Por Aldo Norberto Bonaveri
Las copiosas lluvias navideñas nos mostraron a San Antonio de Areco sumergida bajo el agua. Si bien no es la primera vez que desborda el río que franquea la ciudad, en la ocasión la inundación se propagó por el casco histórico, circundó la municipalidad y causó cuantiosos daños en vastos sectores de la población, al punto de que el fenómeno determinó que los evacuados superaran las 3.000 personas.
El gobierno nacional a través de su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el de la provincia de Buenos Aires, en la figura de su gobernador, Daniel Scioli, fueron terminantes al adjudicarles la responsabilidad del desastre a los productores agropecuarios. Los cargos se basan en la existencia de “treinta mil canales de desagües clandestinos” que desembocan en el río Areco, los que según el decir de los acusadores, se habrían abierto en el interior de los campos con el propósito de ganar tierras para los cultivos. Pese a que funcionarios nacionales y/o provinciales, hasta ocurrido el diluvio no habían reparado en la presencia de tales desagües, presurosamente estaban en “condiciones de determinar” que los conductos ilícitos, desagotaron en seis horas el agua que demandaría tres días.
Las cuantiosas precipitaciones comenzaron en la madrugada de navidad, se prolongaron durante 72 horas, con el agravante de que aproximadamente 150 milímetros cayeron en el lapso de 3 horas, en suelos ya impregnados por lluvias próximas anteriores. Las consecuencias de semejante turbión se empezaron a manifestar gravemente, el sábado 26 por la tarde en la ciudad.
El cuadro de situación realmente era caótico, las rutas quedaron cortadas por varias horas, la población desesperada y, las autoridades municipales impotentes para resolver un contexto que le excedía totalmente, en tanto desde la nación y la provincia trazaron un operativo de emergencia para socorrer a una comunidad, habitualmente postergada por los estados superiores.
Las apresuradas imputaciones formuladas por De VIdo y Scioli, generaron un enérgico repudio de la dirigencia ruralista; la réplica apuntó a cuestionar generalizaciones irresponsables, contrarrestando que el Estado debe hacerse cargo de la situación y abocarse a instrumentar soluciones inmediatas y perdurables. El primero en salir al cruce fue el presidente de CARBAP, Pedro Apaolaza, quien tras hacerse presente en la zona asolada, desestimó que el infortunio no es producto con los canales en los campos, sino que es el resultante de la falta de inversión pública para evitar desenlaces de tal magnitud. La síntesis de sus declaraciones se revelan en una de las frases textuales vertidas: “Venimos de la peor sequía en 100 años, y llovieron más de 400 milímetros en pocas horas. El río Areco es una verdadera mugre y eso es responsabilidad del Estado que no lo saneó”.
El titular de las FAA, Eduardo Buzzi, reflexionó al respecto: "cuatro o cinco canales no pueden causar una inundación de esa magnitud", “El Gobierno se maneja con el chamuyo y el barullo, mientras habla mucho y hay poco de cierto"; agregando: "Creo que es un fenómeno climático extraordinario. Hay que ser más serio y dejar de hablar macanas. Hay como una especia de obsesión por intentar confundir a la opinión pública". Días después el pope de la FAA espetó: “Si se comprueba que existen canales clandestinos y que estos son en parte responsables por las inundaciones, esta responsabilidad es compartida ya que es el Gobierno provincial quien debería controlar que esto no suceda y que las cosas se hagan de manera correcta. Lo que pasa es que es más fácil salir ahora hacer barullo y responsabilizar al “campo” en su conjunto que determinar cuales son las causas reales. El problema es que Scioli ha entrado en el juego que el Gobierno Nacional, eso de andar despojándose de culpas y acusando a otros”
Mediante un comunicado la Sociedad Rural Argentina “SRA”, también dijo presente a la hora de retrucar las acusaciones oficiales, catalogándolas con réplicas como: "La mezquindad de la acusación responde sin duda a algún tipo de resentimiento político, pero nada tiene que ver con la gravísima inundación". A su vez, el presidente de la entidad, Hugo Luis Biolcati, así se refirió al tema en cuestión: “Si existen canales de irrigación ilegales en los campos, –algo que no nos consta –, la responsabilidad mayor la tiene el Estado, debido a que pese a tener poder de policía, hubo una falta de control durante un largo tiempo”.
Mucho más cauto que su par de Planificación Federal, se mostró el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimento, Julián Domínguez, quien atribuyó el rebose del río Areco y de otros desbordes hídricos en el nordeste bonaerense a un período de lluvias excesivas que afectan a distintos puntos de la pampa húmeda. Al respecto, resulta oportuno extraer una de sus consideraciones literales: “El desborde de los ríos es un problema con el que vamos a tener que convivir, debido a que vivimos en un período de lluvias intensas que va a continuar".
Por su parte la intendente de San Antonio de Areco, la radical cobista Estela Lennon, también fue muy prudente al ser consultada sobre las imputaciones: No ve como una opción clara considerar que la inundación se produjo a causa de canales clandestinos abiertos por productores rurales, aún cuando añadió: “Que la mano del hombre influyó para que se produzca semejante desastre”. En sus atinadas consideraciones expuso: "Hay desagües naturales como otro tipo de desagües que se nota que van al río y pueden haber sido producidos por el hombre, pero son todas hipótesis. Esto, hasta que no esté confirmado y yo lo pueda decir abiertamente, no lo puedo ver como una opción clara".
En vista de un episodio de tal naturaleza, es menester efectuar tanto las investigaciones pertinentes, como así también tener en cuenta los antecedentes obrantes en la zona. En tal sentido no se puede soslayar que en la historia de Areco se registran referencias emparentadas con el infortunado suceso; la última gran inundación había tenido lugar en 1981, sin que por entonces los desbordes alcanzaran los niveles actuales. En esta ocasión el volumen de agua caída en tan poco tiempo, fue un factor determinante para que en tan sólo media hora de los primeros síntomas, comenzara a ingresar el líquido en las casa del sector céntrico.
La polémica instalada sobre si los canales existen o no es estéril, al respecto no hay una verdad absoluta, pero si hay responsabilidades compartidas, correspondiéndole tanto al Estado nacional como al provincial atribuirles mayores asignaturas pendientes.
Con seguridad que algunos canales clandestinos hay, y sin duda los infractores deberán asumir lo que les corresponda, pero a la luz de los acontecimientos queda muy claro que la Nación como la Provincia de Buenos Aires y sus gobernantes de turno, (con la cuota que a cada uno le corresponda), son los principales culpables de tamaño corolario. Un dato no menor lo refleja la existencia de un expediente municipal de la década del ’90, el instrumento consta que por entonces, las autoridades comunales requerían al gobierno provincial la limpieza inmediata del río, tarea que no se constata se haya cumplimentado.
La construcción de canales aliviadores subrepticios no es una novedad ni de esa zona, ni de estos tiempos, por el contrario, son frecuentes en regiones expuestas y su emplazamiento por lo general concibe conflictos ya sea entre vecinos, o bien con las administraciones provinciales. El tema normalmente resulta más complejo de lo que aparenta, habida cuenta que los factores concurrentes pueden ser de diferente índole.
En algunos casos existe una inconciencia del infractor sobre las consecuencias que puede aparejar; otras veces aparece el “ventajero” que adquirió la tierra a bajo precio, justamente por ser susceptible de inundación, sin mayores escrúpulos, mediante una “obra de arte” ilegal transfiere el problema a terceros. En los casos citados en menor o mayor medida el infractor está cometiendo un delito, que como tal, el Estado o la Justicia, tienen la obligación de sancionar conforme a la ley. Pero también abundan los casos donde esos improvisados desagües, se realizan como consecuencia de obras anunciadas o prometidas no efectivizadas o, la mala construcción de las mismas. Tampoco se puede desconocer que determinados escenarios, los desagües irregulares se materializaron con la “vista gorda” de los funcionarios incumbentes o incluso, (como ahora aseveran vecinos del lugar) realizados por maquinas viales de la mismísima provincia.
Más allá de las responsabilidades de los productores transgresores, los que deben responder por sus actos, los gobiernos tienen ineludiblemente que hacerse cargo de cuanto les corresponde, que en el caso de Areco es muy importante. El primer dislate que cometen jerarquías como la de un ministro nacional y un gobernador, es aseverar de la existencia de 30.000 de esos conductos, máxime cuando un cargo de semejante magnitud se formula sin miramiento alguno en plena hecatombe.
Tan difícil de creer como de demostrar. Pero en el supuesto que la imputación tuviera asidero, a esas autoridades por acción u omisión les cabe algún tipo de reprobación. O funcionarios importantes han sido cómplices de esas adulteraciones, o bien la ineptitud de los mismos es mayúscula al no detectar trabajos de esas características. El poder de policía y los controles por parte del Estado son imperativos e indelegables, su falta de cumplimiento es un delito irrefutable. ¿Para que está la Dirección Provincial de Hidráulica? Si esto fuera así, estamos ante un estado de indefensión mayor al imaginado por cualquier acérrimo opositor.
En razón de lo acontecido la impericia de Daniel Scioli cada vez queda más al descubierto, tras el papelón del caso Pomar, ahora reincide con una torpeza comparable. Seguramente alguien querrá justificarlo diciendo que el no puede estar en todo, pero ello no es un atenuante; un Gobernador no está a salvo de tener funcionarios ineptos, negligentes o corruptos, pero lo que no se puede aceptar es que estos permanezcan en el cargo causando tantos daños a la provincia y sus habitantes. Quien no está en aptitud de comprobar la idoneidad de sus subalternos no le escapa al cargo de incompetencia.
En el tema de los canales no hay atenuantes, si el Estado está en condiciones con los medios tecnológicos disponibles en perfectas condiciones de individualizar un silo bolsa y cubicar su contenido, acaso ¿no está en aptitud de detectar un canal clandestino?
El Ministerio de Planificación Federal, que maneja Julio De Vido, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con la firma el titular del área Fabián López, presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, una denuncia por la construcción de canales supuestamente clandestinos, los que habrían ocasionado el anegamiento en la zona de San Antonio de Areco y el consecuente corte del tránsito en las rutas 8 y 9, solicitando "se instruya el pertinente sumario tendiente a comprobar si (los hechos denunciados) configuran delitos penales contra la seguridad pública, tipificados en los artículos 186 y 196, en función del 194 del Código Procesal Penal de la Nación".
En sus fundamentos manifiesta: "buena parte del agua que debía retenerse en la cuenca rural, fue derivada de manera directa y artificiosa mediante esos canales hacia el río y de allí a la ciudad".
Cabe destacar que la denuncia fue blandida principalmente por Scioli ni bien acaecida la inundación, parece que se dio cuenta o alguien lo asesoró del absurdo, sobre todo por lo expresado, al punto que no concretó (hasta la fecha al menos) esa amenaza; el ministro De Vido delegó la tarea en un subalterno, pero hay un detalle que revela cuan grande fue el exabrupto de los 30.000 canales, ahora no se hace mención de cantidad, en tanto fuentes oficiosas estiman entre 20 y 25 los desagües incógnitos.
Pregón Agropecuario www.politicaydesarrollo.com.ar, 05-01-2010
