La polémica política de subsidios que la administración kirchnerista viene desplegando en el ámbito del transporte ferroviario volvió a acumular un fuerte cuestionamiento por la existencia de maniobras sospechosas y poco transparentes.
Tras analizar el manejo de los subsidios destinados a la ejecución de obras y reparaciones ferroviarias, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó una serie de operaciones que terminaron beneficiando a las concesionarias privadas que llevaron adelante las inversiones pagadas por el Estado.
Licitaciones que se convirtieron finalmente en adjudicaciones directas, falta de transparencia en las contrataciones, aprobación de obras sin presupuestos previos, concesiones provisorias extendidas en forma indefinida y pagos de trabajos que debían afrontar las empresas ferroviarias constituyen las principales irregularidades que puso sobre el tapete el trabajo de la AGN.
El informe del organismo de control se focalizó en el destino y la forma de utilización de los subsidios para la realización de obras ferroviarias que se desembolsaron entre 2005 y los primeros meses de 2008. En ese período, estaba al frente de la secretaría de Transporte, responsable de los pagos, Ricardo Jaime, actualmente bajo la lupa por enriquecimiento ilícito (ver pág. 4). Y los montos transferidos por el Estado para pagar los arreglos de vías y las reparaciones de trenes ahora bajo sospecha ascendieron a casi $ 1.817 millones.
Para la realización del informe, los técnicos y auditores de la AGN analizaron las 10 obras ferroviarias más relevantes que ejecutó la Secretaría de Transporte y que involucran a las empresas Metrovías, TBA, Ferrovías y Ferrocentral y a la carguera Nuevo Central Argentino (NCA).
"Con este informe queda en evidencia que el uso de los subsidios en el área de Transporte sigue sumando deficiencias y manejos arbitrarios que afectan los recursos públicos", destacó el titular de la AGN, Leandro Despouy.
Agregó que "con los cambios aprobados a partir de 2006, la Secretaría de Transporte permitió que las concesionarias se puedan autoadjudicar las obras pagadas por el Estado a través de sus compañías controladas que se dedican a las reparaciones ferroviarias".
Despouy advirtió también que "la utilización de los subsidios no se ha enmarcado dentro de una política clara de cumplimientos de metas y de rendición de cuenta de las obras realizadas".
El informe -que aprobó el directorio de la AGN en la última semana por medio de la resolución 206- puso de manifiesto las siguientes las anormalidades en las contrataciones de las obras ferroviarias:
"El procedimiento dispuesto por la resolución 187/06 se aparta del establecido en los contratos y en las plazos, ya que implican en realidad una adjudicación directa a los concesionarios, autorizando simultáneamente la subcontratación de los trabajos por parte de éstos".
"Dicha norma no garantiza los principios esenciales en materia de contrataciones. No prevé los mecanismos para hacer efectiva la publicidad, igualdad, concurrencia y competencia de precios".
Otra deficiencia del régimen de contrataciones vigente es la no obligatoriedad de efectuar una estimación de la obra con anterioridad al procedimiento de selección y adjudicación. Los funcionarios deciden sin estimaciones previas de costos y dependen de los datos y los presupuestos que pasan los concesionarios.
En el caso de la empresa Ferrocentral que opera trenes de larga distancia, la AGN advirtió que "la metodología implementada para el reconocimiento de los gastos iniciales de los servicios entre Villa María-Córdoba y la capital mediterránea y Retiro no asegura la transparencia necesaria que debe caracterizar a las obras efectuadas con fondos públicos".Con respecto a la reconstrucción de 58 coches eléctricos que llevó adelante Trenes de Buenos Aires (TBA), el trabajo precisó que "el Estado terminó solventando el mantenimiento diferido que contractualmente le correspondían a la empresa". Según la AGN, al momento de contratar la reconstrucción de las unidades Toshiba por un total $147 millones, los coches -que ya habían sido reparados a mediados de los 90- estaban circulando en pésimas condiciones por los incumplimientos de los mantenimientos programados que había acumulado el concesionario.
Por el lado de los ferrocarriles de cargas, el informe de la Auditoría advirtió que ante el incumplimiento de las obras que debía realizar la empresa NCA, el Estado también terminó afrontando la rehabilitación del ramal Río Primero-Sebastián Elcano que implicó una inversión de $ 173 millones.Además, en este caso los auditores verificaron que, tras la adjudicación el contrato a la UTE Benito Roggio-Herso, se modificó el plazo de ejecución de la obra y se aprobó el desembolso de un adelanto de $ 34 millones que resultó desproporcionado en función de las tareas previas que debían concretarse antes del comienzo real de las obras
Clarín, 22-11-09
