrato con la empresa Siemens para realizar 42 millones de DNI. El 31 de agosto de 2004, el juez a cargo dispuso pedir las declaraciones indagatorias de Carlos Menem, Carlos Corach, Aldo Carreras -ex funcionario del ministerio del Interior- y dos directivos de Siemens. Desde ese día, los distintos defensores presentaron cinco incidentes de nulidad cuya resolución en la Cámara llevó trece meses. Aún así, hasta hoy esas declaraciones indagatorias no se realizaron.
Pericias sin rumbo.
En casi todos los juicios por corrupción se deben analizar balances, declaraciones juradas y otros documentos que requieren de la intervención de peritos contables. "Pero a veces los jueces les mandan todo el expediente sin hacerles preguntas claras, o interrogándoles 'si hubo delitos', algo que deben determinar ellos", dice Villanueva.Las pericias, a su vez, tardan siglos. Un detalle: por su flojo desempeño, la Corte Suprema decidió en enero pasado investigar al cuerpo de peritos contables.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) participa en varios juicios por corrupción, y desde hace años analiza el desarrollo de cientos de estas causas.
Su base de datos no alienta el optimismo: entre 1980 y 2007, el Estado perdió unos 13.000 millones de dólares por la corrupción de sus funcionarios, y sobre un total de 750 juicios sólo el 5 por ciento terminó en condenas (10 personas). Las causas tardan un promedio de 14 años en resolverse, y ya vemos cómo. El director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, va al grano: "Los jueces no definen con claridad cuál es el objetivo político-criminal. Además, pierden tiempo porque investigan sobre el caso y no sobre la maniobra fraudulenta. Esto es más trabajoso y menos útil, porque la clave es descubrir y desarmar las maniobras delictivas que después se repiten en varios casos. Sólo se busca saber si tal o cual funcionario cobró coimas, y encima tampoco se logra".
Biscay recuerda que "en las facultades de Derecho no se estudian delitos económicos", y señala otras causas más profundas y menos tangibles que atentan contra la posibilidad de justicia: "existen relaciones de poder muy fuertes entre los investigados y los investigadores, que sin ser de complicidad constituyen una barrera invisible. Todos pertenecen a la misma clase socioeconómica, integran círculos comunes, hasta tienen personas en común: son poderosos investigando a poderosos".
Los abogados de la ACIJ agregan otro ladrillo: "los jueces y fiscales federales retienen las causas, las impulsan y las congelan según el clima político y su relación con el gobierno de turno. Eso les da poder, estabilidad laboral y, en algunos casos, también beneficios económicos o ascensos a camaristas", dicen Villanueva y Leguizamón.
Aunque las críticas a los juicios por corrupción son genéricas y desnudan las fallas estructurales del sistema más que los errores de cada juez, todas las miradas se concentran en el edificio de Comodoro Py, sede de los doce juzgados federales porteños. Uno de ellos está encabezado por Daniel Rafecas, quien aceptó compartir su visión con Clarín. Para él, los motivos que más retardan los juicios son la demora con que los casos llegan a Tribunales, la burocracia en la etapa de la instrucción, la "amplia posibilidad de apelaciones que tienen los defensores" -primero ante la Cámara de Apelaciones y luego ante la Casación Penal-, y la falta de recursos y de rapidez de los peritos contables. "Esto también es responsabilidad de los jueces y fiscales que no les ponen plazos razonables a los peritos. Mi Juzgado lo hace, y logramos recortar mucho esos plazos", dice el titular del juzgado federal número 5.
Pero no todos los problemas anidan en los tribunales. Rafecas, que entre otras causas famosas investiga las presuntas coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando De la Rúa, también se refiere a la "inflación" de denuncias por corrupción: "Se hacen muchas denuncias con el diario de la mañana. Y así los juzgados tramitan muchas causas por hechos que la mayoría de las veces no encajan en delitos", dice. "Se usa el fuero penal federal para hacer denuncias inconsistentes con el solo propósito de que salga un cable de noticias afirmando que alguien fue denunciado ante la justicia".
La opinión del juez es compartida por varios de sus colegas y algunos fiscales que no quisieron ser identificados. "Así se termina judicializando la política. Este es uno de los principales factores del desgano judicial", sentencia uno de ellos, con un muy alto cargo en Tribunales.
Muchos expedientes, sin embargo, reflejan otros yerros. El titular de la ONG Contadores forenses, Alfredo Popritkin, los analiza desde su propia experiencia como ex perito contador de la Corte Suprema: "economistas, contadores y administradores pueden ayudar mucho en la planificación y organización de la investigación judicial", opina. "Pero los peritos deberían interactuar mucho más con los fiscales y jueces." Para el especialista en fraudes contables, "si los jueces tuvieran un asesoramiento especializado antes de llamar a un perito, rápidamente se mejoraría la calidad de las pericias para que sirvan en el juicio oral". Popritkin recuerda que un juicio para sancionar la corrupción debería "evitar el uso indebido de fondos públicos, pero también recuperar el botín obtenido por los defraudadores".
El investigador de la fundación Justicia y Mercado Alejandro Drucaroff Aguiar trabaja desde hace años en ese sentido: "La Constitución y las leyes imponen a los funcionarios públicos ser idóneos y responder con su propio patrimonio por los daños causados al Estado. Ello incluye, por supuesto, los efectos de la corrupción, pero también la administración negligente o imprudente. Muchos acusados de corrupción se amparan en que sus conductas fueron fruto de "decisiones políticas" que no pueden ser reclamadas en la Justicia, pero las leyes vigentes dicen lo contrario, y ordenan que los servicios jurídicos de cada repartición y la Sindicatura General de la Nación determinen el monto de cada perjuicio y reclamen a los causantes que lo abonen de su bolsillo."
Desilusionado con los magros resultados penales de su labor, el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas Manuel Garrido renunció en marzo a su puesto y hoy dirige los programas de Justicia y Transparencia del CIPPEC. "Varios de los juicios iniciados por mis denuncias sufrieron demoras increíbles", repasa ante Clarín. "En la causa por la adulteración del índice de precios del INDEC, por ejemplo, el fiscal y el juez reprodujeron la misma prueba, y el juez ordenó una pericia irrelevante. A su vez, ni siquiera fue hasta el INDEC para constatar las cifras registradas en la base de datos. La denuncia por el pago de sobreprecios en la remodelación de los vagones de subte, contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, estuvo años parada sin que el juez ni siquiera ordenara el peritaje sobre los costos, que finalmente se realizó en medio de presiones a los peritos. Así puedo contar decenas de ejemplos..." dice el ex fiscal.
Creada en el año 2000 para levantar el pobre estándar de transparencia que el gobierno de Carlos Menem había dejado en la opinión pública, la Oficina Anticorrupción (OA) tiene la potestad legal de empujar los juicios participando como parte querellante, como lo hace en varios juicios contra los ex funcionarios menemistas Víctor Alderete, Armando Gostanian, Raúl Granillo Ocampo, Ricardo Cossio, María Julia Alsogaray y el propio Menem. Clarín quiso saber por qué, en cambio, la OA no decidió querellar en causas relacionadas con las administraciones kirchneristas, como el destino de los fondos recolectados en las facturas de electricidad destinados a Santa Cruz, la supuesta malversación de fondos de la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti, las posibles irregularidades en el manejo de subsidios por parte del Instituto de Cine bajo la presidencia de Jorge Coscia, el uso irregular de fondos de ENARSA en la contratación del avión que trajo al país a Guido Antonini Wilson, entre otras.
Por escrito, el organismo dirigido por el kichnerista Julio Vitobello recordó que la OA no tiene la obligación legal de presentarse como querellante, y que sin embargo en algunas de esas causas "aportó documentación, pruebas e información", mientras continúan "bajo investigación preliminar" para decidir si en alguna de ellas se interviene como parte acusadora. "Sólo los casos bien probados y fundados garantizan el éxito del proceso", advierte la carta.
El abogado de la ACIJ Luis Villanueva vuelve al principio: "La corrupción socava la democracia y produce un daño social enorme. Si no se la sanciona, es impensable que disminuya. Y el modo en que la Justicia investiga estos delitos es absolutamente ineficiente." Su colega Dante Leguizamón cree que "hay un desinterés muy grande en los tribunales porque las causas lleguen a algún lado, sea la condena o la absolución. Se conforman con multiplicar el papeleo y que pase el tiempo. Parece que no le importara a nadie." Parece.
Clarín, 29-11-09
