En
Argentina hay 7.953.942 jubilados. Los que lo hicieron sin aportes suman
3.618.944.
LAURA
GONZÁLEZ
La
Voz del Interior, 21 de enero de 2020
“Usted
se ha confundido y habla de congelamiento de jubilaciones cuando en realidad se
trata de la suspensión de la aplicación del índice de actualización; mientras
tanto se darán aumentos por decreto en marzo y en junio. Es importante que
aclare lo dicho en virtud de la sensibilidad de la información”, escribe José,
lector habitual de esta columna, en referencia a la audaz inclusión de esa
medida en la Ley de Solidaridad.
Es
que sucederá tanto una cosa como la otra. Para muchos, la suspensión de la
movilidad es más relevante que el saber que habrá un aumento, pero por decreto.
Todo dependerá de dónde esté parado el beneficiario.
El
congelamiento, anunciado por el momento para seis meses, implica que no se hará
uso de esta fórmula de movilidad previsional, y que se buscará otra que la
reemplace.
La
primera, que rigió entre 2009 y 2017, copiaba en un 50 por ciento la
recaudación previsional y en otro 50, los salarios. Ahora es 70 por ciento
inflación y 30 salarios. Es probable que se vuelva al esquema anterior.
En
marzo próximo, todo el universo de jubilados y pensionados iba a tener un
aumento del 11,6 por ciento. La mínima pasaría de 14.068 a 15.700 pesos y el
haber medio de 27.949,6 pesos se iría a 31.192 pesos. En junio, la suba debía
rondar entre el 13 y el 14 por ciento, lo que llevaría la mínima a unos 17.900
pesos y el haber medio a 35.600.
Eso
no va a pasar. Incluso lo confirmó ayer el propio jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero: “Los aumentos se van a dar, en una suma fija, porque lo que estamos
armando es una nueva fórmula de actualización”. No se sabe el monto de la suma
fija. Tres mil pesos, por ejemplo, son el 21 por ciento de una mínima y el 7,5
de quien cobra 40 mil pesos.
“Queremos
tener una política donde haya cierta equidad entre las jubilaciones del que más
gana y del que menos gana. El mundo está yendo a eso. No puede haber jubilados
con sueldos de 300 mil y otros de 14 mil”, sostuvo.
Algunas
consideraciones. ¿Hay jubilados que ganan más de 300 mil pesos? Sí. Según los
datos de la Anses, hay 1.528 pasivos que están por arriba. Pero corresponden a
dos regímenes especiales (Justicia, políticos y servicios diplomáticos) que,
paradójicamente, tendrán la movilidad garantizada en marzo y en junio. Esos
haberes son altos porque los salarios de los activos son altos. Un ministro
gana 315 mil pesos brutos, por caso. Un juez, un poco más. Para buscar equidad
previsional hay que buscar primero la equidad salarial entre activos. ¿Es
justo?
¿Y
por qué no se ha dado cierta equidad entre los pasivos? Porque el 45,5 por
ciento de los beneficiarios de Anses se jubiló con moratoria y, como no tenía
“salarios de referencia” porque no había hecho aportes, recibió el haber
mínimo.
En
Argentina hay 7.953.942 beneficiarios de la seguridad social. Los que se
jubilaron sin los aportes reglamentarios suman 3.618.944, según el Boletín
Estadístico de la Seguridad Social de Anses. A diciembre, cobraron en promedio
15.101 pesos.
Los
que sí aportaron son 3.237.519, con un haber promedio de 32.489 pesos para el
jubilado.
El
13,8 por ciento restante son regímenes especiales, beneficiarios transferidos
de la provincias, pensiones no contributivas y demás. A ninguno se le congela
la movilidad.
Con
lo cual, el universo afectado son esos 3.237.519 millones de jubilados que sí hicieron
los aportes reglamentarios y que están lejos de cobrar los 300 mil pesos que
dice Cafiero. Es más, hay sólo 102.605 jubilados que ganan arriba de los 80 mil
pesos: el 3,17 por ciento del total. ¿Bajamos la vara? Sólo 308.574 pasivos
está arriba de los 50 mil pesos, el 9,5 por ciento del total.
El
jefe de Gabinete confirmó además una idea polémica y ya probada con mala suerte
(para Anses) ante la Justicia: “Es un poco la idea que tenemos nosotros:
achatar la pirámide, tratando de ir generando equidad y levantando la vara. Que
la base sea la que tenga más aumento”.
Entre
2002 y 2008, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández aplicaron
esa política discrecional, que favoreció a los del haber mínimo y provocó una
fuerte pérdida para los que lo superaban. Eso derivó en una catarata de
juicios, muchos todavía no resueltos. En el emblemático caso Badaro, la Corte
determinó que esa política previsional era inconstitucional y ordenó la sanción
de un indicador de movilidad único para todos.
Se
puede discutir si este indicador es nocivo en términos indexatorios del gasto
público o si beneficia en más o en menos al jubilado, pero la movilidad respeta
el criterio de la Corte, seguido por el Congreso.
Pareciera
que el objetivo atrasa: suspensión del índice a cambio de suma fija para
achatar expresamente la pirámide.
