La Nación, editorial,
08 DE FEBRERO DE 2016
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires informó
que, entre 2003 y 2015, algunas de las más notorias figuras del kirchnerismo
recibieron un total de 2160 denuncias radicadas en el distrito por posibles
hechos de corrupción. Fue la ex presidenta Cristina Kirchner quien, de ese
total, recibió la mayor cantidad, 419, seguida por su esposo, Néstor Kirchner,
con 193; el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, 117, y el ex
jefe de Gabinete Aníbal Fernández, 108.
La información de la Cámara Federal no precisa cuántas
de esas denuncias se convirtieron en investigaciones judiciales luego de que
los fiscales efectuaran los requerimientos correspondientes. Tampoco, por
limitaciones del sistema informático, pudo saberse cuántas fueron desestimadas.
Los dos únicos funcionarios del anterior gobierno que se encuentran condenados
son el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y la ex ministra de Economía
Felisa Micheli.
Lo cierto es que los escándalos fueron una constante
durante el kirchnerismo y, aunque la mayoría de ellos estalló durante la
gestión de Cristina Kirchner, muchos se originaron durante el mandato de su
esposo. A diferencia de lo ocurrido durante el menemismo, Néstor Kirchner
concentró en su persona todas las decisiones importantes. Muy pocas cosas se
hacían sin consultarlo. Podría decirse, al ver la sucesión de escándalos, que
el régimen de las decisiones hiperconcentradas funcionó como una especie de
asociación ilícita para la comisión de una serie indeterminada de delitos.
Las 2160 denuncias judiciales radicadas en la Capital
contrastan con el escaso número de causas de peso que lograron importantes
avances durante el pasado gobierno. Esto obedeció a la actitud de algunos
jueces y fiscales federales que, por diversas razones, todas deplorables, no
impulsaron investigaciones o lo hicieron con suma lentitud. Además de esos
funcionarios, el régimen contó con la complicidad del entonces titular de la
AFIP, Ricardo Echegaray, esencial para brindarle protección, entre otros, al
pseudoempresario Lázaro Báez, quien habría recurrido a facturas falsas para
evadir impuestos y quizá también para acumular fondos negros para girarlos al
exterior. Por ese caso, Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la
Nación, había desplazado a muchos funcionarios de la sede de la AFIP en Bahía
Blanca, hasta desactivarla.
Una de las causas más emblemáticas en su momento fue
la del presunto pago de coimas y sobreprecios en la ampliación de los
gasoductos Norte y Sur, realizada en 2005. Se la conoció como caso Skanska, por
la constructora sueca cuyos directivos llegaron a admitir el pago de coimas a funcionarios
para poder participar en las obras de ampliación de los gasoductos. Esta causa,
que comprometía al ministerio de De Vido y, allí, a la secretaría de Energía,
entonces a cargo de Daniel Cameron, avanzó con fuerza pero la Justicia invalidó
las principales pruebas. Afortundamente, a fines de 2015 la Corte Suprema de
Justicia dispuso que continuara la investigación. La importancia de este caso
es que puso la lupa sobre una de las principales cajas del kirchnerismo: la
obra pública.
El secuestro en el Aeroparque de una valija con
790.000 dólares que portaba el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini
Wilson, en 2007, presuntamente destinados a financiar la campaña presidencial
de Cristina Kirchner, fue otro de los casos más sonados e involucró a Claudio
Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y
embajador paralelo en las sombras ante el régimen chavista de Caracas. La causa
quedó en la nada cuando la Cámara de Casación la declaró prescripta. La medida
fue apelada ante la Corte, que aún debe expedirse. Las maniobras dilatorias que
caracterizaron a este sumario son una constante en las causas de corrupción y
buscan la extinción de la acción penal por prescripción.
El escándalo que protagonizó el ex vicepresidente Amado
Boudou en el caso de la ex imprenta Ciccone, de la que intentó apoderase
mediante testaferros, significó un importante desgaste político para la
entonces presidenta, en el que el apoyo que brindó al sospechado Boudou se
tradujo en la renuncia del procurador general de la Nación Esteban Righi a su
cargo debido a una acusación de Boudou que luego se probó carente de todo
fundamento.
Pero si entre todas las causas contra funcionarios
kirchneristas hay una que realmente preocupa a la ex presidenta por la solidez
de las pruebas reunidas que la involucran a ella y a sus hijos Máximo y
Florencia, es la de Hotesur, en la que se investiga el lavado de dinero
mediante el cual Báez alquilaba habitaciones en los hoteles de los Kirchner que
jamás eran ocupadas por personal de sus empresas. La Justicia tiene en su poder
los documentos que lo consignan. Una maniobra similar se concretó con las
tripulaciones de los vuelos de Aerolíneas Argentinas a El Calafate.
En una reciente presentación judicial, la diputada
Margarita Stolbizer sostuvo que el Banco Nación y la Inspección General de
Justicia permitieron que Báez realizara parte del paulatino blanqueo de la
fortuna de los Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias.
Según la diputada, el gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas
constructoras de Báez y, a su vez, "le concedía créditos y
reestructuraciones de deudas por cifras millonarias"; como garantía,
"Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación
y se quedaba con la plata". Como resumió la legisladora, el Estado
otorgaba las obras, le pagaba cifras millonarias por ellas, "el Estado le
daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los
certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar".
Tampoco pueden olvidarse los escándalos protagonizados
por Jaime hasta llegar a la tragedia ferroviaria de Once, que le valió una
condena y un pedido de investigación a De Vido, ni los negociados con la
efedrina, que redundaron en otro aporte de dinero a la campaña de Cristina
Kirchner.
Los 12 años en los que el kirchnerismo estuvo en el
poder le permitieron disponer del Estado como si le perteneciera, incluido el
patrimonio público y el enorme poder, ejercido con total impunidad, que otorgan
los cargos oficiales en los gobiernos autoritarios. En este último aspecto hay
que tener muy en cuenta que la impunidad con la que se movieron aquellos altos
funcionarios fue facilitada por el sistemático desmantelamiento, la
paralización intencional y los copamientos con funcionarios afines de los
organismos de control, como la Oficina Anticorrupción, entre otros. Más
adelante, la búsqueda de impunidad incluyó el acceso a cargos que otorgan
fueros.
Pocos espectáculos hay tan desmoralizadores como la
sucesión de graves denuncias que la sociedad ve perderse de vista hasta su
cierre debido al paso del tiempo. Ese fue el espectáculo al que nos acostumbró
la Justicia, con escasísimas excepciones. Resulta indispensable que, de una vez
por todas, se activen en los tribunales aquellos expedientes largo tiempo
dormidos para que la sanción a los culpables no sea la excepción, sino la
norma.
