Federico José
Caeiro
La Nación, 18 de
mayo de 2019
La preocupante
Plataforma Intergubernamental de Diversidad Biológica (Ipbes) recientemente
presentada alerta sobre el devastador impacto de los humanos en la naturaleza.
Por su parte, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) advierte
sobre el riesgo de cambio climático también provocado por la actividad humana,
sus potenciales secuelas ambientales y socioeconómicas y las posibles opciones
para adaptarse a esas consecuencias o mitigar sus efectos elaborando un Summary
for Policymakers. Ambos organismos internacionales proveen evaluaciones
científicas exhaustivas buscando establecer un puente entre la ciencia y la
formulación de las políticas públicas por parte de los tomadores de decisiones.
Si bien no existe un panel intergubernamental del espacio público que elabore
un resumen para políticos y evalúe el impacto provocado por cortes, piquetes,
tomas y demás, es necesario considerar las consecuencias de estos actos
imprevistos pero esperables y estudiar cómo mitigar sus efectos.
Así como las
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero siguen
estableciendo nuevos récords a escala global -con la consiguiente
intensificación de fenómenos meteorológicos extremos-, en nuestra sociedad se
registran otros nuevos récords. El espacio público se ha transformado en un
lugar de fenómenos extremos caracterizados por una interrelación abusiva donde
los conflictos se dirimen por medio de la ley del más fuerte. Lo público ha
sido tomado por asalto por diversos grupos que, contra las leyes -y, por ende,
contra la sociedad y sus instituciones-, hacen valer por la fuerza sus reclamos
o prácticas. Tolerar las pequeñas acciones y omisiones antisociales, que en un
principio parecían inofensivas y hasta "simpáticas" (recordemos cuál
era el sentir popular frente a los primeros cortes de rutas), ha desencadenado
una reyerta que se está escapando de las manos de quienes deberían velar por el
ejercicio igualitario de los derechos, la seguridad y la justicia. El costo
social, cultural, institucional y económico que está pagando la Nación es alto.
Y lo será mucho más si no se pone un límite.
Así como los
especialistas afirman que es mandatario frenar a la brevedad el incremento
gradual de temperatura media global para evitar una debacle ambiental de
impredecibles consecuencias, el Gobierno debe tener en cuenta que el espacio
público, como articulador primario de las relaciones humanas, será el escenario
principal de la contienda electoral de este año. El cambio
"climático" social es evidente y nadie puede prever a ciencia cierta
qué sucederá. Los diversos conflictos aumentarán. Muchos de los opositores al
actual gobierno, que no se caracterizan precisamente por hacer un uso racional
de lo público, infiltrarán y agudizarán legítimos reclamos. Muchos otros,
deliberadamente, buscarán victimizarse. "Es inevitable un conflicto social
en la calle", amenazó el exdirigente social y militante político de Patria
Grande Juan Grabois, cuyo sueño mayor es "que Macri pierda". Sirva su
amenaza sediciosa como muestra de lo que puede venir: reclamos cada vez más
violentos o ciudades desbordadas de residuos por paros intempestivos de
recolectores, como el de días atrás en Buenos Aires, serán moneda corriente. Se
intentará mostrar las diversas acciones como democráticas, pero nada más
alejado de la democracia que afectar derechos de terceros. La democracia es una
forma pacífica de resolución de conflictos y los piquetes, cortes y tomas no lo
son.
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Por otro lado,
el Gobierno no debe defraudar las expectativas de su propio electorado que no
solo desea, sino que a esta altura exige un país ordenado donde
interpretaciones convenidas de "derechos" -individuales y colectivos-
de algunos no restrinjan la libertad de terceros. El gran interrogante es hasta
qué punto tolerar ciertas situaciones. ¿Es correcto, por ejemplo, permitir la
"libre expresión" de los piqueteros que cortan las calles en
detrimento de la posibilidad de circular con libertad de miles de ciudadanos?
¿Debe el erario público pagar los daños ocasionados cuando vándalos destruyen
una plaza? ¿Cuál es el límite cuando los "derechos" de unos afectan
los de otros? ¿Qué herramientas deben utilizarse para lograr una convivencia
ordenada e impedir la ruptura del tejido social? Y, sobre todo, ¿cómo podemos
mejorar nuestra calidad de vida a través de la protección y el desarrollo del
espacio que por naturaleza nos es propio?
La libertad es
el don más extraordinario con que ha sido favorecido el ser humano y elemento
indispensable para la vida comunitaria. Pero su maravilloso ejercicio debe
desarrollarse dentro de un contexto en el que las responsabilidades se asignen
de un modo justo, tanto en la valorización de los méritos como en la aplicación
de los castigos. No hay que considerar el espacio público como una abstracción:
la vida diaria de miles de personas se ve afectada. Es la cara visible de la
grieta -económica, social y cultural- y también donde, como sociedad, podemos
empezar a cerrarla. El espacio público es constructor de capital social. Es
necesario buscar nuevas alternativas para los problemas que se tienden a resolver
mediante la agresión. Hay que explorar formas de participación superadoras que
permitan que los conflictos existentes se expresen -siempre respetando a
terceros-, trabajarlos y construir a partir de ellos. Las autoridades políticas
deben ahondar la cultura del diálogo y educar en la civilidad, ordenando con
firmeza el espacio público para usufructo de todos y no de minorías violentas o
prepotentes. La lógica del apriete debe dar paso a la lógica de la conciencia
civilizada. La conducta es una expresión de las creencias. Y es aquí donde
sucede el cambio. Limitarse a comunicar los valores que las personas deben
mostrar no alcanzará para generar o modificar conductas. Es necesario ayudar a
las personas a creer en lo que es importante. Se necesitan cambios de fondo, no
solo atacar los síntomas. Todavía queda espacio para la acción. El camino del
cambio cultural y el respeto al prójimo y a lo público es largo y arduo, pero
es el único que nos llevará a buen puerto.
Exdirector
general de la Comisión de Espacio Público de la Legislatura porteña
