con la fórmula macrista que
con la kirchnerista
Por Daniel Sticco
Infobae, 12 de diciembre de
2019
Después de casi dos años de
receso de la economía en su conjunto no hay casi sector de la producción, el
comercio, y menos aún de los trabajadores, que no haya sufrido un deterioro
real de sus ganancias e ingresos, por la conjunción de menor actividad y
aceleración de la inflación. Cuánto más los ingresos de los jubilados,
pensionados y de los perceptores de ayuda social, como la Asignación Universal
por Hijo.
Sin embargo, en el caso de
estos últimos, los datos oficiales que se vuelcan en la base del Ministerio de
Economía muestran que al contrario de la percepción que tiene el flamante
ministro de Economía, Martín Guzmán, la caída de la capacidad de compra de los
haberes del sector pasivo y de la ayuda social fue inferior con la fórmula
“macrista de 2017” a la que se hubiera registrado de no haberse modificado la
fórmula de actualización de la movilidad jubilatoria de la era “kirchnerista”
de 2008, bajo el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El ministro Guzmán dijo: “lo
que se ha hecho en el gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones al
cambiar la fórmula de ajuste en 2017 es muy grave, es inaceptable. En el único
año que la economía (2017) se decidió cambiar la ley para no compartir las
ganancias con los jubilados"; luego “comenzó a caer y ahora hay sectores
que están con mucha vulnerabilidad”, agregó.
Pero la evolución del haber
mínimo, que se actualiza cada seis meses, con un desfase de un semestre en el
cálculo del factor de ajuste, y éste desde septiembre de 2018 con una
periodicidad trimestral, muestra que con el viejo sistema hubiese acumulado en
los últimos 2 años, hasta septiembre que fue la última actualización, una suba
nominal de 68,2%, de $7.246,64 a $12.188,82; mientras que con la nueva aumentó
78,5%, a 12.937,22 pesos.
No se equivocó el ministro
cuando dijo que si se hubiese mantenido el régimen previo, que tomaba en cuenta
la mitad de la variación de los salarios y la mitad de la recaudación de
impuestos (Ley 26.417, sancionada el 1 de octubre de 2008 y promulgada el 15 de
octubre de ese año, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner), en
marzo de 2018 el ajuste hubiera resultado mayor, un 3,3% más alto, que con la
nueva fórmula que se integró con el 70% de la variación del índice de inflación
y el 30% de la variación del salario medio registrado (Ley 27.426, del 18 de
diciembre de 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri).
Pero esa brecha positiva no
se habría mantenido en los semestres siguientes, porque desde entonces la
combinación de inflación y salarios arrojó incrementos moderadamente mayores al
de la determinada por el componente recaudación de la AFIP e ingreso promedio
de los trabajadores estables (Ripte).
En ambos casos, se verificó un
notable deterioro respecto de la inflación, con el viejo método fue de 22,1%, y
con el nuevo se atenuó a 17,3%, porque frente a una tasa acumulada de alza de
los precios al consumidor de 115,8% en ese período, el ajuste efectivo fue de
78,5%, y el hipotético de no haber aprobado el Congreso cambios en 2017 hubiese
sido de 68,2%, una diferencia real entre ambos métodos de 6,1 por ciento.
En algún punto, el cambio de
la fórmula de actualización se anticipó al efecto de la Reforma Tributaria que
impulsó la rebaja de la presión impositiva, tras un salto inicial, porque se
sabía que iba a determinar una caída real de los recursos cobrados por la AFIP,
parcialmente atenuada con los avances que se esperaban lograr con la
intensificación de la fiscalización y consecuente reducción de la evasión.
Claro que no se previó a
fines de 2017 que pocos meses después, en coincidencia con la aplicación del
Impuesto a la Renta Financiera a los extranjeros , y la manifestación de la
peor sequía en 50 años que afectó la esperada oferta de divisas por parte del
campo, se desatara una crisis cambiaria, recesión, y aceleración de la
inflación, que conspiraron contra el factor de incremento de las jubilaciones,
y consecuente explicaron la brusca caída real del poder de compra de ese sector
de la economía, cualquiera fuese la fórmula de actualización.
Impacto en las finanzas
públicas
De todas formas, la mención
por parte de Martín Guzmán de la preocupación por el valor del haber mínimo de
las jubilaciones que hasta noviembre fue de $12.933,22 y que desde diciembre
sube a $14.067,93, por efecto de la variación de la inflación y del Ripte entre
abril y junio últimos, muestra la inquietud compartida con el consenso de la
consultoras privadas de la relevancia de las prestaciones de la Seguridad
Social en el Presupuesto Nacional.
Sobre todo si, como espera
el nuevo Gobierno, y se propone el ministro de Hacienda, a partir de 2020 se
inicia un ciclo de desaceleración de la inflación, porque el desfase en un
semestre de la fórmula de ajuste de las jubilaciones, pensiones y resto de los
rubros enganchados a la movilidad jubilatoria, como la Asignación Universal por
Hijo, determinará que los próximos aumentos serán mayores al alza de los
precios, probablemente desde el segundo semestre.
Los últimos datos de las
finanzas públicas, hasta noviembre, dieron cuenta de que la cuenta
“jubilaciones, pensiones y asignaciones” representaron casi 53% del gasto total
antes del pago de intereses de la deuda pública y poco menos de 52% del total
de los ingresos totales del sector público nacional no financiero.
Y dada la fragilidad de las
cuentas públicas, y el propósito del presidente Alberto Fernández de impulsar
un ajuste de los haberes mínimos, la compensación con otros ingresos,
“contribución solidaria” de los sectores de mayores ingresos deberá ser
significativa, aunque no tanta si al mismo tiempo se quiere alentar la
reactivación de la economía en su conjunto.
