por Rosendo Fraga
7-8-12
Los sondeos de
opinión vuelven a transformarse en un campo de batalla de la política -como
sucede usualmente en Argentina en los períodos preelectorales-, aunque hoy la
elección esté lejos. El martes 31 de julio el Cronista publicó un sondeo de
Poliarquía en el cual la imagen buena y muy buena (positiva) de la Presidenta está en 33%,
la mala y muy mala (negativa) en 35% y 31% tiene opinión regular. Ello implica
que la imagen positiva ha descendido más de 20 puntos durante el primer
semestre del año y otro tanto aumentó la negativa. Pero el mismo día un diario
oficialista (Página 12), publicó un sondeo de Equis que dice exactamente lo
contrario: la imagen positiva de la Presidenta está en 67% -el doble que la
anterior-, la negativa en 18% -la mitad de la otra- y la imagen de la Presidenta no registra
deterioro desde su reelección en octubre del año pasado. La realidad es que hay
un tercio que siempre se mantendrá con el gobierno -como se vio en la elección
de 2009-, otro tercio que nunca estará con el oficialismo y un tercio
fluctuante. El kirchnerismo perdió este último en la elección legislativa de
hace tres años y en gran medida lo recuperó en la presidencial de 2011. Como
dice el sondeo de Poliarquía, este tercio vuelve a estar fluctuante y la
cuestión pasa a ser si el oficialismo lo recupera el año próximo para la
elección legislativa de 2013 o lo pierde.
La intervención del
Ejecutivo en toda la actividad hidrocarburífera es un conflicto que vuelve a
enfrentar a las provincias con la Casa Rosada. La Constitución Nacional
estableció en la reforma de 1994 que los recursos naturales son propiedad de
las provincias. A su vez, la ley de estatización de YFP dispuso en un artículo
la declaración de interés público nacional de toda la actividad
hidrocarburífera del país, lo que contradice la disposición constitucional pero
que fue votado por amplias mayorías en las dos cámaras, incluidos los
legisladores de las diez provincias petroleras. El decreto 1277, que pone en
manos del estado nacional -a través del viceministro de Economía (Kicillof)- la
intervención de toda la actividad hidrocarburífera, en realidad reglamenta el
mencionado artículo de la ley que estatizó YFP, aunque contradiga la Constitución. A
finales de abril las transferencias del estado nacional a las provincias eran
suficientes para pagar sus gastos, pero en el segundo trimestre las partidas
han decrecido sustancialmente frente a un incremento del gasto público de 32% e
inflación anual del 24%. Es en esta situación que las provincias comienzan a
reclamar contra dicho decreto, que les quita la capacidad de negociar con las
empresas petroleras. Nuevamente es la
CGT que lidera Moyano la que asume la posición más firme. Su
número dos (Pereyra), secretario general del sindicato de petróleo y gas
privado de Neuquén, La Pampa
y Río Negro, ha anunciado un paro en defensa del interés provincial afectado
por el decreto 1277. El conflicto con las provincias sigue siendo central y el
gobernador de Córdoba ha alineado al de Santa Fe en su decisión de llevar a la Suprema Corte el
reclamo por los fondos jubilatorios y denunciar al mismo tiempo el acuerdo
fiscal de 1992, por el cual el Estado nacional retuvo los aportes que se cobran
en las provincias.
Pero esta norma -que
es una de las manifestaciones del avance del viceministro de Economía- confirma
ante todo el giro ideológico que esta imprimiendo la Presidenta a su
gobierno. La intención de pasar la propiedad de los recursos naturales de las
provincias al estado nacional es un objetivo explicitado por los dirigentes
oficialistas que impulsan la reforma constitucional. El avance de Kicillof
sobre la actividad hidrocarburífera, el control de las inversiones el Anses y
el que está en marcha ahora sobre el control del secretario de Comercio
(Moreno) en el área el comercio exterior, son manifestaciones de un rumbo
ideológico más que el avance de un funcionario en particular. Lo mismo sucede
con la ofensiva desde la
Cancillería para que una funcionaria de La Cámpora (Nahon) tome las
funciones de otra de Moreno (Paglieri). Que el único acuerdo firmado por YPF
con una empresa petrolera extranjera haya sido con la estatal venezolana
(PDVSA) es otro ejemplo al respecto. En este marco, el pago del BODEN es presentado
como una decisión de soberanía económica, buscando presentarla como una
manifestación de nacionalismo económico y desechando hacerlo como una acción
para recuperar credibilidad económica frente a los mercados.
Este rumbo ideológico
no sólo se da en economía, sino en otras áreas como el problema de la
inseguridad. La reiterada defensa de la Presidenta de la salida de presos con condenas
graves para participar en actos políticos del oficialismo muestra su
adscripción a los postulados de la teoría garantista. Se trata de la
interpretación defendida por la izquierda que pone al delincuente como la
victima y no como el victimario. La participación activa de militantes de La Cámpora en este uso
político de los presos confirma que el giro ideológico del gobierno es
coherente y sistemático más allá de la economía. Sobre este problema, el
oficialismo cada día utiliza más una metodología similar a la del INDEC en
cuanto a la manipulación de estadísticas: busca demostrar que la inseguridad es
una percepción o, como ha dicho la ministra de Seguridad (Garré), el aumento
del delito es consecuencia de que la gente tiene más dinero en las casas por la
mejora en la economía, lo que incentiva a los delincuentes. Los sondeos
muestran que la inseguridad sigue siendo la primera demanda de la sociedad,
aunque la economía se haya frenado y la inflación se esté incrementando en las
últimas semanas.
En conclusión: los
sondeos de opinión vuelven a transformarse en un campo de batalla de la
política y el de Poliarquía registra una baja superior a 20 puntos en la imagen
positiva de la Presidenta
en el primer semestre; el decreto 1277 que nacionaliza la intervención estatal
en la actividad hidrocarburífera plantea un conflicto con las provincias pero
al mismo tiempo ratifica el rumbo ideológico del oficialismo; los avances del
viceministro de Economía sobre diversas áreas de gobierno son la manifestación
de dicho rumbo antes que la consecuencia de luchas internas dentro del gobierno
y la política de seguridad muestra la misma orientación ideológica asumida por la Presidenta en su
defensa de las salidas de presos, utilizadas con fines políticos por La Cámpora.
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