presidenciales y la ciberdefensa
por Carlos
Pissolito
Informador
Público, 21-4-19
Dicen que José
Stalin, el dictador de la Unión Soviética, dijo que lo más importante en una
votación es saber quién cuenta los votos, antes que tener muchos electores.
Una bravuconada
de la que el cruel gobernante nunca tuvo que rendir cuentas, al menos en este
mundo, ya que murió en pleno ejercicio del poder.
Sin embargo, hoy
en día, esto no solamente sigue siendo posible. También, lo es el poder
realizar fraude con los resultados de una elección cualquiera, aún, desde una
larga distancia mediante el uso de ciberataques.
Decimos esto
porque no son pocas las sospechas de que los países poseedores de la tecnología
necesaria puedan y hayan podido en el pasado, mediante diversas manipulaciones,
modificar los resultados electorales en otros países.
Por ejemplo, se
destacan las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales
de los Estados Unidos de 2016. La CIA sostuvo que el gobierno ruso participó
con interferencia electoral durante las elecciones presidenciales de Estados
Unidos de 2016.
Volviendo a lo
nuestro, mediante la ley "Sáenz Peña" sancionada el 10 de febrero de
1912, los argentinos tuvimos acceso al voto universal secreto y obligatorio y
que estuvieran inscriptos en el padrón electoral. Precisamente, para evitar lo
que se conocía como el “fraude patriótico”.
Como tal, el
sistema electoral argentino, que es mecánico pero muy seguro, está sostenido
sobre cuatro pilares fundamentales: las FFAA que brindan la seguridad al acto
comicial, el Correo Argentino que efectúa el traslado de las urnas y transmite
los resultados electorales; la Cámara Nacional Electoral que es la autoridad
superior de aplicación de la legislación pertinente y la Dirección Nacional
Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, que es la responsable de
programar, organizar y ejecutar las tareas vinculadas con el financiamiento y
la difusión de los resultados comiciales.
Cabe aclarar que
desde 1997, es una empresa privada la responsable de realizar lo que se
denomina el “recuento provisional de resultados.” Siendo la justicia electoral
la responsable del escrutinio definitivo y que se efectúa varios días después.
Obviamente, que el resultado que vale es el primero. Es decir el que emite el
Ministerio del Interior con los resultados producidos por la empresa a las
pocas horas del cierre de los comicios.
En consecuencia,
rever un resultado ya emitido es casi imposible, si es que hubiera una
discrepancia con el escrutinio final que realiza la justicia electoral.
La empresa
española INDRA tuvo a su cargo esa tarea desde el principio y sin
interrupciones. Pero, en la última licitación pública, la multinacional
Smarmatic de origen venezolano-norteamericano con sede en Londres, presentó la
mejor cotización, luego perfeccionada para superar una compulsa final con
Scytl. A la par, INDRA elevó una impugnación contra la firma adjudicada
arguyendo falta de transparencia en las elecciones por ella en Kenia, Las
Filipinas y El Salvador.
Por su parte, el
Comando General Electoral de las FFAA, lleva su propio control del acto
eleccionario. Lo hace son su propio sistema de comunicaciones y con un software
diseñado al efecto. No tiene responsabilidad de escrutinio electoral; pero, por
ejemplo, consigna la cantidad de urnas transportadas, el robo de urnas y las
denuncias por fraude.
En función, de
lo señalado más arriba, respecto de la posibilidad de sufrir ciberataques
proponemos lo siguiente:
1ro Una cuestión
que seguramente se encontrará prevista: que el mencionado comando electoral
disponga del apoyo gubernamental necesario para disponer de una efectiva
ciberdefensa.
2do Una cuestión
que probablemente no se encuentra prevista: que ese comando realice un cómputo
de votos mediante un sistema no susceptible de ser manipulado desde el exterior
y que pueda ser usado como alternativa en caso de sufrir un ciberataque el
sistema de cómputos principal.
