A CRISTINA KIRCHNER, TIMERMAN Y URTUBEY
POR EL DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA
BANDERA VECINAL, (03.02.2014)
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal
N° 3 a cargo del Dr. Daniel Rafecas, y el número de expediente es 705/2014.
La presentación está fundada en las
gravísimas denuncias realizadas por distintos medios de prensa, en especial por
el diario El Tribuno de Salta, que dan cuenta de la entrega de 600 kilómetros
cuadrados de territorio nacional a Bolivia a través de un espúreo acuerdo entre
el régimen kirchnerista y el gobierno de Evo Morales.
En la demanda, Biondini demuestra con
claridad las contradicciones y falsedades en las que incurren las autoridades
kirchneristas, que pretendieron desmentir los hechos, y aporta pruebas que
avalan la presentación judicial.
Asimismo, entre los denunciados se encuentra
el intendente de la zona afectada por la entrega, Cástulo Yanque, quien
reconoció públicamente que las familias argentinas que viven en los territorios
cedidos por el gobierno a Bolivia han sido intimadas por funcionarios y
militares de Evo Morales a abandonar la ciudadanía nacional y a adoptar la
boliviana.
Al respecto, Biondini señala en su demanda:
"El propio funcionario reconoce que con el nuevo hito, hay familias
argentinas que de un día para el otro quedaron “en territorio boliviano”,
cuando en verdad siempre vivieron como argentinos en territorio argentino. Toda
esta situación nos lleva a varias preguntas: ¿Cómo una persona puede obtener la
ciudadanía argentina y ser reconocida como salteña por el Estado Nacional si
supuestamente vivía en territorio boliviano? ¿Por qué Bolivia nunca antes había
reclamado como propios dichos territorios, y recién lo hizo cuando estuvo
instalado este hito, si teóricamente no había conflictos y estaba clara la
delimitación fronteriza? ¿Qué estudios avalan la instalación de este hito? ¿Por
qué el Ministerio de Relaciones Exteriores jamás tuvo en cuenta a esas familias
argentinas al momento de la instauración del mojón? ¿Por qué ninguna autoridad
nacional, provincial o municipal tomó cartas en el asunto cuando supo que las
familias estaban siendo amenazadas por militares extranjeros?".
Biondini observa que según han explicado
expertos salteños en la materia, la Cancillería decidió desconocer aviesamente
el Tratado Internacional celebrado en 1953 entre Argentina y Bolivia, avalado
por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, y aplicó un convenio de 1925. En
el Tratado de 1953, la delimitación territorial sería mucho más clara, y en
ella los 600 kilómetros cuadrados cedidos con la fijación del nuevo y polémico
hito son reconocidos como territorio argentino.
En la denuncia Biondini afirma textualmente:
"(...) estamos ante un grave conflicto. Por una parte, todas las
autoridades nacionales reconocen que se ha instalado un nuevo hito fronterizo
en un acuerdo con el gobierno de Bolivia. Según la versión oficialista de los
hechos, dicho hito no modifica el trazado fronterizo de nuestro país y se basa
en un Tratado de 1925. Sin embargo, investigaciones periodísticas
independientes y análisis de expertos en la materia dan cuenta de que las
autoridades han desconocido otro Tratado Internacional de 1953, publicado por
la Comisión Mixta Demarcadora de Límites de Argentina y Bolivia, y que por
haberlo desconocido, el hito ha sido colocado 30 kilómetros adentro de nuestro
suelo, implicando la pérdida de un sector nacional de 600 kilómetros cuadrados.
(...) Las autoridades exhiben una debilidad argumental mayúscula, ya que no
muestran estudio alguno que avale que la colocación del hito es correcta,
simplemente alegan que cumplen con un tratado precedente. Como se comprenderá,
en un caso tan delicado como es la demarcación fronteriza, no es lógico que se
deba confiar únicamente en el criterio de un puñado de funcionarios, sino que
debería haber sido un tema abordado a nivel científico y técnico, y que
naturalmente tenían que ser comunicados los pobladores argentinos de la zona;
ambas circunstancias no se produjeron en este caso. La Licenciada Bianchetti,
por su parte, da por tierra con las fundamentaciones gubernamentales y
profundiza más las dudas acerca de la legalidad del accionar oficial".
En otro pasaje de la denuncia, Biondini
subraya que la demarcación de límites es potestad exclusiva del Congreso
Nacional según ordena el artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional, por
lo que la ilegalidad de la actuación de los funcionarios kirchneristas es aún
más evidente.
Además, Biondini destaca la labor de
investigación periodística de El Tribuno de Salta, sosteniendo: "Como
Ciudadano Argentino, asumo la responsabilidad de denunciar penalmente esta
situación y a sus responsables. En incontables ocasiones de nuestra historia
hubo hechos de corrupción que fueron profusamente desmentidos por las
autoridades de turno y que luego salieron a la luz por las investigaciones
periodísticas independientes. Este hecho podría sumarse a esa lista. No basta
con confiar en las afirmaciones de los funcionarios nacionales, máxime cuando
hay denuncias concretas firmadas por periodistas con nombre y apellido y
publicadas desde un medio de prensa reconocido a nivel nacional como es el caso
de El Tribuno de Salta. La Justicia muchas veces ha tenido que desmentir las
versiones oficialistas y condenar a los corruptos que clamaban su
inocencia".
De comprobarse todos los extremos
denunciados, Alejandro Biondini demanda a la Justicia Federal que condene por
Traición a la Patria a la actual presidente de la Nación, a su canciller, al
gobernador de Salta, al titular de la Comisión Nacional de Límites y al
intendente de la localidad salteña de Santa Victoria Oeste. La pena prevista en
el Código Penal para este delito es de prisión o reclusión perpetua.
