Diputados rechaza prisión domiciliaria para represores
Por Juan José Domínguez
La Voz del Interior, 22-3-18
Con el apoyo del oficialismo, la Cámara de Diputados
sentó ayer una amplia postura de rechazo al informe del Servicio Penitenciario
Federal (SPF) que declaró que 96 represores condenados, entre ellos Alfredo
Astiz, pueden gozar del beneficio de la prisión domiciliaria debido a su estado
de salud.
Originalmente, el rechazo provino del massismo y del
trotskismo, que presentaron sendos proyectos de repudio a la lista que el SPF
mandó a la Justicia.
Al momento de tratar su inclusión en el temario, la
diputada del PRO Silvia Lospennato cuestionó en particular el proyecto de
resolución de la izquierda porque establecía la palabra “indultazo”.
Pese a que el SPF depende del Ministerio de Justicia,
que conduce Germán Garavano, Lospennato despegó al Gobierno del polémico
informe sobre los presos al señalar que “de ninguna manera un listado de un
organismo del Poder Ejecutivo puede ser considerado un indulto” a criminales de
la dictadura militar.
La trotskista Romina del Pla afirmó que “si el
problema era la palabra” indultazo, la sacarían, tras lo cual Lospennato pidió
tiempo para negociar un texto con la oposición.
Promediando la tarde, la redacción, finalmente, fue
acordada, según pudo saber La Voz, y durante la madrugada iba a ser aprobada
con el acompañamiento del oficialismo. El texto consensuado declara el repudio
y la preocupación de la Cámara de Diputados por la posible prisión domiciliaria
para un centenar de represores.
El pronunciamiento de Diputados sobre esta polémica se
produjo después del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que le otorgó
la prisión domiciliaria al torturador Miguel Etchecolatz, quien hace unos días,
finalmente, volvió a la cárcel común, tras otra resolución posterior de
Casación.
Cambiemos también se sumó al repudio opositor pese a
las declaraciones de Graciela Fernández Meijide, una referente de los derechos
humanos cercana al radicalismo, quien sostuvo que a Astiz “deberían mandarlo a
su domicilio con una pulsera electrónica, que pueda atenderse y estar cuidado
por la gente que designe él o su familia”, porque a su criterio “hasta el peor
enemigo tiene derechos”.
“Que no vean más la luz”
En cambio, el diputado kirchnerista Horacio
Pietragalla Corti fue enfático durante la sesión al pedir que “en esos listados
no pongan a estos sujetos”.
“Si tienen cáncer, que se mueran en la cárcel, porque
hicieron los peores de los delitos que se pueden cometer contra los seres
humanos”, dijo Pietragalla
Corti, que es un hijo de desaparecidos, que fue apropiado y, luego, restituido
por la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata del nieto 75.
Astiz, de 67 años, es un excapitán de fragata que se
infiltró en la organización Madres de Plaza de Mayo como espía, haciéndose
pasar por Gustavo Niño, supuesto familiar de un detenido desaparecido, y
cometió, entre otros crímenes, el secuestro, la tortura y la desaparición de
dos monjas francesas: Alice Domon y Léonie Duquet.
Según el Servicio Penitenciario, Astiz, que padece
cáncer de próstata, integraría la categoría de “internos con enfermedades” que
pueden purgar su condena en casa.
“No queremos que estos sujetos vuelvan a su casa,
porque van a violar el arresto domiciliario. Queremos que no vean más la luz”,
dijo Pietragalla Corti.
