PARTÍCIPE NECESARIO DE LA OCUPACIÓN DE
MALVINAS
Dr. César Lerena
El Informe de
Prensa de la Cancillería 047/23 del 4/2/23 nos indica que, en Misión Oficial,
el secretario Carmona estuvo en España para tratar la "Cuestión"
Malvinas, Antártida y Pesca. !Albricias! hace años que venimos diciendo,
incluso al propio Carmona, que si no se administra el Atlántico Sur y se
controla la pesca ilegal en este territorio marino no habrá ninguna posibilidad
de iniciar la recuperación de Malvinas.
Pero, estamos en
un grave problema, porque buques españoles, desde al menos 1989 cuando se
iniciaron los registros oficiales británicos (coincidiendo con el Acuerdo de
Madrid I), comenzaron a apropiarse de recursos pesqueros en Malvinas, sin
control del Estado de pabellón, ni regulación alguna por parte del Estado
argentino, a pesar de que España apoyó la Res. ONU 2065 (XX) de 1965 y entre
otras la Res. 3160 (XXVII) de 1973; además de lo previsto en la Res. ONU 31/49
y que, la diplomacia española siempre apoyó la tesis argentina ante distintos
organismos, por entender que encuentra cierta similitud con la disputa de
Gibraltar.
En el libro de
Javi Correa (“La diplomacia española ante la guerra de las Malvinas ¿Una
ambigüedad calculada?”, Múnich, 2013) Celestino Arenal indica que la abstención
de España en la guerra de Malvinas «parecía una solución salomónica,
reconociendo la reivindicación argentina sobre las Malvinas, pero deplorando al
mismo tiempo el uso de la fuerza, reconociendo la necesidad de salvaguardar los
legítimos derechos e intereses de los habitantes de las islas y abogando por la
negociación y la solución pacífica». Por su parte, el entonces ministro español
de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca, explicó su abstención el martes 11 de mayo
de 1982 ante el Congreso de los Diputados, reiterando, que debía quedar claro
que en el Consejo de Seguridad un voto de abstención no implicaba en ningún
caso inhibición, indefinición ni imprecisión en nuestra toma de posición.
«Una solución
ambigua -que no es lo mismo que una solución imprecisa- permitiría al gobierno
de Calvo Sotelo no elegir posicionarse con ninguno de los beligerantes, ya que
optar por apoyar a Argentina, siguiendo la línea de los países iberoamericanos
y apoyando un problema que poseía una gran similitud con Gibraltar, hubiera
significado renunciar, o por lo menos retrasar, la entrada a la CEE y la OTAN.
En cambio, apoyar a Gran Bretaña mirando hacia la OTAN y hacia la CEE, hubiera
significado abandonar la política hispanoamericana y no apoyar un contencioso
con el que Gibraltar posee grandes similitudes».
España ha
reconocido claramente la soberanía argentina en Malvinas, por lo dicho
precedentemente, pero también, porque de otro modo sería ignorar sus propios
derechos previos a la Independencia Argentina o, desconocer la Res. ONU 31/49
que, en el apartado 4, instó «a las dos partes a abstenerse de adoptar
decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la
situación, mientras las Islas estén atravesando el proceso recomendado en las
resoluciones de la ONU».
España con su
apropiación ilegal de los recursos pesqueros argentinos en Malvinas es un
partícipe necesario de la ocupación británica. Esta ocupa los territorios y
aquella explota sus recursos, condición esta última imprescindible para
sostener a través de los años la invasión británica; cuestión, que el propio
director ilegal de pesca de Malvinas John Barton ya convalidó al manifestar
(14/3/2012): «sin las licencias de pesca no hubiéramos sobrevivido en
Malvinas». Y no solo los explota, sino que sus empresas están asociadas a
empresas británicas en las islas y, comercializa las extracciones de Malvinas
en toda Europa y otros países del mundo, a través del ingreso en el puerto de
Vigo, a pesar del Brexit, que dio lugar a la salida del Reino Unido de la Unión
Europea.
En síntesis, ambos países (y otros) son
corresponsables de la ocupación de Malvinas y, al Estado español se le debería
solicitar enérgicamente el abandono de la pesca ilegal en Malvinas e intimando
a su retiro inmediato del territorio nacional, a la par de que, en caso de
negación o dilación, denunciarlo ante la ONU por violación de la referida Res.
31/49, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la
legislación argentina e iniciar acciones civiles y penales.
Por cierto, nada
de ello habría ocurrido durante reciente la estancia de Carmona en España
donde, reunido con el embajador Ricardo Alfonsín refirieron a la «cooperación
bilateral (…) y al Plan de Acción Estratégica España-Argentina 2021-2023 en
relación con las Cuestiones Malvinas y Gibraltar, cooperación antártica y
cooperación en asuntos oceánicos» (sic). ¿Cooperación con España, que sus
buques realizan pesca ilegal en Malvinas y todos los años se llevan más de 100
mil toneladas de calamar, además de otras valiosas especies argentinas?
Lo mismo podría decirse sobre el encuentro en
la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, donde
«participaron los portavoces de las cinco principales bancadas del parlamento
español. Allí se abordó la Cuestión Malvinas y de Gibraltar post Brexit, la
preocupación del gobierno argentino por el envío de tropas kosovares a las
Islas Malvinas, y los desafíos que representa la pesca ilegal en el área de
Malvinas» (sic). ¿Desafíos? ¿De qué desafíos hablaron? Los gallegos se están
llevando de Malvinas, solo en Calamar, unos 350 millones de euros por año, que
en el comercio minorista de Europa representan unos 2.100 millones de euros,
además de pescar sin habilitación, no pagar derechos de capturas, no ser
controlados, ni abonar los derechos aduaneros a la Argentina.
Temas, que, a
tenor del Parte de la Cancillería, tampoco se habrían tratado con “el carácter
de denuncia” con el director general de Iberoamérica, Enrique Yturriaga, donde
el funcionario argentino habría destacado la participación de inversiones
españolas en la industria pesquera argentina y, referido, «al flagelo que
representa la pesca ilegal en Malvinas y las implicancias de la presencia de
buques de bandera española en esa área por “el carácter de pesca ilegal que
reviste”, según el régimen de pesca argentino. También expuso la situación y
desafíos que representa para la Argentina la pesca en el área adyacente a la
Zona Económica Exclusiva argentina, en la que también operan buques españoles»
(sic). Al igual que en el encuentro con el secretario general de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand.
Al respecto
convendría hacer algunas precisiones. En primer lugar, se debería exigir
respeto de España a la soberanía nacional y no llevar adelante meras
conversaciones que dilatan la pronta solución de la grave depredación que
afecta los intereses biológicos, económicos, sociales y relativas al desarrollo
nacional del litoral marítimo. En segundo lugar, al indicarle a los españoles,
que lo que se realiza en Malvinas es “pesca ilegal”, no puede quedar en una
simple conversación, cualquiera fuese el tono, sino que se requiere -como
funcionario- el inicio de las acciones legales pertinentes relativas a la pesca
ilegal de los buques españoles (y otros), pero también por la extracción y
exportación del recurso sin control aduanero ni pago de derechos; caso
contrario, podría encontrarse incurso en incumplimiento de los deberes el
funcionario público.
Por si este agente
del Estado no conoce quién pesca calamar y, que el calamar representa el 72% de
los ingresos de Malvinas podría recurrir a la Revista Redes (Nº 230/22) para
informarse que Pescapuerta-Fortuna Ltd capturó en 2021 el 27,5%; Pereira-Argos
Group el 18,7%; Seaview Ltd el 14,3%; Beauchenez Fish Co. Ltd. El 13%; Southern
Cross Ltd el 11,6%; RBC Ltd. el 0,4% y Seafish (Falklands) Ltd. el 4,4% y,
podría en la misma Revista (Nº 232/22) conocer el calamar illex que consume
Europa el 46,7% proviene de América y el 47,8% de Asia, donde los chinos,
taiwaneses y coreanos pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios y, sería
bueno saber, quién está certificando el origen. En tercer lugar, referirse solo
a la legislación argentina y omitir las normas internacionales y la Res. ONU
31/49, es desconocer las herramientas jurídicas y biológicas que cuenta el
país. En cuarto lugar, cualquier denuncia de pesca ilegal referida a buques
españoles debería haberse tratado con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
de España D. Luis Planas Puchades para agotar la vía administrativa, e ir
acompañado al menos por el Subsecretario de Pesca argentino Carlos Liberman, ya
que ninguno de los reunidos -de ambas partes- tiene suficiente conocimiento en
la materia y no podrían iniciar un proceso ni mucho menos resolver una cuestión
que compete al ejecutivo español.
En quinto lugar,
debieron reunirse con mi buen amigo el secretario general de la Confederación
Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de la empresarial europea (EuroPeche)
D. Javier Garat, que ha sido reelegido presidente por octavo año consecutivo en
la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA); organización que
defiende los intereses de los empresarios pesqueros en todos los foros del mundo.
En sexto lugar, también reunirse con el presidente de la Cooperativa de
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) Javier Touza, cuyos buques son los
responsables de la pesca en Malvinas. En séptimo lugar, ahora sí, con la
burocracia española y europea, si fuera necesario. Por cierto, reunirse con el
secretario general iberoamericano Andrés Allamand, una figura de la derecha
chilena de las últimas décadas y ex ministro de Relaciones Exteriores del ex
presidente chileno Sebastián Piñera, no pareciese que pueda aportar nada a la
recuperación de Malvinas, más bien todo lo contrario; aunque, para gustos no
hay nada escrito.
Claro, entiendo
que algunas incongruencias en la Argentina no ayudan, por ejemplo, que la
Presidencia pro tempore de la CELAC la ocupe el primer ministro de San Vicente
y las Granadinas, una isla que es parte de la Commonwealth of Nations, cuyo
Jefe de Estado es el Rey Carlos III del Reino Unido de Gran Bretaña (Forero,
Néstor, entrevista de Unión Malvinizadora, 2023) o, que el propio Secretario de
Malvinas demuestre en la entrevista de la Radio Universidad Nacional de la
Plata (6/1/2023) que tiene un serio desconocimiento del Brexit o Acuerdo del
Reino Unido y la Unión Europea (UE) y, en especial, en lo relativo al ingreso a
la Unión de los productos pesqueros procedentes de Malvinas. Decía al respecto
Carmona: «circula por WhattApp un texto que hace referencia que, hacia fines
2022 e inicios del 2023, se produjo un cambio en la situación de Malvinas
respecto a la Unión Europea (…) hoy, para la UE las islas Malvinas (…) no
tienen beneficios arancelarios como tenían con el régimen de la UE (…); pero,
tengo que aclarar que, esto no ocurrió ahora sino en el año 2020 (…) Fue
acordado en el año 2017 y en el 2020 comenzó a regir, por lo tanto, es una
situación que ya viene produciéndose en los últimos años (…) ¿Qué es lo que
está haciendo nuestra gestión a partir de 2020? (…) buscamos hacer que esta
posición se consolide y aspiramos a que la UE inste (…) al Reino Unido a
cumplir con las Resoluciones de las Naciones Unidas. Este es el objetivo en el
que estamos trabajando en este momento (…) Se trata de sumar voluntades
internacionalmente, de crear condiciones.
Como las que se
dan a partir del Brexit que tienen que ver con el hecho de que los beneficios
que el Reino Unido tenía en Malvinas a nivel arancelario los deje de tener y
estos son temas muy significativos porque la presencia colonial británica se ha
sostenido a partir de las comodidades que el escenario internacional le ha
brindado económicamente, por lo tanto, cuando la ocupación se le hace cara al
Reino Unido se crean condiciones también para que se pueda abrir una
negociación. Esto ocurrió a partir de la década del 60 y hasta antes de la
guerra de Malvinas, un proceso de negociaciones que estaban sostenidos, basados
en las Res. de Naciones Unidas y que se daban en la medida que al Reino Unido
le resultaba antieconómico sostener el régimen colonial, por eso es tan
importante este cambio de situación, de status en la situación de las Malvinas
respecto a la Unión Europea».
Lo dicho, sería
encarecer la gestión en Malvinas para dificultar la permanencia británica en
las islas; pero, esto todavía no comenzó, sería un cambio de 180º en la
estrategia de la Cancillería, porque hasta ayer, el Secretario Carmona tenía
como eje promover el diálogo, cooperar en forma unilateral y buscar apoyos de
terceros; aunque, por sus comentarios, el Secretario de Malvinas -con todo
respeto- no conoce los pormenores del llamado “Brexit” y tampoco las políticas seguidas
“con posterioridad a la década de 60 y anteriores a 1982” ya que no hubo ningún
encarecimiento de la gestión de los británicos en Malvinas y hasta su propio
consejero Marcelo Kohen y otro de sus asesores, al cumplirse 50 años del
“Acuerdo de Comunicaciones con el Reino Unido” firmado en 1971 por la dictadura
militar encabezada por el Presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse,
ponderó la cooperación (Perfil, 29/6/2021).
Además de ello, el
3 de julio de 1971, la Fuerza Aérea Argentina realizó el primer vuelo con
pasajeros desde Río Gallegos a Malvinas; en 1978 volaba a las islas LAPA
(Líneas Aéreas Privadas Argentina) y desde hace más de 20 años LATAM cuenta con
vuelo semanal entre Malvinas y Chile (donde hace toda la logística), con una
escala mensual en Río Gallegos, etc. Contrariamente, entendemos, se hizo y se
sigue haciendo muy cómoda la vida a los isleños, facilitando la explotación de
los recursos, traslados, alimentación, provisión de insumos, etc. tanto en
Chile como en Uruguay.
Para dar respuesta
al secretario Carmona respecto a los efectos reales del Brexit bastarían dos
cosas: la opinión de los empresarios españoles que pescan en Malvinas y los
resultados ciertos. El principal importador de calamar (la principal especie en
las Islas) desde Malvinas a España, el Ceo de Fortuna Ltd D. James Wallace
opinó: «Damos la bienvenida a la publicación del reglamento del Consejo de la
Unión Europea, 2021/1203 relativo a aranceles autónomos para ciertos productos
de la pesca. Desde el pasado primero de enero (2021) un monto del volumen anual
de 75,000 toneladas de calamar de las Falklands (sic) puede ser importado a la
Unión Europea, para su procesamiento con un arancel cero» (sic) y, amplió: «Por
lo tanto, le damos la bienvenida al acuerdo que beneficiará ante todo a uno de
los segmentos de nuestros clientes, la industria procesadora de la UE». (del
medio probritánico MercoPress, 22/7/21). Es decir, como anillo al dedo, los
españoles se llevan los recursos y ocupan mano de obra española en el proceso.
Diré, sin embargo,
pero me limitaré porque no quiero como argentino “avivar” a los que nos roban;
primero, que el Acuerdo no fue “acordado en 2017” ni “comenzó a regir en 2020”
como indica el Secretario, ya que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte notificó al Consejo Europeo su intención de
retirarse de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y eso dio
lugar al “Acuerdo de Retirada” el que comenzó a operar el 1/2/2020 (Decisión UE
2020/135), es decir tres años después; mientras, que el Acuerdo sobre la
relación entre Europa y el Reino Unido recién se formalizó el 29/12/2020
(Diario Oficial L444 UE publicado el 31/12/2020; Decisión UE 2020/2252 del
Consejo) y, segundo, que comenzó a regir el 1/1/2021; momento en que se inició
un período de adaptación de varias actividades, entre ellas la Pesca, que se
extenderá hasta el 30/6/2026 y, se habilitó a una Comisión, para suspender las
obligaciones recogidas en el Acuerdo de Comercio y Cooperación o en cualquier acuerdo complementario, así
como para adoptar medidas correctoras, de reequilibrio y contramedidas y,
podríamos fundar largamente sobre ello y, respecto al uso del pabellón español;
pero, bastaría analizar las estadísticas para ver los resultados del post
Brexit, que, en coincidencia con la gestión de Carmona, aumentaron un 84,6% las
capturas en Malvinas y, los niveles de importación en España de productos
provenientes de Malvinas (Revista Redes, Nº 232) y, por otra parte, la captura
total de calamar Illex en el Atlántico Suroccidental alcanzó las 580.000
toneladas, la más alta desde 2015; de ellas, 170.000 toneladas corresponden a
capturas en aguas argentinas de Malvinas.
Por su parte, el
desembarque en el puerto de aguas distantes de Zhoushan se realizó de 214
buques chinos que operan en el Atlántico Suroccidental y Pacífico Oriental
durante el primer semestre de 2021; un 61% de aumento en relación a 2020
(cifras oficiales de la FAO y el gobierno chino). Hay que agregar a esto, las
101.000 toneladas del calamar loligo capturadas en 2022 en Malvinas, el más
alto volumen desde 1989. Como contrapartida, las exportaciones argentinas se
redujeron aproximadamente un 10% en 2021 con relación al 2020.
Además de ello,
deberíamos tener en cuenta, que la Unión y el Reino Unido subrayaron el derecho
de cada Parte a conceder a los buques de la otra Parte acceso a la pesca en sus
aguas y ello, «les permitiría a los pescadores, hasta el 30 de junio de 2026,
seguir accediendo a las aguas de la otra Parte como ocurría antes de la entrada
en vigor del presente Acuerdo» y, «Convinieron que hasta esa fecha cada Parte
concederá a los buques de la otra Parte pleno acceso a sus aguas para pescar…».
Por supuesto que
para lograr ello, los funcionarios españoles y toda la dirigencia empresaria
española pesquera trabajaron afanosamente, porque los intereses entre España y
el Reino Unido, tanto en el intercambio pesquero entre ellos, como con
Malvinas, son muy estrechos, a tal punto que en Malvinas se otorgaron desde el
1/1/2023 licencias (ilegales) por 25 años a sociedades españolas-británicas,
donde los isleños tendrán el 51% de las acciones (lo que demuestra el
fortalecimiento inglés); mientras que la Cancillería y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca se mantuvieron alejados de los ámbitos de
decisión, como lo demuestra esta reciente visita diplomática de Carmona a
legisladores y burócratas de España y Europa, absolutamente ajenos a la
temática.
Todo se potencia,
cuando vemos las declaraciones de diputados que integran la coalición
gobernante de Uruguay, donde Silvana Pérez Bonavita expresó que “Uruguay tiene
una larga tradición en materia de respetar el derecho a la autodeterminación…y
tiene como sueño ver un vuelo directo entre Uruguay y las Falkands” y Felipe
Schipani manifestó que “Lacalle Pou desea concretar acuerdos fuera del
MERCOSUR. De ser así esto incrementaría el intercambio comercial con las
Falklands” (Agenda Malvinas/MercoPress/Penguin News, 10/2/2023). Una muestra
elocuente del fracaso de la Cancillería Argentina y, en especial de la
Secretaría de Malvinas, para buscar acuerdos con el Uruguay, potenciando los
intereses comunes en el Atlántico Suroccidental.
Por si algo
faltara, «la gobernadora ilegal de Malvinas y comisionada británica ante las
Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur Aliso Blake emitió el permiso para
autorizar al buque Angelescu del INIDEP para que investigue en aguas de las
Georgias» (La Capital, 9.2.23; MercoPress, 9.2.23). Cuestión absolutamente
improcedente e inadmisible, para quien pretende sostener la soberanía argentina
de las islas, que violenta la Disposición Transitoria Primera de la
Constitución Nacional.
Hoy, todo está
peor que antes del Brexit.
Hay formas de
arribar a acuerdos equitativos con España, solo que como decía la tía
Encarnación de Peñafort (22/11/2020) “una señorita puede casarse cuando sabe
hacer un buen caldo y desenredar una madeja de lana”. Ahora, pese a ser países
civilizados, si no se arribara rápidamente a acuerdos pesqueros equitativos, se
tendrá que iniciar el proceso de denuncias formales y las acciones legales
pertinentes, requiriendo la reparación económica por la pesca ilegal española
(y de otros) en Malvinas. La Argentina tiene y debe ejercer sus derechos y, no
es posible esperar para mañana si queremos comportarnos como un país que
presume de soberano y que hace más de 200 años se independizó del ibérico
altivo León.
Ahora, que el
árbol no nos impida ver el bosque: No nos olvidemos de la pesca ilegal de los
chinos.
