Carlos Tórtora
InformadorPúblico,
14-1-15
El año pasado, el
gobierno nacional puso en marcha un ambicioso plan para “democratizar la
justicia”, cuyo eje central fue la ley para la elección popular de los miembros
del Consejo de la
Magistratura como una forma de atarlos al caudal de votos del
kirchnerismo y de ese modo -y a través de alianzas- retener el control del
organismo, aun más allá del 2015, para así asegurarse la impunidad. Un Consejo
con una mayoría o una primera minoría K, apoyada por importantes bloques de
senadores y diputados nacionales, le garantizaría a CFK y su sequito seguir
condicionando a los jueces aun después de dejar la presidencia. De este modo se
podrían frenar o prescribir las causas por corrupción más peligrosas para el
cristinismo. Este Plan A quedó trunco porque, primero un fallo de la juez
federal María Servini de Cubría y luego otro semejante de la Corte Suprema , declararon
inconstitucional la elección de consejeros.
Entonces, a comienzos
de este año y con menos ruido publicitario, el gobierno puso en marcha el Plan
B. En este caso se apuntó directamente a la reforma del Código Procesal Penal,
con los siguientes objetivos: transferir importantes competencias de la
justicia criminal -ordinaria y federal- a la Procuración General
hoy en manos de una kirchnerista de paladar negro, Alejandra Gils Carbó. En
este nuevo esquema, la
Procuración tendrá facultades discrecionales para asignar y
reasignar tanto los causas como los fiscales según las conveniencias políticas
de cada caso, quedando los jueces seriamente disminuidos en su capacidad de
intervenir en los expedientes.
En las últimas
semanas, el Ministerio de Justicia estuvo trabajando aceleradamente en la
preparación de varios proyectos de ley complementarios para que la reforma
procesal penal entrara en vigencia cuanto antes. Luego, el cristinismo
apostaría a sostener este esquema, que le garantizaría la impunidad negociando
sobre la base de la importante cuota de poder que todavía le quedaría en la
próxima elección.
El gran imponderable
Sin embargo, los
imponderables tarde o temprano llegan y apareció el caso Nisman, que tiene la
capacidad de dificultar al máximo el plan de impunidad puesto en marcha por el
gobierno. Para empezar, se trata de una muerte -aparentemente un homicidio-
ligado a la investigación de uno de los mayores atentados terroristas del
fundamentalismo islámico. Y se da la circunstancia especial de que la acusación
del fiscal a la presidente y parte de su entorno por encubrimiento de los
responsables del atentado se da en un contexto especial inédito: por primera
vez desde el 11 S del 2001, el terrorismo vuelve a ocupar el lugar central en
la agenda política internacional pero con una particularidad: la Yihad empieza a salir a la
calle en la mayor parte de Europa planteando la guerra en el patio interno de
las democracias europeas. Este capítulo de la confrontación con el Islam que
acaba de empezar es suficiente como para que los factores de poder
internacionales se movilicen detrás de la investigación de la muerte de Nisman,
como ya lo prueban las primeras declaraciones de miembros del Senado y el
Departamento de Estado, mientras distintas embajadas le están haciendo saber al
gobierno que un caso como éste obligará a la justicia argentina a rendir examen
ante la comunidad internacional. La realidad es que, por acción o por omisión,
el gobierno se encuentra procesalmente muy mal parado, sea porque la custodia
policial de Nisman desapareció misteriosamente el día de su muerte, como por la
comprobación -gracias a las escuchas que él ordenara- de que allegados directos
a la presidente como Luis D’Elía son agentes al servicio de un Estado
terrorista y que una banda dedicada a generar violencia política -Quebracho- es
un brazo armado del gobierno y de la embajada de Irán. Esto sin hablar de que la Secretaría de
Inteligencia fue el ámbito donde se negociaron los pactos de impunidad con los
iraníes y que hay fundadas sospechas de que esta diplomacia paralela se conecta
con los acuerdos entre el régimen de Teherán y el régimen bolivariano de
Venezuela, en los cuales la
Casa Rosada tendría más que ver de lo que parece.
En síntesis, que la
enorme presión que se está generando -sobre todo en el exterior- para que el
caso Nisman no sea cajoneado, hará que le sea muy difícil al cristinismo
neutralizarlo mediante el juego de los fiscales que plantea la última reforma
procesal. Esto sin mencionar que, dada la entidad de crimen de lesa humanidad
del atentado a la AMIA ,
para CFK existe el riesgo de que termine interviniendo la Corte Penal
Internacional que se rige por el estatuto de Roma.
En otras palabras, si
hay una causa que puede terminar en el procesamiento de CFK y parte de su
equipo es ésta. La actitud cambiante de la presidente, que pasó de negar la
hipótesis del asesinato a apoyarla, evidencia el temor de que el tema escale y
le produzca un daño incomparablemente mayor que cualquier otra denuncia. Para
un analista político, es obvio que la investigación de Nisman descubrió apenas
la punta del iceberg de una trama mucho más profunda cuyos entretelones se irán
ampliando en los próximos meses. No es difícil imaginar que, tal como se van
acumulando responsabilidades penales en la actuación de distintas agencias del
gobierno, la SI , la Policía Federal , la Jefatura de Gabinete,
etc., es probable que a partir del 10 de diciembre la presidente quede expuesta
a un rápido procesamiento. La jurisprudencia del caso de Carlos Menem en el
contrabando de armas a Ecuador y Croacia es para tener en cuenta. En este caso,
la justicia responsabilizó al presidente y al gabinete nacional por delitos que
se cometieron en la aplicación de decretos presidenciales. Aunque se trata de
una escala institucional distinta, también vale recordar que un Jefe de
Gobierno de la Ciudad ,
Aníbal Ibarra, fue destituido por la negligencia y corrupción de funcionarios
municipales de tercer y cuarto nivel. Otro ejemplo más: luego de la represión
policial que causó una serie de muertes el 20 de diciembre del 2001, horas
antes de que Fernando de la Rúa
se subiera al helicóptero, éste fue imputado como responsable del descontrol
policial y un funcionario suyo, el entonces Secretario de Seguridad Enrique
Mathov, sufrió prisión preventiva por este tema.
Todos estos casos son
por cierto de menor envergadura que el atentado a la AMIA y los intereses que se
mueven detrás de este último son mucho más relevantes.
En síntesis, el
cristinismo pensó en construir un escudo judicial apto tal vez para licuar las
denuncias de corrupción y hasta el caso Báez, donde intervienen también
factores externos. Pero la combinación entre la causa AMIA y la muerte de
Nisman le plantean un desafío de otro calibre. Cuesta pensar que cualquier presidente
que suceda a Cristina, empezando por el mismo Scioli, empiece su gestión
dedicándose a entorpecer la investigación de este caso. Lo más probable es que
el futuro presidente apoye seriamente la profundización de la investigación y
que tome distancia de cualquier ex funcionario K que termine imputado.
Hay que considerar
entonces la posibilidad de que el plan de impunidad del kirchnerismo, gracias a
lo ocurrido hace una semana en una torre de Puerto Madero, esté lisa y
llanamente en crisis.
