Un gobierno que teme ser investigado
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) se negó a brindar a la Auditoría General de la Nación (AGN) más de 300 expedientes con la información necesaria para que este último organismo pueda cumplir su función de investigar a los organismos estatales.
Tal como reveló ayer LA NACION, la actitud de la Sigen creó una situación que, según integrantes de la comisión bicameral del Congreso de la que depende la AGN, podría terminar con una denuncia ante la Justicia si aquel organismo persiste en su intento de negar la información. "Estamos ante un hecho de mucha gravedad, que si no se soluciona en lo inmediato el Congreso cree que la Justicia debe intervenir", dijo el presidente de esa comisión, el diputado radical Heriberto Martínez Oddone.
La inadmisible actitud de la Sigen se inscribe en una larga y cada vez más creciente serie de hechos similares que procuran por todos los medios evitar que se investigue a un gobierno signado por una apabullante cantidad de hechos de corrupción.
Antes habían sido el Ministerio de Planificación, la AFIP, el Indec y el Banco Central los que se habían negado a brindar información. Se ha sumado ahora la Sigen, que ya en mayo último decidió retirar de su página de Internet la publicación de todos los informes de control del Poder Ejecutivo, lo que generó una ola de quejas de la oposición y de varias ONG que pidieron transparentar los mecanismos de control del Estado.
Al frente de la Sigen se encuentra Daniel Reposo, un funcionario que, además de ocultar información, no duda en recurrir a las trompadas. En efecto, en una reunión celebrada la semana última en Papel Prensa, Reposo y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, agredieron a golpes al abogado particular de Carlos Aguirre, jefe de finanzas de la papelera.
Entre otras misiones, la Sigen debe fiscalizar a las empresas en las que el Estado posee alguna participación accionaria, como Papel Prensa. Maneja, además, a los síndicos que se desempeñan en esas empresas.
Por lo tanto, la Sigen no sólo se ha convertido en defensora del secreto de la información que debería ser pública, sino que es, además, un organismo de presión y, llegado el caso, aplica la fuerza bruta en su sentido más literal.
Se trata de una aberración que resulta coherente en un gobierno que siempre ha manifestado un enorme temor ante la información, temor que seguramente se remonta a los años en los que Néstor Kirchner manejaba la provincia de Santa Cruz como su feudo.
Luego, junto con su esposa, ha pretendido trasladar al gobierno nacional el mismo esquema que ve al periodismo independiente como un enemigo de peligro, a la Justicia como una amenaza y a la información oficial como un secreto vergonzante que, de divulgarse, podría mostrar que la realidad nacional dista de parecerse a la que el matrimonio presidencial pretende pintar. Así, por ejemplo, han hostigado y desplazado del Indec a funcionarios y técnicos valiosos para poder -nuevamente, por medio de Moreno- tergiversar los índices de inflación y pobreza, alterando sus fórmulas de medición.
Paralelamente, han colonizado ciertos juzgados federales, como el de Norberto Oyarbide; han promovido con publicidad oficial una serie de medios de prensa en manos de empresarios amigos, y han desactivado, de hecho, los órganos de control, como la Sigen y la Oficina Anticorrupción.
En verdad, se trata de una tarea tan titánica como inútil, porque en pleno siglo XXI la información puede atesorarse con avaricia sólo durante un tiempo determinado. Más temprano que tarde, la información se cuela y, por encima de todo, es la realidad -principal enemigo de los Kirchner- la que vuelve por sus fueros y termina imponiéndose como siempre.
La Nación, editorial, 20-7-10
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) se negó a brindar a la Auditoría General de la Nación (AGN) más de 300 expedientes con la información necesaria para que este último organismo pueda cumplir su función de investigar a los organismos estatales.
Tal como reveló ayer LA NACION, la actitud de la Sigen creó una situación que, según integrantes de la comisión bicameral del Congreso de la que depende la AGN, podría terminar con una denuncia ante la Justicia si aquel organismo persiste en su intento de negar la información. "Estamos ante un hecho de mucha gravedad, que si no se soluciona en lo inmediato el Congreso cree que la Justicia debe intervenir", dijo el presidente de esa comisión, el diputado radical Heriberto Martínez Oddone.
La inadmisible actitud de la Sigen se inscribe en una larga y cada vez más creciente serie de hechos similares que procuran por todos los medios evitar que se investigue a un gobierno signado por una apabullante cantidad de hechos de corrupción.
Antes habían sido el Ministerio de Planificación, la AFIP, el Indec y el Banco Central los que se habían negado a brindar información. Se ha sumado ahora la Sigen, que ya en mayo último decidió retirar de su página de Internet la publicación de todos los informes de control del Poder Ejecutivo, lo que generó una ola de quejas de la oposición y de varias ONG que pidieron transparentar los mecanismos de control del Estado.
Al frente de la Sigen se encuentra Daniel Reposo, un funcionario que, además de ocultar información, no duda en recurrir a las trompadas. En efecto, en una reunión celebrada la semana última en Papel Prensa, Reposo y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, agredieron a golpes al abogado particular de Carlos Aguirre, jefe de finanzas de la papelera.
Entre otras misiones, la Sigen debe fiscalizar a las empresas en las que el Estado posee alguna participación accionaria, como Papel Prensa. Maneja, además, a los síndicos que se desempeñan en esas empresas.
Por lo tanto, la Sigen no sólo se ha convertido en defensora del secreto de la información que debería ser pública, sino que es, además, un organismo de presión y, llegado el caso, aplica la fuerza bruta en su sentido más literal.
Se trata de una aberración que resulta coherente en un gobierno que siempre ha manifestado un enorme temor ante la información, temor que seguramente se remonta a los años en los que Néstor Kirchner manejaba la provincia de Santa Cruz como su feudo.
Luego, junto con su esposa, ha pretendido trasladar al gobierno nacional el mismo esquema que ve al periodismo independiente como un enemigo de peligro, a la Justicia como una amenaza y a la información oficial como un secreto vergonzante que, de divulgarse, podría mostrar que la realidad nacional dista de parecerse a la que el matrimonio presidencial pretende pintar. Así, por ejemplo, han hostigado y desplazado del Indec a funcionarios y técnicos valiosos para poder -nuevamente, por medio de Moreno- tergiversar los índices de inflación y pobreza, alterando sus fórmulas de medición.
Paralelamente, han colonizado ciertos juzgados federales, como el de Norberto Oyarbide; han promovido con publicidad oficial una serie de medios de prensa en manos de empresarios amigos, y han desactivado, de hecho, los órganos de control, como la Sigen y la Oficina Anticorrupción.
En verdad, se trata de una tarea tan titánica como inútil, porque en pleno siglo XXI la información puede atesorarse con avaricia sólo durante un tiempo determinado. Más temprano que tarde, la información se cuela y, por encima de todo, es la realidad -principal enemigo de los Kirchner- la que vuelve por sus fueros y termina imponiéndose como siempre.
La Nación, editorial, 20-7-10
