Martín Etchegoyen Lynch
Clarín, 28-10-15
Al ser la inseguridad la primera preocupación de los
argentinos, o al menos la de los que vivimos en grandes ciudades, los políticos
en campaña empiezan a ensayar sobre las soluciones que prometen. Las mismas van
desde las certeras y obvias, como la lucha contra el narcotráfico hasta la ya trillada seguridad por vía de
“inclusión social” o del mejoramiento de la economía, y lamentablemente, cuanto
más populista el candidato, más frecuente el uso de estos términos.
Pero, ¿es real que una buena economía trae de por sí
más seguridad? No pareciera el caso. En los Estados Unidos lo saben bien,
porque cuando la economía estaba en pleno apogeo, la tasa delictual tocaba su
punto máximo también, en la era previa a la llegada de los planes de seguridad
comunitaria de Bill Bratton, llamados aquí “de Tolerancia Cero”(hasta mitad de
los 90). Múltiples estudios llegan a la conclusión que a mejoramiento de la economía,
ello dejando a las demás variables intactas, la criminalidad también escala por
las nuevas oportunidades que encuentra, sobre todo la del crimen organizado.
¿Esto siginifica que economías pobres son seguras? No necesariamente, riqueza y
seguridad van por andariveles separados, hay países ricos con mucha seguridad y
países pobres también seguros, como por ejemplo Cuba.
Si riqueza y seguridad se unen, ideal, pero no lo
aceptemos como regla. Lo que sí ha sido comprobado en otras latitudes es que la
seguridad trae desarrollo, por ello de que el crimen tiene un alto costo,
social y monetario. La consultora americana Rand hizo un análisis pormenorizado
del costo económico del delito, y llegó a la conclusión que un homicidio
costaba alrededor de 5 millones de dolares, no sólo por los costos directos
asociados a una muerte, como gastos médicos, policíacos, de justicia y de lucro
cesante del occiso, sino también por los relacionados a la locación adonde
ocurría la muerte violenta, por cuanto incidía directamente sobre sus
inversores, su turismo, su valor de los inmuebles, etc.
Gran parte de la
llamada “Tolerancia Cero” sucedió debido a las múltiples quejas que el sector
productivo de New York manifestaba al intendente Giuliani. Recordemos otra
regla: los delincuentes primarios no entran al delito solamente por falta de
oportunidades económicas sino por exceso de oportunidades del sector ilìcito,
mayormente del narcotráfico. No hay plan social que valga cuando el negocio
narco crece y ofrece mejores ingresos, sobre todo en sistemas
policiales-judiciales de alta ineficiencia, en los cuales el riesgo de ser
detenido por un largo plazo es casi nulo, como el de nuestro país. El criminal
no teme a las penas que disponga la ley mientras perciba que no le serán efectivamente
aplicadas. Nuestros gobernantes deberían ocuparse por mejorar la seguridad
pública no sólo por mandato legal y moral, sino además porque ello traerá
aparejado desarrollo sustentable para nuestro país.
Martín Etchegoyen Lynch es abogado, fue fiscal de San
Isidro y es miembro de Usina de Justicia.
