Tras los fuegos de
artificio del traspaso de Aguas Cordobesas al municipio, en el Centro Cívico
estaría avanzado un proyecto para modificar la ley 10.067, a efectos de cambiar
radicalmente el eje de la lucha contra la droga, un flagelo que en Córdoba
adquiere ribetes dramáticos.
Ahora, podría tocarle
a la Policía Judicial
asumir la responsabilidad en una batalla que el Gobierno de la Provincia parece haber
perdido.
Las pruebas son
contundentes: pese a las observaciones formuladas por quienes entienden del
tema, se focalizó la cuestión en los dealers de poca monta, para regocijo de
los traficantes, que tampoco son efectivamente perseguidos por las fuerzas
federales de seguridad ni por el Poder Judicial nacional.
El saldo ha sido
magro y muestra la consolidación del narcotráfico en la provincia.
Para peor, la
capacidad de penetración del delito fue subestimada, al punto de que la crisis
suscitada se llevó a toda el área de la Policía provincial dedicada al manejo de la lucha
contra la droga, área cuyos responsables están hoy a disposición de la Justicia federal. Como en
un dominó, también cayeron un jefe de Policía y un ministro de Seguridad.
Lo que resulta
llamativo, en este y otros casos, es que el poder político prefiera renunciar a
todas y cada una de sus competencias, abandonando lo que no pueden controlar.
Así las cosas, cabe
preguntarse cuál será el próximo bote que deje el barco para ratificar que el
Estado, en todas sus formas, se encuentra en retirada.
El punto es que ya no
se trata de decidir quiénes se harán cargo de la lucha contra el narcotráfico,
sino a qué efectos habrán de realizarla. Si esta no se enmarca en una política
global de seguridad, cualquier cambio será cosmético.
En otros términos, si
sólo se trata de minimizar costos, dentro de unos meses seguiremos discutiendo
el problema como si nada hubiera ocurrido. Ello, sin despreciar los nuevos
problemas que estas supuestas soluciones crearán.
Es claro, pero al
parecer no es evidente para quienes toman las decisiones que a todos nos
afectan, que nada podrá mejorarse en esta materia sin el acuerdo con la Nación , dado que ya hemos
visto las consecuencias de políticas aisladas que se presentan como milagrosas
panaceas, de esas que rara vez curan algo.
El narcotráfico y su
desarrollo obligan también a pensar en un acuerdo regional, que involucre en
forma concreta a todos los países de la región.
Más claro aun resulta
que quienes ejercen funciones de gobierno en todos los niveles deberían reparar
en la profunda decepción que nuestra sociedad muestra para con sus dirigentes,
de quienes esperan que asuman el rol que en el reparto de responsabilidades les
corresponde.
