Las empresas y
organismos del Estado suelen convertirse en refugio de militantes y punteros
políticos que adhieren al gobierno de turno y que por ello cobran jugosas
remuneraciones, inclusive en tareas de responsabilidad profesional y técnica
para las que no han sido capacitados. Se trata de una vieja práctica que se
repite en el universo de la administración pública, sin distinción de colores
partidarios.
Al cabo de una década
en el poder, el kirchnerismo ha hecho uso y abuso de esas prerrogativas, que se
reflejan, de manera particular, en el crecimiento descomunal que ha tenido la
agrupación La Cámpora
en el manejo de áreas estatales estratégicas.
La injerencia de la
comunidad camporista cuenta con el aval de la presidenta Cristina Fernández y
se multiplica tanto dentro del propio gabinete ministerial como en los
directorios de grandes empresas; entre estas, Aerolíneas Argentinas, por
mencionar la más emblemática.
Esta suerte de poder
militante tuvo repercusión días atrás en la ciudad de Córdoba. Un informe
publicado por este diario el pasado lunes dio cuenta de que la Fábrica Argentina
de Aviones (Fadea) puso en funciones a su nueva conducción, con exponentes de La Cámpora a la cabeza. Lo
sugestivo de este cambio de mando radicó en que el acto de asunción se
formalizó en un marco de estricta confidencialidad. ¿Había algo que no tenía
que trascender a la opinión pública o se trató de un grueso despiste
protocolar?
Además, la anterior
administración, que encabezaba Raúl Argañaraz, fue relevada en medio de
sospechas por manejos poco claros de las cuentas de la empresa, según consignó
en otra nota el diario porteño Ámbito Financiero.
Si bien puede estar
fuera de discusión la capacidad profesional de los flamantes ejecutivos de
Fadea, no deja de extrañar la expansión de La Cámpora en la dirección de
las principales empresas del país.
Pero serpentea otra
cuestión que preocupa tanto como el silencioso desembarco camporista: Fadea fue
reestatizada en 2010 y no alcanzó los estándares de producción establecidos.
Esa falencia contrasta con las recurrentes promesas (sobre todo en épocas de
campañas electorales) de abastecimiento de naves de entrenamiento a la Fuerza Aérea
Argentina o de negocios y contratos con potenciales clientes externos.
De nuevo en manos del
Estado tras la efímera gestión de Lockheed Martin, la industria fue rebautizada
con el nombre de Brigadier General San Martín. Un merecido homenaje al
exgobernador de Córdoba que durante la década de 1940 dio un fuerte estímulo a
la industria aeronáutica, apuntalada en la creciente Fábrica Militar de
Aviones. En honor a ese pasado venturoso habría que evitar que la empresa
termine convertida en una suerte de botín político o de reparto obsceno de
cargos.
