Diana Conti
Fue socia de Zaffaroni en el estudio de la Calle Riobamba... Miembro del CELS de Verbitsky... Es decir la misma asociación ...Solo faltaría sumar al socio y amigo de Zaffaroni: Jacobo Grossman es un ex convicto que pasó 13 años en prisión por habérsele probado una larga lista de secuestros extorsivos, y que fue indultado en 1991. El amigo de Zaffaroni reunió en 1973 a un grupo de delincuentes y los lideró conformando una banda de secuestradores que se dedicaban a sustraer menores de familias adineradas, cobrando por su rescate cuantiosas cifras. Tambien funcionario del INADI: Director de Relaciones Institucionales del INADI, desde 1999 hasta 2001
El abogado de la diputada ultrakirchnerista Diana Conti, Claudio Cholakian, que encabeza su defensa en la causa que la investiga por quedarse con parte del sueldo de unos de sus asesores ( Bruno Bimbi), es, al mismo tiempo, uno de los encargados de auditar jueces en el Consejo de la Magistratura, controlado por el oficialismo.
Aunque parezca una contradicción, ya que uno de los principios de la Justicia es que no se puede ser juez y parte, el rol de Cholakian en el organismo que designa y remueve jueces le permite auditar el funcionamiento de los juzgados federales, como podría ser el del Juez Rodolfo Canicoba Corral, que lleva adelante la investigación en la que está imputada Conti.
Poco ético. Mariano Becerra, abogado del periodista Bruno Bimbi, quien denunció a la diputada, que "Cholakian era defensor de Conti y paralelamente secretario letrado del Consejo de la Magistratura hasta el año pasado" y se mostró sorprendido por la "impunidad" con la que "esta gente se maneja". Asimismo, apuntó que "no es ilegal" que Cholakian defienda a Conti y sea auditor del Consejo de la Magistratura, "pero es una falta de ética total...
Biografía De Una Revolucionaria
La crónica oficial presenta a Diana Beatriz Conti, hoy de 54 años, y a su hermana, como humildes muchachas criadas en el barrio porteño de Núñez en una familia de clase media baja de escasos recursos que vivía en lo de la abuela materna de Dianita.
Conti, como toda joven, amenazó con excentricidades pero terminó siendo convencional: quería estudiar computación científica y trabajar en Energía Atómica (pero terminó estudiando Derecho), militó en el maoísta Partido Comunista Revolucionario, pero las vueltas de la vida la llevaron a representar al Frente para la Victoria, donde hay varios ex miembros del maoísmo trotskista, como Carlos Zannini.
Su padre, Horacio Conti, era viajante de comercio, y su madre, Martha Bascuas, fue un ama de casa que se recibió de profesora de inglés cuando sus hijas, Diana y otra dos años menor, ya caminaban. La ahora Senadora pasó los primeros cincos años de su vida mayormente en la casa que sus abuelos paternos tenían en Mataderos, porque su madre la engendró siendo demasiado joven, a los 16 años. Diana Beatriz “…era fanática de la murga y súper pro gitanos. De chica jugaba al básquet, porque entonces era alta, y por ese mérito casi siempre era abanderada. En esos tempranos años, odiaba la historia y no pensaba ser abogada”, recuerda la causante.
Hay quienes aprecian a Conti y quienes no, porque siempre fue una mujer de carácter difícil. “Hasta acá, nosotros la contuvimos. Ahora les toca ustedes la parte más difícil, porque esta chica es revolucionaria”, les dijo a los padres la directora del Normal 10, donde cursó todo el secundario, el día que entregó el diploma a la entonces dirigente del Centro de Estudiantes. La directora, una señora que luego fue desaparecida. No se equivocaba: durante “el proceso” Conti militó activamente en la subversión, en las filas de su amado Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Antes de recibirse de abogada en 1980 en la Universidad de Buenos Aires, fue secretaria de un estudio contable, vendió telas por kilo en un local en Puente Saavedra y administró propiedades en una inmobiliaria de Barrio Norte.
A poco de graduarse, consiguió laburo en los estudios jurídicos Ravignani-Garriga y Félix Lafiandra (h.) y comenzó a asesorar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Primero hubo alegría de muchos organismos de derechos humanos por su designación, pero luego no hubo más que decepción. No recuerdo que haya impulsado ninguna medida importante en materia de derecho humanos”, dice, en reserva, uno de los fundadores del CELS.
Diana Conti, a quien le dicen “la Negra”, vive desde hace años en una casa en Olivos y es divorciada. Estuvo diez años casada con un profesor de tenis, con quien no tuvo hijos, y luego tuvo varias parejas, uno de ellos, padre de sus dos hijos. Fue docente de Derecho Penal en la cátedra de Jaime Malamud Goti, a quien había conocido durante su juicio de divorcio como abogado de su ex marido. También frecuentaba a Raúl Alfonsín, por ser cercana amiga de Enrique Nosiglia, de una relación personal más allá de la política.
En vías de evolucionar desde el PCR hacia el “Frepaso” hizo el posgrado de Psicología Social, en la Escuela de Enrique Pichon Rivière, (donde obtuvo su título en diciembre de 1985), y trabajó como voluntaria en el Hospital Borda.
En días de Raúl Alfonsín en la Casa Rosada, Conti decidió convertirse en funcionaria del Poder Judicial. En 1986 ingresó como secretaria del Juzgado en lo Criminal y Correccional a cargo de María Cristina Camiña, hoy presidenta de la Asociación Mujeres Juezas de Argentina.
Tres años después, se inscribió en otro concurso, pero valió más su encantadora seducción que su capacidad ─a estar de la nota obtenida entre sus pares─, para ser promovida a Secretaria de la Sala VI de la Cámara del Crimen, donde conoció a los camaristas Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, ahora ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En abril de 1991, cansada de las persecuciones del menemismo a ciertos funcionarios del Poder Judicial, la Conti dejó Tribunales. Junto con Zaffaroni abrió un estudio jurídico en la calle Riobamba, cerca del Congreso, al que más tarde se sumó el Dr Mariano Ciafardini, por entonces Director de Política Criminal. “Trabajábamos básicamente casos ante tribunales internacionales. Ella era una excelente socia. Tenía una admirable capacidad de laburo y su paso por el Poder Judicial le había dado una importante formación práctica”, cuenta Ciafardini.
Sin embargo, en el mismo momento, la Conti fue designada asesora del gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, cuando León Carlos Arslanián fue ministro, por consejo de Eduardo Menem, a quien él estaba vinculado. Gil Lavedra, que la conoció íntimamente en esos años, también pondera su dedicación al trabajo: “Aunque no comparta muchos de sus puntos de vista, yo, que no soy tan revolucionario, le tengo aprecio personal. Es corajuda, metedora”, afirma hoy en día el diputado electo radical. “Conti reúne un requisito muy valioso. No es improvisada y conoce el paño porque trabajó en los tres poderes del Estado”, dice un abogado que estudió con ella y comparte su progresismo.
Como abogada independiente se especializó en la presentación de en casos ante tribunales internacionales, con Aníbal Ibarra, gestionando indemnizaciones a los “desaparecidos” o sus familiares. También fue asesora de Zaffaroni en la Convención Nacional Constituyente de 1994.
Su iniciación en la función pública se produce en el mismo Partido Comunista Revolucionario donde exhibió larga militancia, y, tras su pasado revolucionario durante los años del “proceso”, se integró al Frepaso, muy próxima por entonces a uno de los hijos del viejo Cafiero, que durante el gobierno de la Alianza la catapultaría como funcionaria del Ministerio de Justicia. Reconocida por su dedicación al trabajo en la entonces Municipalidad de Buenos Aires del Intendente De la Rúa. En efecto, ya en el Frepaso, Conti se identificó con Juan Pablo Cafiero, quien terminaría de aliado de los Duhalde. Ella legó a Cafiero vía Franco Caviglia, aquel desorbitado legislador que del Grupo de los 8 llegó a defender a Matilde Menéndez. Caviglia patrocinó a los diputados del Frepaso Juan Cafiero y Carlos Álvarez cuando los demandó Francisco Macri por calumnias e injurias. Entonces la Conti se sumó al Frepaso, abrió un local en Olivos y fue presidenta del Frente en Vicente López donde comenzó a denunciar a Enrique García, “el Japonés”, intendente muy cercano a Raúl Alfonsín, a quien “la pasionaria” Conti terminó frecuentando.
Luchadora Por La Libertad De Los “Héroes De La Tablada”
El 29 de mayo del 2000, Diana Conti, Secretaria de DD HH, durante la gestión de Fernando de La Rúa, planteó que había que interponer un recurso de revisión de la injusta sentencia contra los terroristas encarcelados por el intento de copamiento al Regimiento de Infantería 3 “General Belgrano”, de La Tablada. El ataque a este cuartel en enero de 1989 por parte de miembros del Movimiento Todos por la Patria dejó un saldo de 39 muertos y 200 heridos.
Los acusados por el ataque a La Tablada fueron enjuiciados en 1989 bajo la Ley de Defensa de la Democracia, que impide la doble instancia de apelación. Sólo el líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, y su mujer, Ana Sívori, que fueron juzgados en 1997 después de estar prófugos, tuvieron revisión de condenas concedidas por la Corte. La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó el planteo de los presos para que se reconsideraran sus condenas. Argumentó que no hay ley que facultase a conceder a esa instancia.
El objetivo político del Gobierno era que la Corte revoque la reciente decisión de Casación y establezca la revisión. Diana Conti calificaba a los terroristas que asesinaron a los militares en la toma del cuartel de la Tablada, como “perseguidos políticos” y movió cielo y tierra para su liberación.
Incluso, el entonces ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega llegó al país para visitar a los presos de La Tablada, y se reunió con el ministro de Interior, Fredy Storani, y con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, para interceder ante la situación de los condenados. Ortega también visitó a los presos mientras cumplían su huelga de hambre en el hospital Santojanni y se sumó a las Madres de Plaza de Mayo en la vigésima marcha por la Resistencia, que este año tuvo al tema de La Tablada entre sus reclamos centrales.
Adrián Witemberg, vocero del Movimiento Todos por la Patria, informó que con el mismo objetivo también llegaron al país los diputados del Frente Amplio de Uruguay Eduardo Bonomi, Edgar Belomo y Jorge Soto, de la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala.
Conti, en definitiva, encabezaba la gran cruzada por la libertad de los presos por el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, comenzando por Enrique Gorriarán Merlo. ¿Acaso la Conti representaba los intereses de su amigo Enrique Nosiglia al reclamar encarnizadamente por la liberación de los condenados? ¿O tal vez era porque muchos de ellos eran camaradas o compañeros de militancia en el Partido Comunista Revolucionario? Sospechada, entonces, por la Inteligencia de Ejército, de haber actuado en apoyo de la operación de Gorriarán Merlo –así como el grupo logístico de Humberto Tumini- el Quique se llevó el secreto a la tumba.
“Ya hay 15.000 desaparecidos oficiales, decía la Conti tras una investigación aritmética incansable, pero nunca justificada. Los números que se agregaron fueron en función de los familiares que se atrevieron a contar lo que les pasó mucho después del cierre del 1er informe, de los casos que se acercaron a presentar datos ciertos para cobrar las indemnizaciones y de los datos que surgieron en los juicios por la verdad que se están llevando adelante en distintos puntos del país”. Sin embargo, confió en encontrar los otros 15.000 para llegar a la cifra “oficial” de 30.000.
Por estos “brillantes antecedentes” Fernando De la Rúa creería que hacía una gran designación en la Subsecretaría de Derechos Humanos cuando aceptó la candidata propuesta por Carlos Alberto “Chacho” Álvarez. Ricardo Gil Lavedra también aceptó el rol de la Dra Conti por otros motivos: No quería conflictos iniciales con Álvarez y porque Alfonsín le hablaba bien de ella. Luego, con todos los problemas que debió afrontar, tuvo preocupaciones más importantes que Conti quien, en definitiva, no era tan complicada, ya que no prosperó ninguno de sus proyectos.
Otro Recambio De Camiseta
Caído De la Rúa, en 2001 acompañó al Dr Raúl Ricardo Alfonsín en la formula a Senadora Nacional por Buenos Aires, por lo que al renunciar el ex presidente ella se hizo cargo de la banca.
Debe recordarse que ella, en días de Eduardo Duhalde fue subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Nación, dependiendo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a cargo de Jorge Capitanich. Cuando él renunció, ella se fue. No sucedió lo mismo como subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación: cuando Carlos Álvarez renunció a la Vicepresidencia de la Nación, ella fue 1 de los 25 funcionarios del Frepaso que siguieron en funciones. En cambio sí renunció a su banca de diputada nacional, en 1999, para asumir la Subsecretaría de Derechos Humanos.
De su paso por el Ministerio de Justicia, varios recuerdan sus enérgicas peleas con Patricia Bullrich, en ese momento Secretaria de Asuntos Penitenciarios. “Ellas eran las únicas dos mujeres del gabinete de Ricardo Gil Lavedra y se peleaban siempre a los gritos. Una vez, casi se agarran de las mechas”, confiesó uno de sus ex compañeros. Conti, en efecto, reconoce que tenía enfrentamientos con Bullrich, pero explica que, básicamente, discutían porque no compartían los pasos a seguir respecto de la huelga de hambre de Enrique Gorriarán Merlo y otros presos por el copamiento de La Tablada.
Hacia el año 2003 la diputada nacional Diana Conti se había enfrentado duramente con la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pocos años después las diferencias quedaron muy atrás, a tal punto que Conti no sólo es vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y presidenta de la Comisión de Selección de candidatos a jueces sino que le agradece al matrimonio Kirchner su actualidad en la política. Conti está contenta por su función y enseguida enumera algunas de las acciones durante su gestión: “El Consejo resolvió que los jueces tienen que hacer públicas sus declaraciones privadas de bienes. El plazo para presentar sus declaraciones juradas vence entre abril y mayo. Con eso se podrá seguir la evolución patrimonial de los jueces. Por otra parte, los jueces ya no pueden dar clases en horario judicial. Patalearon pero se puso la regla. Ahora se cuidan más y van más a trabajar”.
Pero con la llegada de Néstor Kirchner al poder fue acortando antiguas diferencias con el matrimonio K, hasta incorporarse a las filas oficinistas mediante la tranversalidad. Actualmente es una kirchnerista incondicional y, una clara voz oficialista en el Consejo de la Magistratura. Terriblemente soberbia, amenazó con levantarse de la mesa de Mirtha Legrand si no la dejaban hablar. Cuando Néstor Kirchner ganó los comicios y Diana Conti, por entonces senadora integrante del monobloque Frepaso, mudó su evaluación del Frente para la Victoria y de Cristina Fernández de Kirchner. Nunca fue peronista, sino todo lo contrario trotskista-maoísta, pero Conti se “borocotizó” cuando Eduardo Lorenzo, el verdadero “Borocotó”, aún hacía proselitismo por Mauricio Macri.
Tras la frustración del Frepaso, Conti apreció que su etapa en la política estaba terminada. “El Frepaso se equivocó en la Alianza y se fue todo al diablo. Ahí pensé que nunca me iba a volver a enamorar de la política ni de un proyecto político -recuerda. ¿Y entonces? Pasó que me enamoré del kirchnerismo. Todas las banderas que levantábamos en el Frepaso o el «chachismo» original, Kirchner y Cristina no sólo las proclaman sino que las llevan a la realidad y no sesgan en sus convicciones”.
Pero hay algo permanente en Conti: la sobreactuación. Por esto es que Conti dice: “Soy hiperkirchnerista. Néstor y Cristina, con quien ahora me llevo bien, me sedujeron convictivamente (sic). Este gobierno está llevando adelante la mayoría de las banderas del Frepaso, que quedaron truncas con la Alianza. Tanto (Néstor) Kirchner como Cristina representan el mismo proyecto político. Deseo que se presente ella. Me parece que sería muy bueno que una mujer ocupe la más alta magistratura del país, creo que produciría un cambio de puntos de vista y solidificaría el mismo proyecto político”.
Su principal logro legislativo fue la declaración de nulidad de las Leyes de Punto final y Obediencia Debida, que durante el gobierno de la Alianza impulsó sin éxito pero fue aprobada, en 2003, con el irrestricto apoyo de Néstor Kirchner y la recomposición de un Congreso decididamente revanchista.
De esa forma, Conti, junto al diputado nacional Carlos Kunkel, vocera en el Consejo de la Magistratura de todas las reformas al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo Nacional.
En un reportaje concedido a Télam, antes del plebiscito del 28 de junio, Conti dijo que las fuerzas políticas de la oposición (entre las que hoy día se encuentra la UCR allegada a Alfonsín) desarrollan un papel “paupérrimo y desastroso”, están “fragmentados y dispersos” y eso “achata la discusión política” del Parlamento.
Según ella, “la oposición carece de propuestas y tiene que aferrarse a este tipo de instrumento («la campaña sucia» que para ella se ejemplificó con retirarse del recinto cuando lo visitó Alberto Fernández) como campaña electoral”.
Para Conti, los Kirchner «son garantes de los bolsillos de los argentinos, sobre todo de los que menos tienen: si hubiera mayor inflación seguramente habrá una medida paliativa para todos». También recordó que el presidente Kirchner asumió un país “en desmadre financiero, económico y cultural y lo empezó a transformar en un país normal. Le puso freno a los acreedores internacionales, modificó la cabeza judicial -que estaba absolutamente desprestigiada y deteriorada- y dio el puntapié inicial para generar educación igualitaria en toda la Republica”.
Diana Conti Arremete Contra La Asociación De Magistrados
Conti afirma que el Consejo de la Magistratura “se va desburocratizando de a poco y se transforma en un cuerpo más ágil”. Sin embargo, desde que el camarista civil Ricardo Recondo ganó las elecciones de la Asociación de Magistrados a fines de 2006, no dejó de sostener que “la asociación debe ser la voz política del Poder Judicial” y “que es necesario plantear que los jueces no pueden hablar sólo por sus sentencias”.
Y eso es lo que hizo él estos últimos días: Recondo advirtió que el Consejo de la Magistratura “necesita cirugía mayor, no cirugía estética”, y denunció que el Gobierno “tiene el poder absoluto de veto, o sea que si quiere proteger a un juez, lo hace”.
Las declaraciones vienen a cuento por las reformas que impulsa el Gobierno en ese órgano judicial: busca que haya un “proceso de selección de jueces más rápido y transparentar al máximo todos los actos”, dijo el flamante ministro de Justicia, Julio Alak.
El jefe de Gabinete -y ex titular de Justicia- Aníbal Fernández, fustigó las declaraciones de Recondo. Las calificó de “grandilocuentes y ampulosas” y negó presuntos “bloqueos” del Ejecutivo a jueces no afines dentro del Consejo, el organismo que interviene en la selección de jueces, promueve su remoción y administra el Poder Judicial.
Surgió así otra vez la ferocidad de la diputada nacional (FPV) y miembro del Consejo de la Magistratura, Diana Conti: “¡Que diga a qué jueces protegemos, qué jueces deberían ser acusados en juicio político, queremos saber sus nombres y apellidos para actuar en consecuencia!”, le reclamó a Recondo en una fogosa rueda de prensa.
“La corporación judicial que quiere recrear a sus propios pichones, a los que vienen de las familias de judiciales”, mientras que “nosotros queremos un poder judicial abierto también a todos aquellos abogados que, habiendo estudiado en facultades públicas, saben que donde hay una necesidad hay derecho y que esos derechos se tienen que hacer realidad en los tribunales”. Diana Conti aseguró que la oposición “no nos dice qué es lo que se critica exactamente” del Consejo de la Magistratura y que eso hace presumir que lo que están haciendo es “un juego oportunista y un juego defensivo de la corporación judicial, que no está a la altura de los ciudadanos del pueblo que necesitan del servicio de la justicia”.
Y agregó que “…sería muy bueno que «la Corporación judicial», que él encabeza, aporte los datos necesarios para que el Consejo de la Magistratura pueda cumplir su función y acusar a los malos jueces con mayor eficacia”.
Diana Conti, El Aborto Y La Industria De Los Estupefacientes
Si bien mutó de partido, las ideas de Diana Beatriz jamás cambiaron. Son decididamente de izquierda y anticatólicas. Como senadora del Frente Grande, afirmó en su momento que “la despenalización del aborto no es inconstitucional” y así respaldó la posición parricida de Carmen Argibay, la penalista que postuló el Gobierno para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. La opinión de Argibay, a favor de una posible despenalización del aborto, le valió una dura réplica de la Iglesia que consideró como “poco felices” las declaraciones de la magistrada. Sin embargo Conti defendió la postulación de la jurista y aseguro que “la defensa de la vida, de los demás derechos humanos y el compromiso con la justicia están claramente plasmados en la trayectoria de Argibay y son prueba cabal de su respeto irrestricto a la Constitución Nacional”. La legisladora, así, se mostró coincidente con la despenalización del aborto y opinó que “no es inconstitucional” ya que esta medida “representaría un instrumento político-criminal a evaluar a la hora de aplicar políticas de Estado que tiendan a erradicar muertes evitables”.
Tras la famosa cumbre de la ONU, en Viena, Aníbal Fernández pidió revisar las leyes que penalizan el consumo de drogas, y Diana Conti lo secundó presentando un proyecto para no incriminar las adicciones. Según ella, “…hay que desandar una política de diez años que impusieron las Naciones Unidas al compás de Estados Unidos, donde el eje fueron la prohibición y la demonización de la droga. Darlo vuelta lleva sus tiempos, tanto en lo internacional como en lo regional y nacional. Es muy celebrable que el gobierno argentino haya tenido la valentía de llevar la posición que llevó el ministro (de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) Aníbal Fernández a los foros internacionales. Eso va a derramar efectos positivos no sólo en el mundo sino también en la región y en nuestro país. Las cosas se van a ir sucediendo por esto que genera un cambio de posición política de la Argentina, que no es la que adoptó hace diez años. El hecho de consumir drogas, por sí solo, jamás puede ser un delito. Es más, el artículo 18 de la Constitución nacional habla de las acciones privadas de los hombres. El suicidio no es delito. Por lo tanto, intoxicarnos y dañarnos no es delito. Distinta es la situación del que delinque drogado o del que se droga para delinquir. La Justicia argentina, casi mayoritariamente, va declarando la inconstitucionalidad de penar la tenencia para consumo personal.”
“Haciendo La Plancha” Ante La Mala Mar
Tras las elecciones, desde la oposición y el sector judicial reclamaron que la integración del Consejo sea reformada porque el oficialismo no tiene mayoría como para imponer sus decisiones sus candidatos o decidir per se una remoción pero, con cinco de los trece miembros, sí cuenta con un virtual poder de veto para seleccionar a los jueces o acusarlos por mal desempeño, las dos funciones centrales del tal cuestionado organismo, en el cual se enseñorea Diana Beatriz Conti digitando a la Justicia.
Hasta el ministro más antiguo e incuestionado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fayt, dijo que ha dado un resultado negativo y que “hay que modificarlo” de inmediato.
Remontándose al origen de este nuevo Consejo de la Magistratura, explicó que desde 1999 hasta 2004 el anterior organismo sumó críticas desde la oposición y desde el oficialismo y que la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner tomó estas críticas en las audiencias públicas para elaborar el proyecto del nuevo. Así, la comisión de Asuntos Constitucionales llegó a elaborar un dictamen que contó con la aprobación de 27 senadores y 129 diputados, es decir, la mayoría absoluta que se exige para reformar el Consejo de la Magistratura.
El Consejo comenzó a funcionar en 1998 con 20 integrantes. A instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, en 2006 fue reducido a 13 integrantes: tres diputados y tres senadores (dos por el oficialismo y uno por la oposición), tres jueces, dos abogados y un representante del sector académico y otro del Poder Ejecutivo.
Las críticas apuntan a la lentitud del trabajo del cuerpo en la selección de jueces y al “cajoneo” de las denuncias contra los magistrados adictos al régimen, mientras que es tremendamente expeditivo para destituir a los jueces con independencia de criterio que contradigan los mandatos del sistema, que ahora tambalea.
El Consejo de la Magistratura suspendió la reunión prevista para este jueves, de carácter reservado, en la cual se iba a analizar el futuro del cuerpo. La mayoría de los consejeros faltó a la cita. ¿Se trata de una movida política o simplemente que los miembros estarán afectados por la gripe A H1 N1?
¿Si no fuera en el ámbito público, una empresa privada toleraría este tipo de informalidades?
En medio de las críticas de la oposición y de los cuestionamientos de los miembros de la Corte Suprema, este jueves estaba prevista la cumbre del Consejo de la Magistratura con la ausencia anunciada del diputado Carlos Kunkel. Así el oficialismo intentaba bajar su perfil confrontativo en esta nueva etapa “dialoguista” abierta tras la derrota electoral.
Según el gobierno, los miembros tenían previsto analizar las crecientes críticas contra el funcionamiento del organismo responsable de seleccionar y sancionar a los jueces.
El fracaso de la cita de este jueves se da luego de que el más antiguo miembro de la Corte Suprema se pronunciara en contra del funcionamiento de la Magistratura. El respetado magistrado no dudó en opinar que el Consejo “debe modificarse” aunque evitó adelantar los términos de un eventual pronunciamiento del máximo Tribunal en medio de la polémica entre la oposición y el poder central por cambios en el organismo.
Tras las críticas del Ministro de la Corte, Dr Carlos Fayt, una de las espadas del kirchnerismo en el organismo, la diputada nacional Diana Conti, reconoció que el Consejo tiene “dificultades” y advirtió que “habrá que hacer ligeras modificaciones”. Sin embargo, agregó que “…en el Congreso se fijó una agenda parlamentaria. El Consejo de la Magistratura es un tema, pero no es prioritario. Vamos a seguir la agenda que se fijó con todas las fuerzas. Todo va a ser discutido en el ámbito natural, que es el Congreso. El Consejo tiene dificultades en cuanto al proceso de selección de los jueces y a mi gusto no es claro”. Lo que significa que el presente gobierno no hará absolutamente nada que no sea derivar hacia el futuro la salida negociada del presente sistema.
Los abogados que trabajan en las causas por la revisión de la guerra antiterrorista de los años ´70 ─donde exclusivamente están imputado el personal que revistaba en las fuerzas legales de la Nación─ vienen señalando sistemáticamente los excesos y desvaríos del mecanismo, que son graves y muchos. Y no sólo por los lugares comunes más trillados de la serie completa de derechos humanos arrasados con el cuento de rescatar los mismos derechos humanos.
También porque el letrado que se toma el arduo trabajo de hurgar los folios de uno de esos mega-expedientes judiciales comprueba enseguida que han ido demasiado lejos: además de violar las garantías y los principios más elementales del derecho penal, los jueces y los fiscales persiguen, encarcelan, imputan y juzgan al margen de los hechos concretos que usan de título para eso.
Aunque la Corte advirtió que no va a analizar la cuestión del Consejo de la Magistratura y el irregular funcionamiento de la Procuración General de la Nación hasta que se pronuncie el Poder Legislativo sobre una eventual reforma del Consejo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal le exigió al máximo tribunal que convoque a una audiencia pública para tratar esos temas.
Cómo saldrá Diana Conti de esta situación es en un todo previsible. Teniendo en cuenta sus antecedentes, el “kirchnerismo” presente de “la pasionaria” de los DDHH de los asesinos del MTP ─oportunamente condenados por “la Justicia de la democracia”─ no le impediría saltar a tiempo del derrumbe y migrar con sus ideas hacia otro partido para que se impongan en otra oportunidad, tal como corrobora su historia política.
Después de todo, Néstor Kirchner jamás consiguió lealtades permanentes, todo es coyuntural, acomodaticio, versátil o transitorio.
Sin embargo ─en un país que tiene el triste récord de poseer uno de los índices de delincuencia más elevados del mundo, y supera en cantidad de presos políticos a la Cuba de Fidel Castro─ quienes están aquejados por la falta de Justicia no tienen ni paciencia ni demasiado tiempo para esperar por promesas de cambios que tal vez jamás se produzcan. (Biografía no autorizada , por Carlos Marcelo Shäferstein- Laura Zommer La Nación )
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Empleadores de Diana Conti:
34-54667147-1 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M 01/1987 12/1987
34-54667147-1 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M 01/1988 12/1988
34-54667147-1 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M 01/1990 12/1990
30-54666656-1 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 00/1992 00/1992
30-54666656-1 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 00/1994 00/1994
30-54666656-1 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 07/1994 03/1995
30-54666656-1 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 05/1995 03/1998
30-53421333-2 DIRECCION DE CONTADURIA Y ADMI 02/1996 02/2000
30-54667130-1 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURI 01/2000 12/2001
30-68060457-2 JEFATURA DE GABINETE DE MINIST 01/2002 07/2002
30-62355199-3 HONORABLE SENADO DE LA NACION 07/2002 12/2005
30-53421333-2 DIRECCION DE CONTADURIA Y ADMI DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 12/2005 07/2007
[Fuente: SEPRIN, 4-8-09]
El abogado de la diputada ultrakirchnerista Diana Conti, Claudio Cholakian, que encabeza su defensa en la causa que la investiga por quedarse con parte del sueldo de unos de sus asesores ( Bruno Bimbi), es, al mismo tiempo, uno de los encargados de auditar jueces en el Consejo de la Magistratura, controlado por el oficialismo.
Aunque parezca una contradicción, ya que uno de los principios de la Justicia es que no se puede ser juez y parte, el rol de Cholakian en el organismo que designa y remueve jueces le permite auditar el funcionamiento de los juzgados federales, como podría ser el del Juez Rodolfo Canicoba Corral, que lleva adelante la investigación en la que está imputada Conti.
Poco ético. Mariano Becerra, abogado del periodista Bruno Bimbi, quien denunció a la diputada, que "Cholakian era defensor de Conti y paralelamente secretario letrado del Consejo de la Magistratura hasta el año pasado" y se mostró sorprendido por la "impunidad" con la que "esta gente se maneja". Asimismo, apuntó que "no es ilegal" que Cholakian defienda a Conti y sea auditor del Consejo de la Magistratura, "pero es una falta de ética total...
Biografía De Una Revolucionaria
La crónica oficial presenta a Diana Beatriz Conti, hoy de 54 años, y a su hermana, como humildes muchachas criadas en el barrio porteño de Núñez en una familia de clase media baja de escasos recursos que vivía en lo de la abuela materna de Dianita.
Conti, como toda joven, amenazó con excentricidades pero terminó siendo convencional: quería estudiar computación científica y trabajar en Energía Atómica (pero terminó estudiando Derecho), militó en el maoísta Partido Comunista Revolucionario, pero las vueltas de la vida la llevaron a representar al Frente para la Victoria, donde hay varios ex miembros del maoísmo trotskista, como Carlos Zannini.
Su padre, Horacio Conti, era viajante de comercio, y su madre, Martha Bascuas, fue un ama de casa que se recibió de profesora de inglés cuando sus hijas, Diana y otra dos años menor, ya caminaban. La ahora Senadora pasó los primeros cincos años de su vida mayormente en la casa que sus abuelos paternos tenían en Mataderos, porque su madre la engendró siendo demasiado joven, a los 16 años. Diana Beatriz “…era fanática de la murga y súper pro gitanos. De chica jugaba al básquet, porque entonces era alta, y por ese mérito casi siempre era abanderada. En esos tempranos años, odiaba la historia y no pensaba ser abogada”, recuerda la causante.
Hay quienes aprecian a Conti y quienes no, porque siempre fue una mujer de carácter difícil. “Hasta acá, nosotros la contuvimos. Ahora les toca ustedes la parte más difícil, porque esta chica es revolucionaria”, les dijo a los padres la directora del Normal 10, donde cursó todo el secundario, el día que entregó el diploma a la entonces dirigente del Centro de Estudiantes. La directora, una señora que luego fue desaparecida. No se equivocaba: durante “el proceso” Conti militó activamente en la subversión, en las filas de su amado Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Antes de recibirse de abogada en 1980 en la Universidad de Buenos Aires, fue secretaria de un estudio contable, vendió telas por kilo en un local en Puente Saavedra y administró propiedades en una inmobiliaria de Barrio Norte.
A poco de graduarse, consiguió laburo en los estudios jurídicos Ravignani-Garriga y Félix Lafiandra (h.) y comenzó a asesorar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Primero hubo alegría de muchos organismos de derechos humanos por su designación, pero luego no hubo más que decepción. No recuerdo que haya impulsado ninguna medida importante en materia de derecho humanos”, dice, en reserva, uno de los fundadores del CELS.
Diana Conti, a quien le dicen “la Negra”, vive desde hace años en una casa en Olivos y es divorciada. Estuvo diez años casada con un profesor de tenis, con quien no tuvo hijos, y luego tuvo varias parejas, uno de ellos, padre de sus dos hijos. Fue docente de Derecho Penal en la cátedra de Jaime Malamud Goti, a quien había conocido durante su juicio de divorcio como abogado de su ex marido. También frecuentaba a Raúl Alfonsín, por ser cercana amiga de Enrique Nosiglia, de una relación personal más allá de la política.
En vías de evolucionar desde el PCR hacia el “Frepaso” hizo el posgrado de Psicología Social, en la Escuela de Enrique Pichon Rivière, (donde obtuvo su título en diciembre de 1985), y trabajó como voluntaria en el Hospital Borda.
En días de Raúl Alfonsín en la Casa Rosada, Conti decidió convertirse en funcionaria del Poder Judicial. En 1986 ingresó como secretaria del Juzgado en lo Criminal y Correccional a cargo de María Cristina Camiña, hoy presidenta de la Asociación Mujeres Juezas de Argentina.
Tres años después, se inscribió en otro concurso, pero valió más su encantadora seducción que su capacidad ─a estar de la nota obtenida entre sus pares─, para ser promovida a Secretaria de la Sala VI de la Cámara del Crimen, donde conoció a los camaristas Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, ahora ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En abril de 1991, cansada de las persecuciones del menemismo a ciertos funcionarios del Poder Judicial, la Conti dejó Tribunales. Junto con Zaffaroni abrió un estudio jurídico en la calle Riobamba, cerca del Congreso, al que más tarde se sumó el Dr Mariano Ciafardini, por entonces Director de Política Criminal. “Trabajábamos básicamente casos ante tribunales internacionales. Ella era una excelente socia. Tenía una admirable capacidad de laburo y su paso por el Poder Judicial le había dado una importante formación práctica”, cuenta Ciafardini.
Sin embargo, en el mismo momento, la Conti fue designada asesora del gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, cuando León Carlos Arslanián fue ministro, por consejo de Eduardo Menem, a quien él estaba vinculado. Gil Lavedra, que la conoció íntimamente en esos años, también pondera su dedicación al trabajo: “Aunque no comparta muchos de sus puntos de vista, yo, que no soy tan revolucionario, le tengo aprecio personal. Es corajuda, metedora”, afirma hoy en día el diputado electo radical. “Conti reúne un requisito muy valioso. No es improvisada y conoce el paño porque trabajó en los tres poderes del Estado”, dice un abogado que estudió con ella y comparte su progresismo.
Como abogada independiente se especializó en la presentación de en casos ante tribunales internacionales, con Aníbal Ibarra, gestionando indemnizaciones a los “desaparecidos” o sus familiares. También fue asesora de Zaffaroni en la Convención Nacional Constituyente de 1994.
Su iniciación en la función pública se produce en el mismo Partido Comunista Revolucionario donde exhibió larga militancia, y, tras su pasado revolucionario durante los años del “proceso”, se integró al Frepaso, muy próxima por entonces a uno de los hijos del viejo Cafiero, que durante el gobierno de la Alianza la catapultaría como funcionaria del Ministerio de Justicia. Reconocida por su dedicación al trabajo en la entonces Municipalidad de Buenos Aires del Intendente De la Rúa. En efecto, ya en el Frepaso, Conti se identificó con Juan Pablo Cafiero, quien terminaría de aliado de los Duhalde. Ella legó a Cafiero vía Franco Caviglia, aquel desorbitado legislador que del Grupo de los 8 llegó a defender a Matilde Menéndez. Caviglia patrocinó a los diputados del Frepaso Juan Cafiero y Carlos Álvarez cuando los demandó Francisco Macri por calumnias e injurias. Entonces la Conti se sumó al Frepaso, abrió un local en Olivos y fue presidenta del Frente en Vicente López donde comenzó a denunciar a Enrique García, “el Japonés”, intendente muy cercano a Raúl Alfonsín, a quien “la pasionaria” Conti terminó frecuentando.
Luchadora Por La Libertad De Los “Héroes De La Tablada”
El 29 de mayo del 2000, Diana Conti, Secretaria de DD HH, durante la gestión de Fernando de La Rúa, planteó que había que interponer un recurso de revisión de la injusta sentencia contra los terroristas encarcelados por el intento de copamiento al Regimiento de Infantería 3 “General Belgrano”, de La Tablada. El ataque a este cuartel en enero de 1989 por parte de miembros del Movimiento Todos por la Patria dejó un saldo de 39 muertos y 200 heridos.
Los acusados por el ataque a La Tablada fueron enjuiciados en 1989 bajo la Ley de Defensa de la Democracia, que impide la doble instancia de apelación. Sólo el líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, y su mujer, Ana Sívori, que fueron juzgados en 1997 después de estar prófugos, tuvieron revisión de condenas concedidas por la Corte. La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó el planteo de los presos para que se reconsideraran sus condenas. Argumentó que no hay ley que facultase a conceder a esa instancia.
El objetivo político del Gobierno era que la Corte revoque la reciente decisión de Casación y establezca la revisión. Diana Conti calificaba a los terroristas que asesinaron a los militares en la toma del cuartel de la Tablada, como “perseguidos políticos” y movió cielo y tierra para su liberación.
Incluso, el entonces ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega llegó al país para visitar a los presos de La Tablada, y se reunió con el ministro de Interior, Fredy Storani, y con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, para interceder ante la situación de los condenados. Ortega también visitó a los presos mientras cumplían su huelga de hambre en el hospital Santojanni y se sumó a las Madres de Plaza de Mayo en la vigésima marcha por la Resistencia, que este año tuvo al tema de La Tablada entre sus reclamos centrales.
Adrián Witemberg, vocero del Movimiento Todos por la Patria, informó que con el mismo objetivo también llegaron al país los diputados del Frente Amplio de Uruguay Eduardo Bonomi, Edgar Belomo y Jorge Soto, de la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala.
Conti, en definitiva, encabezaba la gran cruzada por la libertad de los presos por el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, comenzando por Enrique Gorriarán Merlo. ¿Acaso la Conti representaba los intereses de su amigo Enrique Nosiglia al reclamar encarnizadamente por la liberación de los condenados? ¿O tal vez era porque muchos de ellos eran camaradas o compañeros de militancia en el Partido Comunista Revolucionario? Sospechada, entonces, por la Inteligencia de Ejército, de haber actuado en apoyo de la operación de Gorriarán Merlo –así como el grupo logístico de Humberto Tumini- el Quique se llevó el secreto a la tumba.
“Ya hay 15.000 desaparecidos oficiales, decía la Conti tras una investigación aritmética incansable, pero nunca justificada. Los números que se agregaron fueron en función de los familiares que se atrevieron a contar lo que les pasó mucho después del cierre del 1er informe, de los casos que se acercaron a presentar datos ciertos para cobrar las indemnizaciones y de los datos que surgieron en los juicios por la verdad que se están llevando adelante en distintos puntos del país”. Sin embargo, confió en encontrar los otros 15.000 para llegar a la cifra “oficial” de 30.000.
Por estos “brillantes antecedentes” Fernando De la Rúa creería que hacía una gran designación en la Subsecretaría de Derechos Humanos cuando aceptó la candidata propuesta por Carlos Alberto “Chacho” Álvarez. Ricardo Gil Lavedra también aceptó el rol de la Dra Conti por otros motivos: No quería conflictos iniciales con Álvarez y porque Alfonsín le hablaba bien de ella. Luego, con todos los problemas que debió afrontar, tuvo preocupaciones más importantes que Conti quien, en definitiva, no era tan complicada, ya que no prosperó ninguno de sus proyectos.
Otro Recambio De Camiseta
Caído De la Rúa, en 2001 acompañó al Dr Raúl Ricardo Alfonsín en la formula a Senadora Nacional por Buenos Aires, por lo que al renunciar el ex presidente ella se hizo cargo de la banca.
Debe recordarse que ella, en días de Eduardo Duhalde fue subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Nación, dependiendo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a cargo de Jorge Capitanich. Cuando él renunció, ella se fue. No sucedió lo mismo como subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación: cuando Carlos Álvarez renunció a la Vicepresidencia de la Nación, ella fue 1 de los 25 funcionarios del Frepaso que siguieron en funciones. En cambio sí renunció a su banca de diputada nacional, en 1999, para asumir la Subsecretaría de Derechos Humanos.
De su paso por el Ministerio de Justicia, varios recuerdan sus enérgicas peleas con Patricia Bullrich, en ese momento Secretaria de Asuntos Penitenciarios. “Ellas eran las únicas dos mujeres del gabinete de Ricardo Gil Lavedra y se peleaban siempre a los gritos. Una vez, casi se agarran de las mechas”, confiesó uno de sus ex compañeros. Conti, en efecto, reconoce que tenía enfrentamientos con Bullrich, pero explica que, básicamente, discutían porque no compartían los pasos a seguir respecto de la huelga de hambre de Enrique Gorriarán Merlo y otros presos por el copamiento de La Tablada.
Hacia el año 2003 la diputada nacional Diana Conti se había enfrentado duramente con la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pocos años después las diferencias quedaron muy atrás, a tal punto que Conti no sólo es vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y presidenta de la Comisión de Selección de candidatos a jueces sino que le agradece al matrimonio Kirchner su actualidad en la política. Conti está contenta por su función y enseguida enumera algunas de las acciones durante su gestión: “El Consejo resolvió que los jueces tienen que hacer públicas sus declaraciones privadas de bienes. El plazo para presentar sus declaraciones juradas vence entre abril y mayo. Con eso se podrá seguir la evolución patrimonial de los jueces. Por otra parte, los jueces ya no pueden dar clases en horario judicial. Patalearon pero se puso la regla. Ahora se cuidan más y van más a trabajar”.
Pero con la llegada de Néstor Kirchner al poder fue acortando antiguas diferencias con el matrimonio K, hasta incorporarse a las filas oficinistas mediante la tranversalidad. Actualmente es una kirchnerista incondicional y, una clara voz oficialista en el Consejo de la Magistratura. Terriblemente soberbia, amenazó con levantarse de la mesa de Mirtha Legrand si no la dejaban hablar. Cuando Néstor Kirchner ganó los comicios y Diana Conti, por entonces senadora integrante del monobloque Frepaso, mudó su evaluación del Frente para la Victoria y de Cristina Fernández de Kirchner. Nunca fue peronista, sino todo lo contrario trotskista-maoísta, pero Conti se “borocotizó” cuando Eduardo Lorenzo, el verdadero “Borocotó”, aún hacía proselitismo por Mauricio Macri.
Tras la frustración del Frepaso, Conti apreció que su etapa en la política estaba terminada. “El Frepaso se equivocó en la Alianza y se fue todo al diablo. Ahí pensé que nunca me iba a volver a enamorar de la política ni de un proyecto político -recuerda. ¿Y entonces? Pasó que me enamoré del kirchnerismo. Todas las banderas que levantábamos en el Frepaso o el «chachismo» original, Kirchner y Cristina no sólo las proclaman sino que las llevan a la realidad y no sesgan en sus convicciones”.
Pero hay algo permanente en Conti: la sobreactuación. Por esto es que Conti dice: “Soy hiperkirchnerista. Néstor y Cristina, con quien ahora me llevo bien, me sedujeron convictivamente (sic). Este gobierno está llevando adelante la mayoría de las banderas del Frepaso, que quedaron truncas con la Alianza. Tanto (Néstor) Kirchner como Cristina representan el mismo proyecto político. Deseo que se presente ella. Me parece que sería muy bueno que una mujer ocupe la más alta magistratura del país, creo que produciría un cambio de puntos de vista y solidificaría el mismo proyecto político”.
Su principal logro legislativo fue la declaración de nulidad de las Leyes de Punto final y Obediencia Debida, que durante el gobierno de la Alianza impulsó sin éxito pero fue aprobada, en 2003, con el irrestricto apoyo de Néstor Kirchner y la recomposición de un Congreso decididamente revanchista.
De esa forma, Conti, junto al diputado nacional Carlos Kunkel, vocera en el Consejo de la Magistratura de todas las reformas al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo Nacional.
En un reportaje concedido a Télam, antes del plebiscito del 28 de junio, Conti dijo que las fuerzas políticas de la oposición (entre las que hoy día se encuentra la UCR allegada a Alfonsín) desarrollan un papel “paupérrimo y desastroso”, están “fragmentados y dispersos” y eso “achata la discusión política” del Parlamento.
Según ella, “la oposición carece de propuestas y tiene que aferrarse a este tipo de instrumento («la campaña sucia» que para ella se ejemplificó con retirarse del recinto cuando lo visitó Alberto Fernández) como campaña electoral”.
Para Conti, los Kirchner «son garantes de los bolsillos de los argentinos, sobre todo de los que menos tienen: si hubiera mayor inflación seguramente habrá una medida paliativa para todos». También recordó que el presidente Kirchner asumió un país “en desmadre financiero, económico y cultural y lo empezó a transformar en un país normal. Le puso freno a los acreedores internacionales, modificó la cabeza judicial -que estaba absolutamente desprestigiada y deteriorada- y dio el puntapié inicial para generar educación igualitaria en toda la Republica”.
Diana Conti Arremete Contra La Asociación De Magistrados
Conti afirma que el Consejo de la Magistratura “se va desburocratizando de a poco y se transforma en un cuerpo más ágil”. Sin embargo, desde que el camarista civil Ricardo Recondo ganó las elecciones de la Asociación de Magistrados a fines de 2006, no dejó de sostener que “la asociación debe ser la voz política del Poder Judicial” y “que es necesario plantear que los jueces no pueden hablar sólo por sus sentencias”.
Y eso es lo que hizo él estos últimos días: Recondo advirtió que el Consejo de la Magistratura “necesita cirugía mayor, no cirugía estética”, y denunció que el Gobierno “tiene el poder absoluto de veto, o sea que si quiere proteger a un juez, lo hace”.
Las declaraciones vienen a cuento por las reformas que impulsa el Gobierno en ese órgano judicial: busca que haya un “proceso de selección de jueces más rápido y transparentar al máximo todos los actos”, dijo el flamante ministro de Justicia, Julio Alak.
El jefe de Gabinete -y ex titular de Justicia- Aníbal Fernández, fustigó las declaraciones de Recondo. Las calificó de “grandilocuentes y ampulosas” y negó presuntos “bloqueos” del Ejecutivo a jueces no afines dentro del Consejo, el organismo que interviene en la selección de jueces, promueve su remoción y administra el Poder Judicial.
Surgió así otra vez la ferocidad de la diputada nacional (FPV) y miembro del Consejo de la Magistratura, Diana Conti: “¡Que diga a qué jueces protegemos, qué jueces deberían ser acusados en juicio político, queremos saber sus nombres y apellidos para actuar en consecuencia!”, le reclamó a Recondo en una fogosa rueda de prensa.
“La corporación judicial que quiere recrear a sus propios pichones, a los que vienen de las familias de judiciales”, mientras que “nosotros queremos un poder judicial abierto también a todos aquellos abogados que, habiendo estudiado en facultades públicas, saben que donde hay una necesidad hay derecho y que esos derechos se tienen que hacer realidad en los tribunales”. Diana Conti aseguró que la oposición “no nos dice qué es lo que se critica exactamente” del Consejo de la Magistratura y que eso hace presumir que lo que están haciendo es “un juego oportunista y un juego defensivo de la corporación judicial, que no está a la altura de los ciudadanos del pueblo que necesitan del servicio de la justicia”.
Y agregó que “…sería muy bueno que «la Corporación judicial», que él encabeza, aporte los datos necesarios para que el Consejo de la Magistratura pueda cumplir su función y acusar a los malos jueces con mayor eficacia”.
Diana Conti, El Aborto Y La Industria De Los Estupefacientes
Si bien mutó de partido, las ideas de Diana Beatriz jamás cambiaron. Son decididamente de izquierda y anticatólicas. Como senadora del Frente Grande, afirmó en su momento que “la despenalización del aborto no es inconstitucional” y así respaldó la posición parricida de Carmen Argibay, la penalista que postuló el Gobierno para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. La opinión de Argibay, a favor de una posible despenalización del aborto, le valió una dura réplica de la Iglesia que consideró como “poco felices” las declaraciones de la magistrada. Sin embargo Conti defendió la postulación de la jurista y aseguro que “la defensa de la vida, de los demás derechos humanos y el compromiso con la justicia están claramente plasmados en la trayectoria de Argibay y son prueba cabal de su respeto irrestricto a la Constitución Nacional”. La legisladora, así, se mostró coincidente con la despenalización del aborto y opinó que “no es inconstitucional” ya que esta medida “representaría un instrumento político-criminal a evaluar a la hora de aplicar políticas de Estado que tiendan a erradicar muertes evitables”.
Tras la famosa cumbre de la ONU, en Viena, Aníbal Fernández pidió revisar las leyes que penalizan el consumo de drogas, y Diana Conti lo secundó presentando un proyecto para no incriminar las adicciones. Según ella, “…hay que desandar una política de diez años que impusieron las Naciones Unidas al compás de Estados Unidos, donde el eje fueron la prohibición y la demonización de la droga. Darlo vuelta lleva sus tiempos, tanto en lo internacional como en lo regional y nacional. Es muy celebrable que el gobierno argentino haya tenido la valentía de llevar la posición que llevó el ministro (de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) Aníbal Fernández a los foros internacionales. Eso va a derramar efectos positivos no sólo en el mundo sino también en la región y en nuestro país. Las cosas se van a ir sucediendo por esto que genera un cambio de posición política de la Argentina, que no es la que adoptó hace diez años. El hecho de consumir drogas, por sí solo, jamás puede ser un delito. Es más, el artículo 18 de la Constitución nacional habla de las acciones privadas de los hombres. El suicidio no es delito. Por lo tanto, intoxicarnos y dañarnos no es delito. Distinta es la situación del que delinque drogado o del que se droga para delinquir. La Justicia argentina, casi mayoritariamente, va declarando la inconstitucionalidad de penar la tenencia para consumo personal.”
“Haciendo La Plancha” Ante La Mala Mar
Tras las elecciones, desde la oposición y el sector judicial reclamaron que la integración del Consejo sea reformada porque el oficialismo no tiene mayoría como para imponer sus decisiones sus candidatos o decidir per se una remoción pero, con cinco de los trece miembros, sí cuenta con un virtual poder de veto para seleccionar a los jueces o acusarlos por mal desempeño, las dos funciones centrales del tal cuestionado organismo, en el cual se enseñorea Diana Beatriz Conti digitando a la Justicia.
Hasta el ministro más antiguo e incuestionado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fayt, dijo que ha dado un resultado negativo y que “hay que modificarlo” de inmediato.
Remontándose al origen de este nuevo Consejo de la Magistratura, explicó que desde 1999 hasta 2004 el anterior organismo sumó críticas desde la oposición y desde el oficialismo y que la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner tomó estas críticas en las audiencias públicas para elaborar el proyecto del nuevo. Así, la comisión de Asuntos Constitucionales llegó a elaborar un dictamen que contó con la aprobación de 27 senadores y 129 diputados, es decir, la mayoría absoluta que se exige para reformar el Consejo de la Magistratura.
El Consejo comenzó a funcionar en 1998 con 20 integrantes. A instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, en 2006 fue reducido a 13 integrantes: tres diputados y tres senadores (dos por el oficialismo y uno por la oposición), tres jueces, dos abogados y un representante del sector académico y otro del Poder Ejecutivo.
Las críticas apuntan a la lentitud del trabajo del cuerpo en la selección de jueces y al “cajoneo” de las denuncias contra los magistrados adictos al régimen, mientras que es tremendamente expeditivo para destituir a los jueces con independencia de criterio que contradigan los mandatos del sistema, que ahora tambalea.
El Consejo de la Magistratura suspendió la reunión prevista para este jueves, de carácter reservado, en la cual se iba a analizar el futuro del cuerpo. La mayoría de los consejeros faltó a la cita. ¿Se trata de una movida política o simplemente que los miembros estarán afectados por la gripe A H1 N1?
¿Si no fuera en el ámbito público, una empresa privada toleraría este tipo de informalidades?
En medio de las críticas de la oposición y de los cuestionamientos de los miembros de la Corte Suprema, este jueves estaba prevista la cumbre del Consejo de la Magistratura con la ausencia anunciada del diputado Carlos Kunkel. Así el oficialismo intentaba bajar su perfil confrontativo en esta nueva etapa “dialoguista” abierta tras la derrota electoral.
Según el gobierno, los miembros tenían previsto analizar las crecientes críticas contra el funcionamiento del organismo responsable de seleccionar y sancionar a los jueces.
El fracaso de la cita de este jueves se da luego de que el más antiguo miembro de la Corte Suprema se pronunciara en contra del funcionamiento de la Magistratura. El respetado magistrado no dudó en opinar que el Consejo “debe modificarse” aunque evitó adelantar los términos de un eventual pronunciamiento del máximo Tribunal en medio de la polémica entre la oposición y el poder central por cambios en el organismo.
Tras las críticas del Ministro de la Corte, Dr Carlos Fayt, una de las espadas del kirchnerismo en el organismo, la diputada nacional Diana Conti, reconoció que el Consejo tiene “dificultades” y advirtió que “habrá que hacer ligeras modificaciones”. Sin embargo, agregó que “…en el Congreso se fijó una agenda parlamentaria. El Consejo de la Magistratura es un tema, pero no es prioritario. Vamos a seguir la agenda que se fijó con todas las fuerzas. Todo va a ser discutido en el ámbito natural, que es el Congreso. El Consejo tiene dificultades en cuanto al proceso de selección de los jueces y a mi gusto no es claro”. Lo que significa que el presente gobierno no hará absolutamente nada que no sea derivar hacia el futuro la salida negociada del presente sistema.
Los abogados que trabajan en las causas por la revisión de la guerra antiterrorista de los años ´70 ─donde exclusivamente están imputado el personal que revistaba en las fuerzas legales de la Nación─ vienen señalando sistemáticamente los excesos y desvaríos del mecanismo, que son graves y muchos. Y no sólo por los lugares comunes más trillados de la serie completa de derechos humanos arrasados con el cuento de rescatar los mismos derechos humanos.
También porque el letrado que se toma el arduo trabajo de hurgar los folios de uno de esos mega-expedientes judiciales comprueba enseguida que han ido demasiado lejos: además de violar las garantías y los principios más elementales del derecho penal, los jueces y los fiscales persiguen, encarcelan, imputan y juzgan al margen de los hechos concretos que usan de título para eso.
Aunque la Corte advirtió que no va a analizar la cuestión del Consejo de la Magistratura y el irregular funcionamiento de la Procuración General de la Nación hasta que se pronuncie el Poder Legislativo sobre una eventual reforma del Consejo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal le exigió al máximo tribunal que convoque a una audiencia pública para tratar esos temas.
Cómo saldrá Diana Conti de esta situación es en un todo previsible. Teniendo en cuenta sus antecedentes, el “kirchnerismo” presente de “la pasionaria” de los DDHH de los asesinos del MTP ─oportunamente condenados por “la Justicia de la democracia”─ no le impediría saltar a tiempo del derrumbe y migrar con sus ideas hacia otro partido para que se impongan en otra oportunidad, tal como corrobora su historia política.
Después de todo, Néstor Kirchner jamás consiguió lealtades permanentes, todo es coyuntural, acomodaticio, versátil o transitorio.
Sin embargo ─en un país que tiene el triste récord de poseer uno de los índices de delincuencia más elevados del mundo, y supera en cantidad de presos políticos a la Cuba de Fidel Castro─ quienes están aquejados por la falta de Justicia no tienen ni paciencia ni demasiado tiempo para esperar por promesas de cambios que tal vez jamás se produzcan. (Biografía no autorizada , por Carlos Marcelo Shäferstein- Laura Zommer La Nación )
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34-54667147-1 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M 01/1987 12/1987
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34-54667147-1 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M 01/1990 12/1990
30-54666656-1 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 00/1992 00/1992
30-54666656-1 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 00/1994 00/1994
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30-54667130-1 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURI 01/2000 12/2001
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30-53421333-2 DIRECCION DE CONTADURIA Y ADMI DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 12/2005 07/2007
[Fuente: SEPRIN, 4-8-09]
