Revelan que la Fundación de las Madres oculta datos al Estado
A pesar de que recibió 750 millones de pesos del Gobierno para destinar a sus planes de viviendas Sueños Compartidos (sin contar donaciones y otro tipo de aportes), la Fundación Madres de Plaza de Mayo jamás cumplió con la normativa oficial vigente para la prevención y lucha del lavado de activos. Según reveló un informe publicado ayer por el diario La Nación , la entidad que lidera Hebe de Bonafini jamás informó a la Inspección General de Justicia (IGJ) ni el origen ni la licitud de los fondos recibidos.
La IGJ exige a las sociedades inscriptas que justifiquen tanto la licitud de los fondos recibidos como el carácter de personas políticamente expuestas (PEP), en caso de haberla, entre sus directores. En el caso de la Fundación, esta requisitoria rige para su Consejo de Administración. Además, la IGJ exige la presentación de una declaración jurada por año donde ponga al tanto a este organismo del Estado sobre el cumplimiento de la normativa antilavado. La Fundación nunca cumplió con alguna de estas exigencias.
Al igual que la otra entidad que lidera Bonafini, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la IGJ está en condiciones de retirar a ambas instituciones su personería jurídica.
Pero se trata de una decisión que el titular de la IGJ, el camporista Norberto Berner, mantiene suspendida por razones sólo políticas, ya que desde el punto de vista técnico jurídico, las dos entidades están completamente en falta .
En el caso de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, está inscripta en la IGJ hace 13 años y su expediente sólo registra el acta de constitución, presentada en marzo de 1999, y un par de movimientos. No presentó balances, ni la declaración jurada para el reempadronamiento ante la IGJ.
En contraste, el expediente de la Línea Fundadora de Madres (escindida de la organización de Bonafini) tiene sus papeles al día, asegura el informe.
La protección política de Berner es clave para las dos entidades que lidera Bonafini: si la IGJ les retirara la personería jurídica, las Madres no podrían operar con cuentas bancarias, ser titulares de inmuebles ni recibir subsidios. Y ambas entidades deberían ser liquidadas por un síndico que determinaría la venta de los activos y el pago de las deudas
Clarín, 14-1-13
