Hernán Cappiello
-Esto te lo van a dar a vos. El lunes me van a decir cuánta guita es. Te va a llamar seguramente el de Nosal, el martes. Hicimos toda una parodia diciendo que lo había pedido Zin.
-¡Ja, ja! Bueno...
Quien habla es Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, preso bajo la acusación de ser el jefe de una mafia que operaba con la venta de medicamentos y que defraudaba al Estado. Su interlocutor, que se ríe, es Alberto Costa, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, preso también, acusado de integrar esa supuesta organización. Y Zin, no es otro que el ex ministro de Salud bonaerense. Supuestamente Lorenzo y Costa estaban arreglando el pago a una gerenciadora de la Obra Social Bancaria, invocando al ministro.
"Se encuentra determinado que Costa, lejos de haber cumplido con sus deberes en la función pública, hacía abuso de las atribuciones conferidas, inherentes a su mandato y participaba de maniobras espurias, como ser el arreglo de licitaciones, negociaciones con Lorenzo y recibía dinero por su intervención", expresó el juez Norberto Oyarbide según los procesamientos de los acusados, a los que accedió LA NACION, que llenan más de 300 carillas.
Esta es una de las maniobras investigadas por la Justicia, que adjudicó a Lorenzo ser jefe de una organización ilícita, al igual que el líder de los bancarios, Juan José Zanola, por realizar maniobras con medicamentos comprados por la obra social de ese gremio a San Javier, que cobraba por medio de un fideicomiso del Banco Provincia.
Pero el despliegue de actividades que enumeró el juez va más allá y sirve de ejemplo para analizar -según Oyarbide- cómo operaba la organización, que no sólo está acusada de entregar remedios falsos, sino de falsificar las constancias de entrega de medicamentos genuinos a pacientes con cáncer o sida para obtener reintegros del Estado. El juez se basó en grabaciones, documentación secuestrada en allanamientos y en declaraciones de testigos de identidad reservada, que pidieron estar protegidos porque temen represalias de los imputados.
Zanola, por ejemplo, está acusado de dar las directivas para la compra de los medicamentos, algunos adulterados. También se lo acusa -junto con la droguería San Javier- de haber cobrado reintegros durante tres años por la provisión del remedio oncológico Gemtro, que cuesta $ 1680, que era para un paciente fallecido en 2005.
Paula Aballay, la pareja de Zanola, está acusada de integrar la misma red. Un testigo de identidad reservada recordó en el expediente: "Aballay nos pone al camillero, a mí y a dos compañeras para que limpiáramos con alcohol las fechas de vencimiento de los sueros de las cajas. Ante esa orden yo me negué. Empezamos a discutir, Aballay me dijo que era la jefa, intenté explicarle que no lo iba a hacer y ella me dijo que me callara, que aparecían muertos".
Los testimonios de pacientes se suceden en el expediente para denunciar que no les hacían tratamientos de quimioterapia y que los remedios para el cáncer ni siquiera les provocaban la caída del cabello, un efecto colateral habitual de estas medicaciones.
También Zanola está acusado de armar carpetas, con troqueles de las cajas de remedios adulterados, para presentar en el Ministerio de Salud y cobrar reintegros por medicamentos que no habían sido efectivamente entregados a los pacientes.
Cuando se allanó la Bancaria se encontraron cajas con cientos de troqueles para armar estas carpetas.
Para que Lorenzo pudiera cobrar se había constituido un fideicomiso con la Obra Social Bancaria en el Banco Provincia de Buenos Aires, cuyo beneficiario era San Javier. El banco emitía Ordenes de Pago Irrevocables Garantizadas (OPIC), que luego Lorenzo renegociaba con los acreedores, como si fueran de cheques. El cambio de cheques para hacerse de efectivo era habitual en la operatoria de San Javier. Se hacía en cooperativas de crédito de la City. Vernet, una de ellas, pertenecía a San Javier.
A Lorenzo se lo acusa de introducir remedios adulterados en el mercado. Por ejemplo, es el caso de un medicamento para el sida, en el que la etiqueta señalaba que se trataba de Rayatax, que cuesta 1985 pesos, cuando en realidad era Videx, cuyo costo es de 750 pesos.
A su vez, médicos de la Obra Social Bancaria denunciaron que el medicamento Mabthera, que se pretendía dar a los pacientes de la Bancaria, estaba adulterado. Las enfermeras que advirtieron el hecho fueron amenazadas.
Pagaban $ 4600 de coimas a policías
Néstor Lorenzo tenía asegurada la impunidad de su accionar, según el juez Norberto Oyarbide. Al revisar la laptop personal del empresario, se descubrieron constancias de pagos mensuales. Tres de ellos están anotados bajo el rubro "policía" y abarcan los meses de marzo a mayo de 2009, por un monto de $ 4600 cada uno, "lo que permite suponer por qué las maniobras ilícitas nunca eran descubiertas". Oyarbide sostiene que los pagos mensuales eran para "policías o investigadores, estos últimos contratados por los laboratorios, justamente para realizar las investigaciones y desbaratar las adulteraciones de medicamentos".
La Nación, 3-1-10
