La ciudad mexicana de Juárez, fronteriza con Estados Unidos, "vive en estado de excepción impuesto por las bandas del narcotráfico", que obligó en el último trienio a unas 60.000 familias a huir de la localidad, donde hay unos 10.000 huérfanos.
Lo denunciaron legisladores, voceros empresariales y organizaciones no gubernamentales.
El ministro del Interior (Gobernación), Fernando Gómez Mont, consideró que "no hay condiciones" para aceptar la presencia de los cascos azules de Naciones Unidas en Ciudad Juárez, como pidieron el miércoles organizaciones civiles.
"Ni está en la programación, y no veo que haya condiciones para eso. No ha sido valorado", respondió el funcionario.
Pero el senador oficialista Ramón Galindo pidió al gobierno del presidente Felipe Calderón imponer "el estado de excepción" en Ciudad Juárez, de 1,4 millones de habitantes pero con una alta población de emigrantes mexicanos y centroamericanos no censados.
UN MANDO UNICO
Galindo, ex alcalde de Ciudad Juárez, pidió al ministro Gómez Mont disolver la policía local y estatal para crear un mando único federal, temporal, que ponga orden en la ciudad fronteriza.
Organizaciones civiles, académicos y representantes de los sectores del comercio en Ciudad Juárez criticaron la "falta de resultados" en la estrategia del gobierno federal para contener la violencia en esa urbe fronteriza, pese al despliegue de al menos 16.000 efectivos policiales y del Ejército.
Organizaciones agrupadas en el Movimiento Blanco insistieron en que solicitarán al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que investigue las causas de la extrema violencia que se vive en esa ciudad vecina de El Paso, Texas, y que evalúe el envío de una misión de paz de cascos azules para restablecer el estado de derecho y el orden.
Activistas defensores de derechos humanos recordaron que Juárez es la ciudad donde existe la mayor concentración de elementos gubernamentales que participan en seguridad pública, donde están desplegados 16.217 efectivos, de los cuales 8.500 son soldados, 4.000 agentes de la policía federal, 2.850 policías municipales, 487 preventivos estatales y 380 agentes ministeriales.
Sin embargo, en esa localidad de la provincia de Chihuahua hubo al menos 2.635 asesinatos desde inicios de 2009 hasta hoy, según Cipriana Jurado, representante del Frente Nacional Contra la Represión, organismo no gubernamental.
La ciudad fronteriza, escenario de los negocios del narcotráfico, es centro también de otro delito, la trata de personas, que provocó al menos 1.060 de mujeres asesinadas luego de ser raptadas en los últimos cuatro años, según recuentos de prensa.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigió al gobierno federal que asuma su responsabilidad por la masacre el domingo de 16 adolescentes en Ciudad Juárez y "deje de criminalizar los asesinatos de gente inocente para evadir sus obligaciones". (ANSA)
