Andrés Rosler-
Doctor en Derecho (Oxford)
La Nación, 15 de
abril de 2019
Los últimos
fallos de la Corte Suprema evidencian una clara división asimétrica entre dos
estilos de razonamiento judicial. La asimetría es tal que la situación puede
ser descripta como "Rosenkrantz contra todos". La cuestión es a qué
se debe semejante división. Hay dos grandes razones. La primera es, en el
fondo, política. En su reciente alocución durante la apertura del año judicial,
el presidente de la Corte Suprema indicó que los jueces deben ser
"puntillosamente respetuosos de las reglas que el pueblo de la Nación fijó
para resolver los conflictos que nos toca adjudicar" y por lo tanto los
jueces deben seguir "únicamente esas reglas".
Como se puede
apreciar, Rosenkrantz quiere que los jueces vayan de casa al trabajo y del
trabajo a casa, es decir, que se dediquen solamente a aplicar el derecho. Para
ilustrar este punto imaginemos un discurso del presidente del Colegio de
Árbitros de la AFA en el cual quedara indicado que la tarea de los árbitros
consiste en aplicar el reglamento exclusivamente. ¿Acaso no es obvio? ¿Qué
estuvieron aplicando, si no, durante los últimos campeonatos? Sin embargo, muy
poca gente se sorprendió por lo dicho.
Esta posición
parece ser políticamente aséptica. Sin embargo, en la misma frase de
Rosenkrantz consta que es el pueblo el que ha optado por la separación de los
poderes: el gobierno de las leyes por un lado y la independencia judicial por
el otro. La Constitución, en efecto, estipula que el trabajo de los jueces
consiste en seguir exclusivamente las reglas que han sido sancionadas por los
representantes del pueblo. En un régimen constitucional democrático y
republicano, los jueces no son activistas ni gobiernan.
La posición de
Rosenkrantz entonces no es tan aséptica como parece. Es por razones políticas
que separamos la política del derecho y deseamos que los jueces democráticos y
republicanos obedezcan las reglas del juego -tanto derechos como deberes- creadas
por los constituyentes y los legisladores.
La segunda razón
por la cual Rosenkrantz últimamente suele votar en disidencia contra todos es
de naturaleza conceptual y podemos ilustrarla mediante la célebre tesis XI
sobre Feuerbach de Marx. Allí consta que una interpretación no puede cambiar el
mundo y si lo cambia no es una interpretación. La interpretación judicial
tampoco puede cambiar el derecho, sino que debe ser fiel a su objeto. La tarea
de los jueces, otra vez, no es revolucionaria, ni constituyente, ni
legislativa, sino jurisdiccional: consiste en aplicar el derecho a un caso
concreto. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a llamar
"interpretación" a cualquier cosa que hagan los jueces.
Por otro lado,
debemos tomar las disidencias de los jueces muy en serio, ya que pueden servir
como una voz de alerta para el presente y un mensaje para el futuro. La
formación de una mayoría es un hecho al cual el derecho le asigna validez
porque no podemos darnos el lujo de esperar que los tribunales arriben a una
decisión unánime. En realidad, una decisión unánime también es un hecho que
puede aglutinar votos infundados y por lo tanto tampoco es necesariamente
correcta. Todo depende de lo que digan los votos y de lo que establezcan las
reglas.
Los que se
oponen a Rosenkrantz, por su parte, no creen que el derecho sea una práctica
reglada o creen en todo caso que la observancia de reglas es parte de un
diálogo sobre la respuesta correcta o razonable. Sin embargo, dado el
desacuerdo valorativo imperante, es obvio que no podemos darnos el lujo de
reemplazar la autoridad del derecho por un diálogo sobre la razonabilidad de
nuestros principios y valores. En todo caso, en una discusión sobre el derecho
vigente, algo no es derecho porque sea correcto o razonable, sino que es
correcto o razonable porque es derecho.
Al fin y al
cabo, dado que vivimos en democracia, es probable que el derecho sea razonable
merced a la discusión que pudo haber tenido lugar durante el proceso
constituyente y el legislativo. Pero debemos ser conscientes de que muchas
veces los jueces, por el solo hecho de ser tales, van a tener que dictar
sentencias con las cuales no están de acuerdo, ya que su tarea no es la de
supeditar el derecho a sus creencias políticas, sino obedecerlo. Algo muy
similar sucede con nosotros, los ciudadanos. El Estado de Derecho no existe
para darnos la razón, sino que, si queremos respetar su autoridad, somos
nosotros los que tenemos que darle la razón al Estado de Derecho.
