O DEFAULT TARDÍO
Por Héctor GIULIANO
(13.7.2020)
Pareciera que existe una correlación fáctica entre prórrogas de la cuarentena por Coronavirus y prórrogas de las negociaciones sobre el nuevo Megacanje en curso de la Deuda Externa con Acreedores Privados.
Con el agravante que debido a la política del gobierno Fernández de “pagar mientras se negocia” el tiempo – y el costo financiero consecuente - juega en contra de la Argentina porque los vencimientos impagos y los intereses corridos se siguen acumulando.
Se estima – aunque no hay datos oficiales al respecto – que entre la asunción de la nueva administración en Diciembre pasado y la actualidad estos vencimientos habrían aumentado los pasivos de la Deuda en unos 6.000 Millones de Dólares (MD).
Cabe recordar, por otra parte, que las discusiones acerca de la Deuda Externa que se vienen llevando a cabo con los Acreedores Privados - los nuevos Fondos Buitre (FB) que están negociando con el Gobierno – éstos acaparan la atención general por su importancia y gravedad pero involucran pasivos de capital por 66.500 MD, que son una quinta parte de la Deuda Total Argentina en cabeza del Estado Central.
El quantum de esta Deuda, efectivamente, al 31.3.2020 es de 336.200 MD, de modo que lo que hoy se negocia significa “sólo” el 20 % de ese total.
Cuando se llegue a un acuerdo con los FB (si es que se llega) inmediatamente detrás viene la renegociación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que por el momento ha quedado en espera pese a que el FMI es el primer acreedor individual del país - se le deben 43.600 MD – y reviste condición de acreedor privilegiado o prioritario desde el punto de vista legal por tratarse de un organismo internacional.
Paralelamente el Ministerio de Economía (MECON) se encuentra abocado a la refinanciación sistemática de la totalidad de la Deuda en Pesos y la parte de Deuda en Dólares bajo Ley Argentina, a medida que las mismas van teniendo vencimientos.
Esta Deuda bajo Legislación local suma hoy – en pesos y en dólares - el equivalente a 182.000 MD, que incluye gran parte como Deuda Intra-Estado (que es el 40 % de la Deuda Total).
Las operaciones sistemáticas de reperfilamiento o refinanciación de pasivos – empezadas por Macri desde el año pasado y continuadas por Fernández en el presente - tienen la finalidad básica de vivir “pateando para adelante” todas las obligaciones a medida que van cayendo mientras paralelamente se negocia con los acreedores.
Y ambas acciones tienen por finalidad llegar a nuevos acuerdos de reestructuración de Deuda que le permitan a la Argentina retornar al Mercado Internacional de Capitales, es decir, que la habiliten para volver a endeudarse.
CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA Y COSTO DE LA CUARENTENA
En medio de un clima de incertidumbre total en materia económico-financiera y política, en un momento donde no se sabe qué puede ocurrir el día de mañana y donde no se pueden hacer cálculos ni previsiones a futuro en ningún ámbito de la vida nacional, el gobierno Fernández sigue avanzando en una nueva reestructuración de Deuda Externa – un nuevo Megacanje – sin demostración alguna de capacidad de repago, bajo peores condiciones de contraoferta a los Fondos Buitre acreedores de la Argentina, con horizonte de cumplimiento promedio a 11-12 años y un plazo final de hasta 27 (2030-2047).
Después de sucesivos diferimientos en la fecha de entrega de una nueva Oferta de Canje – luego que la primera, presentada por el Ministro de Economía Guzmán el 21.4, fuera rechazada de plano por los FB y una segunda, del 17.6, tampoco considerada – el gobierno elevó una tercera “propuesta máxima y definitiva” (igual que decían las dos anteriores), sobre la cual espera respuesta hasta el 24.7, ahora prorrogada al 4.8 y eventualmente hasta fin del Mes de Agosto.
Como las negociaciones se llevan a cabo en secreto – amparadas incluso, hasta días pasados, por Acuerdos formales de Confidencialidad – y con acreedores que, con la complicidad de las autoridades, permanecen en el anonimato ante la opinión pública, es poco o nada lo que puede conjeturarse en firme respecto de los resultados de los arreglos que están en curso.
Aunque aparecen algunas características “notables”, como el hecho que los principales FB que están negociando con el Gobierno constituirían en realidad menos de la mitad de los acreedores totales (se habla de menos de un 40 %), siendo así que la gran mayoría estarían constituidos por tenedores “minoristas”.
Pero lo que sí pueden evaluarse son algunos de los pasos concretos ya dados por el gobierno Fernández, que pueden resumirse fundamentalmente en tres hechos principales, vinculados a la errónea estrategia de negociación seguida hasta la fecha por el Gobierno, al encubrimiento de la conspiración Macri que llevó a esta nueva Crisis de Deuda, y a las perspectivas de nuevo endeudamiento post-Canje.
1. FALTA DE UN CENSO DE ACREEDORES
La primera condición para encarar cualquier negociación de tipo concursal por iliquidez e insolvencia del Deudor, sea Privado o Público, es saber lo más elemental: qué se debe, a quién se debe, cómo se debe y cuándo caen los compromisos que se adeudan.
Para ello es elemental que el Estado Argentino realizara un Censo de Acreedores, que cumpliría el triple requisito de saber quiénes son concretamente nuestros acreedores – particularmente los que están bajo Ley Extranjera - cuánto se les debe a cada uno de ellos y, suspensión de pagos mediante, establecer así una fecha de corte o congelamiento de la información de modo que tales obligaciones no puedan seguir cambiando de manos mientras el país encara su negociación para reestructuración de esas Deudas.
Caso contrario, no sólo no se conocería en forma concreta qué y con quienes verdaderamente se está negociando y a la vez el Estado quedaría expuesto – como lo ha quedado – a que nuevos e ignotos acreedores (incluso posiblemente testaferros de los Acreedores principales) – aparezcan luego, en cualquier momento como reclamantes de tipo Holdouts.
A contrario sensu de esta lógica tan elemental como necesaria, en cambio, el gobierno Fernández declinó de antemano tal Censo de Acreedores, no declaró el Default – como hubiera correspondido frente a la real gravedad de la situación – y quedó así descolocado frente al juego de los Fondos Buitre que, como agravante, se nuclearon en tres grupos distintos para reforzar aún más su posición negociadora, para jugar al comportamiento del “policía bueno” y el “policía malo” durante las tratativas en curso y para poder actuar como árbitros del carácter de dichas negociaciones.
2. ERRÓNEA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN
La secuencia lógica de cualquier nuevo gobierno frente a una Crisis de Deuda es primero presentar un Plan Económico – como debiera haberlo hecho el presidente Fernández y su Ministro de Economía Guzmán – desde el primer momento de su asunción en Diciembre pasado.
Con este programa, o al menos sus lineamientos concretos, debiera haber elevado al Congreso el Proyecto de Ley (PL) de Presupuesto 2020 y requerido las facultades especiales necesarias para poder ejecutarlo.
Y recién con el Plan-Presupuesto y las autorizaciones del Legislativo en la mano sentarse a negociar la Deuda con los Acreedores financieros del Estado.
Pero el presidente Fernández hizo al revés: primero pidió una Ley de Emergencia – la 27.541 – con Poderes Especiales prácticamente irrestrictos, que equivalen a un verdadero “cheque en blanco,” para poder acordar lo que quisiera con los Acreedores y con ello salió así a negociar en condiciones más débiles y convalidatorias de los compromisos heredados de Macri.
3. POLÍTICA DE PAGAR MIENTRAS SE NEGOCIA
La lógica elemental y necesaria de todo deudor en cesación de pagos – sea una Persona, una Empresa o un Estado - es blanquear su estado de insolvencia, es decir, su situación de Default, y de esta manera, bajo el mecanismo básico y normal de todo proceso concursal, proceder a suspender los pagos de Capital, interrumpir el devengamiento de los intereses y abrir entonces negociaciones con los acreedores.
Este comportamiento conllevaría que tales cargos de servicios permanezcan en suspenso mientras duren las negociaciones con los acreedores y, por ende, que el tiempo juegue en contra de los mismos y no de la Argentina.
Pero también en este punto el gobierno Fernández hizo lo contrario: aceptó sin reservas el negociado de la Deuda Macri, convalidó la corrupción por las irregularidades inherentes a la colocación de obligaciones sin capacidad alguna de repago – incluyendo el Bono a 100 años de Luis Caputo – y desligó al Fondo Monetario Internacional (FMI) de su manifiesta co-responsabilidad en el nuevo endeudamiento fraudulento del Macrismo.
Hasta aquí los principales argumentos en contra de la política seguida hasta la fecha por la administración Fernández desde que se hizo cargo del gobierno en Diciembre pasado.
Más éstos no son los únicos problemas que se han identificado como tales y que caben observar en lo tocante a las negociaciones en curso aunque sí los más evidentes en cuanto a su forma primaria.
Desgraciadamente, el Kirchnerismo tiene malos antecedentes al respecto y de seguir en esta línea (que es la línea Oficial) amenazaría ser reincidente en materia de endeudamiento público vía mega-canjes de Deuda.
Cuando fue el Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen de 2005 (luego ampliado en 2010) el actual presidente era entonces Jefe de Gabinete.
En ese momento la Argentina se encontraba en default formal, desde el blanqueo de la insolvencia hecha durante el brevísimo gobierno de Rodríguez Saá (que duró sólo una semana), lo que le dio al país un respiro financiero que permitió el crecimiento y la recuperación de la Economía después de la Crisis de 2001.
Bajo la administración de Néstor Kirchner las tratativas con los acreedores financieros externos del Estado duraron aproximadamente un año y medio: desde la Oferta de Dubai de Setiembre de 2003 hasta el Acuerdo formal de Junio de 2005.
Las bases centrales de negociación del gobierno argentino – bastante análogas a los planteos de fondo que se vuelven a dar hoy - fueron entonces básicamente tres:
1. La administración Kirchner no cuestionaba la legitimidad de las acreencias.
2. Los Bonos Elegibles se aceptaban al Valor Nominal cuando el valor de cotización de esos títulos había caído hasta menos del 20-15 % en el Mercado, habiendo sido comprados en tales condiciones por los Fondos Buitre que negociaron con la Argentina; sobre los cuales se obtuvo finalmente una quita promedio del 44 %
3. Esta “quita”, de todas maneras, estuvo contrabalanceada con la entrega de Cupones PBI que equivalían al 48 % de lo negociado. Esto es, un mecanismo de compensación.
Con el agravante que dejaba fuera del acuerdo a Holdouts con tenencias de bonos por unos 20.000 MD que no sólo no ingresaron al Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-10 sino que iniciaron juicios que terminaron costándole muy caro jurídica y financieramente a la Argentina, lo que implicaba en la práctica el camino al fracaso de la nueva reestructuración.
Y esto es importante recordarlo porque hoy del total de los 66.000 MD de Deuda Externa que se está renegociando – bajo Ley Extranjera – un 60 % corresponde a endeudamiento Macri pero el 40 % restante viene de arrastre del Megacanje Kirchnerista.
Y además, el porcentaje de los bonos en renegociación que está en manos de los grandes FB también sería de un 40 % del total mientras que el 60 % restante – o sea, más de la mitad – quedaría todavía en manos de desconocidos tenedores minoristas.
Es la forma en que gobiernos neoliberales salientes - como el de Macri - dejan armado el esquema de dependencia de las Crisis de Deuda y luego vienen gobiernos social-demócratas entrantes – como el de Fernández-Fernández – que se declaran víctimas de “la pesada herencia recibida” pero terminan trabajando en tándem para convalidar y formalizar lo actuado en materia de Endeudamiento vía nuevos Megacanjes.
En estas condiciones es improbable que la administración Fernández vaya a caer finalmente en un Default de la Deuda bajo Ley Extranjera pero en el hipotético caso que lo hiciera, ello se daría en circunstancias mucho más adversas que si lo hubiera hecho, como correspondía, apenas asumió en Diciembre pasado.-
